El concejal de Urbanismo, primer teniente del Ayuntamiento de Jaén Y coordinador general de la ejecutiva provincial del Partido Popular, Miguel Segovia, figura desde el año 1994 como apoderado mancomunado de la constructora Hipero S.L., según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que no incluye ninguna comunicación posterior anunciando su cese. Segovia no declaró esta actividad mercantil en el Registro de Intereses sobre Causas de Incompatibilidades ni durante este mandato ni durante el anterior. Sí se refleja su condición de consejero de otra empresa, Pescados Jaén, S.L. Miguel Segovia fue hasta 1999 concejal de Asuntos Sociales. Desde entonces, es el máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo. Además, Segovia fue accionista de la empresa PGH S.L., que explota otro pub de la capital. En el Registro Mercantil no consta su cese hasta el 1 de abril de 2000, cuando ya era responsable de la concejalía encargada de conceder las licencias de obras y de apertura de cualquier establecimiento. Miguel Segovia declinó hacer declaraciones sobre su pertenencia a la empresa constructora Hipero S.L. (Marzo 2001).

El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, ha sido imputado de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público por el que tendrá que prestar declaración ante el juez instructor, Luis Miguel Moreno, el próximo día 13 de junio. La imputación de Ramos se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial de Málaga desestimara el recurso que el concejal del Partido presentó contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 11, Juan Francisco Ramírez Barroso, de archivar la querella por calumnias que puso contra el portavoz municipal socialista, Francisco Oliva. En aquel auto de archivo, el magistrado no sólo consideró que Ramos no había sido calumniado, sino que estimó motivos para imputarle un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento. La acusación sostiene que Ramos ocultó dos órdenes judiciales de embargo de su sueldo en enero y abril de 1999, cuando ocupaba el cargo de director del área de Bienestar Social, para evitar que su nómina, sobre la que ya se ejecutaban entonces otros tres embargos, sufriera nuevas retenciones. Ramos es concejal desde junio de 1999. Curiosamente una de estas confiscaciones era por una deuda con la hacienda municipal de 171.840 pesetas. El juzgado envió los requerimientos al propio área que Ramos dirigía, pero en ninguno de los dos casos fueron trasladadas a la sección de personal, que confecciona las nóminas, para ser ejecutadas (Mayo 2001).

El actual regidor de Alcorcón (144.000 habitantes), Pablo Zúñiga, del Partido, lleva al pleno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que una parcela de 88.500 metros cuadrados situada entre los campus de Alcorcón y Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos se convierta en urbanizable. El destino previsto es la construcción de un colegio privado de 17.000 metros cuadrados y 400 viviendas, de las que sólo 85 (el 21,2%) serán de protección. El Plan General recogía que esa parcela se destinara a futuras ampliaciones de la universidad, ya que está situada de forma estratégica entre ambos campus (Marzo 2001).

El ex presidente del Partido de San Lorenzo de El Escorial y actual gerente de Urbanismo de Las Rozas, Juan Manuel de Santos, se saltó supuestamente las normas urbanísticas en la reforma de un piso y un ático de 300 metros cuadrados situado en pleno corazón de esa localidad monumental, según un dictamen de la Comisión de Patrimonio, integrada por técnicos del Ayuntamiento y la Comunidad. De Santos consiguió, en 1996, licencia municipal para restaurar la vivienda que ya existía en el número 28 de la calle de Floridablanca, pero, en lugar de limitarse a restaurarla, amplió el volumen de la finca. Incluso construyó en el ático un casetón para el ascensor, elevando a tal fin la altura del tejado (Abril 2001).

La juez de instrucción número 1 de Navalcarnero, que investiga unas presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en Sevilla la Nueva (4.000 habitantes), ha levantado el secreto del sumario. Este hecho ha permitido conocer que están imputados en la querella interpuesta por el fiscal el ex alcalde de la localidad y actual concejal Ángel Batanero, del Partido; el secretario del Ayuntamiento; el arquitecto municipal, y el constructor Luis Joaquín Garrigues López, socio de la constructora La Genovesa. Se le acusa a este último de la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil y delito contable. La imputación incluye también a quienes sean administradores, socios o apoderados de las entidades La Genovesa, SA, El Cuadrito, SA, y El Frenedal, SA. La querella interpuesta contra los cargos públicos les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documentos públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias (Diciembre 2001).

