El 9 de julio de 1997 José Luis Balbás González y Daniel González Sáez participan en nombre de la empresa Basodi Inmobiliaria SA., con una cuota de participación del 13´258 % en la Asamblea de la Junta de Compensación del Sector XII, "Quitapesares".

La mencionada Junta de Compensación estaba presidida por un representante de La Caixa, que ostentaba la participación más importante, con el 54´965 %.

El 16 de julio de 1997, Eduardo Tamayo se dirige por carta en nombre de Fidages SA a copropietarios de esa Junta de Compensación para que suscriban un documento dirigido al Presidente de la Junta de Compensación.

Fidages SA tiene su domicilio social en el despacho profesional de José Luis Balbás González, calle Ayala 110, 3º y está inscrita en el Registro Mercantil desde el año 1990. De Fidages SA fue consejera y secretaria Ana Luisa Villar Sánchez, esposa de José Luis Balbás González, y es administrador éste mismo.

El 9 de marzo de 1998 se suscribe un acuerdo entre La Caixa y la mayor parte de los miembros de la Junta, entre ellos José Luis Balbás, que actúa como presidente de la Basodi Inmobiliaria SL. y representante de la mercantil Mosalvi S.L, cuyos administradores son, precisamente, los querellados Francisco Bravo Vázquez y su tío Francisco Vázquez Igual .

El Acuerdo tiene por objeto la convocatoria de la Asamblea General para someter a la misma, entre otras cuestiones, la supresión de los recargos devengados hasta ese momento -previstos en el artículo 33 de los Estatutos de la Junta- para las empresas Basodi Inmobiliaria SL, Mosalvi SL y Neptuno SA, entre otras.

El 12 de marzo de 1998 se reúne el Consejo Rector de la Junta de Compensación para preparar la asamblea de 2 de abril. A esta reunión asiste José Luis Balbás como representante de Basodi Inmobiliaria SL. El Consejo se limita a aprobar el orden del día de la asamblea que contiene el nombramiento del nuevo presidente.

El 2 de abril de 1998 se celebra la asamblea de la Junta de Compensación del Sector XII (Quitapesares). En ella, José Luis Balbás Gonzalez y Eduardo Tamayo representan conjuntamente a la empresa Basodi S.A. Por su parte, José Luis Balbás también representa a la empresa Mosalvi SL, cuyos administradores son los querellados Bravo y Vázquez, y Eduardo Tamayo, por la suya, representa a la empresa Tour Neptuno SA.

En esta Asamblea cesa el anterior presidente del consejo rector y le sustituye Máximo Blasco Font de Rubinat, representante de La Caixa. En la misma asamblea se suprimen para las empresas Basodi Inmobiliaria SL, Mosalvi SL y Neptuno SA, entre otras, los recargos devengados hasta ese momento previstos en el artículo 33 de los Estatutos de la Junta.

En la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación celebrada el 7 de mayo de 2002 se elige presidente de la misma a Francisco Bravo Vázquez en representación de Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA; como Secretaria, a Raquel Tirez Cuencia, en representación de Estación de Servicio Prado Regordoño SL; y como vocal a José Luis Balbás González, en representación de la sociedad Basodi Inmobiliaria SL.

El 19 diciembre 2000 el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, propietario de 15.864 metros de suelo industrial en la finca denominada "Quitapesares", vendió 13.153 m2 a un precio aproximado de 34.000 pts/m2 (en total cuatrocientos cincuenta millones (450.000.000) de pesetas). Según fuentes empresariales, el valor de mercado de ese suelo en el momento de la venta oscilaba entre las 40.000 y 60.000 pts/m2.

Los compradores de ese suelo fueron fundamentalmente La Caixa, que obtuvo la proporción mayoritaria, y las empresas Basodi Inmobiliaria SL (de Balbás) y Mosalvi SL (de Bravo y Vázquez), todas ellas integrantes, como se ha visto, de la propia Junta de Compensación.

