El caso Imefe dio un nuevo giro. El
PSOE exigió a Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, que
destituya al ex regidor José María Álvarez del Manzano de su
cargo de presidente del Ifema (Institución Ferial de Madrid) y,
además, que el Ayuntamiento actúe como acusación particular en
el proceso judicial que pueda iniciarse tras la denuncia de la
Fiscalía Anticorrupción. Esta denuncia afecta a dos ex
responsables del Instituto Municipal de Empleo y Formación
Empresarial (Imefe) y a dos directivos de empresas
adjudicatarias de cursos de formación. El periodo investigado va
de 1994 a 1999.
El edil Óscar Iglesias, portavoz adjunto del
grupo socialista, considera que ha llegado el momento de que
Álvarez del Manzano deje la presidencia del Ifema por el
"escándalo" de los cursos del Imefe, que su partido denunció
hace cuatro años. "Vamos a llevar al próximo pleno del
Ayuntamiento una propuesta para que el Consistorio se persone
como acusación particular", señaló Iglesias. "Además, pedimos la
destitución de Álvarez del Manzano como responsable de lo
sucedido, ya que en el momento de los hechos ocupaba la alcaldía
y, por tanto, dependían de él estos cursos", añadió. Según
Iglesias, el ex alcalde fue el "máximo responsable político del
fraude social más grave de la historia del Ayuntamiento".
El vicealcalde y portavoz del PP, Manuel
Cobo, anunció que su formación política votará en contra de esta
petición de destitución presentada por el PSOE.
Las peticiones del grupo socialista llegan
una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiera una
denuncia contra dos ex responsables del Imefe. Se trata de José
Luis Solana y Ricardo Peydró Blázquez, actual teniente de
alcalde de Las Rozas, a quienes relaciona con supuestos delitos
de cohecho, prevaricación, falsedad y estafa en la adjudicación
de cursos de formación a desempleados.
La gestión investigada por Anticorrupción, se
ciñe al periodo 1994-1999, pero los hechos delictivos parten de
1996. El entramado que describe la denuncia es el siguiente: las
empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por los
empresarios Fernando Cisneros y José María Ariza "por indicación
de Solana y Peydró", por lo que los primeros "conocen de
antemano sobre qué temas va a girar la programación anual del
Imefe y elaboran los programas formativos en consecuencia".
"Esto les coloca en una posición más ventajosa que la del resto
de las empresas con las que compiten. En resumen, el juego no es
limpio, las adjudicaciones están pactadas de antemano", señala
Anticorrupción.
El texto define que ambos ex altos cargos
incurrieron en supuesta prevaricación, ya que las adjudicaciones
de concursos estuvieron "viciadas desde su origen", pues
respondían al "previo pago de dinero en metálico o regalos"
(cohecho) y fueron dictadas "a sabiendas", con el "ánimo de
favorecer" a las citadas sociedades. La fiscalía plantea que la
empresas abonaron comisiones del 3% del importe del curso, ya
que sabían desde el principio que había que "pagar para ser
adjudicatarios del Imefe".
Las empresas de los denunciados recibieron
134 cursos y al menos siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso
se ha comprobado que se falsificaron las firmas de los alumnos
para simular su asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 €
el perjuicio patrimonial ocasionado.
Solana incurrió supuestamente en un delito de
falsedad y estafa, ya que no visitaba "a propósito", salvo en
contadas ocasiones, los cursos. "Para evitar ser descubierto y
que saliera a la luz el trato de favor recibido por estas
adjudicatarias, prefería no inspeccionar ninguna", señala el
escrito fiscal. Sobre Peydró se afirma en la denuncia que
"también recibía regalos por favorecer las adjudicaciones y
cerrar los ojos sobre lo que estaba sucediendo, y con su
proceder favoreció la comisión de los delitos de falsedad y
estafa al no adoptar ninguna medida para evitarlas".
Isabel Villalonga, concejal socialista y en
su día presidenta de la comisión de investigación del caso
Imefe, anunció que el PSOE ampliará la denuncia a las 19
empresas que considera involucradas en el fraude, y no sólo a
las nueve que pide Anticorrupción.
