EL JUEZ TORRES 'NO DESCARTA' LLAMAR A DECLARAR A MÁS RESPONSABLES POLÍTICOS
El juez que instruye el 'caso Guateque', Santiago Torres, no descarta llamar como imputados a distintos responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid presuntamente vinculados con la trama de concesión irregular de licencias en el Consistorio, apuntó hoy el portavoz municipal socialista, David Lucas.
Torres decidió citar por primera vez a responsables municipales de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid así como a la jefa del servicio de licencias para que declaren, aunque no en calidad de imputados, en relación a varios de los expedientes que se investigan.
El socialista insistió en que existen "responsabilidades políticas claras" en relación a la trama de corrupción en el seno del Ayuntamiento y confió en que los llamados a declarar "clarifiquen esas responsabilidades políticas y penales".
En su opinión, "no es de recibo que mientras que estos responsables políticos son llamados a declarar en el Juzgado 32, a los represantes elegidos democráticamente se nos niegue la posibilidad de que pasen por la comisión de investigación". Precisamente el viernes concluirá dicha comisión municipal al no llegar a un acuerdo entre el PP y los grupos de la oposición en cuanto al número e identidad de los comparecientes.
Por este motivo, el portavoz municipal socialista David Lucas, afirmó este miércoles que le gustaría que el PP "reconsiderara su boicot" a la comisión de investigación facilitando la comparecencia en ella de responsables políticos.
El PSOE matizó que, en el auto en el que el juez Torres rechazaba la imputación de cargos políticos solicitada por el Grupo Municipal Socialista, añadió que en un futuro "no descarta la posibilidad de llamar a declarar a determinados responsables políticos" tras conocer los resultados de la auditoría realizada por la empresa Tragsatec en casi 200 expedientes implicados en la trama.
(www.elmundo.es, 27/03/08)
Imputado el jefe de licencias del distrito de Villaverde
La Guardia Civil registra el despacho del funcionario
El caso Guateque no está enterrado ni ha caído en el olvido. El juez que dirige la instrucción, Santiago Torres, y los agentes de la Guardia Civil que investigan la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, siguen trabajando. Ayer el juez citó como imputado a un nuevo funcionario: el jefe de licencias de la Junta Municipal de Villaverde, Eduardo Escribano Clemente, acusado de supuesta prevaricación, cohecho y tráfico de influencia, según fuentes de la investigación.
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El PSOE pide alargar la comisión de investigación hasta que se cierre el caso
El funcionario tendrá que acudir a declarar el próximo viernes acerca de su supuesta implicación en el caso Guateque.
Minutos antes de que Escribano fuese imputado, una decena de agentes de la Guardia Civil se presentó en su despacho de la Junta de Villaverde con una orden para registrarlo. No estuvieron más de 45 minutos. Sabían lo que buscaban. Y por eso se incautaron del disco duro del ordenador del funcionario y de dos agendas. Y precisamente, porque todavía se están produciendo detenciones, el portavoz socialista, David Lucas, pidió ayer "que se mantenga abierta la comisión de investigación hasta que concluya la investigación del caso".
Los agentes de la Guardia Civil que registraron el despacho de Escribano buscaban información sobre expedientes en los que participó Eduardo Agustino Carrasco, uno de los empresarios imputados en la trama y encarcelado por el juez Torres el pasado enero.
Entre los documentos que maneja la Guardia Civil y que relacionan a Escribano con Agustino Carrasco se encuentra el expediente de un bar en la calle de la Alegría de la Huerta. El propietario de este local de ocio superó la evaluación ambiental, requisito indispensable para obtener la licencia, con un informe favorable de fecha del pasado 13 de julio.
Otro de los expedientes que vincula a los dos imputados tiene que ver con un supermercado (Eroski) en el paseo de Alberto Palacios. Éste logró el informe ambiental el pasado 1 de agosto.
En ambos expedientes figuran las firmas de Victoriano Ceballos y la de su jefe en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, "informando favorablemente" de la evaluación ambiental. Ambos funcionarios han sido encarcelados por el juez Torres. Ceballos es señalado como el presunto cabecilla de la organización que cobraba a empresarios a cambio de agilizar licencias.
Fuentes de la investigación revelan que Escribano aparece, además, en alguna de las grabaciones realizadas por la Guardia Civil en una conversación con Victoriano Ceballos. www.elpais.es 20.02.08
El juez ya ha registrado 15 de las 21 juntas municipales
La investigación de la Operación Guateque está aún en sus inicios, según adelantaron hace una semana fuentes del proceso. Cuando el juez que instruye el caso, Santiago Torres, levantó el secreto de sumario, todo hacía indicar que el caso iba a cerrarse, pero aún se prolongará cerca de un año. Por eso, fuentes de la investigación adelantan que se esperan más detenciones en los próximos días y remarcan que la investigación sigue abierta.
La Operación Guateque saltó a la luz el pasado 14 de noviembre cuando el juez Torres ordenó el registro de la sede de Urbanismo del Ayuntamiento y la detención de varios funcionarios y empresarios por una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.
Hasta el momento la actividad judicial ha sido frenética y la Guardia Civil ha registrado 15 de las 21 juntas municipales (Centro, Tetuán, San Blas, Moratalaz, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Chamartín, Salamanca, Villaverde, Arganzuela, Carabanchel, Latina, Retiro, Villa de Vallecas y Hortaleza), así como las sedes de Gerencia de Urbanismo y de la Concejalía de Medio Ambiente. Ayer fue el turno de Villaverde.
El portavoz socialista, David Lucas, consideró "lamentable ver cómo la Guardia Civil entra en las dependencias municipales, y mientras tanto el alcalde de la ciudad sólo se preocupa de si se besa o no con Aguirre". A lo que agregó: "Nadie gobierna, nadie gestiona, y nadie se preocupa de dar soluciones a la mayor trama de corrupción del municipio".
Exceso de celo
Los grupos de la oposición (PSOE e IU) se quejaron ayer también del exceso de celo de los funcionarios municipales. En las dependencias donde se guardan los expedientes solicitados por el juez -a las que algunos llaman "el confesionario", quizá por los pecados que contienen sus documentos-, los funcionarios hacen un férreo control de quienes acuden a consultar la documentación para preparar la comisión de investigación.
"Están todo el rato encima. Cada vez que quieres consultar uno, tomar nota o hacer una fotocopia, tienes que dar el nombre. Es inaudito", se queja un miembro del PSOE que acude a diario a revisar los expedientes.
El Ayuntamiento dice que no tiene ninguna culpa. Un portavoz trasladó la responsabilidad al secretario municipal, que custodia los documentos municipales. www.elpais.es 20.02.08
Una empresa de ingeniería sobornó a nueve funcionarios desde 2001
La agenda de los empresarios revela que pagaron 130.000 euros en comisiones.- Un informe de la Guardia Civil destaca la envergadura de la trama de corrupción
La empresa de ingeniería Agustino Proyectos e Instalaciones llevaba las cuentas al detalle. Al menos las referidas a los sobornos que pagaba a los funcionarios que agilizaban las licencias que el estudio tramitaba. Todos esos cobros y pagos eran apuntados por sus directivos en una agenda siguiendo un método contable bastante artesanal: nombres de funcionarios, fecha en la que se realizaba el pago, cantidad y calle del local del cliente al que se iba a conseguir la licencia. Todo manuscrito a bolígrafo.
