COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
1. TRES
CANTOS: CORRUPTELAS INMOBILIARIAS
2. TRES CANTOS: FAMILIARES DE LA PRESIDENTA
REGIONAL IMPLICADOS EN TEMAS DE ESPECULACIÓN
3. VILLANUEVA DE LA CAÑADA: DE NUEVO, FAMILIARES
DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DEL EX DIRECTOR DE
URBANISMO
4. VILLANUEVA DE LA CAÑADA: EL EX JEFE DE
URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITIÓ, TRAS UN ‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES €
5. EL MOLAR:
EL EX DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL MOLAR EN EL QUE DIJO
HABERSE INHIBIDO
6. MAJADAHONDA:
DOS EX EDILES DECLARAN QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO RECIBÍA SOBORNOS
7. COLMENAR DE OREJA: LA COMUNIDAD DE MADRID,
ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU COSTE
8. CARRETERA DE LOS PANTANOS: LA COMISIÓN
EUROPEA ABRE EXPEDIENTE POR LA AMPLIACIÓN DE LA M-501
9. pelayos de la presa:
EL AYUNTAMIENTO APROVECHA LAS OBRAS DE LA VARIANTE PARA RECALIFICAR TERRENOS
RÚSTICOS
10. Las RozaS: EL CONSTRUCTOR San
Román, el NUEVO señor de Las Rozas
11.
ARROYOMOLINOS: EL CONSTRUCTOR San Román, TAMBIÉN ES el señor de ARROYOMOLINOS
12.
TORRELODONES: EL ALCALDE RECALIFICA TERRENOS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO A AMIGOS Y
FAMILIARES DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN
13.
GALAPAGAR: UNA COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE
ESTE MUNICIPIO
14. CHINCHÓN:
LA ALCALDESA ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO
15.
Brunete: un importante empresario Y PROMOTOR madrileño beneficiaDO DE UNAS NADA
CLARAS recalificaciones
16. QUIJORNA: LA ALCALDESA VENDIÓ UNA ALAMEDA
PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ
17. SAN
LORENZO DEL ESCORIAL: LA DECLARACIÓN DE PORTO EN UN JUICIO DONDE TENÍA
INTERESES BENEFICIA AL ALCALDE DE SAN LORENZO
18. LOS MOLINOS: LA CONSEJERÍA DE URBANISMO
PERMITE LEVANTAR 1.000 CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL
19.
MORALZARZAL EL
AYUNTAMIENTO INSISTE EN URBANIZAR LA FINCA CUYA RECALIFICACIÓN HA SIDO
RECHAZADA EN TRES OCASIONES POR LA COMUNIDAD
20.
AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN EX CONCEJAL DE URBANISMO SE QUITA LA CARETA Y SE
PASA AL LADRILLO
21. POZUELO DE ALARCÓN: EL PELUQUERO DE AZNAR TAMBIÉN SE PASA
AL LADRILLO
22.
VALDEMORO: INCENDIAN UN COCHE DE UNA CONSTRUCTORA
QUE USABA EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA
23.
BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD
24.
ALCALDES VALENCIANOS PLANEAN
URBANIZAR CASI 200 MILLONES DE M2
25.
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN: LA MUJER DEL EX ALCALDE BENEFICIADA POR UNA
RECALIFICACIÓN DE TERRENOS
26. BURRIANA: LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE
CASTELLÓN ABRE UNA CRISIS EN EL PP
27. OROPESA:
EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO NEGRO
28. AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE: ABREN DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR AL
CONSTRUCTOR ENRIQUE ORTIZ
29. BENIDORM:
15 HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA
GENERALITAT
30. ORIHUELA:
LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL 'CASO ORIHUELA' Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS
PRUEBAS A PRACTICAR
31. TORREVIEJA:
EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE
32. ALCOI: UN ALTO
CARGO COMPRA UNA FINCA JUNTO A UN FUTURO CAMPO DE GOLF
33. DOLORES: EL
ALCALDE COMPRÓ CINCO PARCELAS EN LA HUERTA ONCE MESES ANTES DE RECALIFICAR EL
SUELO
34. LA VILA JOIOSA:
EL AYUNTAMIENTO PAGA POR UN SOLAR OCHO VECES MÁS DE LO QUE COSTÓ TRES MESES
ANTES
35. LA VILA JOIOSA:
EL AYUNTAMIENTO APRUEBA EL PLAN URBANÍSTICO ANULADO POR EL TSJ SIN
ADAPTARLO A LA LUV
36. Riba-roja:
FAMILIARES DEL
ALCALDE ESPECULAN EN EL PAI DE PORXINOS
37. BENIATJAR: UNA
URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL
REGIÓN DE
MURCIA
38. EL HERMANO DEL PRESIDENTE REGIONAL AVALA UN PRÉSTAMO A UNA
EMPRESA BENEFICIADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
39. EL
PRESIDENTE REGIONAL ES ACUSADO DE PARTICIPAR EN UN 'PELOTAZO' URBANÍSTICO
40. LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE SE NIEGA, POR TERCERA VEZ, A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DE PUERTO
MAYOR
41. EL FISCAL JEFE
DEL TSJRM RECLAMA UNA PRÓRROGA PARA SEGUIR INVESTIGANDO CASOS DE SUPUESTA
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
42. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL CONCEJAL DE FOMENTO
ES SOCIO DE UNA EMPRESA AUTORIZADA A CONSTRUIR PISOS EN LA CIUDAD
43.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA: LA CORPORACIÓN RECALIFICA SUELO A UNA
COOPERATIVA VINCULADA A SU CONCEJAL DE URBANISMO
44. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN PENAL
POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL ARQUITECTO MUNICIPAL DE MURCIA
45. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL AYUNTAMIENTO
QUINTUPLICA LA EDIFICABILIDAD PARA VARIAS PROMOTORAS, SUPONEMOS QUE AMIGAS
46. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA RECLAMA EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PGOU DE MURCIA
47. CARTAGENA: INVESTIGAN JUDICIALMENTE UNA COMPRA
DE TERRENOS PROTEGIDOS
48. ÁGUILAS: LA FISCALIA INVESTIGA AL GOBIERNO
REGIONAL POR UN 'PELOTAZO' DE 75 MILLONES €
49. CIEZA:
DENUNCIAN AL ALCALDE POR SUPUESTA PREVARICACIÓN Y
FALSEDAD DE DOCUMENTO
50. SAN JAVIER: LA
FISCALÍA DE MURCIA INVESTIGA UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR DEL ALCALDE A UNA
PROMOTORA A LA QUE ESTÁ VINCULADA
51. SAN JAVIER: EL ALCALDE ADJUDICA A UN PROMOTOR
URBANÍSTICO QUE FUE SU EX SOCIO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DEL DEPORTE POR
4,5 MILLONES
52. MULA: EL CONCEJAL DE URBANISMO IRÁ A LOS TRIBUNALES POR
IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
53. TORREPACHECO: EL
ALCALDE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ‘POLARIS WORLD’ A PESAR DE SU PROMESA
54. AYUNTAMIENTO DE JAÉN: EL AYUNTAMIENTO
RECALIFICA DOS FINCAS MULTIPLICANDO EL VALOR DE LAS MISMAS
55.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: EL PGOU RECALIFICA UNA ZONA VERDE EN LA SE CONSTRUIRÁN 22
CHALÉS
56. NERJA: MULTA DE 873.520 € A LA EMPRESA
DE UN EDIL POR URBANIZAR SUELO PROTEGIDO
57. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ: EL COLEGIO DE
ABOGADOS CUESTIONA AL CONCEJAL DE URBANISMO DE CÁDIZ
58. LA LÍNEA
DE LA CONCEPCIÓN:
LA CONSTRUCTORA AIFOS DONÓ 90.000 € AL CONSISTORIO
59. ROTA: EL
CONCEJAL DE URBANISMO IMPUTADO POR PREVARICAR EN ASUNTOS INMOBILIARIOS
60. PUNTA
UMBRÍA: LA JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN DE PUNTA UMBRÍA Y EL 'CASO CAMAS'
60.
GIBRALEON. EL ALCALDE PRESENTA UN INFORME SOBRE
UNA PRESUNTA TRAMA URBANÍSTICA DE LA ANTERIOR CORPORACIÓN
61. LANJARÓN: EL ALCALDE DE
JUSTIFICA LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS Y RECALIFICA CINCO HECTÁREAS PARA UN
COMPLEJO TURÍSTICO JUNTO A UNA FINCA SUYA
62. NIGRÁN: EL
FISCAL VE INDICIOS DE DELITO EN OPERACIONES URBANÍSTICAS
63. TUI: EL PP
RATIFICA A UN ALCALDE POPULAR CON TRES PROCESOS JUDICIALES POR DELITOS
URBANÍSTICOS
ISLAS BALEARES
64. AYUNTAMIENTO DE IBIZA: EL EX MINISTRO MATUTES,
FAVORECIDO POR LA AUTOVÍA DE IBIZA, GRACIAS A LA
CONSELLERA DE VÍAS Y
OBRAS, QUE CASUALMENTE ES SU HIJA
65. SANT JOSEP: EL FISCAL SOLICITA CÁRCEL PARA UN
ALCALDE DE IBIZA POR PREVARICACIÓN
66. MONTPORT: LA CONSEJERO MONER OTORGÓ EN 2002
LICENCIA PARA 15 EDIFICIOS EN UNA ZONA INEDIFICABLE
67. SES SALINES: EL EX ALCALDE PIDIÓ PERSONALMENTE
A LOS ALCALDES LOS CERTIFICADOS PARA EL INTERÉS GENERAL DE SU FINCA
68. ANDRATX: LA FISCALÍA IMPULSA DOS CAUSAS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA CONTRA
EL ALCALDE
69. SANTA MARGALIDA
LA FISCALÍA ABRE UNA SEGUNDA CAUSA POR LA CORRUPCIÓN
70. CIUTADELLA:
EL CASO DE UNA PERMUTA DE TERRENOS SIGUE ADELANTE EN EL
JUZGADO
71. TELDE: ARRESTADA UNA CONCEJAL POR EL CASO DE
CORRUPCIÓN EN TELDE
72. FUERTEVENTURA:
DENUNCIAN ANTE LA FISCALIZA ANTICORRUPCIÓN AL PRESIDENTE DEL PP POR PERMITIR LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA MANSIÓN EN UN MONUMENTO NATURAL
73.