La construcción de la denominada nueva Castellana (más de tres kilómetros de vías e infraestructuras nuevas que prolongarán el actual paseo hasta la M-40) contará con fondos públicos y costará 100.000 millones más de las cifras anunciadas hasta ahora (150.000 millones). Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras; Luis Eduardo Cortés, vicepresidente regional, e Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, presenta un acuerdo que modifica sustancialmente una operación lanzada en 1993 para cubrir de edificios el mar de vías de la estación de Chamartín. Además de elevar a 250.000 millones el gasto previsto, el acuerdo incrementa la edificabilidad del 0,6 en vigor en la zona a un 1,05.

Los responsables de Urbanismo de las tres administraciones- Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid- comparecieron conjuntamente para presentar el 'arranque' definitivo de la Operación Chamartín. Pero el escenario de datos y cifras que desglosaron Benigno Blanco, Ignacio del Río y Luis Eduardo Cortés tiene prácticamente sólo dos puntos en común con lo que se conocía hasta ahora de esa operación urbanística anunciada en 1993: el deseo de alargar 3,5 kilómetros el paseo de la Castellana, hasta alcanzar la M-40 aprovechando la radical remodelación que sufrirán las instalaciones de Renfe, y la construcción de una nueva estación. Manteniendo esos dos puntos, el modo en que se va a desarrollar la extensión de la capital hacía el norte cambia radicalmente. Hasta ahora, estaba previsto un desembolso de 150.000 millones en infraestructuras. Dinero que tenía que aportar la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch). Esos fondos tenían que salir íntegramente de los beneficios (plusvalías) que generará la venta o alquiler de los miles de viviendas y oficinas que se construirán en la zona. Pero Duch, creada por Argentaria tras ganar esta entidad financiera el concurso convocado por Renfe para llevar a cabo la operación, lleva desde 1997 reclamando que las administraciones aporten dinero para la realización de las infraestructuras. Duch considera que la edificabilidad que fija el Plan General de Ordenación Urbana (0,6 metros cuadrados construidos sobre cada metro de suelo) es insuficiente para poder financiar toda la operación sólo con las plusvalías. El rechazo general de las administraciones a poner dinero público y los recelos del Ayuntamiento a subir la edificabilidad bloquearon durante años el desarrollo de la operación. Pero Duch ha conseguido ahora que se acepten sus propuestas: habrá dinero público y subirá la edificabilidad de la zona (Diciembre 2001).

La familia del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, ha visto cómo un terreno de su propiedad, que era industrial, se ha convertido en suelo residencial en el que se pueden construir hasta 60 viviendas por cada 10.000 metros cuadrados. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el gobierno popular del que forma parte el propio Fabra, incluye una modificación de la calificación y edificabilidad de los terrenos, ubicados en la zona oeste de la ciudad. Los terrenos están comprendidos en el área colindante a lo que hasta el vigente plan se denominaba PERI 7. El PGOU dividió esta zona en varios sectores dotando a cada uno de ellos unas características particulares (Marzo 2001).

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, permaneció en el pleno municipal de diciembre de 1999 durante la votación en la que fue aprobada la adjudicación de las obras de un aparcamiento a una empresa que cuenta entre sus accionistas con un hermano suyo. Este es el segundo caso conocido en el que el edil vota favorablemente un asunto que le afecta directamente. El otro, que se votó en marzo de 2000, se refería a una modificación urbanística que afectaba a un solar propiedad de una entidad a la que pertenece el propio Domínguez. El último pleno del Ayuntamiento de Valencia del año 1999 aprobó la adjudicación del proyecto para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la calle de J. J. Dómine a la empresa Construcciones y Estudios, SA (Cyes), en la que trabaja y de la que es accionista Vicente Domínguez, hermano del delegado de Urbanismo, Miguel Domínguez. Éste votó, junto con los demás concejales del Partido Popular, a favor de la adjudicación, según consta en el acta del pleno celebrado el 30 de diciembre de ese año. De esta manera, el edil incumplió la legalidad, ya que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a los representantes políticos en las corporaciones a abstenerse en las votaciones de asuntos que les afecten y precisa que esa afección llega hasta el cuarto grado de parentesco. Como se recordará este concejal es reincidente, puesto que ya hizo lo mismo en otro caso que le afectaba junto a otros dos concejales populares. Se trata de la aprobación, en marzo de 2000, de un plan urbanístico en el barrio de El Carmen. La comunidad de bienes Sorell, integrada por Domínguez y los también ediles de Valencia Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll, además del director general de la Policía, Juan Cotino, compró un solar en la plaza de Mossèn Sorell -catalogado como expropiable en el planeamiento urbanístico de 1991- poco antes de que el Ayuntamiento aprobara un plan urbanístico que excluía la parcela del ámbito de actuación. Por otra parte, la oferta con la que la empresa del hermano del edil se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el proyecto del aparcamiento de J. J. Dómine no era la más adecuada, según consta en el informe elaborado por el servicio de Transortes y Circulación. En el informe, los técnicos alertaban sobre las carencias técnicas y económicas de la oferta presentada por Cyes, que competía por la adjudicación del concurso con la UTE Comsa-Stirling. A pesar de que Comsa ofrecía mejores precios para el alquiler y venta de las plazas de aparcamiento, el concurso fue adjudicado a la empresa del hermano de Domínguez basándose en una cláusula del pliego de condiciones que primaba la aportación que la empresa adjudicataria hiciera a las arcas municipales. Comsa ofrecía pagar al Ayuntamiento el 3,5% de sus ingresos anuales por alquiler de plazas, mientras que Cyes elevaba su aportación al 4% (Abril 2001).

