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CASO PORTO $ AGUIRRE |
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"Madrid,
emblema de la España del PP" (Mariano Rajoy dixit.14.01.07) | |||||
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RESUMEN MUY RESUMIDO : LAS NOTICIAS, TAL CUAL
PSOE E IU QUIEREN QUE AGUIRRE ASUMA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR EL 'CASO PORTO'Anticorrupción denuncia una trama de corrupción urbanística del PP en MadridUn 25% para el cargo que posibilitó un 'pelotazo' de 4,6 millones de euros El alcalde de Villanueva de la Cañada cobró de promotores Anticorrupción aprecia delito en el ex jefe de urbanismo de AguirreAnticorrupción decide investigar los manejos del ex director de Urbanismo de Madrid FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO TRES DEFICIENCIAS QUE NUNCA FUERON SUBSANADAS MÁS DE OCHO MILLONES DE PLUSVALÍA EN TRES CANTOS SIMANCAS PIDE A AGUIRRE EXPLICACIONES POR EL "PELOTAZO URBANÍSTICO" DE SU FAMILIA El Gobierno madrileño usó un bufete ante las trabas del jefe técnico a un plan urbanístico La principal promotora fue investigada por favores del PP Porto asesoró desde su despacho oficial un trabajo privado en Cáceres Aguirre guarda silencio sobre el informe que se eliminó en 2004 Cerco a una GESTIÓN: Cronología de las supuestas actuaciones irregulares de Porto Un arquitecto ultraliberal EL DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID ELIMINÓ EL VETO DE LOS TÉCNICOS PARA FAVORECER SU NEGOCIO PORTO DESCALIFICÓ EN UN JUICIO UN INFORME CONTRA EL ALCALDE DE SAN LORENZO EL PARLAMENTO MADRILEÑO QUIERE INVESTIGAR EL URBANISMO LOCAL EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE ZABÍA POR NEGLIGENCIA O POR COMPLICIDAD La trama del ex jefe de Urbanismo de Madrid alcanza al alcalde del municipio donde hizo negocios La esposa del alcalde de Villanueva cobró del autor del plan que facilitó el 'pelotazo' de Porto Esperanza Aguirre se limita a decir: "Pregúntenle a Porto" José María Fernández del Río: "He consultado con Urbanismo" EL JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITE TRAS HACER UN NEGOCIO DE 4,3 MILLONES VILLANUEVA DE LA CAÑADA : CRONOLOGÍA DE UN ' PELOTAZO' Porto afirma que dimitió para defenderse con "total libertad" La presidenta de la Comunidad de Madrid respaldó siempre a Porto La 'buena estrella' de un "gran profesional" del urbanismo Dimite el director general de Urbanismo de Madrid Los jueces amenazan con multar a la Comunidad por no entregarles un informe El director regional de Urbanismo autorizó planes redactados por sus socios inmobiliarios EL DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL MOLAR EN EL QUE DIJO HABERSE INHIBIDO PORTO: "NO HE DESBLOQUEADO NINGÚN PLAN DE PLARQUIN" PSOE E IU QUIEREN QUE AGUIRRE ASUMA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR EL 'CASO PORTO' La oposición (PSOE e IU) arremetió ayer contra el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) y reclamó responsabilidades políticas tras conocerse la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, y el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), por supuesto tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, vinculó las supuestas irregularidades cometidas por Porto con el problema de la vivienda en la región y aseguró que la actuación del ex director general de Urbanismo supuso "un grave perjuicio a los ciudadanos". Por eso su grupo pedirá explicaciones políticas. Precisó que, dado que Porto no es director general (dimitió tras salir a la luz la supuesta trama de corrupción urbanística) ni tampoco ocupa el cargo de consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el entonces titular, Mariano Zabía, la responsabilidad recae en Esperanza Aguirre. "Que sí sigue siendo presidenta", puntualizó Menéndez. La portavoz agregó que habrá que esperar a la sentencia judicial para "pedir explicaciones". Luego precisó que se refería a exigir responsabilidades jurídicas a Porto. También la portavoz de IU, Inés Sabanés, pidió al PP que "dé la cara". "La dimisión de Porto ni cerraba ni tapaba las irregularidades presuntas que se habían cometido", recalcó. Sin embargo, el portavoz del PP, Antonio Beteta, cerró filas con su antiguo director general: "Habrá que ver el recorrido de este asunto y primar la presunción de inocencia. Cuando haya una resolución judicial, se podrán hacer valoraciones políticas". La organización Ecologistas en Acción anunció que se personará como acusación en la causa abierta a instancias de Anticorrupción. Esta asociación reclama que se paralice el plan general de Villanueva de la Cañada. También asegura que la recalificación de montes preservados se ha llevado a cabo, además de en el Sector I Los Pocillos, en el Sector III El Castillo y en otros planes especiales, como el de la circunvalación llamada la Vía de Ronda. Por eso, quieren que se impida la afección de los proyectos urbanísticos a los montes preservados y al Parque Regional del Guadarrama. Ecologistas en Acción recuerda que su grupo presentó una denuncia por los mismos hechos que ahora son imputados por la Fiscalía, en febrero de 2005. "Si bien la denuncia permanece estancada en unos tribunales que hasta ahora no se han preocupado de investigar unos hechos gravísimos", matizan. El urbanismo de Villanueva de la Cañada se rige por un plan general que data de 1998. En ese ordenamiento aparecían seis sectores para desarrollar. Dentro de ellos se encuentra el sector I Los Pocillos (1,4 millones de metros cuadrados), en el que está previsto edificar 3.000 viviendas. Su construcción no ha empezado. Porto poseía terrenos en este sector. La Comunidad rechazó el plan parcial para edificar porque presentaba deficiencias como la inclusión de 45.030 metros cuadrados de monte preservado como aprovechamiento urbanístico. Así se aumentaba la edificabilidad. Porto consiguió desbloquear el sector cuando era director de Urbanismo. La venta del suelo le reportó más de un millón de euros. También el sindicato CC OO planteó que se pongan "en cuarentena" las tramitaciones urbanísticas diseñadas o iniciadas bajo el mandato de Porto para "salvaguardar el interés general". (www.elpais.com, 03/10/07) Anticorrupción denuncia una trama de corrupción urbanística del PP en MadridLa Fiscalía se querella contra el ex jefe de Urbanismo de Esperanza Aguirre y un alcalde popularEn la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, ha operado una trama de corrupción urbanística que, presuntamente, dirigía su director de Urbanismo Enrique Porto, con la complicidad del alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), y de su esposa -arquitecta municipal-. Esa es la conclusión de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre un escándalo urbanístico destapado por este diario. Anticorrupción acusa a los cargos del PP, entre otros delitos, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El 7 de noviembre de 2006 el PSOE, a través de los diputados regionales Modesto Nolla y Ruth Porta, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto trato de favor que el director general de Urbanismo en Madrid, Enrique Porto, había dado a terrenos de su propiedad en la localidad de Villanueva de la Cañada. Porto desbloqueó, en