SALAMANCA: EL
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA RECALIFICA TERRENOS DE LA FAMILIA DE UN CONSEJERO
AUTONÓMICO
74. NAVAS DEL MARQUÉS: EL GOBIERNO DE CASTILLA Y
LEÓN RECURRE LA SENTENCIA QUE IMPIDE TALAR EL REFUGIO DE CIGÜEÑAS PARA
CONSTRUIR UN CAMPO DE GOLF
75.
VILLANUEVA DE GÓMEZ. LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE OPONE AL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y APRUEBA TRES CAMPOS DE GOLF EN UNA ALDEA
76. CEBREROS:
DIMITE LA ALCALDESA DE CEBREROS TRAS UNA ACUSACIÓN DE IRREGULARIDADES
URBANÍSTICAS
77. ARROYO DE
LA ENCOMIENDA:
UN JUEZ ORDENA INVESTIGAR LA
RECALIFICACIÓN PARA EDIFICAR 2.984 VIVIENDAS
78. ARROYO DE LA
ENCOMIENDA: FOMENTO ABRE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR AL EDIL DE ARROYO DUEÑO
DE DOS VPO, PESE A SER PROPIETARIO DE OTRAS TRES
79. PONFERRADA. EL DELEGADO EN LEÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CONSTRUYE UN CHALÉ
ILEGAL EN ZONA RÚSTICA
80. YEBES - GUADALAJARA: LA FAMILIA DE ESPERANZA AGUIRRE BENEFICIADA POR LAS
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDAD
81. SESEÑA: ZAPLANA IMPLICADO EN UN PELOTAZO URBANÍSTICO
PRINCIPADO DE
ASTURIAS
82. ASTURIAS: INVESTIGAN A UN SENADOR POR SU PRESUNTA
PARTICIPACIÓN COMO COMISIONISTA EN LA VENTA DE TERRENOS
83. BADAJOZ: LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ABRE DILIGENCIAS
INFORMATIVAS POR EL CASO GOLF GUADIANA
84. EGÜÉS: EL 'CASO EGÜÉS' LLEGA A LOS
TRIBUNALES
85. PAMPLONA:
LOS CONSTRUCTORES VEN "ESCANDALOSA" LA SUBASTA DE SOLARES POR EL
AYUNTAMIENTO
(2005)
86. LOGROÑO: EL AYUNTAMIENTO BENEFICIA A LA
FAMILIA DE PEDRO J. CON UN SUPUESTO "PELOTAZO"
87. SANTURDE: LA JUSTICIA INVESTIGA UN
"PELOTAZO URBANÍSTICO"
88. MANJARRÉS:
EL ALCALDE INCLUYE EN EL AVANCE DEL FUTURO PLAN GENERAL DE LA LOCALIDAD LA
RECALIFICACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS DE SU PROPIEDAD
89. LARDERO: EL
JUEZ ORDENA LA DEMOLICIÓN DE 43 PISOS AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO
90. LARDERO: EL
AYUNTAMIENTO PAGARÁ 3,2 MILLONES DE € POR LOS "DESMANES" DE SU ALCALDE
COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
1. TRES
CANTOS: CORRUPTELAS INMOBILIARIAS
Tres Cantos
aprobó en 2003 su Plan General para seguir creciendo y en 2004, el Gobierno
local decidió que una empresa privada gestionase ese crecimiento. El ex
concejal Antonio Reino Cortés, del PP, se fue del Ayuntamiento para no votar
esa cesión. Antes, hizo este comentario a uno de sus colaboradores: "Voy a
ir al Delgado [asesor de la alcaldesa de Tres Cantos] a decirle oye, aquí me
he enterado yo, o sea, de que hay 30.000 millones, ¿quién se los va a
llevar? A ver, dime, quién se los va a llevar. Oyes que no que sí. Le diré
yo estoy aquí como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30
kilos, de eso nada".
En unas grabaciones realizadas en esa
época, se han escuchado, de boca de Antonio Reino, lindezas de este estilo: "En
esto tiene que estar Romero de Tejada". "Lo que sospecho es que en esto tiene
que estar Romero de Tejada [entonces secretario general del PP en Madrid y hoy
miembro del PP en el consejo de administración de Cajamadrid] con la otra. ¿Cómo
no va a estar el partido? ¿Cómo no va a estar enterado mi partido de lo que pasa
con el Plan General? ¿Mi partido con un plan general de ordenación urbana de 300
millones está ausente? Pero joder, la facción que tiene que estar ahí es la de
Romero de Tejada, Mario Utrilla
and company.
No me parece correcto lo que
hemos hecho.
(20/10/06)
2. TRES CANTOS:
FAMILIARES DE LA PRESIDENTA REGIONAL IMPLICADOS EN TEMAS DE ESPECULACIÓN
De la venta de
parcelas incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos
no sólo han salido beneficiados los tíos y primos de la presidenta de la
Comunidad de Madrid. La inmobiliaria de uno de sus hermanos, Aguirre Newman,
presidida por Santiago Aguirre podría haber actuado de intermediaria en esta
operación. Así, se incrementaría el número de personas del entorno de Aguirre
favorecidas por esta operación. Los antecedentes que sostendrían esta tesis se
remontan al 19 de febrero de 2003, dos días después de que se aprobara de forma
provisional el Plan General de Urbanismo de Tres Cantos. Es este día, cuando
Aguirre Newman S.A. solicita al ministerio de Hacienda un certificado catastral
de las fincas propiedad de Desarrollo Inmobiliario Área TC S.L. Esta última
empresa es propiedad de los tíos y primos maternos de Esperanza Aguirre.
Cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de
Esperanza Aguirre compraron 23 fincas rústicas en Tres Cantos antes de que
fueran recalificadas. A los pocos días se recalificaron los terrenos, aumentando
considerablemente su valor. Ésta no ha sido la primera vez que la familia de
Aguirre se beneficia de una recalificación de terreno. Hace dos años una parte
de sus parientes, propietarios de unas tierras por las que pasaba el trazado del
AVE Madrid-Barcelona, vieron cómo el precio de estas se triplicaba.
El 13 de
febrero de 2001, poco después de la firma del contrato de arras, el pleno del
Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el
partido independiente de Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. Los parientes de
Aguirre vendieron los terrenos tres años después estas fincas, por 11,5 millones
€. (23/01/06)
3. VILLANUEVA
DE LA CAÑADA: DE NUEVO, FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO'
TRAS UNA GESTIÓN DEL EX DIRECTOR DE URBANISMO
Alminar Villas,
una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones € en la
compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada cuyo plan de
urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general
de Urbanismo, que también tenía propiedades en esa zona. Dicha firma vendió
en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones € 24.326 m2
del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 €.
La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha
declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en
relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como
familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que
vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el
citado alto cargo regional.
Gil de Biedma es uno de los operadores
inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a
la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno
proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y
cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como
Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y
comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006
sus terrenos.
(17/10/06)
4. VILLANUEVA
DE LA CAÑADA: EL EX JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITIÓ, TRAS UN
‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES €
El director
general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en
2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que
incluía más de 20.000 m2, parte de los cuales eran de su
propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado
del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su
urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3
millones €, frente a los 87.000 € pagados por él y sus socios antes de su
recalificación en 1999. Posteriormente, y tras descubrirse este embrollo,
Porto dimitió.
La historia de
este
pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese día,
la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios privados
arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra una
finca rústica de 2.000 m2 en Villanueva de la Cañada. Quienes la
venden la habían comprado en 1988 por 24.000 €. Sus propietarios eran
Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y
esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida,
alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.
Pese al título
de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca "se
encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo urbanizable
denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan Parcial aprobado
definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el BOCAM
de 26 de noviembre de 2004". El precio de venta se tasa en 186 €/m2,
lo que brinda a los vendedores un ingreso total de 400.458 €.
Ese mismo día,
Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de Porto,
con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al igual que
Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada),
vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho municipio:
números registrales 2.587 (11.285 m2) y 2.718 (10.062 m2).