"El 'negocio' de Agustino Proyectos no tiene precedente en Madrid"
Los principales responsables de esta empresa, Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, fueron enviados a prisión por el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, el pasado 12 de enero, tras incumplir una citación del juez porque estaban de vacaciones. Ahora, la agenda incautada por la Guardia Civil revela información sobre los pagos que realizó la empresa a nueve funcionarios municipales desde 2001. Desembolsaron 127.000 euros destinados a "comisiones" irregulares que les permitían agilizar las licencias que sus clientes les habían solicitado. Así se desprende de un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso este periódico y que incluye las citadas libretas de cuentas.
En dicho documento aparecen los siguientes funcionarios: Victoriano Ceballos (Medio Ambiente), Domingo Sánchez Bote (Junta Municipal de Salamanca), Manuel Salcedo Romanillos (Chamartín), Fernando de la Torre de Diego (Chamartín), José Luis Moreno López (Chamartín), Fernando Ruiz Torrejón (Urbanismo), Miguel Ángel García Jodar (Medio Ambiente), Valentín Álvarez Vela (Retiro), Alfonso García López de los Mozos (Carabanchel).
En total, seis áreas distintas del Ayuntamiento que Agustino Proyectos tenía controladas mediante sobornos. Todos estos funcionarios han sido llamados a declarar por el juez Torres. La mayoría han sido imputados por su presunta colaboración en la mayor trama de corrupción en Madrid. Uno de ellos, Ceballos, es señalado por fuentes de la investigación como el presunto cabecilla de la trama.
En otra de las agendas incautadas a Eduardo Agustino Carrasco, y que hacía referencia a sus operaciones de 2006, había una anotación que decía: "Honorarios, C./Conde de Peñalver, 2. Domingo Sánchez, 4.000. Nosotros, 4.000". Esta anotación parece indicar que la empresa se quedaba la misma comisión que entregaba a los funcionarios presuntamente corruptos, o sea, 130.000 euros en seis años.
En otra inscripción se aprecia: "10.00 horas. Llamar a Valentín y quedar (llevar comisión)". Según la Guardia Civil, se refiere a Valentín Álvarez Vela, jefe de licencias de la Junta de Retiro y también imputado en el caso Guateque.
En la lista aparecen también direcciones de locales que presuntamente iban a beneficiarse de las gestiones de la empresa mediante el pago de comisiones. Junto al abono que debía efectuarse al funcionario de turno y la fecha en que se realizó, aparece anotada la calle Puigcerdá, 6, donde está el restaurante Zen Central; Peñascales, 1, donde está el club de intercambio de parejas Momentos, o Profesor Waksman, 11, donde se halla el restaurante Casa Encantada.En un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario del caso Guateque al que ha tenido acceso EL PAÍS, el instituto armado se refiere a Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco, ambos socios de la empresa Agustino Proyectos e imputados en el caso Guateque por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, como piezas clave de la trama: "Se sabe que son dos de los personajes más relevantes en esta trama de presunta corrupción municipal". Así, los imputados, con su red de contactos en el Ayuntamiento y su cartera de clientes, lograron montar un negocio que duró, al menos, siete años.
Además, el documento revela que "ahora se conoce que es amplia la relación de pagos que efectuaron a una pléyade de funcionarios, y luenga la relación de presuntos untados". La de los funcionarios se sabe: son nueve. Los untados aparecen también en una lista de la empresa.
Precisamente, sobre las anotaciones que contenían las agendas de las que la Guardia Civil se incautó, se dice: "Estas anotaciones manuscritas demuestran la importante y enrevesada organización que tienen o tenían estos sujetos en relación con importantes pagos de dinero por favores abonados a un nutrido grupo de funcionarios destinados en distintas concejalías y juntas municipales de distrito".
El informe revela que ambos imputados eran "el nexo de unión entre numerosos industriales de Madrid solicitantes de licencias varias y el grupo referido del Consistorio". Pero una de las partes más llamativa es la que se refiere al estilo de los empresarios de Agustino Proyectos: "Una buena cartera de clientes, buen verbo, fáciles y resueltas promesas hechas al respetable en el sentido de ser rápidos y certeros en sus gestiones como conseguidores y una agenda pletórica de nombres y teléfonos de funcionarios dispuestos a trocar sus servicios por dinero".
Y aún va más allá el documento y se atreve a medir la envergadura de la trama que organizó Agustino Proyectos alrededor de su estudio de ingenieros: "Esta pareja -durante los años que llevan actuando en la plaza de Madrid- han edificado un jugoso y extenso mercado dentro de este tipo de particular industria, que seguramente no tiene precedentes ni en la historia de la Villa y Corte ni en el ramo para el que trabajan como ingenieros hacedores de proyectos técnicos". www.elpais.es 20.02.08
Un funcionario imputado en el 'caso Guateque' destruyó documentos
José Antonio Jodar, uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque, se llevó presuntamente hace 15 días un expediente relacionado con esa investigación judicial de Gerencia de Urbanismo, su antiguo lugar de trabajo. Concretamente, el número 714/2001/6086, desarchivado precisamente por él mismo en su día, según informó ayer la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, al ser preguntada acerca del asunto por Pedro Sánchez, el responsable del área del PSOE en la comisión de Urbanismo.
El expediente desaparecido trata de una modificación de licencia a favor de una empresa en el número 7 de la calle del Pez (distrito Centro). Según un informe presentado por la responsable de Urbanismo, en el ático del edificio ubicado en ese número la empresa propietaria (cuyo nombre evitaron dar los responsables del Ayuntamiento) habría construido cuatro viviendas donde sólo se habían autorizado dos.
Jodar acudió a la calle de Guatemala, donde se encuentra la Gerencia de Urbanismo, el pasado 25 de enero. Por eso el Ayuntamiento le ha abierto un expediente sancionador, independiente de la investigación judicial, como medida cautelar.
La presencia de este funcionario en las oficinas un viernes por la tarde (con la sede prácticamente vacía), más el hecho de que Jodar esté en libertad provisional (quedó libre el pasado 21 de noviembre tras pagar una fianza de 3.000 euros), y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, ha hecho sospechar a Urbanismo que Jodar "ha destruido documentación", según fuentes municipales.
Urbanismo lo denunció al área de Función Pública el pasado 28 de enero, y dos días después se abrió el expediente. Esa investigación conlleva que se le aparte de su puesto de trabajo, desde el día siguiente a que le sea notificado, como ocurrió el 31 de enero.
La presunción de inocencia hasta que haya decisión judicial impide al Ayuntamiento evitar que los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo.
www.elpais.es 14.02.08
El Ayuntamiento se niega ahora a dejar las licencias a los arquitectos
La propuesta del colegio profesional declina asumir responsabilidades jurídicas
Si, pero no. La luz verde dada en diciembre por el alcalde de Madrid para que un colegio profesional como el de los Arquitectos asuma la emisión de licencias de obras se convirtió ayer en luz roja. Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), había mostrado por la mañana la disposición de su colegio a poner en marcha, en el último trimestre de 2008, una oficina que informará, en seis semanas y media, los proyectos arquitectónicos de obras, remodelaciones o rehabilitaciones presentados a los ayuntamientos. Perseguía de tal manera dejarlos listos y acelerar su licencia municipal para poder acometerlos.
La propuesta, extensible a los 179 municipios de la región, se plantea reducir las demoras de autorizaciones de edificación en las que los consistorios incurren que se prolongan como media 23 meses y perjudican sobremanera a promotores y colegiados.
Pero la proposición del COAM precisa que los informes de la futura oficina colegial "serán voluntarios y no presentarán problemas legales ni de responsabilidad jurídica, pues comprometen sólo al promotor", como dijo Sobrini.