contra del criterio de sus técnicos, la aprobación de la urbanización de sector donde tenía intereses. Este escándalo puso fin a la defensa que hacía Porto del conflicto de intereses que suponía resolver como director general de Urbanismo expedientes sobre planeamientos urbanísticos que había elaborado él o una empresa privada, Plarquin, que dejó tras ser fichado en diciembre de 2003 por Aguirre. Anticorrupción sospecha que tal renuncia a seguir en esa empresa privada -dedicada a planeamientos urbanísticos- se hizo sólo a "efectos meramente formales". La Fiscalía detalla que Porto mantuvo vínculos con el administrador de Plarquin, José María Fernández del Río. La querella de Anticorrupción, ya admitida a trámite en un juzgado de Móstoles, se centra en una operación concreta: el desbloqueo del sector de Los Pocillos de Villanueva de la Cañada donde Porto tenía terrenos que luego revendió con notables plusvalías. Los hitos de esta operación urbanística son los siguientes: -El 14 de marzo de 2003, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada que preside Luis Partida (PP) presentó para su aprobación ante la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, el plan parcial correspondiente al sector I de Los Pocillos. Lo habían diseñado profesionales estrechamente vinculados a Porto, a su vez autor como arquitecto privado del plan general de Urbanismo de Villanueva de 1999 en el que se ubicaba tal desarrollo. Entre sus redactores figuraban su socio en Plarquin, José María Fernández del Río, que encabezaba un equipo que incluía a un hermano y a una hija de Porto. -Los técnicos de Urbanismo de Ruiz-Gallardón tumbaron el proyecto. En mayo de 2003, emitieron un informe por el que se oponían a la aprobación del plan por presentar varias deficiencias. La más grave era la inclusión en dicho plan de los terrenos de un monte preservado del cauce del arroyo de Pedro Elvira. La inclusión de los 45.030 metros cuadrados de montes preservados en el cálculo del aprovechamiento urbanístico del plan parcial, como si se tratara de suelo urbanizable, repercutía en un mayor volumen de edificabilidad. En concreto, según Anticorrupción, se lograban ilegalmente 89 viviendas más. La comisión de Urbanismo, a la vista de tales informes, devolvió el plan al Ayuntamiento que gobernaba Partida. Le dieron seis meses para corregir las deficiencias. Se tomó un año para hacerlo. Por tanto, a tenor de Anticorrupción, su plan estaba "caducado" cuando lo presentó de nuevo en Urbanismo el 12 de agosto de 2004. Para entonces, ya contaba en dicho departamento del Gobierno regional con un gran valedor: Porto, con intereses en dicho sector. Su plan no fue rechazado por caduco. Ni por sus persistentes deficiencias. a pesar de que la técnico informante volvió a reiterar la ilegalidad del plan por entender que seguían computándose como edificables el monte preservado. Porto allanó tales escollos para sus intereses inmobiliarios. La querella lo confirma: "Tal informe no fue aceptado por el director de Urbanismo, Enrique Porto, que tenía en el sector intereses económicos (...) y, ante la situación de oposición de la técnico de la dirección general, encomendó a Mariano Trías, en su condición de coordinador de programas, que hiciera un informe en el que se diera por subsanada la irregularidad relativa a los terrenos del cauce del Arroyo Pedro Elvira". Trías cumplió fielmente la orden. "Rehizo el informe de Norma Pérez Huerta, modificando el de ésta y confeccionando el informe de 23 de septiembre de 2004 en el que se consideraba los terrenos correspondientes al cauce del arroyo de Pedro Elvira como sistema general de espacios libres, al no ser ello incompatible con su consideración como suelo no urbanizable protegido y manifestando que en todo caso se han de considerar excluidos del sector los citados terrenos de monte preservado". Esa redacción final fue bendecida personalmente por el director general de Urbanismo, al que beneficiaba en sus propiedades. Porto "dio su conforme a este informe y el mismo fue incorporado al expediente y elevado a la comisión de urbanismo". Y con dicho informe, que orillaba el veto de los técnicos, la comisión de Urbanismo aprobó el 28 de septiembre de 2004 el sector vinculado a Porto, que asistió como ponente técnico a la reunión donde se le dio luz verde, hecho que destaca la querella. Porto acababa de favorecer la venta de sus terrenos. www.elpais.es 02.10.07 Un 25% para el cargo que posibilitó un 'pelotazo' de 4,6 millones de eurosEnrique Porto poseía notables intereses inmobiliarios en el sector I de Los Pocillos de Villanueva de la Cañada cuando en 2004 tomó decisiones sobre los informes negativos que le plantearon los técnicos al plan que habían redactado sus socios y parientes. Enterró el informe contrario, y ordenó un informe favorable que desbloqueaba tal sector, vetado por deficiencias desde el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. Como recuerda Anticorrupción, Porto poseía en dicho sector de Villanueva de la Cañada desde 1988 el 25% de una finca comprada por 24.000 euros, junto con Ricardo Ortega, concuñado del alcalde, Luis Partida, y su socio Fernández del Río. La vendió en enero de 2006 por 400.458 euros. Pero Porto, según ha confirmado Anticorrupción, ocultaba tres propiedades más en dicho sector a través de una sociedad, Elclansol. La fundaron en 1994 los mismos compañeros de negocios: el concuñado de Partida y su socio Fernández del Río. El mismo día de su creación compra tres fincas en el sector de marras de Villanueva de la Cañada por 82.000 euros. En 2001, la mujer de Porto, en régimen de gananciales, adquiría un 25% de las acciones de Elclansol. En 2006, Elclansol vendió sus tres parcelas por 4.371.000 euros. En total, según datos de Anticorrupción, Porto y sus compañeros de negocios cosecharon una plusvalía por la venta de las cuatro parcelas citadas de más de 4,6 millones de euros. Por tanto, a tenor del 25% pactado en cada operación, Porto se embolsó más de un millón de euros por la venta de unos terrenos cuyo desbloqueo promovió como alto cargo del Gobierno de Aguirre. De ahí la cascada de cargos que anota Anticorrupción: tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios... La investigación ha sido muy sencilla para Anticorrupción: ha bastado con comprobar los datos publicados por este diario acudiendo al registro inmobiliario y con consultar a los técnicos que fueron desoídos.www.elpais.es 02.10.07 El alcalde de Villanueva de la Cañada cobró de promotoresLa querella de la Fiscalía Anticorrupción por el caso Porto implica bajo graves acusaciones al sempiterno alcalde -desde 1979- de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada, el popular Luis Partida, a su esposa y arquitecta municipal, Juana Manrique, y a sus dos técnicos subordinados, José Gil Granizo y Luis Arrabal. Estos dos últimos bajo el visto bueno de su superior jerárquico, la esposa del alcalde, presentaron informes que permitieron al alcalde Luis Partida rebatir alegaciones que denunciaban que el plan urbanístico del citado sector incluía los montes preservados. La trastienda de tales movimientos es que la esposa de Partida y el propio regidor estaban, al igual que Porto, ocultamente vinculados a Elclansol, empresa