El equipo de gobierno municipal del Partido ha presentado una modificación del avance del plan general de ordenación urbana (PGOU) a menos de 24 horas de la celebración de la Comisión de Urbanismo que prevé dictaminar la exposición pública de este documento. Entre las modificaciones introducidas destaca la nueva calificación de los terrenos del presidente de la CAM, Vicente Sala, que en la actualidad son rústicos y pasan a ser comercial-terciario, lo que le permitirá instalar en los mismos grandes establecimientos comerciales.

El equipo de gobierno comunicó que existía un nuevo avance del PGOU que modifica y sustituye al actual, pero sin explicar las razones de este cambio y sin ni siquiera señalar las variaciones introducidas. Una de las modificaciones que más llama la atención es la que afecta a la finca de Vicente Sala, ubicada dando frente a la carretera de Valencia, entre Vistahermosa y Santa Faz, cuyo suelo pasa de rústico-no urbanizable a comercial-terciario. Esto significa que el presidente de la CAM podrá destinar sus terrenos a la implantación de grandes supermercados de hasta 2.500 metros cuadrados y establecimientos comerciales de mayor tamaño, lo que disparará el valor del suelo, especialmente si se desarrolla su zona en una única unidad de actuación. Fuentes consultadas señalan que el suelo en zonas comerciales próximas se ha llegado a vender a alrededor de 70.000 pesetas el metro (Mayo 2001).

LA ALCADESA DE VALENCIA Y LAS ADJUDICACIONES AMIGAS:

7.293 millones de pesetas en inversiones a dedo, sin autorización y sin fiscalización: El Ayuntamiento de Valencia ejecutó el año pasado el 46,1% de sus inversiones (7.293 de los 15.831 millones totales) a través de contratistas municipales sin contrastar precios en el mercado y sin prever las condiciones de las posibles desviaciones en la ejecución de los proyectos. Así se pone de manifiesto en la auditoría del año 2000 realizada por la Intervención general, que asegura que el equipo de gobierno del Partido 'realizó gastos sin autorización, disposición, ni fiscalización previa' y que a posteriori se aprobaron por acuerdo municipal con el reparo de la Intervención de la Corporación. La auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia recalca que el capítulo con mayor número de irregularidades ['observaciones significativas'] es el de inversiones, ya que una cuarta parte de los expedientes (por importe de 5.200 millones de gasto) tenían deficiencias. El informe pone en evidencia la falta de mecanismos de control y destaca el sobrecoste, no cuantificado en la auditoría, del plan de aceras de 1993 porque la Corporación no aplicó una cláusula que fijaba un factor corrector en los pagos de los intereses en función de los tipos de interés respecto al momento de la licitación. Además cita otros casos como la adjudicación sin disponibilidad de terrenos, modificados sin supervisión previa o partidas sin justificar (Septiembre 2001).