Estos son los dos aspectos que el Ayuntamiento de Madrid menciona para rechazar el proyecto de oficina del COAM. "Al ser voluntaria la certificación propuesta por el Colegio de Arquitectos, se crearían dos categorías de promotores, cosa que queremos eludir a toda costa", explica Juan Bravo, concejal de Hacienda del Consistorio de Madrid. "Además, el Colegio de Arquitectos no acepta asumir las responsabilidades derivadas de sus propios dictámenes al respecto".
Desde diciembre en que el alcalde formulara su oferta, María Jesús Fraile y Cayetano Prieto, por parte de la Concejalía de Hacienda, han mantenido tres reuniones, y una el propio Juan Bravo, con la directiva del Colegio de Arquitectos, dice el concejal. "En todas las reuniones les advertimos de que no compartíamos su modelo". Por la mañana, en conferencia de prensa, Sobrini había destacado que el Ayuntamiento se mostraba "encantado" con la oficina colegial.
Ya por la noche, tras las declaraciones de Juan Bravo, la decana Sobrini dijo mostrarse "asombrada" por el rechazo del Ayuntamiento a su fórmula.
Por otra parte, Sobrini había confirmado antes que la licencia para edificar la nueva sede del COAM en las Escuelas Pías de la calle de Hortaleza (ver EL PAÍS de 9 de febrero) expira el 20 de marzo. Por ello, dijo, acometerá su construcción la empresa FCC, a la que COAM se apresta a vender su sede de la calle del Barquillo, 12, por la que le ha ofrecido 40 millones de euros. La futura sede será una concesión municipal por 75 años. De los 100 asistentes a la última Junta de Representantes (el parlamento del Colegio, 33 se opusieron a este tipo de venta. "Nos deja sin patrimonio colegial y, en plena crisis inmobiliaria, es muy arriesgada", dicen varios consultados.
www.elpais.es 14.02.08
ANA BOTELLA RESTA IMPORTANCIA AL CASO GUATEQUE
El caso Guateque parece no tener importancia real para Ana Botella. Al contrario, según la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid la trama de corrupción “nos ha dado una oportunidad para tratar de mejorar algunas cosas”. Además, a juicio de Botella la trama está limitada a un “pequeño número de funcionarios”, pese a que según avanza la investigación crece el número de implicados. Es el caso del hijo de Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental y por tanto ligado a la concejalía de Botella. El hijo de Fernández de Castro, tal y como recoge El País, es el último madrileño supuestamente implicado en la trama descubierto por la Policía.
La Razón recoge una entrevista a la mujer de Aznar en la que ésta, tras definir su concejalía como un lugar en el que se realiza un trabajo “apasionante”, manifiesta que la operación Guateque ha servido para que en unos meses se plantee “una nueva forma de gestionar licencias”, aunque no ha aclarado si esta “nueva forma” irá acompañada de la privatización del servicio, como anunció el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, hace unos meses.
El papel de la oposición
Pese a la gravedad del caso Guateque, Botella parece haber restado importancia a la trama durante la entrevista, aprovechando para criticar a la oposición porque “siempre trata de utilizarlo todo políticamente”. Aunque la concejala de Medio Ambiente madrileña asegura que esta vez “me da la sensación” de que “sin mucho éxito”.
No más palabras sobre Gallardón
Botella también se ha manifestado sobre la no inclusión de Gallardón en las listas del PP de cara a las elecciones del próximo 9 de marzo. “No seré yo la que añada una palabra más en esta cuestión”, aseguró la edil madrileña, “como ha dicho el presidente del PP, Mariano Rajoy, tanto Esperanza Aguirre como Alberto Ruiz-Gallardón se habían ofrecido para ir con él en las listas del PP y se lo agradecía muchísimo”. Pero nada más al respecto ha añadido Botella, salvo que espera que el “alcalde más votado por los madrileños en la historia de la ciudad” siga “muchos años en la política española”.
Campaña política
Ana Botella aprovechó la entrevista de La Razón para hacer campaña a favor del PP, partido al que tacho de “disciplinado” confrontándolo con el PSOE, donde “ha habido una escisión”. Según Botella esta “escisión” está protagonizada por Rosa Díez, fundadora de UPyD (Unión, progreso y democracia).
Botella no es Clinton
Por último, Ana Botella se ha desmarcado de Hillary Clinton. Y lo ha hecho después de que el entrevistador la comparase con la aspirante al liderazgo de los demócratas estadounidenses. “Bueno… Yo creo que eso son sólo divertimentos periodísticos”, concluyó.
(www.elplural.com,
11/02/08)El Ayuntamiento acusa a un imputado del 'Guateque' de llevarse expedientes
El Consistorio aparta al funcionario de su puesto en Gerencia de Urbanismo
El Ayuntamiento de Madrid sospecha que uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque se ha llevado, hace una semana, expedientes relacionados con esa investigación judicial de Gerencia de Urbanismo. Se trata del técnico José Antonio Jodar García, que acudió a la calle de Guatemala el pasado 25 de enero. Por eso le ha abierto un expediente sancionador, independiente de la investigación judicial, como medida cautelar.
La presencia de este funcionario en las oficinas de Urbanismo un viernes por la tarde (con la sede prácticamente vacía), más el hecho de que Jodar esté en libertad provisional (quedó libre el pasado 21 de noviembre tras pagar una fianza de 3.000 euros, con la obligación de presentarse en los juzgados los días 10 y 24 de cada mes), y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, ha hecho sospechar a Urbanismo que Jodar "ha destruido documentación", según fuentes municipales.
Urbanismo lo denunció al área de Función Pública el lunes pasado, y dos días después se abrió el expediente. Esa investigación conlleva que se le aparte de su puesto de trabajo, desde el día siguiente a que le sea notificado. Eso ocurrió el jueves.
La presunción de inocencia hasta que haya decisión judicial impide al Ayuntamiento evitar que los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo. La única vía es abrirles un expediente (como se ha hecho con los ocho encarcelados) por un máximo de seis meses.
El abogado de Jodar, Alfredo Gómez Mendizábal, explicó que su defendido ha recibido una concisa y "ambigua" notificación de este expediente. "Nada de eso es cierto", afirmó el abogado. "Él no ha manipulado nada". También explicó que ambos acudieron ayer por la mañana al Ayuntamiento para tratar de conocer cuál es la acusación. "La instructora se ha negado a darle el expediente y cualquier tipo de información", explicó. "Ha dicho que no era el momento".
Por otra parte, el juez Santiago Torres citó ayer a declarar a otros cuatro funcionarios imputados, cuyos nombres aparecían en una agenda de los empresarios Eduardo Agustinos y Julián Rubén López, informa Álvaro Corcuera. Uno no acudió al juzgado por enfermedad. Los otros tres quedaron libres y el juez no adoptó medidas cautelares
www.elpais.es 02.02.08
El juez del caso inspecciona la casa de Luis Armada
Un domicilio rodeado de periodistas. En la calle de la Bola, donde vive Luis Armada, ex gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid y ahora viceconsejero de Transportes, se encontraba el juez del caso Guateque, Santiago Torres, que realizó una inspección ocular del piso. Y todo porque una particular, Margarita Botija, denunció a Armada por haber reformado su casa sin licencia. Por ello, pero también por la licencia del hotel Comfortel -condicionada a otra autorización para levantar un hospital que no se hizo-, en la Avenida de Pío XII, Armada se encuentra imputado en la presunta trama de cobros irregulares a cambio de licencias municipales.
El juez Torres no abrió la boca tras la inspección del piso y también de un almacén situado en los bajos del edificio. Supuestamente, y según la denuncia, Armada se habría aprovechado de la licencia otorgada para unas obras en ese local para remodelar su casa.