Los socialistas sostienen que no puede quedar
"impune" un fraude de 7,8 millones que debía haber tenido como
principales beneficiarios a los desempleados madrileños. De esta
cantidad, 3,54 millones los aportó el Fondo Social Europeo, que,
según el PSOE, ha exigido al Ayuntamiento su devolución, y 4,33
millones de las arcas municipales.
El caso Imefe arrastra una historia de
cuatro años de denuncias e investigaciones sobre el cobro de
dinero por "una serie de empresas cuyos responsables en el 99%
de los casos son militantes del PP", subraya el PSOE, por la
prestación de cursos de formación que no llegaron a realizarse o
bien fueron impartidos en condiciones de "absoluto descontrol".
La consecuencia económica más patente, según el PSOE, es que la
UE ha reducido en un 50% el dinero concedido al Ayuntamiento
para cursos.
El grupo socialista propondrá a la Agencia de
Empleo, dirigida por la edil Ana Botella, que también se persone
como acusación particular. Esta agencia es heredera del antiguo
Imefe. "Hemos pedido una reunión urgente del consejo rector de
este organismo para tratar el asunto", anunció Rafael Merino,
representante socialista en la agencia. Merino denunció asimismo
el "deficiente funcionamiento" de la agencia y su "incapacidad"
para afrontar el desempleo. "De los 100.000 parados que hay en
la ciudad, la agencia no ha sido capaz de colocar a más de 50",
señaló.Julio 2005
Anticorrupción ve delito en la
gestión del Imefe de 1996 a 1999
La Fiscalía
Anticorrupción ha denunciado a dos ex responsables del Imefe
(Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial)
de Madrid en la etapa del anterior alcalde popular,
José
María Álvarez del Manzano,
por cohecho, prevaricación y estafa. Los denunciados son el ex
gerente del Imefe, Ricardo Peydró Blázquez, el ex director de
servicios de formación ocupacional, José Luis Solana, y dos
empresarios, Fernando Cisneros Manrique y José María Ariza, a
quienes achaca iguales delitos, excepto el de prevaricación.
La gestión investigada por Anticorrupción, a partir de una
denuncia socialista basada en informaciones de EL PAÍS, se ciñe
al periodo 1994 a 1999, pero los hechos delictivos parten de
1996. El entramado que describe la denuncia es la siguiente: las
empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por
Cisneros y Ariza "por indicación de Solana y Peydró", por lo que
los primeros "conocen de antemano sobre qué temas va a girar la
programación anual del Imefe y elaboran los programas formativos
en consecuencia". "Esto les coloca en una posición más ventajosa
que la del resto de las empresas con las que compiten. En
resumen, el juego no es limpio, las adjudicaciones están
pactadas de antemano", señala Anticorrupción.
El texto define que ambos ex altos cargos incurrieron en
prevaricación, ya que las adjudicaciones de concursos estuvieron
"viciadas desde su origen", pues respondían al "previo pago de
dinero en metálico o regalos" (cohecho) y fueron dictadas "a
sabiendas", con el "ánimo de favorecer" a las citadas
sociedades. El texto plantea que la empresas abonaron comisiones
del 3% del importe del curso, ya que sabían desde el principio
que "hay que pagar para ser adjudicatarios del Imefe".
Las empresas de los denunciados recibieron 134 cursos y al menos
siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso se ha comprobado que
se falsificaron las firmas de los alumnos para simular su
asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 euros el perjuicio
patrimonial ocasionado.
Solana incurrió en un delito de falsedad y estafa, ya que no
visitaba "a propósito", salvo en contadas ocasiones, los cursos.
"Para evitar ser descubierto y que saliera a la luz el trato de
favor recibido por estas adjudicatarias, prefería no
inspeccionar ninguna", señala el escrito.
Sobre Peydró se afirma en la denuncia que "también recibía
regalos por favorecer las adjudicaciones y cerrar los ojos sobre
lo que estaba sucediendo, y con su proceder favoreció la
comisión de los delitos de falsedad y estafa al no adoptar
ninguna medida para evitarlas". Isabel Vilallonga, la concejal
socialista que indagó esta trama, se felicitó ayer: "La denuncia
nos ha dado la razón".Publicado
en la edición digital El País. 09.07.05
UN INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS DESVELA 'GRAVES
IRREGULARIDADES' EN EL IMEFE
Un informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión
del Instituto Madrileño para la Formación y el Empleo (Imefe) en
el año 2000 señala que ese organismo cometió graves
irregularidades que podrían implicar responsabilidades penales.