La mitad de las inversiones se adjudican a un reducido grupo de nueve empresas. La mayoría de los beneficiados tiene contratas municipales y logra encargos sin concurso: El Ayuntamiento de Valencia, que preside la popular Rita Barberá, adjudicó casi la mitad de sus inversiones en el primer semestre del año (que sumaron 20.631 millones de pesetas) a un reducido grupo de nueve empresas. La mayoría de estas firmas gestiona importantes contratas o concesiones municipales por las que recibe cuantiosos ingresos. La última auditoría realizada a las cuentas municipales y correspondiente al año 2000 advierte del escaso control existente en las inversiones municipales, que se adjudican sin concurso ni publicidad. El análisis de los estadillos contables del Ayuntamiento de Valencia hasta el primer semestre del año permite establecer con claridad qué firmas se llevan la parte del león de las inversiones municipales. Servicios y Contratas Prieto, SA (Secopsa), propiedad de los hermanos Prieto, logró contratos municipales por importe de 2.584 millones de pesetas sólo en el primer semestre del año. Las empresas de los hermanos Prieto (Secopsa, Prieto, SA y Macepsa) ostentan, además, las contratas de limpieza y vallado de terrenos, mantenimiento de los edificios municipales y de los centros escolares de la ciudad. Tras Secopsa, las grandes constructoras Necso y Dragados fueron las más beneficiadas en el reparto de las inversiones municipales. La primera logró obras por un valor inicial de 1.713 millones en seis meses y la segunda, que tiene una contrata para obras de urbanización, consiguió contratos por valor de 1.229 millones de pesetas. Aguas de Valencia, la concesionaria del servicio de suministro de agua potable, logró que el equipo de gobierno municipal le contratase entre enero y junio un total de 1.251 millones de pesetas en inversiones cuando sólo faltan unos pocos meses para que expire la concesión actual. Las concesionarias de las contratas de la basura, limpieza de calles y jardines -FCC, que se ocupa del norte de la ciudad; y Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que se ocupa de la sur-; del alumbrado -Imes en la zona sur y Etralux en la zona norte- y del asfaltado de calles -Pavasal- se colocaron en un segundo escalón en el reparto de las inversiones. En los seis primeros meses, FCC logró contratos de inversión por valor de 337 millones; SAV, 328; Imes, 326; Etralux, 179 más otros 72 obtenidos por la firma matriz Etra; y Pavasal, 660 millones (Septiembre 2001).

UN JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE ALGORFA TRÁFICO DE INFLUENCIAS POR RECALIFICAR SUELO A UN PROMOTOR

El alcalde de Algorfa (La Vega Baja), Antonio Lorenzo, del Partido, el promotor Antonio Pedrera y el abogado de éste, Rafael Martínez Campillo, han sido citados por el Juzgado número 4 de Orihuela para declarar como imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, prevaricación y coacciones, derivados de la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico, donde ya hay un campo de golf ilegal, para levantar una macrourbanización. La investigación partió de una orden de la Fiscalía Anticorrupción. La futura macrourbanización, con capacidad para 47.000 residentes - Algorfa apenas cuenta con 3.000 habitantes-, se levantará en la partida La Rellana, a unos tres kilómetros del casco urbano de la población. Los terrenos (2.807.000 metros cuadrados) son propiedad de la Mercantil Urbanizadora Villamartín SA, del promotor Antonio Pedrera. En estos terrenos, la promotora ya ha construido un campo de golf que carece de licencias (Noviembre 2001).

DOS EMPRESARIOS CONTROLAN CON EL BENEPLÁCITO DEL Partido LAS BASURAS Y EL URBANISMO EN LA VEGA BAJA

Dos empresarios, Ángel Fenoll, militante del Partido y condenado por delito electoral, y Antonio Pedrera, ex concejal franquista e imputado en un caso de tráfico de influencias, acaparan, con el beneplácito del Partido, las contratas de basuras y la promoción urbanística, respectivamente, en la comarca de La Vega Baja. Un juez ya consideró probado que la adjudicación de la recogida de basuras a Fenoll constituyó un caso de corrupción y otro investiga ahora al promotor Pedrera y al alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, por supuesto tráfico de influencias en una recalificación de terrenos.