El abogado de Armada, Francisco Hernando, dijo que su cliente había demostrado que todo era falso. "Me parece que el asunto puede quedar totalmente despejado", dijo. Con un gesto muy serio, Armada guardó silencio en el medio minuto que permaneció en la calle, el tiempo justo para recorrer el camino entre su portal y el almacén citado anteriormente. www.elpais.es 02.02.08
EL CONCEJAL DE UN DISTRITO INVESTIGADO PRESIDE LA COMISIÓN
La comisión de investigación por el caso Guateque ha quedado constituida a última hora de esta tarde con los votos del PP y con la oposición de PSOE e IU por "salud política". La presidencia ha recaído, como ya había adelantado horas antes el delegado de Economía y portavoz del PP en la comisión, Miguel Ángel Villanueva, en Tomás Serrano, concejal del PP y presidente de la Junta de distrito de Barajas, una de las investigadas en la trama de corrupción en torno a las licencias municipales.
La de hoy ha sido la primera reunión de este grupo de trabajo -compuesto por cuatro miembros del PP, dos del PSOE y uno de IU-, que nace con polémica porque PSOE e IU querían que fuera un socialista el presidente. El portavoz municipal socialista y también en la comisión, David Lucas, ha reclamado en la cita la presidencia para la oposición "porque no se puede fiscalizar al Gobierno municipal si el presidente es el Gobierno municipal". En este sentido, ha recordado que la comisión del caso IMEFE, un escándalo sobre el uso de ayudas europeas en el mandato de José María Álvarez del Manzano, estuvo presidida por el PSOE.
Villanueva ha contraatacado con otros ejemplos en los que el Gobierno municipal presidió una comisión de investigación, como es el caso Kelvinator, analizado en el Ayuntamiento de Getafe en el 2003. Esta comisión "investigó presuntas adjudicaciones irregulares y fue presidida por el concejal de Urbanismo del PSOE", ha dicho Villanueva. Serrano es el histórico concejal en Barajas, una junta que preside por tercera legislatura consecutiva. , los socialistas ya se barruntaban que iba a ser el presidente, a pesar de que los populares lo desmentían.
El PSOE recuerda que cuatro expedientes del sumario del juez que instruye el caso, Santiago Torres, corresponden a su distrito. Las licencias en cuestión habrían sido agilizados gracias a la intervención de la mano derecha de Serrano en Barajas: su gerente, Francisco Javier Colino Gil.
"No se puede ser juez y parte"
Se tuvo acceso a los cuatro expedientes (9135, 9625, 9638 y 9656), que forman parte del sumario. En dos aparece como técnico el cabecilla de la trama y funcionario del área de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos. Y todos aparecen reclamados como "prioridad" por el gerente de Serrano: una cafetería, una clínica veterinaria, un taller de reparación y un restaurante. Los socialistas ponían el grito en el cielo. "No es compatible ser investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte de la comisión de investigación y mucho menos ser presidente de la sesión de constitución", opina Lucas.
Según los populares "esos expedientes no forman parte de los 187 del sumario, sino de su base de datos" e insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su gerente fueron citados ni como acusados o imputados, ni como testigos".
Villanueva negaba esta mañana que Barajas esté siendo investigado. El delegado de Economía ha contestado a las criticas del PSOE matizando que ningún expediente de esta Junta se encuentra dentro del sumario de la operación Guateque. También durante el pleno, Lucas le ha contestado que "no puede ser juez y parte" presidiendo la comisión de investigación, como propone el PP, mientras que su Junta está siendo investigada por el Juzgado número 32.
Lucas critica también la presencia en la comisión de investigación de la concejala de San Blas, Carmen González, porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se detalla la agilización de una licencia por parte de la edil o del personal de confianza a su cargo. Por parte del PP, además de Villanueva y Serrano y González, está en la comisión Patricia Lázaro, secretaria del grupo. De los socialistas irá, junto a Lucas, el responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel Pérez.
EL JUEZ ORDENA UNA AUDITORÍA EN EL AYUNTAMIENTO
Los ánimos se calientan horas antes de que se constituya la comisión de investigación que llevará al Ayuntamiento el caso Guateque, el mayor asunto de corrupción en la concesión de licencias conocido en el consistorio madrileño. el PSOE anunciaba que el Juez Torres, que instruye el caso desde el juzgado de instrucción número 32, había ordenado el pasado 27 de enero una auditoria interna para averiguar qué es lo que no había funcionado bien en la Concejalía de Medio Ambiente (una de las implicadas en la trama) para que se produjeran los supuestos sobornos que ayudaban a agilizar la concesión de licencias mediante la elaboración rápida de los informes medioambientales. La auditoría correrá a cargo de la empresa pública Tragsatec, que ya colaboró con dicha concejalía en los informes de impacto ambiental.
Fuentes del gobierno municipal, matizaron que no se auditarán los 187 expedientes del sumario, sino unos pocos. Según la providencia dictada por el juez, "se acuerda encomendar al grupo de empresas TRAGSA la práctica de una pericia consistente en que se realice una auditoría de gestión sobre la tramitación de los expedientes administrativos [referidos al folio 6604 y siguientes, relativos a las agendas de los imputados Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez; y los referidos al folio 7777 y 7778, sobre las actuaciones de la Guardia Civil] relacionados con la causa, a fin de informar sobre las causas de aceleraciones o enlentecimientos en la tramitación de tales expedientes".
El PSOE volvió a sacar a la palestra un nombre, el de Tomás Serrano, uno de los cuatro miembros del PP en la comisión de investigación e histórico concejal en la Junta de distrito de Barajas, que preside por tercera legislatura consecutiva. Pero, más allá de que presida o no la comisión de investigación (los socialistas lo aseguran y los populares lo desmienten), los socialistas se preocuparon por rescatar del sumario del juez Torres cuatro expedientes que corresponden a su distrito y que habrían sido agilizados gracias a la intervención de su mano derecha en Barajas: su gerente, Francisco Javier Colino Gil.
Este periódico tuvo acceso a los cuatro expedientes (9135, 9625, 9638 y 9656), que forman parte del sumario. En dos aparece como técnico el cabecilla de la trama y funcionario del área de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos. Y todos aparecen reclamados como "prioridad" por el gerente de Serrano: una cafetería, una clínica veterinaria, un taller de reparación y un restaurante.
Los socialistas ponían el grito en el cielo porque el presidente de la comisión "no puede ser, a la vez, juez y parte", ya que la mano derecha de Serrano era su gerente, quien supuestamente agilizó expedientes del sumario. Según los populares "esos expedientes no forman parte de los 187 del sumario, sino de su base de datos" e insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su gerente, fueron citados ni como acusados o imputados, ni como testigos".
En este clima, el alcalde tiene hoy una cita con los comisionados de los grupos: Miguel Ángel Villanueva, edil de Economía y Empleo y portavoz del PP en la comisión, Tomás Serrano, edil de Barajas, Carmen González, de San Blas y Patricia Lázaro, secretaria del grupo; de los socialistas estarán su portavoz, David Lucas, y el responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel Pérez. Tras esa reunión, quedará constituida oficialmente la comisión de investigación.
(www.elpais.com, 30/01/08)
AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE': CEBALLOS Y SU JEFE SE ENFRENTARÁN ANTE EL JUEZ
Será el próximo lunes 4 de febrero, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Dos de los principales actores del caso Guateque tendrán que enfrentarse en duelo judicial. Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, dos nombres que empiezan a ser ya familiares dentro de la presunta trama de sobornos a cambio de agilizar licencias municipales, se enfrentarán a un careo para aclarar las posibles contradicciones en sus declaraciones ante Santiago Torres, el juez que lleva el caso. Ceballos era subordinado de Fernández de Castro en el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. También eran, además, y siempre según el abogado de Ceballos, "buenos amigos".