Posteriormente, en abril de 2001, el Ayuntamiento de Villaviciosa cedió gratuitamente, con el voto en contra del PSOE, a los propietarios del Polígono Industrial de Quitapesares 45.000 m2 de propiedad municipal. Estos terrenos tenían por objeto la construcción de accesos directos desde la M-501 y de plazas de aparcamiento.

Los concejales del PSOE denunciaron reiteradamente ante la opinión pública esta operación urbanística por considerarla especuladora. Asimismo, se opusieron a la cesión gratuita de 45.000 m2 de suelo público a los promotores del Polígono Industrial Quitapesares.

A tal efecto, el representante del PSOE en Villaviciosa de Odón, Pedro Cifuentes Vega, dio la voz de alarma sobre la operación especulativa en varias publicaciones locales y regionales. El PSOE de Villaviciosa de Odón denunció que la mayor beneficiada por la operación especulativa del Ayuntamiento del PP era la empresa Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA, ligada a los empresarios Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual. El PSOE de Villaviciosa también denunció las poderosas conexiones entre dicha empresa y el PP.

La alcaldesa de Villaviciosa de Odón, cuando se realizaron las primeras actuaciones en Quitapesares, era Pilar Martínez. Posteriormente, fue nombrada Consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid por Alberto Ruiz Gallardón. En la actualidad, Pilar Martínez es concejala del Ayuntamiento de Madrid, a cargo de la Concejalía de Economía del consistorio.

La revista editada por la Asociación Cultural "Círculo de Opinión", radicada en Villaviciosa de Odón y controlada por el Partido Popular, da detallada cuenta de las tensiones internas en el Partido Popular local, y de la lucha de poder en la elección del Comité Ejecutivo Local (CEL), en la que tuvo una importante intervención "un constructor local, promotor de un polémico polígono industrial en Villaviciosa", y, más adelante, se refiere al "apoyo del empresario promotor del polígono industrial de Quitapesares". La intervención se produjo a través de una operación de afiliación en bloque al PP de más de sesenta personas muy cercanos al mencionado empresario, amigos y familiares que, según denuncia la revista, ni siquiera tenían su residencia en esa localidad. Entre estos nuevos afiliados al PP de Villaviciosa de Odón hay que incluir a los propios querellados, Bravo y Vázquez.

En la organización del Partido Popular de Villaviciosa de Odón tiene una influencia decisiva un destacado dirigente nacional: Ricardo Romero de Tejada y Picatoste. Romero de Tejada fue hasta 1999, además, alcalde del cercano municipio de Majadahonda.

Según la revista del propio Partido Popular recién aludida, uno de los miembros del PP más activo en esta operación interna fue Carlos Cabrera, periodista contratado por el Ayuntamiento de Villaviciosa, miembro del PP y persona de confianza de Ricardo Romero de Tejada.

1.- José Luis Balbás González y Eduardo Tamayo actuaron conjunta y coordinadamente en la Junta de Compensación de Quitapesares, que dio lugar al polígono industrial de Quitapesares.

2.- De la Junta de Compensación de Quitapesares también fueron socios Francisco Bravo Vázquez y su tío, Francisco Vázquez Igual.

3.- José Luis Balbás González en alguna ocasión actuó como representante en la Junta de Compensación de la mercantil Mosalvi SL, entidad presidida por Francisco Bravo Vázquez y de la que es también administrador Francisco Vázquez Igual.

4.- La venta de suelo público del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, en manos del PP, a los promotores del Polígono de Quitapesares se hizo entre un 20 y un 50% por debajo del precio de mercado.

5.- Además, la alcaldesa del PP del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, cedió gratuitamente 45.000 m2 de suelo público a los promotores del Polígono de Quitapesares.

6.- El PSOE de Villaviciosa de Odón denunció pública y reiteradamente todas las operaciones urbanísticas en torno al Polígono de Quitapesares. Además, los concejales del PSOE, se opusieron mediante su voto en el pleno a estas operaciones urbanísticas impulsadas por las alcaldesas del PP, Pilar Martínez y Nieves García.

7.- La principal beneficiaria de la gigantesca operación de especulación terminó siendo la mercantil Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA., propiedad de Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual. La empresa influía decisivamente en el PP de Villaviciosa de Odón.