propietaria de terrenos -unos 28.000 metros cuadrados- en dicho sector. No en vano, Juana Manrique, aunque formalmente no figura como socia de Elclansol, -sólo aparece registralmente un cuñado de ella-, ha hecho aportaciones económicas a dicha sociedad desde 2002, según la querella de la Fiscalía. El escrito señala que esta arquitecta municipal cobraba dinero de promotores a través del arquitecto privado y ex socio de Porto Fernández del Río. La arquitecta-esposa del alcalde simulaba que cobraba por trabajos profesionales realizados en municipios distintos al regido por su marido y por una cuantía que minimizaba, con mucho, ante el fisco. A veces, se embolsaba el total o la mitad del dinero de cada factura de Fernández del Río por trabajos a promotores en Villanueva de la Cañada. La investigación ha acreditado que tales sumas de los promotores con intereses en Villanueva de la Cañada fueron ingresadas por el alcalde en sus cuentas corrientes. Partida, que era hasta las últimas elecciones presidente de la federación de municipios madrileños, estuvo a punto de no repetir como candidato por el escándalo. Porto dimitió el 3 de octubre de 2006 como director de Urbanismo tras consultarle este diario por su pelotazo en Villanueva de la Cañada. www.elpais.es 02.10.07 Anticorrupción decide investigar los manejos del ex director de Urbanismo de Madrid La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar la gestión de Enrique Porto, ex jefe de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que desbloqueó un plan urbanístico sobre terrenos de su propiedad y tramitó otros planes que habían sido diseñados por una consultora de la que fue socio. La fiscalía ha analizado la denuncia que presentó el PSOE por estas supuestas irregularidades, donde se atribuyen al alto cargo los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y ha decidido abrir una investigación para determinar si la conducta de Porto es delictiva El máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, no sólo ha ordenado la apertura de diligencias, sino que ha repartido ya las denuncias entre sus subordinados. La denuncia socialista sobre el caso Porto se refería concretamente a la gestión de un plan urbanístico en Villanueva de la Cañada (Madrid) en el que el ex director general de Urbanismo tenía propiedades. Tras desbloquear las trabas urbanísticas que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias. También lograron grandes ganancias unos tíos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que habían comprado terrenos en la zona y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que ponían algunos funcionarios de la Comunidad. Los socialistas consideran que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid pudo incurrir en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Antes de ejercer como director general de Urbanismo, Enrique Porto había estado asesorando como arquitecto privado al alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP). Porto lo reconoció en una respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan general lo hice yo y algunos planes parciales". La denuncia socialista pone de relieve cómo tras ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de la Cañada denominado Los Pocillos. El relato de hechos presentado en Anticorrupción recuerda cómo dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento, y que el 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo documento rechazado un año antes. A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de 2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias. Porto participaba en tres parcelas incluidas en dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del Río, autor del plan parcial. La denuncia socialista señala que estas tres personas han seguido el mismo modus operandi en "multitud de operaciones" que han practicado en Villanueva de la Cañada. Los socialistas recuerdan cómo Porto y sus dos compañeros de negocio compartieron un beneficio de 4,2 millones de euros entre la compra y la venta de sus terrenos tras desbloquearlos desde Urbanismo en 2004. La denuncia implica a otros beneficiarios del desbloqueo del citado sector de Villanueva de la Cañada: la empresa Alminar de Alvillas (propiedad de tíos y primos carnales de Esperanza Aguirre, los Gil de Biedma), que, al 50% con otra firma, compró por 419.995 euros unos terrenos en 2000 que revendió, también a medias, en 2006, por 4,6 millones. www.elpais.es 22.11.06 FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el citado alto cargo regional. Gil de Biedma es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus parcelas en el sector 1 de Villanueva de la Cañada. Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas objeciones al plan. Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la aprobación del citado plan parcial -redactado por un socio suyo, José María Fernández del Río, ex consejero de Cajamadrid por el PP- en septiembre de 2004. Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un solo euro en urbanizarlos. - Revalorización. La revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada tuvo su primer hito en la recalificación del sector aprobada en 1999 por el Ayuntamiento, presidido por Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el diseño del crecimiento del municipio. Pese a la recalificación de los terrenos, el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la urbanización del plan parcial que desarrollaba el sector 1 (denominado Los Pocillos, con 1,4 millones de metros cuadrados), entre cuyos propietarios figuraban ya Porto y los familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el cambio de Gobierno regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó posesión en enero de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que bloqueaban el plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos. La finca que compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño, Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta. Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis millones de euros. - Intervención decisiva. La intervención de Porto como director general de Urbanismo fue decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en Villanueva de la Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que arrojaba una terrible losa sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma. Sus responsables técnico y jurídico le exigieron en un escrito de nueve folios -que Porto evitó incorporar al expediente administrativo- mantener la suspensión urbanística que pesaba sobre este sector de Villanueva de la Cañada desde mayo de 2003 por entender que persistían dos de las seis deficiencias que denunciaron entonces, y alguna anomalía más, como la falta de informe de evaluación ambiental. Los expertos consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese plan parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en mayo de 2003 para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto a presentar en Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que Porto debió darlo por caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes siguiente. De haberlo rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme a la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los dueños a ceder 104.