Sin embargo, la supuesta relación de amistad entre ambos ya no existe. "Ni se hablan", asegura José Luis Prada, letrado de Ceballos. El abogado de Fernández de Castro prefiere callar. En una conversación telefónica bastante acalorada, Prada defiende una y otra vez la inocencia de su cliente y confirma el conflicto entre uno y otro: "¿Cómo quieres que se sienta [Ceballos]? Estaba en la cárcel y su compañero en la celda de al lado estaba mintiendo a los periódicos".
Prada se refería a la carta que redactó Fernández de Castro a finales de diciembre. En la misiva, el imputado acusaba a Ceballos, supuesto cabecilla de la trama, de ser "el único chorizo". Y añadía: "Llevo dos años y medio en el departamento y lo que me encontré cuando llegué era lo más parecido a una situación caótica".
Desde que Fernández de Castro escribió esto, asegura Prada, "no le ha vuelto a dirigir la palabra. Como mucho le decía buenos días o buenas tardes cuando se cruzaba con él en la cárcel [de Alcalá Meco]".
Esa tirantez se escenificó precisamente en el exterior de la prisión el pasado miércoles 23 de enero, cuando los familiares de uno y otro, además de los de Santiago Castillo, un tercer imputado (del total de diez que había encarcelados), esperaban a sus seres queridos. El juez había decretado fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros para ellos. Junto a la garita de entrada a prisión las familias de Ceballos y Fernández de Castro compartieron espera de más de cuatro horas. Ni se miraron.
En ese contexto de animadversión personal es en el que hay que entender que el careo entre los dos imputados, el próximo lunes 4 de febrero será un cruce de acusaciones y de falta de entendimiento entre ambos. El juez tendrá que decidir quién tiene razón.
El abogado de Ceballos, José Luis Prada, negó que él hubiera pedido ningún careo entre su cliente y Fernández de Castro, tal y como se dijo hace unos días. "Lo que dije fue que me planteo pedir careos en general, pero nunca aludí a Fernández de Castro", afirmó. Prada aprovechó para dibujar a un Ceballos muy distinto del que, según él, han mostrado los medios de comunicación. "Mi cliente se excedió en hacer el bien. Le preocupaba que la gente tuviera soluciones y ahora resulta que él es el malo de la película", señaló.
Prada cargó contra todo el mundo, no sólo contra la prensa. Según dijo, el caso Guateque es "un montaje de la Guardia Civil". "No hay nada. Si hay alguien que fue sobornado por mi cliente, que salga y lo demuestre", retó. En cuanto a la instrucción, que dirige el juez Torres, el letrado la calificó como "una mierda". Aunque Prada reconoce que su cliente no es "ningún santo", asegura que "nunca jamás pidió dinero a nadie". En cuanto a las conversaciones telefónicas intervenidas a su defendido, Prada asegura que "serían en broma". Son conversaciones en las que Ceballos y los intermediarios hablaban abiertamente del dinero a dividir. "Me tienes que dar 3.000 euros para repartir con mi jefa si quieres que adelante el expediente", revela una de las conversaciones interceptadas a Ceballos por la Guardia Civil.
Antes del careo del 4 de febrero entre Ceballos y Fernández de Castro, el juez tomará declaración el próximo viernes día 1 a los empresarios José Luis Moreno, Fernando de la Torre y Valentín Álvarez, según informó Europa Press. Los tres están imputados por un delito de cohecho por acceder supuestamente a los pagos exigidos para obtener trato de favor en la tramitación de los expedientes de sus establecimientos.
(www.elpais.com, 29/01/08)
La comisión de investigación del 'caso Guateque' la presidirá el PP
La oposición rechaza la decisión de los populares por mermar la imparcialidad
La expectación creada en torno a la comisión que investigará el caso Guateque no tuvo ayer, sin embargo, una respuesta equiparable. Los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento -Manuel Cobo (PP), David Lucas (PSOE) y Ángel Pérez (IU)- se reunieron en Junta de Portavoces para decidir cuáles serían las reglas del juego de esa investigación sobre la supuesta red de cobros ilegales por la concesión de licencias municipales, el caso de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid.
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Cobo Calleja : "El Gobierno y el Partido Popular no tenemos nada que ocultar"
Tras unos escasos 45 minutos de reunión, el resultado fue el siguiente: la comisión la formarán siete conejales (cuatro del PP, dos del PSOE y uno de IU), y paralizará sus trabajos durante la campaña electoral para las elecciones generales del 9-M. Fue lo único en lo que se pusieron de acuerdo. Pero, nada más salir de la Junta, el vicealcalde, Manuel Cobo, ya anunciaba que la comisión de investigación la presidirá un popular (sin dar un nombre) y que la portavocía de su grupo la llevaría Miguel Ángel Villanueva, el concejal de Economía y Empleo.
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El portavoz del grupo socialista, David Lucas, aseguro que el hecho de que la Junta de Portavoces no hubiera acordado ningún otro aspecto de la Comisión, salvo la composición de la misma, y que, antes de conocer otros detalles, el vicealcalde Manuel Cobo avanzara que el presidente será un popular era "un muy mal precedente porque me temo que el PP pretende ejercer el rodillo para decidir quiénes van a comparecer y cómo van a ser las sesiones". Lucas esperaba que la Junta sirviera para determinar los mecanismos de funcionamiento, "pero el PP se ha negado a hablar de ello", dijo.
Desde IU también se criticó la decisión unilateral del PP sobre el presidente de la comisión, aunque su portavoz, Ángel Pérez, se mostró satisfecho de que fueran siete sus miembros "por una cuestión de agilidad y eficacia".
Y, del mismo modo que el PP se negó a dar el nombre de quién será el presidente, en el PSOE decidieron mantener en secreto hasta la semana que viene quiénes serán sus dos concejales. El único caso claro era el de IU que, con un sólo miembro en la comisión, será el propio Pérez el que acuda a las sesiones, que se convocarán, en principio, dos veces por semana pudiéndose producir relevos entre los concejales de cada grupo.
La semana que viene, serán los grupos quienes comuniquen al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, los designados, para mantener una reunión con él en la que precisamente lo primero que se decidirá es quién será el presidente de la comisión. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en empezar cuanto antes.
No obstante, Lucas anunció que pedirá que la presidencia sea para un socialista, algo que es ya "una tradición" instalada en el Ayuntamiento para dar "más objetividad y transparencia" a este tipo de trabajos. Y Cobo insistió en que "el Gobierno y el Grupo Popular no tenemos nada que ocultar".
Lucas le tomó la palabra y reclamó que las sesiones fuesen públicas y que los votos particulares queden reflejados. Los socialistas, como anunciaron el jueves, pedirán las comparecencias de las concejales de Urbanismo y Medio Ambiente Pilar Martínez y Paz González (ex responsable del área); pero también las de los presidentes de las Juntas de Distrito implicados; de los directores generales, de los gerentes y de los cargos de confianza. Según señaló el propio Lucas, "no están obligadas a comparecer, pero quedarían en evidencia si no lo hacen".
www.elpais.es 26.01.08
Victoriano Ceballos pedirá un careo con su jefe para aclarar "las contradicciones"
En el exterior de la cárcel de Alcalá Meco coincidieron el pasado miércoles los familiares de dos de los imputados en el caso Guateque, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro. No hablaron. No se miraron. Nada. Y eso que tuvieron ocasiones de sobra, en las más de cuatro horas que coincidieron en el aparcamiento polvoriento que hay justo en la entrada de la prisión.