La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas fincas están
incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que dispone de plan
parcial aprobado. Con igual precio por m2, la sociedad de Porto,
Elclansol, cobra 3,9 millones € por unos terrenos que le costaron 63.000 €
en 1994, antes de su recalificación.
Mientras, la
Presidenta Regional solo contesta con un lacónico "pregúntenle a Porto".
Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio
cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de
Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún
miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo
Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. (04/10/06)
5. EL
MOLAR: EL EX DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL MOLAR EN EL QUE
DIJO HABERSE INHIBIDO
El ex
director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, tras admitir
que desde su nombramiento, en diciembre de 2003, ha autorizado media docena
de planeamientos redactados por sus socios privados en Brunete,
Ciempozuelos, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio y Villanueva de la Cañada,
declaró que su única inhibición declarada se ceñía a la revisión de las
normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, cuyo plan parcial -que prevé
levantar más de 4.000 viviendas en la zona- ha redactado Plarquin.
Pero según
un escrito de 2004 firmado por Porto demuestra que intervino para tramitar y
agilizar el expediente. Realmente había un vínculo mucho más cercano entre
Porto y dicho proyecto: él mismo y luego Plarquin, la empresa de sus socios,
habían sido contratados para elaborar el planeamiento del SAU 21. En segundo
lugar: Porto no se inhibió en el expediente. No se inhibió en las fases
anteriores de su tramitación.
Un escrito
suscrito por él de 27 de diciembre de 2004, urge a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental a que emita el informe "en el menor plazo
posible". Su misiva recordaba al citado departamento -inserto en la
consejería de la que él depende, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-
que en noviembre de 2003 dicha dirección emitió un informe en el que imponía
como condición para la aprobación del SAU 21 para uso residencial la
modificación de la huella sonora del aeropuerto de Barajas. Porto le informó
que el 28 de enero de 2004 se había aprobado la nueva huella de la
ampliación del aeropuerto, y que el alcalde de El Molar le presentó el 10 de
noviembre el expediente de cumplimiento de las condiciones impuestas por el
Gobierno regional en 2002. Sólo quedaba dicho informe, que resultó positivo. (25/09/06)
6. MAJADAHONDA:
DOS EX EDILES DECLARAN QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO RECIBÍA SOBORNOS
Los dos ediles de
Majadahonda expulsados del PP, José Luis Peñas y Juan José Moreno, ratificaron
ante el juez que un empresario les aseguró que Pammasa, empresa municipal que
gestiona el urbanismo en Majadahonda, recibía
maletines por la permuta de
derechos de edificación que permitía a los empresarios liberarse de construir
vivienda protegida.
El fiscal
preguntó a Peñas por la relación que podía tener la empresa Afar-4, una de las
constructoras que permutó derechos con el Ayuntamiento, con la adjudicación de
los derechos. El concejal respondió que el mismo empresario que le habló de los
maletines le comentó que para él la clave de la adjudicación se
encontraba en que "dos días después de la adjudicación, el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá, constituyó una sociedad mercantil con Ignacio
Sánchez Junco". De Foxá, sin embargo, mantiene que la cesión a Pammasa se
realizó por ese dinero, debido a que no es lo mismo la venta a privados que a
una empresa municipal para edificar vivienda protegida.
El llamado ‘caso Majadahonda’, nos dejó una perla, ya que el actual
alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario
Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del partido en
Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en ese
Ayuntamiento como consecuencia de una operación urbanística realizada en una
parcela de propiedad municipal. Se ha difundido parte de una conversación
mantenida entre Foxá, Ortega y otros cargos del PP local, en la que el primero
asegura que Aguirre le ordenó paralizar la operación urbanística diseñada por
Ortega. (25/01/06)
7. COLMENAR DE OREJA: LA COMUNIDAD DE MADRID,
ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU COSTE
La empresa
pública de la vivienda (Ivima) de haber comprado suelo a Fadesa Inmobiliaria por
encima de su precio para hacer pisos de protección oficial en Colmenar de Oreja.
El Ivima pagó 92,5 € por m2 para favorecer a Fadesa, cuando esos
mismos terrenos los había adquirido esta empresa unos meses antes al
Ayuntamiento de la localidad por sólo 29. Según las fuentes de la consejería de
Medio Ambiente, el mes de diciembre se invirtió 18,75 millones de € en la compra
de 200.000 m2 en Colmenar de Oreja a razón de 92,5 €/m2.
Pero las fuentes aseveraron que estos terrenos no se compraron a la empresa
inmobiliaria Fadesa, sino a ciudadanos particulares a través de talones
nominativos. Estos terrenos están situados en el sector urbanístico
“Valdeguerra”, donde está previsto un desarrollo urbanístico que incluye la
construcción de 4.500 viviendas protegidas.
(24/05/06)
8. AMPLIACIÓN
CARRETERA DE LOS PANTANOS: LA COMISIÓN EUROPEA ABRE EXPEDIENTE POR LA AMPLIACIÓN
DE LA M-501
La Comisión Europea
ha abierto expediente a España por considerar que los trabajos de ampliación
de la M-501, conocida como
carretera de los pantanos, "ponen en grave
peligro áreas protegidas". La Comisión exige una declaración medioambiental
completa. El Gobierno de Esperanza Aguirre, a pesar de que la obra contaba
con un informe contrario del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la eximió de declaración de impacto.
La gravedad con
que Bruselas valora la situación queda reflejada en que ha dado sólo un mes
de plazo a las autoridades españolas para responder y subsanar deficiencias.
"España no ha tenido suficientemente en cuenta los efectos de las obras en
las áreas aledañas, en especial sobre las aves y las especies animales de la
zona conocida como Encinares de los ríos Alberche y Cofio, en la que hay
lugares protegidos por la legislación de la UE para la protección de la
naturaleza", señala la Comisión. La duplicación de la carretera cuenta con
la oposición del PSOE e IU y de los grupos ecologistas que la han denunciado
en Bruselas.
La Directiva Hábitats
establece que cualquier plan que afecte a algún lugar de la red Natura 2000
(los Encinares del Cofio y el Alberche, por ejemplo), debe ser sometido a
una evaluación adecuada. A Bruselas le alarma que se haya "dividido las
obras de la M-501 en cinco subproyectos separados". Fuentes comunitarias
consideran que la división puede ser una estratagema "para evitar que se
conozca el auténtico impacto ambiental del proyecto". Con anterioridad a la
apertura de este expediente, el Gobierno de Esperanza Aguirre reconoció que
su proyecto para desdoblar un tramo de 15 kilómetros de la M-501
(carretera de los pantanos), ampliando carriles y duplicando la anchura
de la vía, favorecerá los desarrollos urbanísticos en una zona de alto valor
natural. Así se recoge en un informe realizado por la Consejería de
Transportes e Infraestructuras y entregado la semana pasada a los tres
alcaldes de los municipios implicados: Quijorna (PP), Navas del Rey
(independientes) y Chapinería (PP).
"El medio
ecológico no es el más afectado por la carretera, sino por los posibles
desarrollos urbanísticos", dice el estudio. Por ello, la Comunidad asegura
que pondrá medios para que se alcance un pacto entre todos los Ayuntamientos
de la zona con el fin de que se comprometan a "impedir un crecimiento no
marcado por sus planes y sin control". Pero el texto de la consejería no
concreta de qué forma y manera se pueden impedir esos desarrollos
urbanísticos desmedidos. La
carretera de los pantanos discurre junto
a una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), un entorno de gran valor
natural.
Aguirre siempre
ha dejado claro, desde que se hizo cargo de la presidencia de la Comunidad,
su intención de ampliar el tramo de autovía de la M-501 para hacerla más
segura. Cuando se le pregunta por este proyecto, ella suele responder: "¿Qué
son más importantes, las personas o los pajaritos?". (14/10/06)
9. PELAYOS DE LA PRESA:
EL AYUNTAMIENTO APROVECHA LAS OBRAS DE LA VARIANTE PARA RECALIFICAR TERRENOS
RÚSTICOS
En febrero de
este año se iniciaron las obras de la circunvalación de la M-501, de unos
seis kilómetros, a su paso por Pelayos de la Presa. La variante, situada
entre los kilómetros 50 y 54 de la M-501, pretende evitar el tránsito de
vehículos por el pueblo. El proyecto se topó con la oposición de grupos
vecinales y ecologistas. Los vecinos propusieron en 1996 el soterramiento
del tramo de 600 metros de la carretera que cruza el pueblo, para evitar una
circunvalación que afectara al rico entorno medioambiental. Pelayos de la
Presa está situado en la Zona de Especial Protección de Aves de los ríos
Alberche y Cofio.
No tuvieron
éxito, y la Comunidad optó por la variante. A pesar de los reveses, la
organización ecologista Sierra Oeste Desarrollo Sostenible no ha cejado en
su lucha y tiene abierto un recurso contencioso administrativo ante el TSJM
contra las obras por presuntos daños ambientales.
El fiscal de
Medio Ambiente, Emilio Valerio, también investiga la actuación. Valerio ha
ordenado al juzgado nº 2 de Navalcarnero que estudie el cambio de
calificación de terrenos planteada por el Consistorio a raíz de la
construcción de la circunvalación, ya que la carretera deja en su interior
unos terrenos de un millón de m2 que, según el Plan General
pasarán de rústicos a urbanizables. En ellos se podrán construir viviendas.