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad de Madrid (un tercio sería para viviendas protegidas, unas 300). Funcionarios de Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan eran insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas, habrían retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de venta de los dueños y el calendario de construcción de los promotores. TRES DEFICIENCIAS QUE NUNCA FUERON SUBSANADAS Enrique Porto, ex director general de Urbanismo de Madrid, autorizó el plan del Sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos, sin subsanar las tres deficiencias siguientes que denunciaron sus técnicos: - Monte preservado. Los técnicos denunciaron que se inflaba ilegalmente el volumen de edificabilidad del sector al computarse como suelo urbanizable el monte preservado: "No pueden computarse dichos suelos a efectos del cálculo de la edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas en el ámbito del sector". Tal párrafo de los técnicos, se mutó en lo siguiente al bendecirlo Porto: "La consideración tanto por el plan parcial como por el plan general de estos terrenos como sistema general de espacios libres no es incompatible con su calificación como suelo no urbanizable protegido". Y así ocurriría en la práctica: el monte se computó y aumentó la edificabilidad del sector, según los expertos. - Paralización por la M-503. La segunda deficiencia que orilló Porto y denunciaban sus técnicos rezaba así: "En relación con la carretera M-503, colindante con el Plan Parcial, se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan General que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan parcial". Más allá de si esta paralización afectaba directamente a fincas de Porto, como sugieren expertos consultados, lo que sí admiten funcionarios de Urbanismo es que el desbloqueo de este veto zonal derivado del Plan General, originaría unos trámites que retrasaría todo el plan parcial del sector donde tenían intereses Porto y los tíos y primos de Aguirre. Y al afectar al Plan General, su desbloqueo debía autorizarlo el Gobierno de Aguirre, según los expertos. Pero Porto eliminó de un plumazo el veto derivado de la M-503: "Se resuelve mediante una glorieta, cuyo trazado se ajusta al proyecto". - Sin informe ambiental. Porto obvió una tercera anomalía que denunciaron sus técnicos: "Es necesario hacer mención del informe de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental de octubre de 2003, en lo relativo a la obligatoriedad o no de someter el proyecto de plan parcial a alguno de los procedimientos ambientales. Entendemos necesario una aclaración a dicho informe, al existir un vacío en los procedimientos a realizar o realizados respecto a la protección, puesto que el plan general no efectuó evaluación ambiental como hubiera sido exigible, ni análisis ambiental". MÁS DE OCHO MILLONES DE PLUSVALÍA EN TRES CANTOS José Gil de Biedma Vega de Seoane y el colectivo de tíos y primos maternos de Esperanza Aguirre integrantes de la sociedad Alminar de Villas, no es la primera vez que se ven involucrados en polémicas urbanísticas por acciones supuestamente especulativas en la región donde gobierna su sobrina desde noviembre de 2003. En enero pasado, el PSOE denunció que este grupo de familiares maternos de Aguirre ganaron ocho millones de euros en Tres Cantos (Madrid) con unas fincas que compraron en 2001 y vendieron en enero de 2004, ocho meses después de que el gobierno local (Tres Cantos Unido y PP) aprobara el nuevo plan general, que incrementó el suelo residencial en detrimento del industrial. La crisis costó la dimisión de un dirigente local del PP Rafael Vázquez, que nunca quiso explicar las razones ocultas de su cese. El negocio inmobiliario realizado en Tres Cantos por la familia materna de Aguirre lo denunció el portavoz local socialista, Miguel Aguado. Sus datos fueron reflejados en numerosas noticias. Su resumen es el siguiente. Entre 1988 y 1989, la firma Eland Construcciones compró 23 fincas (173.046 metros cuadrados) en Tres Cantos por 11,8 millones de pesetas (71.000 euros). Doce años después, en mayo de 2001, los tíos y primos de Aguirre compran la empresa, a cuyo frente se sitúa José Gil de Biedma y el resto de tíos y primos que volverían a reaparecer en negocios inmobiliarios conjuntos en otros municipios madrileños.Dos meses después, todos esos parientes de Aguirre crean diversas empresas para autocomprarse los terrenos de Eland. Para financiar tal operación logran una hipoteca de 3,1 millones y valoran las acciones de Eland en 5,1 millones. La operación aportaba ya un incremento artificial del suelo de dos millones de euros, a tenor de la denuncia socialista.Pero su rédito especulativo no terminaría ahí. En enero de 2004, el entramado empresarial de la familia materna de Aguirre, quien ya gobierna en la Comunidad de Madrid pero no ha gestionado este planeamiento, vende 17 de las 23 fincas que posee por 11,2 millones de euros. En esta operación de compra de suelo a precio barato y posteriores ventas con incrementos artificiales del valor del suelo, la familia de Aguirre ha obtenido en dos años y medio beneficios que superan los ocho millones de euros, sin considerar las fincas aún no vendidas, 39.633 metros cuadrados, que ya valen otros 3.8 millones de euros, según el cálculo efectuado entonces por el PSOE sobre la operación del entramado societario de los Gil de Biedma y Vega de Seoane. SIMANCAS PIDE A AGUIRRE EXPLICACIONES POR EL "PELOTAZO URBANÍSTICO" DE SU FAMILIA El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, ha exigio hoy "explicaciones" a la presidenta Esperanza Aguirre sobre su "participación personal en el hecho probado de que su familia se benefició directamente de una operación urbanística especulativa e irregular en Villanueva de la Cañada". El PP ha respondido a las revelaciones que publica hoy EL PAÍS preguntando si existe "algún madrileño que conozca todas las actividades de sus tíos" porque "no está al alcance de ningún mortal". En declaraciones a los periodistas antes de iniciar un viaje detrabajo a Bruselas, Simancas se refería así a una información publicada hoy este periódico según la cual una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, ganó 2,1 millones de euros en una compraventa de terrenos en esta localidad de Madrid, cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros. El secretario general del PSM-PSOE ha reclamado a Aguirre que dé "explicaciones urgentes y claras a la sociedad madrileña" y ha asegurado que, tal y como se "temían" los socialistas madrileños, el dimitido director general de Urbanismo "no era un verso suelto y la trama urbanística alcanza a la cúspide del Gobierno de Esperanza Aguirre". "Los beneficiarios en la trama urbanística de Villanueva de la Cañada al parecer ya no son sólo los familiares de Porto, sus socios en Plarquin, Fernández del Río y compañía, Luis Partida y su familia, sino que se descubre que también han sido beneficiarios los propios familiares de la presidenta", ha resumido Simancas, que ha considerado este asunto "extraordinariamente grave". El encargado de dar explicaciones en nombre de Aguirre ha sido el Consejero