Ángel Fenoll controla el servicio de recogida de basuras de 19 municipios, la mayoría de la Vega Baja, a través de la mercantil Colsur SL, firma de la que es administrador único. El empresario también es administrador único de la mercantil Proambiente SL, empresa propietaria de los vertederos ubicados en las pedanías oriolanas de Torremendo y La Murada. Las dos instalaciones cuenta con la oposición de los residentes, hasta el punto de que el de Torremendo no ha sido operativo porque los vecinos han bloqueado, día y noche, el acceso de los camiones. El Ayuntamiento de Orihuela concedió licencia hace una semana al de Torremendo, 'por imperativo legal', según precisa el alcalde, José Manuel Medina. La legalidad del segundo tampoco está resuelta a causa de un conflicto de lindes. Fenoll mantiene que cuenta con permisos de Abanilla (Murcia) porque, según él, el vertedero pertenece a ese término municipal. Este extremo es rechazado por un sentencia judicial, que asegura que la instalación está ubicada en Orihuela. Ambos vertederos están, varios años más tarde, incluidos en el proyecto del plan zonal de residuos sólidos de la Diputación de Alicante.

La vinculación política de Fenoll con el Partido es rotunda: un juez le envío una citación a la sede del partido en Orihuela al desconocer su domicilio. El ascenso empresarial de Fenoll comienza en 1987 con la llegada a la alcaldía de Orihuela del ex titular de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, quien le adjudicó directamente y sin concurso la contrata de la recogida de basuras en la playa y pedanías de la población. Desde entonces, Fenoll, además de acumular condenas judiciales, comienza a acaparar las adjudicaciones de las contratas de basuras de los diversos municipios, la mayoría gobernados por el Partido. Y para el tratamiento de residuos construye las dos mentadas plantas de Torremendo y La Murada, uno de cuyos alcaldes pedáneos, José Sigüenza, a su vez concejal de Basuras del Ayuntamiento, está íntimamente ligado a Fenoll. En el apartado judicial, Fenoll fue condenado por delito electoral por el Juzgado número cuatro de Orihuela, sentencia ratificada en 1995 por la Audiencia de Alicante. El tribunal consideró probado que en las elecciones municipales de 1991, el empresario compró los votos por correo a una serie de vecinos a cambio de 35.000 pesetas. Más adelante Fenoll fue detenido y condenado por tenencia ilícita de armas. Además, el empresario también está imputado en otra causa que afecta al ex alcadde Luis Fernando Cartagena: el destino de 8 millones que una congregación religiosa donó al Ayuntamiento.

El imparable ascenso de Fenoll y sus disputas con su socio, propiciaron la crisis política del Partido de Orihuela, que acabó con la escisión del grupo y la creación del Partido Centro Liberal. Uno de estos ediles, Miguel Ángel Robles Rubio, denunció públicamente una supuesta trama de corrupción política de alcaldes del Partido que beneficiaba directamente a Fenoll. Éste se querelló por calumnias e injurias contra el concejal, que fue absuelto.

El promotor Antonio Pedrera, que integró la última corporación franquista de Orihuela, comenzó a finales de los ochenta una imparable actividad urbanística que le ha llevado a convertirse en primer constructor de la costa de La Vega Baja, especialmente en la playa de Orihuela. A través de la mercantil Urbanizadora Villamartín SA, el constructor ha promovido múltiples urbanizaciones a la sombra de otros tantos campos de golf.

En una de sus últimas actuaciones, Pedrera se ha topado con el fiscal de Medio Ambiente de Alicante. Éste acusa al empresario, su abogado y el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, del Partido, de supuesto tráfico de influencias, a raíz de la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico, donde ya hay campo de golf. En este caso subyace un conflicto de lindes. El denunciante, otro propietario de terrenos en la misma zona, ha sido excluido de la recalificación alegando que ese suelo pertenece al término municipal de Almoradí (Diciembre 2001).

EL AYUNTAMIENTO CASTELLÓN URBANIZARÁ UN ÁREA EN LA QUE TIENEN INTERESES EL ALCALDE Y EL EDIL DE URBANISMO

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y su concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, están relacionados con la urbanización de 60.000 metros cuadrados en aquella ciudad. Gimeno, junto con su hermano, es el titular de una de las parcelas afectadas, mientras que Fabra es yerno de una de las propietarias. Además, un hijo del alcalde trabaja como abogado para el grupo de Vistamar, empresa a la que el gobierno municipal propone para ejecutar la urbanización, a pesar de que presentó su proyecto fuera de plazo. El Partido desestimó otra propuesta presentada por varios vecinos. Tal como admiten los propios servicios municipales, la segunda propuesta de urbanización de Vistamar, la que se pretende aprobar, llegó un día después de que culminara el plazo y lo mismo pasó con la propuesta económico-jurídica (Febrero 2002).