La actuación del Imefe está en entredicho desde que en enero
pasado la oposición denunció la contratación de cursos de
formación que no se realizaron. El informe llega apenas dos
semanas después de que se conociera que la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo reclama al gobierno municipal, del
Partido, seis millones de euros ( 1.000 millones de pesetas )
por irregularidades contables. Tanto las conclusiones de esa
auditoria como el informe de la Cámara de Cuentas se contradicen
con los resultados de la comisión de investigación creada por el
Ayuntamiento para aclarar la verosimilitud de las denuncias
sobre los falsos cursos del Imefe. Según la Cámara de Cuentas,
durante el año 2000 -ese organismo no puede juzgar ejercicios
anteriores a su creación- se realizaron cursos por los que se
adeudan a algunas empresas más de tres millones de pesetas, pero
éstas no acuden cuando son requeridas a cobrar la deuda y
justificar el motivo de la misma. Asimismo, en 15 de los 34
cursos estudiados, los alumnos no cumplieron los requisitos
exigidos y se desconoce el valor de los bienes inmuebles del
instituto, ya que no se inventariaron los bienes adquiridos por
leasing y renting (Febrero 2002).
HACIENDA VE INJUSTIFICADOS GASTOS DEL IMEFE POR 1.200 MILLONES
ACOGIDOS A SUBVENCIONES DE LA UE
En enero estalló el escándalo del instituto de formación
profesional madrileño (Imefe): redes empresariales de afiliados
del Partido copaban 1.400 millones para formar parados, decenas
de cursos inexistentes y otras anomalías que costaron el cese al
gerente, Ricardo Peydró. Ahora, la Intervención del Estado da la
razón a la edil socialista Isabel Vilallonga, que destapó el
caso. Su informe considera improcedentes gastos del Imefe por
más de 1.200 millones acogidos a subvenciones de la UE por no
estar justificados con facturas o por derivar de costes propios
del Imefe (edificios o personal), y anota 'coincidencias' en los
beneficiarios. La Intervención General del Estado, dependiente
del Ministerio de Hacienda, en una investigación abierta antes
del escándalo, ha hallado numerosas deficiencias en el uso de
los fondos comunitarios por el Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial (Imefe) de 1994 a 1997. La auditoría,
cerrada en mayo pasado, establece que 'no se consideran
elegibles (subvencionables) los gastos calculados a tanto
alzado, ya que los gastos certificados por la realización de las
acciones subvencionadas deben corresponder a pagos efectuados y
justificados por el beneficiario'. Esta partida se refiere a los
'costes indirectos' que el Imefe asegura que le han costado los
cursos pero de los que 'no ha aportado la justificación de dicha
imputación', y parecen ser un mero porcentaje sobre los costes
directos. El informe recuerda que ya en 1998, la unidad
administradora del Fondo Social Europeo, en escrito al director
del Imefe, realizó una severa advertencia sobre el hecho de que
tales gastos no justificables supusieran un 12% sobre los costes
directos. Tales gastos indirectos (sin justificar) sumaron 82
millones en 1994; 127 millones en 1995; 113 en 1996 y 130 en
1997. Sólo por este concepto Hacienda considera que el Imefe no
puede presentar como gastos un total de 452 millones, que al
carecer de factura no pueden ser subvencionables, y, por
consiguiente, se impondría su devolución a la UE. Hacienda
señala un segundo bloque de gastos indebidamente presentado como
subvencionable: las inversiones imputadas como gastos de las
acciones, ya que de acuerdo con el reglamento del Fondo Social
Europeo sólo pueden ser subvencionadas las amortizaciones de los
inmuebles y de material, no las inversiones. Así, en 1994,
imputó indebidamente inversiones por 3,9 millones de pesetas; en
1995, unos seis millones, que se imputan dos veces (como compra
y como amortización).