de Presidencia, Francisco Granados, qye ha dicho que el terreno que adquirió José Gil de Viedma siempre fue urbanizable y se revalorizó porque entre la compra y la venta pasaron seis años. Según el consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, el terreno que compró el tío de la presidenta y su revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta, como ocurre "en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid y no solo con el suelo, sino también con los pisos o los chalés". "Las plusvalías que se generan en el suelo se producen durante las recalificaciones, cuando pasa de rústico a urbanizable", cosa que, según según Granados, no sucedió en este caso. Para el PP, lo lógico es que en seus años se haya avanzado en la "tramitación administrativa normal de un expediente" como este, lo que, en todo caso, no implica el aumento del valor del suelo, como pasa con una recalificación. El secretario general del PP madrileño ha comentado irónicamente que "parece de broma que alguien vaya a saber en 2000 que tres años después a una sobrina suya la van a hacer presidenta de la Comunidad y que otros tres años más tarde, va a hacer director general de Urbanismo a un señor que, a su vez, va a aprobar un plan parcial en el que está una persona cercana a la presidenta". Asimismo, ha preguntado si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos" porque "eso es algo que no está al alcance de ningún mortal". Granados ha cuestionado si este caso es uno de los que Simancas califica de "urbanismo decente o indecente", según se produzcan en municipios gobernados por el PSOE o por el PP. Los grupos parlamentarios del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, a través de Matilde Fernández y Fernando Marín, han exigido hoy a Aguirre que en materia de Urbanismo "deje de jugar al calamar" y haga frente a todos los casos de corrupción, "denunciando e investigando las irregularidades y marginando a los que las cometan". Publicado en www.elpais.es 17.10.06 El Gobierno madrileño usó un bufete ante las trabas del jefe técnico a un plan urbanístico El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), pagó a un bufete privado para avalar un plan urbanístico al que puso trabas el jefe del servicio de planeamiento. Este técnico dependía de Enrique Porto, el director general de Urbanismo que dimitió hace una semana. Para aprobar el plan que rechazaba su jefe de planeamiento, Porto contrató a uno de los bufetes de abogados de mayor prestigio y coste en Madrid. Con ese informe, y otro de los dueños, dio vía libre a un proyecto que permitía más edificabilidad a los promotores de la que el técnico admitía y les brindaba un beneficio de más de 30 millones. El polémico plan se situaba en el sector 3 del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. El jefe de Planeamiento, Jesús Sánchez-Cabezudo, forzó que en el expediente de ese plan se incorporase su informe negativo, que entregó en mano a Porto como garantía de que "estaría donde tenía que estar", según explicó su autor a este periódico. El plan que cuestionaba Sánchez-Cabezudo se iba a desarrollar en el mismo municipio donde el ex director general poseía, con sus socios, más de 22.000 metros cuadrados, sobre los que tomó una decisión como cargo público para eliminar los obstáculos que impedían su urbanización y, después de hacerlo, vendió en 2006 las fincas que tenía por 4,3 millones de euros. En el sector 1 de Villanueva donde Porto tenía terrenos, el ex director general de Urbanismo obvió directamente la tenaz oposición de sus dos técnicos y no incorporó su opinión al expediente. En el sector 3 sobre el que informó en contra Sánchez-Cabezudo, no pudo hacer otro tanto. El técnico impuso que se incorporara su escrito al expediente, pero el resultado fue el mismo: hizo caso omiso de la opinión del funcionario experto en la materia. La controversia en torno a la aprobación del plan urbanístico era si se podía incluir como suelo urbanizable del sector y computarlo a efectos del volumen total edificable, un espacio calificado de "montes preservados". Porto entendía que sí, con lo que aumentaba la edificabilidad (la superficie total construida). El técnico entendía que no, que los propietarios debían restar 28.000 metros de los montes a la superficie total del sector. Además, también juzgaba excesivo el coeficiente por el que multiplicaban el suelo para determinar el volumen final edificable del sector. Los promotores pretendían que fueran 0,2392 metros cuadrados por metro cuadrado; y el técnico lo rebajaba a 0,2179. ¿Qué ocurrió ante tales planteamientos desfavorables del jefe de los técnicos? La dirección de Urbanismo que encabezaba Porto para acallar - "contrastar jurídicamente", según la versión oficial- los argumentos de su responsable técnico, utilizó dos dictámenes jurídicos privados: uno de ellos lo facilitaron los propios promotores privados de los terrenos -los más interesados en conseguir la mayor edificabilidad posible-; y el otro fue encargado y pagado con dinero público por la propia dirección general a un bufete de los más caros de Madrid. Ambos dieron la razón a la tesis que ya defendía Porto desde que tramitó ya el anterior sector (Los Pocillos de Villanueva de la Cañada, donde poseía terrenos y, por tanto, intereses). Los dos dictámenes sostuvieron que los montes preservados podían ser computados como urbanizables a efectos de rentabilizarlos en el aprovechamiento global por los dueños. Ésa era la tesis previa de Porto, como confió él mismo en sus reuniones con mandos del departamento, ya que suponía una "gran ocasión" para los promotores, según han contado funcionarios a EL PAÍS. El plan bendecido por Porto superaba -según el informe de su jefe técnico -, en 30.197 metros cuadrados la edificabilidad legal del sector. ¿En qué se traduciría este plus de edificabilidad aprobado a favor de los promotores? Pues en que podrían construir 150 viviendas unifamiliares más o 300 pisos más por encima del marco legal, siempre según cálculos de expertos. A razón de un mínimo de 1.000 euros por metro construido, daría un beneficio neto -no habría existido de haber prevalecido el criterio del técnico- de más de 30 millones de euros. El informe que recoge toda la tramitación del plan, que firma el subdirector de Urbanismo, Mariano Trías, revela que "con fecha 22 de octubre de 2004, el jefe del servicio de Planeamiento y Control del Madrid Metropolitano, solicita la incorporación al expediente de sendos informes de fechas de 8 y 11 de octubre de 2004, en los que tras diversas consideraciones técnicas informa desfavorablemente el expediente".Sánchez-Cabezudo relató a este diario cómo logró que su informe -a diferencia de lo ocurrido con el de su subordinada sobre el sector donde Porto tenía terrenos-, se incluyera en el expediente: "Lo entregué en mano y firmado al director general. Me pareció la mejor la manera de garantizar que mi informe se incorporara al expediente y de tener la seguridad de que estaría donde tenía que estar. Me he limitado a cumplir con mi función y con la legalidad, como vengo haciendo desde que trabajo para la Administración desde 1972. Y, desde luego, sigo manteniendo el mismo criterio que entonces expuse". Este veterano funcionario asegura