Ese detalle es muy probablemente una muestra de la tirantez que se ha vivido en las celdas entre dos de los imputados que más han sonado en la trama de las presuntas concesiones de licencias municipales a cambio de dinero. Desde Alcalá Meco, Fernández de Castro escribió una carta en la que calificaba a Ceballos como "el único chorizo". Y añadía: "Llevo dos años y medio en el departamento y lo que me encontré cuando llegué era lo más parecido a una situación caótica". Uno y otro salieron distanciados de Alcalá, separados por el tercero de los liberados bajo fianza en esa cárcel, Santiago Castillo.
En medio de ese clima de animadversión entre ambos, José Luis Prada, abogado de Ceballos (presunto cabecilla de la trama de corrupción municipal) avanzó ayer sus intenciones para los próximos días. Según dijo, pedirá una nueva comparecencia de su cliente al juez instructor del caso, el magistrado Santiago Torres. Pero además, dijo, pedirá careos con otros imputados para contrastar las informaciones, como las vertidas por Fernández de Castro, máximo responsable del departamento de Evaluación Ambiental, según informó Europa Press. Prada cree que hay contradicciones en las declaraciones que necesitan aclararse.
"Ahora tenemos conocimiento pleno de la instrucción. Sabemos cosas que antes desconocíamos. Vamos a ir asunto por asunto", aseguró Prada. Además, el abogado de Ceballos justificó la imagen que ofreció su defendido al salir de prisión. Ceballos se tapó la cabeza con una bolsa de plástico y tuvo que ser ayudado por sus familiares para subirse al coche. "Se siente muy presionado por la convulsión personal que está viviendo. Se sintió acorralado. Es una actitud humana", dijo Prada. "De buenas a primeras han metido a mi cliente en un buen follón", añadió el letrado.
En el otro lado de la historia, Javier Iglesias, abogado de Fernández de Castro, declinó rotundo hacer ningún tipo de declaración sobre su cliente ni sobre lo que había dicho previamente el letrado de Ceballos.
Además de Ceballos y Fernández de Castro, el miércoles salieron de las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real otros cuatro imputados tras pagar sus respectivas fianzas, que eran de 60.000 euros para los funcionarios y de 100.000 euros para los empresarios e intermediarios. Quedaron dentro de prisión cuatro acusados, que no pudieron reunir sus fianzas. Finalmente ayer sí lo hicieron y pudieron abandonar los cuatro la cárcel de Soto del Real. Se trata de Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente, y de los empresarios Eduardo Agustinos y Julián Rubén López, según indicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias www.elpais.es 26.01.08
El Ayuntamiento ha recibido 100 denuncias de ciudadanos
La oficina receptora de denuncias relativas al caso Guateque que se abrió el pasado 30 de noviembre bajo la supervisión del vicealcalde, Manuel Cobo, y por orden del juzgado de Instrucción número 32, había recibido hasta el día de ayer 101 denuncias nuevas de ciudadanos. Según los datos facilitados por fuentes del PP, 18 de ellas se han realizado mediante correo electrónico (oficinadedenuncias@munimadrid.es), siete por teléfono (en el 91-5132034) y 76 por correo ordinario.
Todas las denuncias se centralizan en la Asesoría Jurídica del Gabinete de Alcaldía. Y, supuestamente, y según las mismas fuentes, "se analizan, se solicita información a las Juntas de Distrito y/o a las áreas, y se contestan individualmente". Es la asesora jurídica, "que está en contacto permanente con el juzgado", la que realiza esa labor y la que valora y determina "si la denuncia tiene el calado o la enjundia suficiente como para ser remitida al juez", explicaban ayer fuentes del PP.
El PSOE solicitó también ayer que esas denuncias fuesen analizadas en la comisión especial de investigación "ya que, hasta ahora, nadie ha sabido nada al respecto", dijo el portavoz David Lucas. Desde el PP no se facilitó información acerca del contenido de las denuncias ni de cuántas de ellas habían sido remitidas al juez.
www.elpais.es 26.01.08
EL JUEZ DEL 'CASO GUATEQUE' MANTIENE IMPUTADO A ARMADA
El juez levantó el pasado martes el secreto de sumario del caso Guateque (que investiga la presunta red de cobros ilegales en la concesión de licencias municipales) y esto tiene ya consecuencias. Los 10 encarcelados provisionalmente por orden del juez Santiago Torres en los últimos dos meses podrían irse a casa pagando una fianza a partir de hoy. Así lo pedirá el fiscal del caso, César Estirado. Según fuentes de la fiscalía, si el juez acepta esa petición, los siete funcionarios encarcelados podrían salir de sus celdas si depositaran 60.000 euros. La fianza sería de 100.000 para los empresarios y el intermediario. "Al haberse levantado el secreto de sumario, parte de las justificaciones de prisión pasan a un segundo plano", explicaron en la fiscalía.
La petición, que hoy formalizará el fiscal, se conoció ayer, poco después de que declarara como imputado el viceconsejero de Transportes, Luis Armada. El que fuera gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003, cuando José María Álvarez del Manzano (PP) era alcalde, defendió su inocencia ante dos licencias otorgadas presuntamente de manera irregular. Armada, ahora alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre, tuvo el apoyo del Ejecutivo regional. Para escenificarlo, acudió a los juzgados el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados.
Nada más terminar de declarar, Armada reveló las preguntas que le había hecho el juez. Lo hizo en un pasillo del edificio de los juzgados de la plaza de Castilla, sin la presencia de cámaras, a las que evitó con éxito. "Me ha preguntado por la licencia del hotel Pío XII [denunciado por la Asociación Manos Limpias, un sindicato de la ultraderecha] y por las obras de una cubierta del sótano del edificio en el que vivo [denunciado por Margarita Botija, una particular que pertenece a una asociación de vecinos de Chamartín, muy implicada contra el desarrollo urbanístico del distrito]. Le he dicho al juez que las licencias fueron impecables", relató.
La licencia del hotel Confortel, en la avenida de Pío XII, iba condicionada a otra autorización, para levantar un hospital. Pero éste nunca se construyó. "Se adjudicó con un estudio que detallaba las condiciones de la construcción", defendió Armada. Además, y según la denuncia contra el hoy viceconsejero de Transportes, Armada se habría adjudicado la licencia a sí mismo en el caso de la cubierta del sótano de su casa, un palacete en la calle de la Bola, 9 (Centro). "He entregado toda la documentación al juez", dijo confiado Armada, quien insistió en su inocencia."En absoluto ha habido irregularidades. Ninguna, ni en estas dos licencias ni en las más de 36.000 que tramité", señaló Armada. El ex responsable de las licencias en el Ayuntamiento de Madrid dijo que no veía detrás ningún interés oscuro: "Esto es algo personal como gerente municipal de Urbanismo que fui. Pero antes de mí también hubo otros gerentes". Tampoco creyó en manos negras el consejero de Presidencia y secretario regional del PP, Francisco Granados, que acudió al juzgado de plaza de Castilla para apoyar a Armada. "¿Intereses perversos? No creo. Más bien debe haber una denuncia de alguien con intereses poco recomendables", dijo, sin aludir a quién se refería. "Pongo la mano en el fuego por Armada", añadió.