El fiscal también instó a que se investigue quiénes son los propietarios de
ese suelo, entre los que hay un ex alcalde del PP, Carlos Hernández. A
Valerio le sorprende que en junio de 2000 la Comunidad aprobara una
declaración y que la modificara en octubre de 2002 sin un nuevo periodo de
información pública.(25/10/06)
10. Las RozaS: EL CONSTRUCTOR San
Román, el NUEVO señor de Las Rozas
Fidel San Román, empresario detenido en la Operación Malaya de
Marbella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y
prevaricación -fue puesto en libertad hace unos días bajo fianza-, es un viejo
conocido por los 75.000 vecinos de Las Rozas, gobernado por el PP. Sus cinco
sílabas son sinónimo de dinero, viviendas nuevas y poder. Pero, para algunos
compradores, San Román suena también a defectos de obra en sus viviendas y a las
denuncias interpuestas que todavía no han recibido respuesta. El conglomerado
empresarial de la familia San Román es responsable del 70% de las actuaciones
urbanísticas en Las Rozas. Opinan, asimismo, que el empresario es el que más se
ha beneficiado del aumento de viviendas auspiciado por el PP (que gobierna el
municipio). El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación
definitiva, prevé 7.556 viviendas nuevas en esa zona, y un techo poblacional de
110.000 habitantes, según el PP. El Ayuntamiento, gobernado por el PP y con
Bonifacio de Santiago de alcalde, prefiere no hacer declaraciones al respecto.
(31/07/06)
11.
ARROYOMOLINOS: EL CONSTRUCTOR San Román, TAMBIÉN ES el señor de ARROYOMOLINOS
San Román también tiene intereses también en otras localidades, como
Arroyomolinos. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una
reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al Ayuntamiento de
Arroyomolinos, del PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para construir 3.700
viviendas, una operación de la que se beneficiaría San Román.
(31/07/06)
12.
TORRELODONES: EL ALCALDE RECALIFICA TERRENOS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO A AMIGOS Y
FAMILIARES DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN
El Ayuntamiento de
Torrelodones, con los votos del PP, aprobó el cambio de uso del Área Homogénea
Norte para poder construir 1.536 viviendas, un campo de golf municipal, un
centro comercial y oficinas. Esta zona, de 128 hectáreas (la extensión de unos
150 campos de fútbol), adyacente a la A-6, se encuentra protegida desde 2003,
cuando el anterior alcalde, Enrique Muñoz, del PP, aprobó calificación como
suelo protegido por su valor ambiental. Pero la cosa no
queda aquí: también la
hermana del alcalde de Torrelodones, María Isabel
Galbeño, ha comprado, a través de una empresa familiar, terrenos en esta área.
La constructora C-15
de Morales adquirió varias parcelas en el Área Homogénea Norte antes de que el
equipo de gobierno del Ayuntamiento llevara y aprobara en el pleno municipal el
cambio de calificación de esos terrenos que estaban protegidos. El AHN que el
Consistorio quiere reclasificar fue protegida por la anterior corporación,
también del PP, dados sus valores naturales.
El alcalde, Carlos Galbeño,
destituyó a dos concejales del PP contrarios a estos trapicheos urbanísticos,
por no seguir, según él, la disciplina de partido. El Área Homogénea Norte
(AHN), una zona de 128 hectáreas en el término de Torrelodones, es como un
caramelo en el patio de un colegio. Un grupo de constructoras e inmobiliarias de
la zona compraron suelo en este terreno protegido por su valor ecológico. Muchas
de estas operaciones se produjeron antes de que el Consistorio comenzar los
trámites, en diciembre de 2004, para cambiar el uso de esas has. de encinas
centenarias y enebros. De protegido a urbano directamente.
Carlos Galbeño
también es amigo íntimo de José Luis Velasco, propietario de Accord, otra de las
empresas que se han hecho con suelo en esta zona. Eduardo Morales, cara visible
de C-15 y amigo personal de Galbeño y de Mario Mingo, presidente del PP local y
diputado nacional, también consiguió suelo.
(24/08/06)
13.
GALAPAGAR: UNA COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE
ESTE MUNICIPIO
La Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido reclamar a la Comisión Europea que
inicie una investigación sobre el plan urbanístico de Galapagar. El
Ayuntamiento, del PP, ha aprobado de forma inicial un proyecto para construir
9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población de este municipio de la
sierra. El Defensor del Pueblo también ha reclamado información al Ayuntamiento
para estudiar las quejas de los vecinos sobre el nuevo plan municipal de
urbanismo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha iniciado el
examen de las alegaciones remitidas por la Plataforma de Vecinos contra el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar. El proyecto urbanístico aprobado
por el Consistorio pretende duplicar la población de la localidad hasta los
60.000 habitantes. Además, la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión
Europea que inicie una investigación preliminar sobre el plan urbanístico de
Galapagar. La asociación de vecinos recibió la carta el 14 de agosto. "Nos
llamarán para que expliquemos nuestras alegaciones. (31/08/06)
14.
CHINCHÓN: LA ALCALDESA ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO
Luisa María Fernández Fernández, alcaldesa
merced a una moción de censura en la que su grupo junto con una concejal
tránsfuga del Partido Independiente, Isabel Montes, arrebataron la alcaldía al
PSOE, tiene intereses inmobiliarios en Chinchón. La nueva alcaldesa popular en
el momento de iniciarse la moción de censura era accionista de dos constructoras
de la localidad: Navarredonda 2000, SL, y Nuevas Propiedades Inmobiliarias
Chinchón, SL. El objeto social de ambas es la construcción y la promoción de
viviendas. Las dos constructoras están levantando viviendas en el casco urbano.
Todo hacía indicar que tras la moción de
censura se esconde una trama urbanística, algo que el PP niega.
Quién se beneficia del cambio es Javier
Sánchez-Lázaro, senador de la antigua Alianza Popular por Extremadura a
principios de los ochenta (PP), es administrador solidario y apoderado de la
empresa inmobiliaria Jabbar Inversiones. Esta empresa es dueña, a través de otra
denominada Inverwarner Promociones 2002, de una finca en Chinchón denominada
Dehesa de la Jara Alta (de 350 hectáreas). El consejero delegado mancomunado y
apoderado de Jabbar entre 1999 y 2003 y
accionista
de Inverwarner (sólo
tiene una acción), es Pedro García Valero. Éste, a su vez, es amigo y ex
compañero de trabajo de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario regional del PP,
en la empresa de fotocopias MIC Servicio de Copias, SL. Esta empresa salió a
relucir durante la comisión de investigación del llamado
caso Tamayo,
cuando dos diputados del PSOE (María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo) traicionaron
a su partido y se ausentaron durante la sesión de investidura del candidato
socialista Rafael Simancas.
En 2000, la entonces alcaldesa de Chinchón,
Ana María Magallares, del PP, elaboró el avance del plan general y recalificó
dichos terrenos de Jabbar. El PP dice que no fue ella directamente, sino que
había delegado las competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid, también
del PP. En las últimas elecciones el PP obtuvo cinco concejales, el PSOE logró 4
ediles y el Partido Independientes, 2. Socialistas e independientes decidieron
coligarse. Una de sus primeras acciones fue anular el avance del plan.
Para adquirir los terrenos de la Dehesa de
la Jara Alta, el entonces presidente de Jabbar, Javier Sánchez Lázaro, y su
consejero Pedro García Valero constituyeron la empresa Inverwarner Promociones
2002. Inverwarner tiene un capital social de seis millones de € que fueron
desembolsados por Pedro García (un euro) y Jabbar, con 5.999.999
participaciones. Los socios mayoritarios de la empresa MIC Servicios de Copias,
SL, en la que trabajaba Ricardo Romero de Tejada y Pedro García Valero, son los
hermanos Juan Carlos y Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado regional en la
Asamblea de Madrid (95-99).
(16/01/06)
15.
Brunete: un importante empresario Y PROMOTOR madrileño beneficiaDO DE UNAS NADA
CLARAS recalificaciones
Brunete es otra de las localidades madrileñas
gobernadas por el PP con presuntos episodios de especulación inmobiliaria. Las
recalificaciones de unos terrenos han beneficiado al empresario Luis García
Cereceda, dueño del célebre restaurante Zalacaín y uno de los hombres más ricos
del país. Las plusvalías a obtener por Cerceda son algo más de 730 millones €.
Todo comenzó cuando Luis García Cereceda, que opera a través de las
inmobiliarias Lugarce y Procisa, compró en el año 2000 una finca denominada
La Pellejera, situada en las afueras
de Brunete. La finca cuenta con una extensión aproximada de 800 hectáreas, de
las cuales, 600 hectáreas son de especial protección por razones
medioambientales al estar situadas dentro del parque forestal del río
Guadarrama. En las 200 hectáreas restantes es donde se centrará una parte de la
recalificación urbanística aprobada por el municipio madrileño.
Cereceda compró esos hace seis años por unos 30 millones €. La cantidad pagada
sorprendió en el pueblo, ya que parecía desorbitada teniendo en cuenta que, al
tratarse de suelo rustico, ese suelo tenía la naturaleza de no urbanizable.
Ahora el precio de la finca asciende a 1.300 millones €.