que no pudo llegar a suscribir el informe que hizo su compañera Norma Pérez sobre el sector 1 de los Pocillos (donde tenía terrenos el ex director general de Urbanismo), en el que pedía la suspensión del proyecto, entre otros, por entender que permitía computar los montes preservados. Pero apoya el criterio de sus compañeros: "Lo conozco perfectamente, y lo asumo en su integridad". Sánchez-Cabezudo no recuerda un precedente en su dilatada carrera en el que sus jefes contrataran un dictamen privado para contrarrestar sus tesis. Un portavoz de Medio Ambiente asegura que esta medida suponía una mayor garantía jurídica. El plan de este sector de Villanueva de la Cañada (El Castillo) fue aprobado finalmente con el voto en contra del PSOE por entender, precisamente, que no quedaban excluidos del sector urbanizable los montes preservados.www.elpais.es 12.10.06 La principal promotora fue investigada por favores del PP La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Esperanza Aguirre, antes de entrar a analizar a fondo el caso, lanza dos ideas para garantizar que en el sector 3 de Villanueva de la Cañada no debe sospecharse una actuación irregular del ex director general de Urbanismo, Enrique Porto: "Aquí él no tenía terrenos y el informe del técnico negativo sí consta en el expediente". Así admitían, después de que lo publicara este diario, que en el caso del sector 1 de Villanueva de la Cañada, Porto no incorporó el informe negativo de sus técnicos. Si les hubiera hecho caso habría paralizado un plan urbanístico en el que tenía intereses en forma de 22.000 metros cuadrados que poseía con sus socios en aquella zona.Los dueños de los terrenos, cuyo plan también fue cuestionado por un técnico y para el que se encargó un informe a un bufete privado de abogados, no están en la órbita del ex director general, pero alguno de ellos figura en otras causas de polémica urbanística.Uno de los principales propietarios de este sector es la promotora Afar-4. Es copropietaria de más de 600.000 metros cuadrados. Esa inmobiliaria ha sido denunciada e investigada bajo sospecha de haber sido ilegalmente favorecida por el Ayuntamiento de Majadahonda bajo el mandato del Partido Popular en los últimos años. La presunta conexión de esa firma -cuyo dueño, fallecido, llegó a estar imputado-, con algunos de sus últimos regidores, como Narciso de Foxá o Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP en Madrid, ha sido planteada por la fiscalía en el curso de las pesquisas que se instruyeron, que fueron archivadas y hoy se hallan pendientes de un recurso del PSOE. Otro de los propietarios del citado sector es José Fernández Olano, que presidió la ex empresa pública Aldeasa desde 1996 hasta abril 2005 por designación del vicepresidente Rodrigo Rato (PP), y que también ha figurado en el consejo de administración de Altadis, socio de referencia de Aldeasa y de Endesa. A nombre propio, Fernández Olano posee unos 4.300 metros cuadrados que afirma haber comprado hace 18 años. Sus cuñados poseen otros 75.000 metros cuadrados, fruto de una herencia paterna y de compras realizadas hace unos diez años.Fernández Olano asegura que no desconoció el favor que les hizo la dirección de Urbanismo bajo mandato de Porto. "No tengo ni idea, no intervine en nada de eso". Afirma que apenas conoce a José María Fernández del Río, redactor del Plan de Villanueva de la Cañada y hasta hace seis meses miembro del consejo de administración de Caja Madrid por el PP. www.elpais.es 12.10.06 Porto asesoró desde su despacho oficial un trabajo privado en Cáceres Enrique Porto siguió asesorando desde su despacho oficial de director general de Urbanismo un plan urbanístico en Cáceres capital -gobernada por el PP- que le fue adjudicado antes de su nombramiento. Así lo acredita un fax enviado desde su dirección en febrero pasado en el que da instrucciones sobre una parcela cuyo descomunal aumento de edificabilidad ha causado la dimisión de un edil del PP, que habla de ilegalidad. Por otro lado, la consultora Plarquin tenía asegurado a Porto durante su mandato como "arquitecto colaborador", pese a su declarada desvinculación de ella cuando tomó posesión. Diferentes documentos en poder de este diario apuntan a que Porto, en contra de lo manifestado por él y asumido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, nunca se desvinculó de su actividad privada ni de su consultora Plarquin tras ser nombrado director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2003. Existe una primera e insólita evidencia: un fax enviado por Porto desde la Dirección General de Urbanismo el pasado 13 de febrero, con el siguiente mensaje: "Por indicación de don Enrique Porto, te envío la siguiente documentación". El fax lleva el sello de la Dirección General de Urbanismo, y deja como teléfonos de contacto los del despacho oficial, así como su número de fax. Va enviado a Antonio Pimenta, de Prointec, firma que contrató en enero de 2003 los servicios de Porto como uno de los arquitectos que realizaría la revisión del plan general de Cáceres, cuyo alcalde es José María Saponi (PP). El fax de Porto va referido a una finca del casco urbano cacereño de unos 11.000 metros cuadrados donde existía un colegio de las monjas carmelitas. En función del nuevo plan, la superficie edificable en dicho suelo pasaría de 7.910 metros cuadrados a 60.500, con inclusión de un colegio, pero en su mayor parte destinados a la construcción de un gran centro comercial, y uso terciario y residencial. Tal revisión se ha producido por un convenio cuya legalidad cuestionan sus detractores. Y sobre dicha parcela el director de Urbanismo de Madrid asesora en cuatro folios a sus compañeros de equipo redactor en febrero de 2006. El alto cargo de Aguirre apunta a Prointec cuáles pueden ser los límites o los volúmenes de edificabilidad, la reserva para dotaciones públicas, la cesión de terrenos para dotaciones y participación en las plusvalías, y la "monetización" de las cesiones. Para ello compara la normativa extremeña con la madrileña. Esta operación ha sido tan polémica que ha costado la dimisión, ayer, de un edil cacereño del PP, Manuel Rodríguez Cancho, por creer que "roza la ilicitud y la ilegalidad", y que la compensación por multiplicar su edificabilidad -unos 2,5 millones de euros- "es escasa para la repercusión que la obra tendrá en la zona". Este expediente, la parcela de las carmelitas, vio frustrada su aprobación por la comisión municipal de Urbanismo ayer. Quedó en la mesa con los votos en contra de dos concejales del PSOE, uno de IU y del propio Cancho (PP), que votó en contra de su partido. La portavoz socialista en dicho municipio, Carmen Heras, ha pedido toda la documentación del Ayuntamiento sobre la intervención de Porto porque sostiene que "si está cuestionado el que ha sido responsable del nuevo plan de general de Urbanismo de Cáceres, el plan está cuestionado". Heras argumenta que si Porto ha dimitido por beneficiarse de operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid, el plan de Cáceres "puede estar contaminado". Esta edil reparó meses atrás en que Porto, nombrado en diciembre de 2003, seguía figurando en la redacción del plan e incluso en febrero de 2004 acudió a una conferencia sobre el mismo.