Además de al viceconsejero, el juez Torres tomó declaración a otros tres imputados. Uno de ellos fue Óscar Acero, jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Él fue quien firmó el permiso para las obras del sótano de la casa de Armada. A su salida del juzgado, Acero guardó silencio. Los otros dos imputados que comparecieron ante el juez fueron Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente. Tampoco quisieron hacer declaraciones.
El juez Torres dirimirá hoy si decide la libertad con fianza para los 10 encarcelados por el caso Guateque. Si lo hace querrá decir que ya no hay riesgo de reiteración delictiva, ni de fuga, ni de que se obstaculice a la justicia, los tres supuestos por los que se decide la prisión provisional.
Los encarcelados para los que el fiscal pedirá la libertad con fianza son Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento; Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental; Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo y el intermediario Santiago Castillo Morales. Estos cuatro fueron detenidos en la primera fase de la Operación Guateque. En la segunda fueron arrestadas otras seis personas, ahora en prisión: Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente, y Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo. Los últimos encarcelados fueron los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos.
(www.elpais.com, 24/01/08)
La Guateque se extiende por las instituciones del PP
Una cosa más une desde ayer a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Además de la batalla que libraron esta semana por la silla de Rajoy, la ‘operación Guateque' amenaza con perturbar el sueño de ambos dirigentes. Después de remover el ayuntamiento, ayer, por primera vez el escándalo saltó hasta el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Luis Armada, viceconsejero de Transportes de Aguirre, fue imputado por el juez Torres en relación a sus actuaciones cuando era responsable de urbanismo en el consistorio. Tendrá que declarar el próximo miércoles a las doce de la mañana.
Fue una sorpresa para todos menos para el propio Luis Armada. El primer cargo político imputado en relación con la ‘operación Guateque' "esperaba que le citarán". Aunque Armada mantiene que su actuación fue "de correción escrupulosa" y la citación solo responde a su paso por el Ayuntamiento, una imputación judicial implica siempre que existen indicios claros de delito.
Una licencia para sí mismo
Los cargos están relacionados con una licencia de obras concedida por el político para hacer obras de reforma en su propia casa. Aunque el nombre que figura es el de su hijo, el juez considera demostrado que tanto el propietario como quien habitaba en la casa era el propio Luis Armada. También se alteró el firmante. Aunque fue el imputado quién tramitó el permiso, el nombre que aparece es el del jefe de zonas protegidas, Oscar Acero.
En la licencia se obvia además la protección que pesa sobre el edificio y que no permite modificar su estructura. Fue por eso por lo que, presuntamente, Armada solicitó licencia para modificar el sótano del edificio. Una vez obtenida la licencia, dichas obras comenzaron en la otra punta del edificio, cubriendo la terraza. Fuentes de la investigación no descartan que los cargos contra Armada sigan creciendo ya que son varias las causas y denuncias que pesan sobre él por sus actuaciones políticas.
Cargo de confianza del PP
Luis Armada ocupó la Gerencia de Urbanismo, un puesto de libre designación, entre 1997 y 2003 bajo los mandatos de José María Álvarez del Manzano. En 2003, después de ser inhabilitado por orden judicial para trabajar en la Gerencia, Esperanza Aguirre lo rescató para su Gobierno y le concedió la viceconsejería de Transportes.
Ahora la pelota queda en el tejado de Esperanza Aguirre. Aunque la citación es en calidad de imputado, nadie en la comunidad parecía ayer dispuesto a tomar medidas. Negaban incluso la más mínima preocupación. "Armada es una persona transparente. El 23 se explicará ante el juez y todo quedará aclarado", exponían.
El PSOE, en cambio valoró la noticia como nuevo un salto en el curso de la investigación. Se demuestra según ellos, que la Guateque "tiene un componente urbanístico indudable. Desmintió también la versión del vicealcalde, Manuel Cobo: ahora ya existe vinculación política.
www.publico.es 19.01.08
Armada, un historial polémico
Luis Armada tiene en su haber un largo historial judicial por actuaciones presumiblemente irregulares o al menos controvertidas, más allá de la licencia que se autoconcedió para la reforma de su palacete familiar, en el número 9 de la madrileña calle de La Bola, que en 2002 le permitió levantar una planta más en un edificio protegido.
Su primer revés fue cuando en diciembre de 2002, siendo ya gerente de Urbanismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que "carecía de cobertura legal" el llamado coeficiente K con el que se grababa a las nuevas edificaciones en el centro de Madrid. Los constructores lo llamaban el impuesto revolucionario: la cuantía se establecía en función de los metros cuadrados del solar, su ubicación, aprovechamiento y otras variables.
Obstáculos a la sentencia
El fallo de la Audiencia, irrecurrible ante el Supremo, obligaba al consistorio a devolver 20 millones de euros cobrados indebidamente a los promotores inmobiliarios que lo habían pagado. Armada, sin embargo, se las ingenió para ponerlo difícil: devolvería el dinero sólo a los afectados que lo reclamaran por vía judicial y obtuvieran una sentencia favorable.
En febrero de 2003, Armada fue condenado a pagar 7.200 euros "por un delito de desobediencia" a la Justicia por el juzgado de lo Penal número 20 de Madrid. Pese a la sentencia, Armada se negó a la demolición parcial de la Iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Madrid). La condena, además, le inhabilitaba para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses.
Armada recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y en marzo de ese año revocó parte del fallo anterior. La inhabilitación quedaba reducida al desempeño de tareas dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Muy importante debía de ser Armada en la nebulosa inmobiliaria de Madrid, porque el Partido Popular decidió rescatarle ese mismo año. Alberto Ruiz-Gallardón, ya alcalde, aceptó prescindir de él y Esperanza Aguirre le convirtió en viceconsejero de Transportes e Infraestructuras.
Recalificación
A mediados de 2003 fue llamado a declarar como imputado por el entonces titular del juzgado 36 de Madrid, Fernando Grande-Marlaska, en relación a un convenio urbanístico firmado en 1997 en el que recalificaban como suelo residencial una zona que había destinada a equipamientos.
Entre otros, Grande-Marlaska llamó también a declarar en las mismas condiciones al ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz (que en un solo día ganó en esa operación 1,8 millones de euros); al que fue segundo teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y consejero delegado de Madrid-2012, Ignacio del Río; y a Carlos Pinilla, entonces presidente de la Junta de Compensación.
Según comunicó al juez la propia Comunidad de Madrid, esa operación infringía el ordenamiento urbanístico y el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Las diligencias coincidieron con otro episodio judical en el que Armada volvía a ser protagonista. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acababa de anular 28 desarrollos urbanos sobre suelo protegido promovidos por Ignacio del Río, Armada firmó un decreto para consolidar dichos desarrollos urbanos.
De funcionarios a empresarios
El que fue concejal de Urbanismo por el PP entre 1995 y 2003, Ignacio del Río, cambió recientemente su traje de funcionario por el puesto de consejero independiente en el Consejo de Administración del Grupo Vemusa, dedicado a la promoción inmobiliaria, la gestión de campos de golf y el negocio hostelero. El primer reto de Del Río es hacer rentable la inversión de 60 millones de euros en la adquisición de un solar en una zona residencial de Varsovia (Polonia). En ese suelo ha de nacer el residencial AvanGarden, compuesto de 300 viviendas.
Paradójicamente no existe incompatibilidad entre haber sido concejal de Urbanismo y ser, a continuación, consejero de una constructora. Sí la hay, sin embargo, entre su profesión de Registrador de la Propiedad, que ejerce en San Fernando (Cádiz) y su nuevo cargo en el Grupo Vemusa. Los "funcionarios públicos retribuidos con arancel", es decir registradores y notarios, están sometidos a una "incompatibilidad absoluta en el desempeño de funciones públicas y actividades privadas", según la sentencia 68/1990 del Tribunal Constitucional.