Tampoco se considera aceptable por la Intervención que el Imefe
imputase en 1995, 1996 y 1997 el 50% de la dotación anual de la
amortización como gastos de las acciones cofinanciadas. El monto
de tales amortizaciones en el periodo auditado supera los 300
millones. Y el criterio es claro: 'Las amortizaciones son un
gasto elegible, siempre que puedan considerarse como gastos de
funcionamiento o costes operativos que guarden relación con las
acciones cofinanciadas. El equipo de control entiende que el
Imefe no ha justificado la amortización como un gasto
relacionado con aquéllas, ya que se limitó a imputar la
amortización indiscriminada de todos los elementos del
inmovilizado'. Incluso se presenta como amortización compras de
mobiliario del personal directivo y las obras del aparcamiento.
No menos grave es otra acusación que formula Hacienda: 'El
procedimiento de justificación de los gastos correspondientes a
los cursos adjudicados a las empresas e instituciones de
formación no garantiza que los gastos facturados correspondan a
gastos efectivamente realizados y vinculados a las acciones, ya
que aquéllas se limitan a justificar sus gastos a través de
facturas que se ajustan al precio de adjudicación de los
contratos'. Otro varapalo: 'La imputación aleatoria del 50% de
los sueldos del personal del instituto no puede considerarse
elegible en cuanto no establece su relación con las acciones del
programa operativo, y sí, por el contrario, corresponden a la
gestión propia del Imefe. Los gastos de las administraciones
públicas, incluidos los sueldos de los funcionarios, como regla
general, no son elegibles en cuanto que no se establece
claramente la vinculación de esos gastos con la realización de
los cursos financiados por el Fondo Social Europeo'. Este
capítulo de gasto presentado para su subvención supone cerca de
500 millones en los años auditados. El informe también critica
que 'en la contratación de personal docente y en los expedientes
de adquisición de material no inventariable, de servicios y de
suministros, no se establece claramente la vinculación de estos
gastos con la realización de los cursos financiados por el FSE'.
El Imefe, según la auditoría, ha imputado gastos de esta
naturaleza que no ha justificado, ya que 'no se aportaron
algunos de los contratos de personal docente, ni se facilitaron
al equipo de control los expedientes del gasto de los cursos
internos del año 1994. En suma, 'las conclusiones anteriores y
la inexistencia de una contabilidad específica para los
distintos proyectos subvencionados ponen de manifiesto la
deficiencias que presentan los procedimientos de gestión del
Imefe en la materia objeto de control' (Octubre 2001).
REDES EMPRESARIALES DE AFILIADOS DEL PARTIDO LOGRAN 1.400
MILLONES PARA FORMAR A PARADOS
Los datos: Redes empresariales con escasa o nula plantilla
docente e infraestructura participadas por militantes del
Partido copan desde 1996 los primeros puestos en adjudicación de
cursos para formar parados del Instituto Municipal de Empleo
(Imefe) de Madrid. Los cursos tienen financiación europea. Estas
sociedades han facturado desde 1996 al Imefe unos 1.400 millones
de pesetas, lo que supone casi un 25% del total de la cantidad
adjudicada en ese periodo. Consiguen más cursos que firmas como
IBM y academias de prestigio. Ricardo Peydró, dirigente del
Partido y gerente del Imefe, niega todo trato de favor a las
academias participadas por afiliados de su partido, aunque
admite que ha descubierto anomalías en cinco de ellas.
Recibieron muchos cursos a dedo debido a que su cuantía era
inferior a los dos millones de pesetas. Pero también ganaron
concursos con cero empleados. De un modo u otro, han copado los
primeros puestos de facturación. En las adjudicaciones desde
1996, los primeros beneficiados han sido el grupo Manesfields y
Técnicas de Formación Avanzada. Suman unos ingresos del Imefe de
casi 654 millones, según la edil socialista Isabel Vilallonga.
Peydró admite que copan el 9,2% del total adjudicado, aunque
rebaja la cifra a 581 millones. Cobran como entidades distintas,
pero comparten sede y dos consejeros. Por su parte, la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de
Interior, no tiene constancia de 28 de los 42 cursos de
formación de parados que, según el Ayuntamiento de Madrid, se
impartieron en las cárceles madrileñas entre 1997 y 1999. El
Ministerio del Interior sólo reconoce como efectivamente
realizados 15 cursos, pero hay otros 27 que sólo existen en las
cuentas del Imefe. En la relación de Instituciones
Penitenciarias de cursos impartidos en prisiones madrileñas por
Ifomar durante 1997 no figuran cuatro supuestamente celebrados
en Carabanchel (dos de técnico en restauración de documento, uno
de instalador electricista y otro de técnico en recuperación de
residuos). En 1998, el desfase es mayor. Prisiones sólo tiene
constancia de siete cursos de Ifomar en prisiones mientras el
Imefe da por facturados e impartidos el doble. Según el Imefe,
todos los cursos se dieron ese año en la prisión de Carabanchel.