Ese mismo año 2000, el Ayuntamiento de Brunete, presidido por Félix Gavilanes,
del PP, inició los trámites para la aprobación del PGOU. Según se ha denunciado
el ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con una de las inmobiliarias donde
Cereceda es titular. Así, las 200 hectáreas de
La Pellejera pasaron a ser
urbanizables. Actualmente el plan general de urbanismo en Brunete tiene informe
favorable de la Comunidad de Madrid, pero todavía falta la aprobación del
Consejo de Gobierno para su ejecución. Es decir, Esperanza Aguirre tiene la
última palabra.
(05/09/06)
16. QUIJORNA:
LA ALCALDESA VENDIÓ UNA ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA
RECALIFICÓ
La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP,
ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750
m2 calificada por el actual ordenamiento
del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor
ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica
y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su
cargo político para beneficiarse con esta venta. El Ayuntamiento adjudicó la
redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio
Enrique Porto, ex director general de Urbanismo. Quijorna, una localidad de
2.325 habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes
preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los
Encinares de los ríos Alberche y Cofio.Los planes del
actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del
pueblo. El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al
municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto
las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento
contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero
en un espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.
Estos planes multiplican por 11 el suelo
declarado urbanizable, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo 4 años. Dentro de
las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran
varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios
singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y
riberas. Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3,
pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que vendieron a la
promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la
Operación Malaya) por 270.455 €, 4 veces más de lo que se paga normalmente por
un espacio como éste, donde no se puede construir.
(29/09/06)
17. SAN
LORENZO DEL ESCORIAL: LA DECLARACIÓN DE PORTO EN UN
JUICIO DONDE TENÍA INTERESES BENEFICIA AL ALCALDE DE SAN LORENZO
El ex director
de Urbanismo de la Comunidad declaró como testigo en junio de 2005 en un
juicio contra José Luis Fernández Quejo, del PP, ex alcalde de San Lorenzo
de El Escorial, por un supuesto delito urbanístico y descalificó a uno de
los técnicos de su propio departamento que firmaron un informe que declaraba
nulas dos licencias urbanísticas. El alcalde fue posteriormente absuelto.
Este Ayuntamiento adjudicó a la empresa Plarquin, de la que Porto fue socio
hasta 2003, el desarrollo urbanístico de Monesterio, un proyecto de
construcción de miles de casas y un gran centro comercial en San Lorenzo.
La declaración
de Porto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fue providencial
para el alcalde y los otros cinco ediles acusados en ese proceso. El ex
director de Urbanismo compareció como testigo de tres abogados de los
acusados. Su testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que
tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio. En el juicio, Porto
desacreditó el informe. Señaló que el Departamento de Inspección
Urbanística, del que había partido este informe incriminatorio, estaba bajo
su responsabilidad. Fuentes judiciales entienden llamativo que estas
manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid como
"testigo de la defensa" y que fuese la empresa Plarquin la que resultase
adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del desarrollo urbanístico de
Monesterio, un complejo urbanístico sito a 5 km. del casco urbano de San
Lorenzo para 18.000 personas.
(06/10/06)
18. LOS MOLINOS: LA CONSEJERÍA DE URBANISMO
PERMITE LEVANTAR 1.000 CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL
La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha suspendido el plan general de Los Molinos, vigente
desde 1969, y ha redactado unas normas de ordenación transitorias que
recalifican 41 hectáreas para la construcción de 1.045 viviendas en la zona de
transición del futuro parque nacional del Guadarrama. En ellas vivirán más de
3.000 vecinos, que permitirán que Los Molinos casi duplique su población actual.
La consejería declara además como suelo urbano consolidado las cerca de 400
hectáreas existentes entre el casco urbano y las urbanizaciones periféricas,
donde hay grandes bolsas de suelo sin edificar. La orden de la consejería, en
información pública hasta el próximo 22 de enero, insta también al Ayuntamiento
de Los Molinos, del PP, a que revise el planeamiento antes de dos años. (14/01/06)
19.
MORALZARZAL
EL
AYUNTAMIENTO INSISTE EN URBANIZAR LA FINCA CUYA RECALIFICACIÓN HA SIDO
RECHAZADA EN TRES OCASIONES POR LA COMUNIDAD
A pesar de
que la Comunidad de Madrid ha rechazado el proyecto en tres ocasiones, el
Ayuntamiento de Moralzarzal persiste en su intento de urbanizar esta zona
alejada cinco kilómetros al norte del casco urbano principal, como si en
ello le fuera la vida. El anterior Gobierno regional, presidido por Alberto
Ruiz Gallardón, lo declaró en dos ocasiones como suelo no urbanizable de
especial protección ambiental, y así figura en las normas de planeamiento
vigentes desde hace tres años. y en la presente legislatura, en 2004, los
técnicos regionales de medio ambiente volvieron a rechazarlo al desestimar
el avance del plan general, en el que esa zona volvía a ser incluida como
urbanizable. Este avance fue elaborado por Plarquin Consultores, sociedad
dirigida por el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid,
Enrique Porto.
Como por sí
solo el ámbito no se puede tramitar a través de una modificación puntual, el
Ayuntamiento ha vuelto a aprobar un nuevo avance del plan general para
intentar "colarlo" de nuevo. De salir adelante la nueva propuesta se
reduciría el número de viviendas, de las iniciales 2.672 a 1.480, y en lugar
de 1.049 protegidas se edificarían 880 (de las que 740 serían en alquiler
con opción a compra), quedando 592 libres (222 pareados y 370 en bloques de
dos alturas).
No queda
aquí la cosa. Además, el concejal de Hacienda y Redes e Infraestructuras de
Moralzarzal y portavoz del Partido Popular, Javier Martín Pascual, posee,
junto a su esposa, María del Carmen Charro Huerga, dos promotoras
inmobiliarias, Martin Huerga y Construcciones Plaza 4. Tras ser nombrado
edil en Junio de 2003, tanto él como su esposa mantuvieron la administración
de la primera, pero no sobre la segunda que fue delegada en sus hijas, según
consta en el Registro Mercantil de Madrid. (26/04/06)
20.
AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN EX CONCEJAL DE URBANISMO SE QUITA LA CARETA Y SE
PASA AL LADRILLO
El concejal de
Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de
septiembre pasado y, una semana más tarde, fichó como vicepresidente en una
constructora. Este fichaje escandalizó a todos los grupos políticos,
incluido el PP, aunque admitieron que legalmente no había incompatibilidad
alguna. Un rastreo en las actividades de la constructora Rayet, en la que
ahora trabaja Herráez, y en las empresas de su esposa, dedicadas a la
construcción, demuestra que en la vida pública y privada del ex concejal hay
un importante denominador común: el ladrillo.
Rayet está
construyendo dos proyectos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue
directamente administrada por Herráez como concejal, y su esposa acaba de
lograr la adjudicación de otro hospital en Vallecas, que sufraga la
Comunidad de Madrid, del PP. Rayet SA está levantando el edificio más
emblemático del Ensanche de Vallecas: el hospital de la Fundación Proyecto
Alzheimer. Sigfrido Herráez (de profesión arquitecto) presidió la junta de
compensación del Ensanche de Vallecas.
Esperanza Aguirre ha
sido muy comprensiva en el asunto Herráez, Aguirre le prestó su apoyo: "En el
futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio". Entre Esperanza
Aguirre y el matrimonio Herráez ha habido al menos otro punto de conexión en el
pasado. En julio de 2003, el entonces concejal (a través de su empresa
Arquitectura y Cultura SL) y su esposa María Gálvez (a través de Bimost SL)
habían comprado al constructor del PP Francisco Bravo 52.700 m2 en
Móstoles. Bravo admitió haber ayudado al tránsfuga Eduardo Tamayo en la huida
que impidió que Rafael Simancas se alzara con la presidencia de la Comunidad de
Madrid y facilitó que ésta fuera para Esperanza Aguirre tras repetir las
elecciones.
(2005)
21. POZUELO DE
ALARCÓN: EL PELUQUERO DE AZNAR TAMBIÉN SE PASA AL LADRILLO
Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José
María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de
Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial.
La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de
gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas.
La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex
presidente del Gobierno era líder de la oposición. El peluquero comenzó su
carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se
alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.
El concurso para
la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a
Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de
Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero.
Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus
hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los
10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas.
Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios
constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de
Alcorcón y Arroyomolinos, con un gran desarrollo urbanístico en los próximos
años. Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el
golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a
Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid.
(2005)
22.
VALDEMORO:
INCENDIAN UN COCHE DE UNA CONSTRUCTORA QUE USABA EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA
La investigación
del incendio intencionado que calcinó un vehículo que usaba el consejero de
Presidencia de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha descubierto que el
coche estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de
Negocios. Granados fue alcalde de esa localidad hasta 2003, cuando entró a
formar parte del Gobierno de Esperanza Aguirre como consejero de Transportes
e Infraestructuras. Ahora es el titular de Presidencia. Además, fue elegido
secretario general del PP de Madrid hace casi dos años.
(25/10/06)
23.
BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY
URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD
Por todo ello,
Bruselas ha dado un duro varapalo a la Generalitat
Valenciana con el urbanismo como protagonista. La UE reclama ahora la
modificación de la Ley Urbanística Valenciana, aprobada a finales de 2005
precisamente para adaptar el sistema urbanístico valenciano a la legislación
comunitaria y para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística,
también censurada en Bruselas. Y todo por la misma razón: la violación de las
normas de contratación pública. La Comisión amenaza con llevar el caso a los
tribunales si no recibe una "respuesta satisfactoria" en dos meses. Bruselas
lanzó una nueva advertencia contra España, al exigirle que modifique la ley
Urbanística Valenciana (LUV), ilegal a ojos de la Comisión Europea, por no
respetar las leyes de contratación pública. Mediante un "dictamen motivado
suplementario", el Ejecutivo comunitario pidió a España que adapte la
legislación urbanística valenciana a la europea, y amenazó con llevar el caso
ante los tribunales europeos si no obtiene una "respuesta satisfactoria" en dos
meses.
Es el segundo paso de un procedimiento de infracción abierto el
pasado abril contra la LUV, que entró en vigor el pasado febrero y que sustituye
a su vez a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, también
cuestionada por Bruselas. Las autoridades comunitarias consideran que esas leyes
violan las normas europeas. En concreto, consideran contrarios a las reglas del
mercado interior los anuncios de los concursos de obras públicas, los
procedimientos de adjudicación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) a
los agentes urbanizadores (promotores privados que pueden actuar con capacidades
de la Administración pública), así como la posibilidad de modificar las
condiciones de los contratos en el momento de la adjudicación o incluso durante
su ejecución.
(05/04/06)
24.
ALCALDES VALENCIANOS PLANEAN URBANIZAR CASI 200 MILLONES DE M2
La mesa del
consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes
municipales para reclasificar 194,5 millones de m2 de suelo que
actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble
de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 km2.
De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo
rústico a urbanizable 67,2 millones de m2 en la provincia de
Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de
Alicante.
Francisco Camps
sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio
decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González
Pons, una persona de confianza, en sustitución de Rafael Blasco. Todas las
encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en
urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada
por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina de octubre de 2005
confirmaba que el 28,5% de los encuestados aseguraba que la política del
Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18,5% que la
consideraba buena. Un año después empeoró. Para el 36% de los ciudadanos, la
gestión del territorio seguía siendo mala.
La imagen tan
negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde
presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y
Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de
Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán
45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la
población.
Pero sobre todo,
es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de
crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la
aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos
de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad
Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara
el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)
vulneraba los derechos de los pequeños propietarios. El Consell de Camps
intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en
la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley
Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace
dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la
adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se
garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión
urbanística. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa
antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.
25. AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓN: LA
MUJER DEL EX ALCALDE BENEFICIADA POR UNA RECALIFICIÓN DE TERRENOS
Justo un día
antes de que entrara en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), el PP
de Castellón aprobó una serie de actos urbanísticos en una zona en la que la
esposa del ex alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, tiene dos solares. La
oposición denunció la operación en el salón de plenos y cuestionó que el PP
priorice un sector urbanístico que incluye propiedades de la mujer del ex
alcalde de Castellón. "Parece que este trámite es una huida para que quien pueda
se escape de la nueva ley. ¿Y por qué se ha priorizado este sector? Pues resulta
que en este sector 13 hay terrenos propiedad del anterior alcalde", aseguraron.
Antes de aquella maniobra, las dos parcelas de la
esposa del ex alcalde, María Nieves Serrano, tenían la calificación de no
urbanizable y un coste económico que aún no se había revalorizado. Actualmente,
el ex alcalde de Castellón del PP, José Luis Gimeno, compatibiliza actividades
privadas y publicas. Es socio de una mercantil de la construcción, Grupo Gimeno,
adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Castellón. Paralelamente, Gimeno es
también consejero de la empresa pública Gumsa, una sociedad gestora de
promociones urbanísticas en Castellón. La función de esta gestora municipal es
promover y gestionar el suelo con actuaciones urbanísticas en zonas poco
atrayentes para las empresas privadas. (01/02/06)
26.
BURRIANA: LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE CASTELLÓN ABRE
UNA CRISIS EN EL PP
El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso
Ferrada, del PP, aprobó en enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de
700.000 m2
en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la
existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios,
contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas inmobiliarias compraron suelo
rústico hasta 6 meses antes de recalificarse los terrenos. La operación
urbanística ha suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al
presidente provincial, Carlos Fabra.
El alcalde de Burriana no escondió su empeño en
adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que
hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos rústicos en una zona
que, con la aprobación del programa, se recalificaría como urbanizable. Ferrada
desmintió la existencia de un "pelotazo" y en su día aseguró que había conocido
a los socios de Corporación Inmobiliaria Albia el mismo día que presentaron su
propuesta urbanística en el Ayuntamiento.
En cualquier caso, la decisión del alcalde ha
provocado una crisis en la que ha tenido que intervenir el presidente provincial
del PP, Carlos Fabra, ya que los populares gobiernan en el municipio con una
diferencia de un solo concejal y el grupo se había fragmentado de forma notoria.
Según el expediente, el valor de los terrenos a urbanizar, una vez conocida la
intención del Ayuntamiento de apoyar el desarrollo aunque el suelo aún no
estuviera recalificado, se multiplicó por seis. Además, la adjudicación de la
urbanización ha estado plagada de irregularidades. En cualquier caso, sobre la
misma aún está pendiente el visto bueno de la Generalitat valenciana, con
competencias sobre materia urbanística, que ha de aprobar definitivamente el
proyecto.
(28/09/06)
27. OROPESA:
EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO
NEGRO
El concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat (PP), adquirió en el año
2000, tres años antes de ser elegido edil, cinco parcelas en el municipio. La
compra de una de ellas desencadenó el inicio de un litigio judicial sobre la
titularidad de la misma, por lo que fue llamado a declarar, en calidad de
testigo, en la instrucción de las diligencias abiertas por la querella que
presentó un vecino que la reclamaba.
En su declaración
ante el juez, que tuvo lugar en julio de 2003, según consta en el acta, Fabregat
dijo haber pagado parte de la finca "en dinero negro".
Según indica el
documento que recoge su testimonio, este dijo que "entregó a cambio de la finca
un millón de pesetas y, aparte, 500.000 en dinero negro". El edil aseguró no
recordar los términos utilizados en su declaración ni por qué habló de "dinero
negro" ya que ha "cumplido con Hacienda" y con sus "declaraciones
patrimoniales". La declaración ante el juez tuvo lugar un mes después de que
Fabregat tomara posesión como concejal de Urbanismo de Oropesa, aunque hacía
referencia a una operación realizada tres años antes. Entonces, en 2000,
Fabregat, junto a su esposa, adquirió cinco pequeñas parcelas entre los meses de
junio y septiembre, por las que desembolsó, según figura en el registro de la
propiedad, algo más de 75.000 €. La superficie total de las cinco fincas
asciende a 11.811 m2, lo que supone que las compró a un precio medio
de 6,3 €.
En octubre, entre
uno y cuatro meses después de su adquisición, el ahora edil y su esposa firmaron
un contrato de compraventa con Construcciones Castellón 2000, del grupo Marina
d'Or, que preside Jesús Ger, por el que vendía las cinco fincas por un precio
total de 567.905 €, es decir, por alrededor de 48 €/m2, lo que
reportó a Fabregat y a su esposa un beneficio de 492.000 €. Pese a que la
operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública de la misma
no se realizó hasta mayo de 2003, un mes antes de que se celebraran las
elecciones municipales en las que salió elegido el edil. Fabregat admitió la
alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el
mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de
fincas rústicas que en el Plan General de Ordenación Urbana aparecen calificadas
como "agrícola protegido". (28/03/06)
28. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ABREN
DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR AL CONSTRUCTOR ENRIQUE
ORTIZ
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de
Alicante, Jesús Gómez Angulo, ha abierto diligencias previas por la denuncia del
fiscal Anticorrupción contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los
ediles de Urbanismo y Tráfico, Sonia Castedo y Luis Concepción, respectivamente,
por el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la contratación de
tres aparcamientos, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. El
magistrado ha incoado las diligencias número 4.600 y prepara la notificación de
la causa a los cinco denunciados, que son el alcalde, los dos ediles, el técnico
de Tráfico Antonio Escobedo y el representante legal de la mercantil Ortiz e
Hijos.
Según la Fiscalía, los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de fondos públicos
y apropiación indebida. El fiscal Felipe Briones inició la investigación a
instancias de una denuncia del dirigente vecinal José Luis Valdés por supuestas
irregularidades en el contrato de adjudicación de los aparcamientos subterráneos
de Padre Esplá, Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba. Según el fiscal,
las irregularidades han causado un quebranto económico a las arcas municipales
estimado en 2.268.060 euros al menos.
Felipe Briones advirtió en su denuncia que existió
un concierto entre el alcalde y los ediles de Urbanismo y Tráfico para conferir
a Ortiz mejoras respecto al contrato inicial después de que dos técnicos
informaran en contra de ellas. Para ello, “se decidió dejar sin resolver la
denegación de las modificaciones” y “sustituir el órgano gestor”, trasladando el
expediente a la Concejalía de Tráfico. El nuevo funcionario “en cumplimiento de
instrucciones verbales de su concejal emitió un informe”, “proponiendo
compensaciones a Ortiz por la aparición de necesidades nuevas y circunstancias
imprevistas”, según el fiscal. (22/09/06)
29. BENIDORM:
15 HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA
GENERALITAT
El portavoz del PP
en el Congreso y ex alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, benefició a los
hoteles de esa ciudad en su etapa como presidente de la Generalitat valenciana.
