Hoy comienza un largo juicio contra tres concejales de la época de José María Álvarez del Manzano, del PP. Están acusados de la descapitalización y privatización, en 1992, de la entonces todopoderosa y monopolista Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid. Esta empresa era del Ayuntamiento y fue malvendida por 0,6 euros, cuando, según las acusaciones, al menos valía seis millones de euros.

En el banquillo se sientan nueve acusados, los tres ediles del PP y varios empresarios, que se enfrentan a un total de 82 años de cárcel por graves delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas. Para el juicio del caso Funeraria, hay citados casi 60 testigos, y durará 52 días a lo largo de los próximos cinco meses, hasta octubre.

Los hechos que se juzgan, ocurridos hace 15 años, se centran en determinar si los tres ex ediles, en connivencia con un ex abogado del Ayuntamiento, José Rodrigo, dejaron que la principal funeraria de Madrid se fuera económicamente al traste para así poder privatizarla y adjudicarla, según el fiscal, a una empresa "de confianza", Funespaña. El PSOE, a través de la entonces concejal y hoy ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, llevó el asunto a los tribunales.

La fiscalía de Madrid no se anda con paños calientes respecto a la actitud de los tres ediles en la privatización de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, decisión que se adoptó el 22 de diciembre de 1992, hace ya casi 15 años. Entonces, todos los enterramientos de Madrid pasaban obligatoriamente por esta empresa. Era un monopolio en manos del Consistorio madrileño y casi nadie entendía cómo podía ser deficitario.

El fiscal lo explica ahora: los ex concejales Simón Viñals (a la sazón concejal de Sanidad), Antonio Moreno (de Régimen Interior y Personal) y Luis María Huete (primer teniente de alcalde y hoy diputado de la Asamblea de Madrid) "concibieron la idea" de poner la funeraria municipal de Madrid en manos de "una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza". Y sin importarles el perjuicio que ello ocasionara a las arcas del Ayuntamiento, según el fiscal, propiciaron que el 49% de las acciones de la funeraria fueran adjudicadas a Funespaña, propiedad del empresario Valdivia Gamero. La excusa era que la funeraria perdía mucho dinero.

Si económicamente iba mal, era porque no se preocuparon de ella, según las acusaciones. El fiscal habla incluso de una omisión "deliberada" en la gestión. Las acusaciones apuntalan esta afirmación con el hecho de que, tras su privatización, la empresa empezó a ganar dinero a raudales.

La fiscalía de Madrid, en su escrito provisional, pide seis años de cárcel para los tres ediles y una decena de años de inhabilitación para ejercer un cargo público.

En el banquillo también se va a sentar José Rodrigo, ex abogado del Ayuntamiento de Madrid y quien supuestamente fraguó con Funespaña la adquisición de ese suculento y supermódico paquete de acciones. A la postre, tras la compra, Rodrigo acaparó a título particular buena parte de las acciones de Funespaña. Se enfrenta a una petición del fiscal de 19 años de cárcel y otros 22 de inhabilitación para desempeñar un cargo público.

Según el fiscal, Rodrigo supo que el Ayuntamiento quería privatizar ese servicio y que contaba con el apoyo de los ediles antes citados. Rodrigo pactó con Valdivia Gamero, entonces dueño de Funespaña, que él propiciaría la adjudicación de la funeraria a Funespaña, entonces una empresa dedicada sólo a gestionar por teléfono servicios funerarios. El pacto era que Valdivia pondría supuestamente el dinero necesario para reflotar la funeraria ya privatizada y, a cambio, Rodrigo, se hacía con parte del control de Funespaña.

El entonces gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, según el fiscal, también "desatendió" sus obligaciones como gestor de la empresa. Una desatención que tendía a suscitar ante el Ayuntamiento un debate sobre la situación económica de la empresa. Como era municipal, si había déficit ya se encargaría el Ayuntamiento de cubrir el desfase económico negativo.

Pero es que Huete y Viñals tampoco hicieron nada a favor de la empresa, en lo que cabe considerar una omisión "deliberada", sostiene el fiscal. Así, de una manera "caprichosa y parcial" Moreno firmó el decreto que concedía el 49% de la empresa a Funespaña.

Javier Yagüe, abogado de Antonio Moreno, tiene claro que su defendido es inocente de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación que se le imputan. Afirma que hay una sentencia del Tribunal Supremo que consideró ajustada a derecho la decisión del Ayuntamiento de privatizar la funeraria. "Con lo cual", apunta Yagüe, "la mitad del juicio ya está ganado". Asegura que la decisión de privatizar se adoptó en un pleno del Ayuntamiento y que su cliente "se limitó estrictamente" a encargar a sus técnicos un pliego sobre las condiciones de privatización. "No fue algo arbitrario suyo, estaba obligado a ejecutar esa orden. Y todo se hizo con el aval de los propios técnicos del Ayuntamiento", señala.

Yagüe fue abogado del presidente del tribunal donde se va a celebrar el juicio, Juan José López Ortega, quien por este motivo se ha abstenido de intervenir.