8.- Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, actuó directa e indirectamente, a través de personas y empresas de confianza, para controlar el PP de Villaviciosa de Odón.

9.- Francisco Bravo Vázquez, empresario de la construcción, con más de una treintena de sociedades inscritas en el Registro Mercantil y principal beneficiario de la operación especulativa de Quitapesares, apadrinó la operación de control del PP de Villaviciosa de Odón, en beneficio de Romero de Tejada, y se afilió a dicho partido, junto con su tío, el también querellado, Vázquez Igual.

10.- Todas las conexiones de la trama inmobiliaria de Villaviciosa de Odón que dieron lugar a la millonaria operación especulativa de Quitapesares, concluyen en los querellados Bravo y Vázquez, empresarios inmobiliarios que se han visto beneficiados y, a su vez, han beneficiado al dirigente del PP, Romero de Tejada.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que los representantes electos que a cambio de dádiva o promesa cambian el sentido de su voto con respecto al de la lista por la que fueron elegidos, posibilitando, así, la elección de cargos de la lista contraria en el seno de órganos representativos, realizan un acto injusto y, por tanto, consuman el delito de cohecho propio del artículo 420 del Código Penal .

La sentencia de su Sala 2ª de 19 diciembre 2000 contiene, en efecto, los siguientes fundamentos de Derecho, especialmente ilustrativos:

Los hechos narrados constituyen un delito continuado, de acuerdo con el artículo 74.1 del Código penal, por cuanto la dádiva o dádivas o sus promesas pretenden la realización de una serie de actos injustos por los dos diputados querellados en el ejercicio de sus cargos, de entre los que destacan, al menos, dos: 1) la constitución de la Asamblea de Madrid con el quorum necesario y la inmediata ausencia de la votación para que se produjera la elección de los candidatos de la lista del Partido Popular como integrantes de la Mesa y de su Presidencia, como, efectivamente, ocurrió; y 2) impedir la elección del candidato de su propia lista, D. Rafael Simancas, como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y la consiguiente formación de su gobierno. Este último efecto se ha producido por el momento, aunque de forma todavía no definitiva y, precisamente, a evitar su consumación definitiva tienden algunas de las medidas cautelares que se solicitan más adelante. En cualquier caso, debe recordarse que los delitos del artículo 420 y 423 del Código penal pueden consumarse sin necesidad de que el acto injusto pretendido de las autoridades o funcionarios públicos llegue a ejecutarse.

1.- De acuerdo con el artículo 12. 4 del Estatuto de Autonomía de Madrid la condición plena de diputado se adquiere con el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y la toma de posesión. Antes, los diputados solo tienen la condición de electos, es decir, de proclamados como elegidos por la Junta Electoral correspondiente.

Los diputados querellados no han llegado a adquirir la condición plena de diputados de la Asamblea de Madrid, ya que no han realizado los actos estatutariamente requeridos antes aludidos, esto es, no han realizado el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución, ni tampoco han tomado posesión de sus cargos.

En consecuencia, la medida cautelar que se solicita, que consta, a su vez, de dos partes afectará solo y de forma provisional, a la condición de diputados electos, pero no a la condición plena de diputados de Tamayo y Sáez.

2.- La suspensión provisional de la condición de diputados electos y el simultáneo nombramiento provisional de los dos siguientes al último electo de la lista del PSOE tiene por objeto inmediato la evitación de la consumación de un nuevo delito de cohecho, dentro de la continuidad delictiva antes analizada, por los dos diputados querellados, es decir, la evitación del acto injusto pendiente todavía de ejecución por los dos diputados, consistente en impedir con su voto o ausencia que el primer candidato de la lista electoral del PSOE sea elegido presidente de la Comunidad de Madrid y pueda, en consecuencia, formar su gobierno.

No es preciso recordar aquí que todos y especialmente los funcionarios públicos, tienen el deber jurídico de evitar la comisión de delitos y, por supuesto, de no colaborar en su comisión.

3.- La suspensión provisional deberá durar, al menos, el tiempo necesario para que este nuevo delito de cohecho no pueda consumarse, y, como máximo, el que se estime necesario para la investigación judicial de los hechos aquí denunciados y, en su caso, la condena firme de los querellados.