Zaplana otorgó en 2001 a ese municipio bonificaciones urbanísticas a través de
una modificación puntual del plan general que permitió a ciertos
establecimientos turísticos exceder la edificabilidad prevista hasta en un 40%.
A la medida, que se denominó
premio hotelero, se acogió una quincena de
hoteles con el compromiso verbal de aportar a cambio al Ayuntamiento unas
compensaciones en solares que no se han producido.
Cuando Zaplana, que
había llegado a la alcaldía de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga,
accedió a la Generalitat, quiso dar un impulso al sector turístico con
iniciativas como el parque Terra Mítica. Desde la presidencia del Gobierno
valenciano planteó a los empresarios agrupados en la patronal Hosbec la
necesidad de renovar la planta hotelera para crear complejos de cuatro y cinco
estrellas, reconvirtiendo los que tenían dos y tres.
El proyecto fue
acogido de forma entusiasta por los empresarios y por su sucesor en la alcaldía,
Vicente Pérez Devesa. Algunos municipios como Benidorm o las localidades vecinas
de La Vila Joiosa y L'Alfàs del Pi (en aquel momento gobernadas por la
izquierda) se dejaron llevar por el ímpetu constructor hotelero e introdujeron
apartados en los planeamientos que entonces redactaban para permitir que estas
industrias tuvieran todas las facilidades.
Fuentes del
departamento de Urbanismo explican que el anterior alcalde, Vicente Pérez
Devesa, llegó a plantear en 2005 una propuesta a la actual Consejería de
Territorio para que los hoteleros compraran parcelas de Serra Gelada, un paraje
del municipio, y las cedieran al parque natural. Cinco años después y con los
hoteles a pleno funcionamiento, el municipio no ha obtenido los beneficios
prometidos. (04/08/06)
30. ORIHUELA:
LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL 'CASO ORIHUELA' Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS
PRUEBAS A PRACTICAR
La titular del
Juzgado nº 4 de Orihuela ha admitido la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
de Alicante por 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y
contable en el Consistorio oriolano del PP. La magistrada ha comunicado su
decisión al fiscal para que este presente el escrito de proposición de pruebas.
Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores, el secretario,
cuatro promotores y la firma Necso. Mientras, la Comisión de Hacienda ha
suspendido indefinidamente la nueva contrata de basuras en espera de tres
informes externos. La titular del Juzgado nº 4, Lidia Mª Paloma Montaño, rechazó
inicialmente la competencia del caso e impugnó el reparto del Decanato de los
Juzgados de Orihuela.
El fiscal remitió el
escrito el pasado día 14 y el Decanato asignó el caso a la oficina de Montaño
dos días después. La magistrada consideró que la denuncia del fiscal
Anticorrupción, Felipe Briones, era una ampliación de una causa abierta en el
Juzgado número 6 sobre uno de los puntos incluidos en el escrito del ministerio
público y, por tanto, que era esa oficina competente. El Decanato rechazó el
recurso de la juez y mantiene que, por reparto, su oficina es la que tiene que
instruir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Acto seguido, la magistrada
acordó la admisión de la misma y dio traslado de su decisión al ministerio
público para que presente el escrito de proposición de pruebas. El fiscal acusa
a los denunciados de los supuestos delitos de malversación, falsedad, tráfico de
influencias y prevaricación.
Pero José
Manuel Medina da para mucho más: Un nuevo capítulo en el caso de irregularidades
urbanísticas se ha registrado en el municipio de Orihuela, gobernado por el PP.
En esta ocasión, ha sido la conselleria de Territorio y Vivienda, quien ha
decidido abrir un expediente “informativo” sobre la reclasificación de unos
terrenos protegidos en el paraje de Las Asomadas. La institución pública quiere
comprobar si se han cumplido todas las condiciones que desde la Comisión
Territorial de Urbanismo (CTU) y la propia conselleria exigieron para la
aprobación del proyecto urbanístico en esta zona.
Actualmente
José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP,
es imputado por los delitos de cohecho y tráfico de
influencia. Los presuntos delitos están derivados de su uso privado
de bienes de promotores y de la adjudicación ilegal de tres programas
urbanísticos. Estos planes de urbanismo, según la Fiscalía Anticorrupción, han
sido desarrollados en zonas donde no se podían llevar a cabo, como es el caso de
huertas protegidas. Además, estas adjudicaciones incluyeron recalificaciones de
suelo, no justificadas para el Ministerio Público. Precisamente, esas
recalificaciones son las que van a investigar la conselleria de Territorio y
Vivienda para comprobar si se cumplieron todas las condiciones exigidas para su
aprobación. Sin embargo, en la práctica, el alcalde Medina ha permitido edificar
en esos 373.943 m2 de suelo que estaba protegido. (29/03/06)
31. TORREVIEJA:
EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE
El fiscal
Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue
los movimientos bancarios del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández
Mateo, del PP, desde 2000. En esa fecha, el primer edil adquirió una finca
rústica en Almoradí por 180.000 € y, dos años más tarde, la revendió por 5,4
millones de €. La petición de los extractos bancarios de Hernández Mateo se
incluye en la batería de nuevas pruebas que el ministerio público ha trasladado
al titular del Juzgado nº 4 de Torrevieja.
La acusación pública
también plantea al juez que solicite a las Cortes Valencianas un certificado de
los pagos efectuados por esa institución a Hernández Mateo por su condición de
diputado autonómico. El fiscal cierra el apartado de nuevas pruebas documentales
con la petición de un justificante de los gastos de explotación de la mencionada
finca rústica -18 hectáreas de suelo en la localidad de Almoradí-. Hernández
Mateo aseguró que compró los terrenos para poner en marcha una explotación
agrícola, "y criar perros". A parte, el ministerio público propone al juez
instructor que tome declaración, en calidad de testigos, los representantes
legales de la mercantil Eden del Mar, firma a la que el alcalde vendió la finca.
Esta promotora ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en
Torrevieja.
Este no es el único
capítulo turbio de este alcalde: A raíz de la lectura y análisis de las
correspondientes escrituras, se ha conocido que el mismo día que el alcalde,
Pedro Ángel Hernández Mateo, vendió una finca de Almoradí a la empresa Edén del
Mar, SL, esta adquirió otra en San Miguel de Salinas al propio regidor.
Además, la finca que
Edén del Mar vendió al alcalde en San Miguel de Salinas fue adquirida por esta
empresa "solo 18 días antes" de formalizar la operación de venta al dirigente
popular. Demasiada casualidad, ya que la misma empresa fue también la que
compró al alcalde la finca en Almoradí que el primer edil había adquirido por
180.000 € dos años antes. Edén del Mar pagó por estos terrenos 5,4 millones de
€. Es curioso que si entre las dos fincas sólo hay una separación de tres
kilómetros de distancia el alcalde venda a 4.000 pesetas/m2 a Eden
del Mar y esta empresa adquiera a 1.500 pesetas el metro".
El fiscal Anticorrupción de
Alicante, Felipe Briones, detectó hace un año "indicios de delito" en la
operación de compra-venta de una finca por parte del alcalde de Torrevieja que
le reportó una ganancia de 5,2 millones de €. El fiscal remitió al juzgado de
Torrevieja la denuncia presentada por el grupo de Esquerra Unida (EU) contra el
alcalde para que abra una investigación. En la denuncia, EU imputaba al alcalde
los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. EU presentó la
denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra Hernández Mateo, tras trascender a
la opinión pública que el primer edil de Torrevieja ganó 5,2 millones en la
operación de compra-venta de una finca en la vecina localidad de Almoradí.
El alcalde compró en
2000 tres parcelas rústicas -en total 18 hectáreas de suelo rústico- por 180.000
€. Dos años más tarde, el primer edil vendió el terreno por 5,4 millones de €.