Existe un segundo documento que apunta que Porto mantuvo su actividad privada tras su nombramiento como director de Urbanismo de Esperanza Aguirre. El 18 de febrero de 2004, la aseguradora Dual International, en nombre de Lloyd's, le recuerda a Plarquin -firma que teóricamente ha abandonado Porto tras su nombramiento en diciembre de 2003- que su cobertura de responsabilidad civil profesional cubre las actividades de los "arquitectos socios": Enrique Porto Rey; su esposa, Pilar Fernández González, y su socio, José María Fernández del Río. El 5 de marzo de 2004, dicha aseguradora comunica a Plarquin que ha cambiado la póliza conforme a las instrucciones recibidas un mes antes de dicha consultora. El cambio operado en la cobertura de los servicios profesionales de sus arquitectos es muy significativo: Porto ya no es asegurado como socio, sino como colaborador. "Queda cubierta la actividad profesional al servicio de la sociedad de los arquitectos colaboradores de la misma, Enrique Porto y Miguel Ángel García Horcajada, y excluida toda su actividad fuera de dicha sociedad". No se trata de garantizar con la póliza pasados trabajos profesionales de Porto dentro de la sociedad, ya que hasta febrero de 2004 estuvo cubierto como "arquitecto socio", sino las que desempeñe en adelante como "arquitecto colaborador". Y tampoco cabe colegir que la cobertura del seguro se refiera a las actividades profesionales realizadas por Porto en el pasado a título individual. La póliza es tajante: "Quedan excluidas las reclamaciones que se puedan presentar contra los tres arquitectos socios de la sociedad y de los arquitectos colaboradores [Porto] por sus actuaciones profesionales realizadas con anterioridad a la fecha de actividad de la citada sociedad 1/6/2000". Porto se autoaplica esa fórmula de arquitecto colaborador de Plarquin para intentar fortalecer la apariencia de desmarque de ella que ha intentado plasmar con la venta de sus acciones en dicha firma tras su nombramiento como director general de Urbanismo. Ocurre que dicha venta de su paquete accionarial recae en personas con las que sigue manteniendo vínculos societarios a través de varias inmobiliarias. Y sucede que Plarquin le factura cada mes cerca de 6.000 euros por alquiler a una de sus inmobiliarias, Fernández y Porto. www.elpais.es 10.10.06 Aguirre guarda silencio sobre el informe que se eliminó en 2004 Un mes después de estallar el escándalo de su ex director de Urbanismo Enrique Porto, el Gobierno de Esperanza Aguirre sigue sin calificar ni investigar la cadena de irregularidades apuntadas por este diario sobre su gestión. La última y más grave enterró un informe negativo de sus técnicos para poder dar luz verde a un plan parcial en Villanueva de la Cañada (Madrid) donde poseía terrenos que vendería años después. El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, manifestó en el Parlamento regional el pasado jueves lo siguiente sobre dicho plan: "No hay informes negativos, hay peticiones de ampliación". Refutó así las sospechas del diputado socialista Modesto Nolla: "¿Ha buscado usted los informes de sus técnicos? Cuando voy a ver el expediente que va a la Comisión de Urbanismo en 2004, cuando usted es consejero y ya es director Porto, que tiene intereses directísimos porque tiene propiedades en ese sector, me encuentro que ya no están los técnicos. ¿Eso a usted no le hace sospechar?". Al día siguiente, este diario publicó el informe de los técnicos: exigía la paralización del sector y su devolución al Ayuntamiento de Villanueva para corregir sus deficiencias. Medio Ambiente, tras leer la noticia, replicó entonces que el informe no existía ya que no constaba en el expediente. Lo hizo sin consultar a sus autores, los técnicos de Urbanismo redactores del escrito sepultado: las responsables técnica y jurídica. Dicha versión de Medio Ambiente fue desmentida ayer en este diario por una de sus autoras. La responsable técnica, Norma Pérez, ratificó ayer en EL PAÍS que, aunque Porto no lo incorporó al expediente que elevó, su informe es "oficial, existe y está disponible para cualquier autoridad". De hecho, según otros funcionarios, cuando Porto reclamó para preparar la comparecencia de Zabía todos los escritos existentes en su dirección de Urbanismo sobre el sector 1 de los Pocillos de Villanueva de la Cañada, sus subordinados cumplieron fielmente sus órdenes. Le entregaron los dos informes obrantes en el departamento sobre dicho proyecto: el de los técnicos que Porto sepultó, que exigía paralizar dicho sector, y el que rubricó el ex director general y elevó a la comisión de Urbanismo con su propuesta de que se desbloqueara y aprobara porque daba por subsanadas todas sus deficiencias.¿Ocultó Porto tal informe a Zabía o éste lo conocía cuando dijo al Parlamento que no existía? Este diario trasladó ayer este interrogante a Medio Ambiente. No hubo respuesta de dicha consejería. www.elpais.es 10.10.06 Cerco a una gestión : Cronología de las supuestas actuaciones irregulares de Porto La gestión del ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, se ha puesto en entredicho a raíz de las informaciones que ha ido publicando EL PAÍS a lo largo de casi un mes. El cerco de información sobre su actuación le llevó a dimitir el pasado martes 3 de octubre. - 12 de septiembre. El director general reconoce que no se ha inhibido cuando Urbanismo ha tramitado planes redactados por su antigua empresa, Plarquin. Ésta es una consultora a la que cedió sus contratos como arquitecto y en la que también han trabajado uno de sus hermanos y una hija. "Yo, a partir de ahora, me voy a inhibir porque es más elegante y me causa menos problemas", afirmaba. "Pero en pureza, no hay incompatibilidad en esto". El artículo 4 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos sí exige su inhibición. - 14 de septiembre. Ecologistas en Acción y el PSOE denuncian que los expedientes de proyectos urbanísticos privados de Porto o sus socios en Moralzarzal, Guadarrama y El Molar tienen ahora informes medioambientales favorables, pese a que fueron vetados por el Gobierno regional bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. La Consejería de Medio Ambiente responde que aún no han sido aprobados. - 25 de septiembre. Porto había declarado que sólo se había inhibido una vez en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin: en la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar. Había trabajado en este proyecto antes de ser director general y luego lo retomó Plarquín. Un escrito demuestra que tramitó y agilizó el expediente. - 3 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia ha requerido dos veces en 10 meses -la segunda bajo amenaza de multa- al Gobierno regional para que le entregue el expediente de revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, agilizado por Porto. Este mismo día, EL PAÍS se pone en contacto con Porto para contrastar la información de la que