4.- Defender el bien jurídico preponderante en esta situación, es decir, garantizar la efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos (artículo 23.1 de la Constitución) exige que la suspensión provisional de la condición de diputados electos de los querellados Tamayo y Sáez vaya acompañada del mandamiento judicial de que sus vacantes provisionales sean cubiertas de forma, asimismo, provisional, por los siguientes candidatos de la lista electoral del PSOE, ya que, en caso contrario, se estaría favoreciendo la consumación del acto injusto objeto del delito de cohecho, es decir, se estaría consolidando la resta de dos votos de diputados de la lista del PSOE y, por tanto, se estaría favoreciendo la elección del candidato del Partido Popular como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, la suspensión provisional no seguida de la complementación señalada de las vacantes provisionales alteraría esencialmente la composición de la Cámara, que estaría formada por dos diputados menos, y vulneraría, por tanto, el antes mencionado derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución.

El derecho penal, a través del proceso penal, tiene una indiscutible vocación de eficacia, como instrumento que es para la solución de conflictos sociales. Las medidas cautelares solicitadas, además de servir para evitar la consumación de un delito, privan o disminuyen notabilísimamente de utilidad criminal a estas y otras conductas de "transfuguismo" político delictivo.

5.- Frente a estos argumentos no cabe esgrimir la jurisprudencia constitucional consolidada desde las sentencias del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de febrero y 10/1983, de 21 de febrero, que, muy por el contrario, sirve como argumento a favor de la constitucionalidad de las medidas cautelares aquí solicitadas.

Es bien sabido que estas sentencias consolidaron, en síntesis, la interpretación del derecho reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución como derecho, precisamente, de los ciudadanos o, más precisamente, de los electores, por lo que negaron la constitucionalidad de normas y actos consecuentes que permitían a los partidos políticos sustituir a los representantes en cámaras representativas cuando tales representantes perdían la condición de miembros de dichos partidos por expulsión. La conclusión, fue, por eso, que el escaño o puesto representativo es personal, esto es, no es disponible por los partidos políticos.

Esta jurisprudencia constitucional se refiere, obviamente, a los hechos concretos que la motivan. Por mucho que se reconozca una cierta fuerza expansiva de resoluciones interpretativas de la Constitución, no puede prescindirse, no obstante, de su estricta vinculación a los hechos concretos objeto de las mismas y de su ineficacia con respecto a hechos esencialmente diferentes.

Los hechos a los que se refiere esta querella y esta solicitud de medidas cautelares son exactamente los contrarios de los que motivaron esa jurisprudencia constitucional. En esta jurisprudencia se trataba de partidos políticos que habían privado de sus puestos representativos a representantes elegidos que estaban integrados en diferentes cámaras, por haber sido expulsados de sus respectivos partidos. Por el contrario, en esta querella se trata de diputados electos que se enfrentan por motivos indiciariamente espurios y delictivos al partido en cuya lista electoral han concurrido, en contra de la voluntad de los electores.

Esta diferencia es esencial, porque permite fundamentar, precisamente en esta jurisprudencia constitucional, la solicitud de estas medidas cautelares. En ambos casos se trata, en efecto, de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de elecciones libres, lo que implica, respetar la esencia de la representación, que, en palabras de la STC 10/1983, antes mencionada, consiste en "la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los representados, en razón de la cual son imputados a éstos en su conjunto y no solo a quienes votaron a su favor o formaron la mayoría los actos de aquél".

La finalidad perseguida en esa jurisprudencia constitucional y la finalidad de las medidas cautelares simultáneas propuestas aquí es, pues, la misma, es decir, de nuevo en palabras de la misma sentencia, "restaurar la unidad de voluntad en que la representación consiste". Los actos de los diputados querellados no afectan, pues, solo a la voluntad de los electores que les votaron en el contexto de una determinada lista, sino a la voluntad única de todos los electores en su conjunto, que debe manifestarse en las mayorías de las Cámaras queridas por ellos.