Pero según Prisiones, en 1998 Ifomar no dio ningún curso en
Carabanchel, sino en la prisión de Alcalá II. No son sólo
discrepancias geográficas sino de contenido. Ni en la prisión de
Carabanchel ni la de Alcalá II, ni en ninguna otra, se
impartieron en 1998 los ocho cursos que Imefe avala haber dado
ese año (de gasolinero; de técnico en restauración de documento
gráfico; de desratización; y de monitor de educación física). El
Imefe detalla inicios de cursos en Carabanchel en octubre y
diciembre de 1998, pero esta prisión fue clausurada en noviembre
de ese año, y los cursos exigían dos meses. En 1999, la
diferencia es mayor: Prisiones acredita un curso; el Imefe, 16.
A la dirección de Instituciones Penitenciarias, sólo le consta
un curso de desratización de Ifomar realizado en Madrid I
(Mujeres). Sin embargo, el Imefe, que no registra tal curso,
cita otros 16 inexistentes para la dirección de Prisiones
(Febrero 2001).
Las primeras reacciones: El alcalde de Madrid, José María
Álvarez del Manzano, no ve anómalo que empresas de militantes de
su partido copen el 25% de la facturación de cursos del Imefe.
El regidor lo considera "un tema viejo del que ya hizo un
informe la presidenta del Imefe al que se acude con demagogia".
El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, tiene una explicación para
tal hecho. "En la ciudad de Madrid, el Partido cuenta con 67.989
afiliados. Que cuatro ciudadanos anónimos (lo que supone el
0,005% del total de militantes del partido) militen en uno u
otro partido sólo cobra relevancia por el hecho de aparecer en
un titular". Por su parte, eL secretario general del Partido,
Javier Arenas, se limitó a comentar que la financiación de su
partido "es transparente" (Febrero 2001).
Las siguientes: Destituido un dirigente municipal por la
adjudicación de cursos para desempleados. María Antonia Suárez,
concejal del Partido que preside el Imefe, cesaa uno de sus
subordinados en este organismo: José Luis Solana. Explicó Suárez
que lo destituía porque tenía una relación de amistad con Rafael
Oriol Rodríguez, militante del Partido y socio del grupo
empresarial que supuestamente ha simulado cursos a presos nunca
impartidos para cobrar subvenciones. Este grupo lo integran las
empresas Iformar, autora de la supuesta simulación, Incof,
Defoco y Prevecón. El alto cargo del Imefe despedido era
responsable del servicio de formación del Imefe entre 1996 y
1999. El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, admitió hace una
semana que conocía tal vínculo de su subordinado pero no le dio
importancia (Febrero2001).
La Comisión Europea se interesa por el tema: ha pedido a la
unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España,
mediante un escrito, que lleve a cabo "las actuaciones
necesarias para aclarar" la gestión de los fondos adjudicados al
Instituto Municipal de Empleo de Madrid para cursos en
prisiones. Bruselas no descarta que puedan haberse producido
actuaciones irregulares similares a la del caso Pallerols
(uso indebido de 1.000 millones en cursos adjudicados a
academias vinculadas con dirigentes de Unió) y podría llegar a
bloquear las ayudas de las que se beneficia Madrid a través del
FSE si se confirma la estafa. La Comisión Europea no duda en
advertir en la carta enviada el martes a las autoridades
responsables de la gestión y el control del FSE en España de que
el problema detectado en Madrid "pueden tener un impacto
importante a nivel social por su similitud con el caso Pallerols".
"Con el fin de que los servicios de la Comisión puedan disponer
de informaciones fiables en el plazo más breve posible, le ruego
que lleve a cabo las actuaciones necesarias para aclarar este
asunto", afirma la carta, que también fue enviada al Organismo
de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). Las
autoridades españolas tienen ahora cuatro semanas para responder
a la petición de información (Febrero 2001).
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