Simancas: "Que Espe explique lo del golf del Canal"

El vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal de Isabel II, está bajo sospecha. Las dudas de su actuación al frente de la empresa pública de aguas las hizo públicas  la revista Tiempo, que reveló que el Canal adjudicó en diciembre el contrato de gestión y explotación de sus instalaciones deportivas al socio empresarial de un hermano y un cuñado de González. Él ayer no lo desmintió.

La adjudicataria del contrato de gestión de las instalaciones deportivas -el polémico campo de entrenamiento de golf construido en la avenida de las Islas Filipinas- fue una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaban Iridium, Soto Once y Tecnoconcret, SL.

Es en esta última compañía donde aparecen las casualidades. El administrador único de Tecnoconcret es José Antonio Clemente, según figura en el Registro Mercantil. Allí se puede comprobar también que Clemente es socio en otra empresa, Tamanaco 07 Consulting SL, junto a dos personas de la familia del vicepresidente regional: su hermano Pablo, y su cuñado, José Juan Caballero Escudier, casado en segundas nupcias con Isabel. Esta hermana del vicepresidente es diputada de la Asamblea regional, perteneció al Gabinete de Esperanza Aguirre en el Senado y, después, formó parte de su equipo cercano en la campaña electoral de 2003.

El vicepresidente no logró acallar las sospechas de favorecer al socio de sus familiares, cuando a media tarde de la víspera de un largo puente festivo convocó a los medios para explicarse sobre las acusaciones que circularon todo el día. Por la mañana, el líder socialista, Rafael Simancas, había reclamado una explicación pública. "O, si no, reclamaremos la convocatoria de la Diputación Permanente", amenazó.

Aunque la adjudicación del contrato de las instalaciones deportivas no es ilegal (porque no hay vinculación familiar directa), Ignacio González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal, celebrado el pasado 28 de diciembre, pese a la existencia de vínculos indirectos.

No informó

Algunos consejeros del órgano de dirección explicaron ayer que el vicepresidente regional no mencionó su vinculación indirecta con la empresa que recibió el contrato. "En la época de Carlos Mayor Oreja [consejero de Medio Ambiente en la anterior legislatura], una vez que tuvimos que decidir una posible adjudicación a la constructora FCC, y su tío, Marcelino Oreja, es el presidente y tiene un hermano en la empresa y elegantemente se salió del consejo", contó un consejero del Canal.

Ignacio González, visiblemente nervioso, rehusó ayer en tres ocasiones contestar a la pregunta de si sabía que el socio de sus familiares era el dueño de la empresa adjudicataria. "En ningún caso el Canal de Isabel II ha realizado adjudicaciones a empresas de un familiar mío", subrayó, para eludir la pregunta. E insistió: "Las adjudicaciones se han hecho a una UTE donde no figuran familiares míos". Después, remarcó: "Fue un concurso abierto, valorado por los servicios del Canal, que eligieron la mejor oferta, por unanimidad".

Otro consejero del Canal explicó que lo normal es que los técnicos no muestren el contenido de las diferentes propuestas, "sólo dan cuenta de que se han presentado tantas ofertas". Eso les impide hacer una valoración de fondo.

De todas formas, el Gobierno regional controla de largo este organismo. De sus 16 consejeros, la mitad los nombra el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre (y entre ellos figuran varios consejeros); además, hay dos a propuesta de la Federación de Municipios (un alcalde del PP y otro del PSOE), otros dos del Comité de Empresa, dos nombrados por el pleno del Ayuntamiento de Madrid (los concejales de Medio Ambiente y Hacienda), más el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y un representante de la Delegación del Gobierno.

Un consejero del Canal explicó que el consejo de finales de diciembre fue "raro y atropellado". No sólo era el último del año, sino que aquel día los asuntos que se trataron eran de calado. Entre otras cosas, porque debían aprobar los contratos para asumir la gestión de la depuración de la capital, traspasados por el Ayuntamiento de Madrid.

"Además, aquel día lo que estaba sobre la mesa era si las obras del Canal eran legales o no", explica este consejero. "A quien se adjudicaba el contrato fue lo que más inadvertido pasó, porque no conocíamos las empresas". La justificación que recibieron es que la UTE había duplicado la oferta del concurso.

Para colmo, ese día el consejo firmó el acta de la reunión sin esperar a la siguiente sesión, lo que, según los consejeros consultados, es inusual. "Sólo se hace en momentos puntuales; por ejemplo, porque es necesario modificar los estatutos y delegar competencias en el secretario o en el gerente, pero entonces se aprueba únicamente el acta para ese punto del día", recalcaron. Todo demasiado raro. Y aún sin justificar.