dispone: Porto autorizó en 2004 un plan parcial en Villanueva de la Cañada (Madrid), que incluía la urbanización de más de 20.000 metros cuadrados. Una parte de estos terrenos eran de su propiedad, desde 1988, y el resto, de la sociedad Elclansol, que pertenece desde 1994 a su esposa, con la que tiene régimen de bienes gananciales. Dicho suelo, rústico en origen, fue recalificado en 1999 como urbano por un plan general que redactó el propio Porto cuando era arquitecto privado, contratado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. En enero pasado, el director de Urbanismo y sus socios vendieron esas fincas por 4,3 millones de euros. Cuando las compraron pagaron 87.000 euros.Dos horas después de esa llamada, la Consejería de Medio Ambiente anuncia la dimisión de su director general de Urbanismo. Porto no responde a las llamadas de este periódico y, a través del consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, se hace público que explica su cese en "motivos personales" y en que, fuera del cargo, quiere ejercer su defensa. También mantiene que la dimisión se había realizado el día anterior, 2 de octubre. - 4 de octubre de 2006. Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos, que facilitó la operación urbanística que benefició a Porto y sus socios. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 metros cuadrados (que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones) su pagador, Fernández del Río y sus socios: Porto y Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria. - 6 de octubre de 2006. Porto desoye las conclusiones de los tres técnicos que le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en un sector (Los Pocillos), donde él poseía con otros socios más de 22.000 metros cuadrados de suelo. En su informe final y sin las firmas de los técnicos, Porto dio por subsanadas las deficiencias que habían señalado los técnicos. En enero de 2006, él y sus socios vendieron esos terrenos por 4,3 millones. www.elpais.es 08.10.06 Un arquitecto ultraliberal
"¿Para ser director general tienes que vender todo y ser un anacoreta?", se preguntaba el miércoles en un periódico el ya ex director general de Urbanismo, Enrique Porto Rey, un día después de cesar en el cargo que ejercía desde el 30 de diciembre de 2003, nombrado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía. Desde luego, este arquitecto y urbanista de 66 años no ha practicado tal extremo mientras ha sido alto cargo, sino que ha mantenido sus inversiones y propiedades inmobiliarias durante el ejercicio del cargo. "Cuando uno trabaja en un ámbito profesional es lógico que invierta en el mismo campo, porque es lo que conoce", justifican en la Consejería de Medio Ambiente. Nacido en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), Porto fue funcionario del Ministerio de Vivienda y profesor de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 1968 y 2000. Algunas biografías difundidas esta semana afirmaban que era catedrático de Urbanismo, pero no pasó de profesor adjunto, según el decano del Colegio de Arquitectos, Ricardo Aroca. "Estaba muy ligado al catedrático José López Zanón [prestigioso profesor de la Politécnica], pero era más un allegado que un arquitecto con personalidad propia", explica. En la actualidad está en situación de jubilación voluntaria en la Universidad. Como Aroca, otras fuentes del sector confirman que Porto desarrolló sobre todo su carrera en el ámbito privado. "No es conocido por sus aportaciones teóricas al Urbanismo y a la Arquitectura", sentencia Aroca, que lo define como "ultraliberal". En el plano personal, quienes le conocen lo describen como una persona de gran sentido del humor, afable, "más listo que inteligente", muy agradable de trato, pero soberbio en sus conocimientos. Hasta su llegada al Gobierno regional, el ex director general tuvo una prolífica actividad en el ámbito privado, a través de Plarquín, una consultora especializada en urbanismo, de la que fue administrador entre 2000 y 2002. La había fundado con José María Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP. Porto se vanagloria de ser un experto en Derecho urbanístico y tiene mucha afición a utilizar argumentos jurídicos. Desde el Gobierno regional se justificó en su día su elección como director general precisamente por ser "uno de los mayores expertos" en planeamiento y Derecho urbanístico de España. Es el mismo perfil que describió el pasado jueves el vicepresidente regional, Ignacio González, cuando reiteradamente se le preguntó si respaldaba la gestión de su ex director general. González eludió responder hasta en cinco ocasiones, pero comentó: "Yo no conocía las actividades privadas de este señor. Sé que es un urbanista de prestigio. Tenía un perfil incuestionable desde el punto de vista profesional". Pero otras fuentes replican que había poco fondo en su dominio de la materia. Y explican que lo que hizo Porto fue acaparar conferencias y cursos especializados en Urbanismo, lo que le ayudó a adquirir influencia y conseguir contratos para su empresa. Entre sus méritos se encuentra el haber dirigido los equipos redactores de los planes generales de A Coruña (1998), Albacete (1999), Burgos (1999), Cáceres (2003), Palencia (1991) y el plan del que luego se beneficiaría, en Villanueva de la Cañada (1997). Cuando es llamado para la dirección general de Urbanismo, Porto se encontraba inmerso en la redacción de planeamientos de varios municipios madrileños, además de la capital: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma de Esteruelas, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla y Moralzarzal. Tras aceptar el cargo, Porto reclama a los ayuntamientos que revoquen sus contratos o los subroguen en Plarquin. Al mismo tiempo, formaliza su desvinculación. Vende 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, que se convierte en heredero de sus proyectos privados. El ex director de Urbanismo termina de desprenderse de Plarquín en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. Por las 500 acciones que poseían, el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 euros. Su valor nominal. Porto regala a Plarquin sus contratos. Pero, como ha salido a la luz desde el pasado 22 de septiembre, la desvinculación no es completa.Las primeras informaciones apuntan a que Porto atenta contra la legalidad y da una imagen insostenible para un alto cargo, al no tener clara la línea que separa sus negocios y su actividad pública. Hasta ahora el ex director general no ha explicado en público su marcha y sus actividades. Evita las cámaras y varios diputados de los tres partidos (PP, PSOE e IU) comentan que el Gobierno le ha cerrado la boca para impedir que las irregularidades de su gestión suban el escalafón. www.elpais.es 08.10.06 EL DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID ELIMINÓ EL VETO DE LOS TÉCNICOS PARA FAVORECER SU NEGOCIO
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