La oposición denunció que Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor,
propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes había adjudicado una
urbanización en Torrevieja. Este promotor participó luego en un proyecto para
urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí que incluían el terreno
adquirido por el alcalde. (22/02/06)
32. ALCOI: UN ALTO CARGO COMPRA UNA FINCA JUNTO A
UN FUTURO CAMPO DE GOLF
Ramón Doménech Doménech, subsecretario de la
Conselleria de Territorio y Vivienda, ha comprado una finca rústica de 395.000 m2
de extensión, situada a poco menos de un kilómetro de la zona del proyecto
Xirillent Golf, que prevé una urbanización y un campo de golf. El dirigente
autonómico compró estos terrenos (en los que va incluida una masía) por 456.000
€ a un grupo de 10 entidades religiosas locales, representadas por el vicario
episcopal en Alcoi, José Antonio Varela.La operación de adquisición se formalizó pocos meses antes de que se presentara
el proyecto para construir en Xirillent un campo de golf, un hotel y una
urbanización con 500 chalés. Hay que señalar que la viabilidad de esta obra
depende, en gran manera del dictamen que haga de la misma la Conselleria de
Territorio, en la que Doménech ocupa un alto cargo. El conseller Rafael Blasco
expresó en diferentes ocasiones su apoyo a la iniciativa, a pesar de que cuenta
con dos informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre
la falta de justificación de las reservas hídricas. Esta finca, conocida como el
Mas de Miró, fue donada en el año 2002 por un matrimonio alcoyano a un total de
diez entidades religiosas de la ciudad. La propiedad estaba dividida entre las
siguientes instituciones: Parroquia de San Mauro y San Francisco, Siervas de
María, Parroquia de San Vicente y San Antonio, Congregación Hermanitas Ancianos,
Fontilles, Arzobispado de Valencia, Casa Beneficencia Hogar Infantil. Parroquia
de San Roque, Parroquia Natividad de Nuestra Señora y Fundación Mariola la
Asunción. (22/03/06)
33. DOLORES: EL ALCALDE COMPRÓ CINCO PARCELAS EN
LA HUERTA ONCE MESES ANTES DE RECALIFICAR EL SUELO
Gabriel Gascón,
alcalde de Dolores (Alicante) por el PP, adquirió cinco parcelas en zona de
huerta el 29 de diciembre de 2004. Once meses después ese suelo se recalificó,
fuera del PGOU, para la construcción de 2.664 viviendas y un campo de golf. El
10 de noviembre de 2005, sólo 15 días antes del pleno que recalificó el sector,
Gascón vendió las fincas a un precio, en escritura, muy por debajo del que se
pagaba en la zona. El PAI, promovido por el propio alcalde, se adjudicó a la
empresa San José, propiedad de la familia de un miembro de la ejecutiva
provincial del PP.
El alcalde y su
hermano vendieron las parcelas a la empresa Rigal Inversiones Patrimoniales SL,
mercantil que empezó a comprar suelo en la zona de huerta -unos 100.000 m2-
un año antes de la recalificación. Rigal Inversiones es una empresa "próxima al
alcalde". Según las escrituras públicas, el alcalde apenas ganó dinero con la
operación de compra-venta. La adquisición la realizó a cinco vendedores
distintos y la venta, a un solo comprador: Rigal Inversiones, por solo 47.000 €,
según escritura.
Por esas fechas, a
quince días de la recalificación, el suelo se pagaba a unos 50 €, según han
declarado varios afectados por la recalificación, cifra muy distante de los 4,8
€ que recibió el alcalde por cada metro que enajenó. Según figura en el
expediente de recalificación del suelo, el padre del alcalde y los familiares de
dos ediles del PP son propietarios de fincas en el sector que se recalificó. Sin
embargo, tanto el alcalde como los dos concejales participaron en la votación
para apoyar, en una misma sesión, la recalificación del suelo (1,6 millones de
metros de huerta) y la adjudicación del PAI a la empresa San José.
La adjudicataria de
las 2.664 casas y el campo de golf pertenece al grupo de empresas San José, de
la familia de Antonio Rodríguez Murcia, concejal del PP de Orihuela alineado con
el sector zaplanista y miembro de la ejecutiva provincial del PP designado
directamente por su presidente, José Joaquín Ripoll.
(02/04/06)
34. LA VILA JOIOSA: EL AYUNTAMIENTO PAGA POR UN SOLAR OCHO VECES MÁS
DE LO QUE COSTÓ TRES MESES ANTES
La empresa Gavina
del Arsenal, SL ha realizado un negocio redondo con el Ayuntamiento de La Vila
Joiosa. El pasado diciembre esta sociedad adquirió un solar en una zona verde
por 18.000 € y sólo tres meses después llegó a un acuerdo con el Consistorio
para permutar la parcela por un inmueble de titularidad municipal. El
Ayuntamiento tasó su propiedad en 110.100 € y valoró la parcela de la empresa en
128.000, es decir 110.000 € más de lo que costó tres meses antes. El PP aprobó
la permuta pese a las advertencias de la oposición antes del pleno.
La parcela adquirida
por Gavina del Arsenal en diciembre de 2005 por 18.000 € quedó inscrita a nombre
de esta sociedad en el Registro de la Propiedad de La Vila Joiosa el 20 de enero
de 2006. En marzo, en una comisión informativa municipal, el concejal de
Hacienda de La Vila, Isidro Cantó, llevó a dictamen una propuesta de permuta
según la cual la finca de Gavina del Arsenal, de 256,6 m2, se
permutaría por un inmueble de titularidad municipal. El informe de tasación,
firmado por la arquitecto técnico, valoró la propiedad municipal en 110.100 € a
fecha de 10 de octubre de 2005 y tasó la parcela de Gavina del Arsenal en
128.000, a fecha de 10 de diciembre.
(03/04/06)
35. LA VILA JOIOSA:
EL AYUNTAMIENTO APRUEBA EL PLAN URBANÍSTICO ANULADO POR EL TSJ SIN
ADAPTARLO A LA LUV
El Ayuntamiento de
La Vila Joiosa (Marina Baixa) aprobó por mayoría absoluta, con el voto
favorable del gobierno local, del PP, el Plan Parcial de Mejora 2 del Sector
PP-1 Cales y Atalayes, que afecta a 5.000 viviendas ya finalizadas y habitadas
en la Cala de Finestrat. Pero la propuesta del edil de Urbanismo, Amadeo
Sánchez, es la misma que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula de pleno
derecho el pasado 27 de junio, al constatar que en el pleno de 4 de julio de
2002, cuando se aprobó, obtuvo diez votos favorables, cuando la mayoría absoluta
es de once. El alcalde, José Miguel Llorca Senabre, defendió el procedimiento
seguido escudándose en que ha sido "bajo el criterio técnico del secretario del
Ayuntamiento". "La sentencia dice que se trata de un defecto de forma que se ha
subsanado", concluyó. El plan afecta a 4.747 viviendas sobre una extensión de
1,05 millones de m2, afectando a 10.681 personas, según el PGOU. Esta
no es la primera irregularidad urbanística en la zona, ya que a escasos metros
se encuentra el Hotel Atrium Beach, paralizado y con una orden de demolición por
exceso de edificabilidad.
(21/07/06)
36. Riba-roja:
FAMILIARES DEL
ALCALDE ESPECULAN EN EL PAI DE PORXINOS
Familiares del
alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona Zaragoza, del PP, han adquirido
suelo en la zona de expansión del plan urbanístico de Porxinos y en otros
puntos antes de la aprobación de los proyectos. El grupo municipal
socialista denuncia la trama de intereses en una querella contra el alcalde
y sus sobrinos Cristina Vázquez Tarazona y José Vicente Tarazona Campos,
ambos concejales, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de
influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la
aprobación del plan de Porxinos del presidente del Valencia CF, Juan Soler.
Un juzgado de
Llíria abrió diligencias previas para la ratificación de la denuncia, como
paso previo a la admisión a trámite. La denuncia parte de la aprobación del
Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos y se extiende a otras
operaciones que la querella vincula a intereses familiares del alcalde. La
Consejería de Territorio aprobó en julio el PAI de Porxinos, que el propio
Soler no tuvo empacho en calificar como un "pelotazo urbanístico". La
querella pide la paralización cautelar del plan y fianza de 300.000 € de los
denunciados para hacer frente a posibles responsabilidades.
Durante la
tramitación del PAI ya salió a la luz que la madre del alcalde Tarazona era
titular de cuatro parcelas en el ámbito del PAI, lo que obligó al alcalde
popular a desgajarlas de la operación. Ello no impidió que votara a favor de
la aprobación del PAI, lo que a juicio de los socialistas supone una
"arbitrariedad" y una prevaricación, ya que el interés personal persistía.
Los terrenos cercanos a Porxinos experimentarán una revalorización y son
"susceptibles" de recalificación, máxime cuando la empresa de Soler mantiene
viva sobre ellos una "opción de compra", según la querella.
En una larga
lista de conexiones urbanísticas -consultadas en los registros de propiedad-
la denuncia asegura que en el área de influencia de Porxinos, ya en el
municipio de Vilamarxant, tienen suelo el alcalde y su esposa. El
matrimonio, además, es dueño de terrenos que entran en el PAI de Masía de
Traver II, aún en tramitación, siempre según la querella.
La hija del
alcalde habría hecho "buen uso" de información privilegiada, ya que en "en
plenas negociaciones para la aprobación y adjudicación del PAI de Porxino",
en julio de 2004 compró terrenos en el PAI Calvari-Riolva, a 500 metros del
anterior. El PAI fue votado favorablemente por el alcalde. En ese mismo plan
se hizo con suelo otro sobrino del alcalde en junio de 2002. Este mismo
familiar también compró terreno que entra en el PAI Cementeri, de uso
industrial pendiente de adjudicación.La denuncia menciona también otras
relaciones familiares ligadas al urbanismo. (19/10/06)
37. BENIATJAR:
UNA URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL
El proyecto del
nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Beniatjar, en la Vall d'Albaida,
que prevé una urbanización de 150 chalés, recalificará una extensión de
470.000 m2 dentro de los cuales hay terrenos agrícolas de un
concejal del PP de la localidad.La revisión PGOU de Beniatjar, según explica
el alcalde de la localidad, Francisco Giner, también del PP, parte de hace
diez años y en un principio preveía la ampliación del núcleo urbano que
"estaba estancada por problemas técnicos". De este modo, Giner reconoce que
"llegó una empresa promotora de Albaida y nos propuso esta urbanización, nos
pareció bien y ce |