En su larga etapa como concejal con los gobiernos municipales de José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, Del Río tampoco dejó de ejercer como Registrador.
Pero del Río no es el único funcionario del PP que abandona su cargo público en las administraciones madrileñas para dedicarse a los negocios privados de la construcción. Sigfrido Herráez, edil de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, dejó su cargo en 2005 para convertirse en vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet. Según declaró en su día el propio Gallardón, el ex concejal le dijo que dejaba su cargo para dedicarse a la arquitectura.
Luis Eduardo Cortés abandonó la Conserjería de Obras Públicas para presidir Vallehermoso Inmobiliaria. Pese a la intención del gobierno central para reformar la ley que impida a los ex ediles trabajar antes de dos años en empresas relacionadas con el cargo público que hayan desempeñado, lo cierto es que la incompatibilidad brilla por su ausencia
www.publico.es 19.01.08
Un viceconsejero de Aguirre, citado como imputado en el 'caso Guateque'
Es el 'número dos' de Transportes, Luis Armada.- Estuvo al frente de la gerencia de Urbanismo de la Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003
El actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, ha sido citado a declarar como imputado por el juez Santiago Torres, que instruye la investigación contra una presunta trama de cobro de comisiones por la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital. Se trata del primer cargo de designación política implicado en la trama de corrupción.
La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las doce de la mañana en calidad de imputado en la Consejería. No detalla e ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información. Pero, según informa la Cadena SER, lo que se investiga es el permiso otorgado cuando Armada estaba al frente de Urbanismo para la construcción de un hotel en el barrio de Chamartín, que estaba vinculada a la construcción de un hospital.
Luis Armada es actualmente viceconsejero de transportes de la Comunidad de Madrid. Ha estado en el Gobierno regional en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. En el pasado ocupó también altos cargos en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto gerente de Urbanismo en la etapa de José María Álvarez del Manzano al frente del Consistorio.
Su firma, en 36.000 licencias
Armada ha confirmado a este periódico que ha sido citado a declarar como imputado, pero ha asegurado que está "muy tranquilo" porque no cometió ninguna irregularidad, a lo que ha añadido que le dará al juez todas las explicaciones necesarias. Armada ha subrayado que su etapa al frente de Urbanismo fue "modélica". Entre 1997 y 2003, Armada otorgó 36.000 licencias.
La noticia debe sorprender al Gobierno de Aguirre, ya que hace apenas unos días, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, afirmaba que el Ejecutivo "no tiene ninguna preocupación" y que "no es nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid". Al respecto, fuentes del Gobierno regional se han limitado a recordar que, cuando se produjeron los hechos por los que Armada está siendo investigado, éste trabajaba en el Ayuntamiento. La citación, según las mismas fuentes, no tiene nada que ver con su cargo en la Comunidad de Madrid.
La semana pasada, este periódico publicó el contenido de unas grabaciones del sumario del caso Guateque, que recogía una conversación telefónica entre uno de los empresarios detenidos, Antonio Sanz Escribano, con José Almansa, copropietario de la sala de fiestas 'La Botellita', situada en el número 63 de la calle de Serrano. El dueño del establecimiento se jactaba de que Aguirre les iba a ayudar a abrir sin licencia.
www.elpais.es 18.01.08
"Les pedí un 'kilito' para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo"
A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.
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"Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos"
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Varias escuchas del sumario involucran al funcionario con la trama
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A cinco meses de su jubilación se ha descubierto la trama de corrupción
Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.
Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias.
En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral.Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.
En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.
Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.
Victoriano Ceballos. Muy bien.
E. G. ¿Te parece correcto?
V. C. ¡¡Correcto!!
De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.
Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.
En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.
Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.
Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?
J. G. ¿Cómo?
A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.
J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...
A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.
J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?
A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.
El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario".A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".
Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.
"Las licencias están paralizadas"
La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.
"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".
La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles. Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.
El concejal socialista adelantó ayer que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.
"Por la información que nos llega entendemos que existe una más que probable paralización en el otorgamiento de esas licencias", señaló Sánchez. El concejal socialista añadió que existe "bastante inseguridad" entre los trabajadores del Ayuntamiento desde que el gobierno municipal "señaló como principales responsables de la trama a los funcionarios". www.elpais.es 14.01.07
Dos empresarios elevan a 10 los encarcelados
Los empresarios Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco han sido los últimos imputados que el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, ha enviado a prisión. Ambos empresarios se encontraban en busca y captura desde el pasado día 27 de diciembre por no haberse presentado ante un requerimiento del juez Torres.
El pasado martes se presentaron en las dependencias de la Guardia Civil de la calle de la Batalla del Salado, donde los agentes procedieron a su detención. Desde allí fueron trasladados a los juzgados de la plaza de Castilla para declarar ante el juez instructor.
Julián Rubén López y Eduardo Agustino eran los directivos de AC 93 y Agustino Proyectos e Instalaciones, dos de las empresas investigadas por hacer de intermediarias entre los empresarios y los funcionarios que cobraban comisiones por agilizar licencias de locales de ocio.
Admiten pagos
Los últimos encarcelados fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza con la condición de presentarse periódicamente ante el juez. El magistrado les interrogó como imputados a finales de noviembre. En su declaración, admitieron que habían pagado al supuesto cerebro de la trama Victoriano Ceballos, jefe de Impacto Medioambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, a fin de que agilizara las licencias de sus locales.
El pasado 15 de diciembre, los imputados no comparecieron en el juzgado, por lo que el magistrado ordenó su detención. Por eso se encontraban en busca y captura de la justicia. Se trata de la segunda parte de la investigación en el que el juez dilucida el papel de los conseguidores, personas que ponían en contacto a funcionarios y empresarios.
La primera parte se extenderá hasta que se acumulen indicios suficientes contra los funcionarios imputados hasta ahora en la causa, así como las personas que actuaron como intermediarios.
Hasta el momento, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de 10 personas cumplen ya prisión preventiva, entre ellos Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. www.elpais.es 14.01.07
" Hemos movido hasta a Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables..."
Las escuchas realizadas durante cinco meses por la Guardia Civil que investiga la Operación Guateque a raíz de la denuncia de un tendero del Rastro, han desvelado multitud de conversaciones curiosas. La complejidad del sistema de concesión de licencias que se retrasan durante meses ha favorecido que los empresarios busquen todos los vericuetos posibles para acelerar su tramitación.
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"El concejal nos ha dicho de palabra que abramos hasta las cinco y media"
En una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil el pasado mes de julio y que figuran en el sumario del caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de proyectos de ingeniería AB Sanz Escribano, actualmente en la cárcel por orden del juez, mantiene una conversación con José Almansa, uno de los propietarios del pub La Botellita de Serrano, situado en la calle de Martínez de la Rosa, esquina con la calle de Serrano.
Ambos hablan sobre las estrategias que siguen para conseguir una licencia. Almansa dice ser socio de Antonio Cato y que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la cual, según Almansa, "ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de fiestas", según se puede leer en el sumario.
Almansa trata de convertir la licencia del bar en una sala de fiestas para poder abrir hasta las cinco y media de la mañana. Pero se encuentra con el obstáculo de que la zona está calificada como ZAP (zona ambientalmente protegida), que engloba a buena parte del distrito de Salamanca y evita que se instalen bares en las zonas más residenciales para reducir el ruido.
Almansa sugiere que después de "mover los hilos" con Aguirre, el concejal del distrito, Tomás Pascual, dice que la zona no está incluida en el ZAP, pudiendo de este modo convertir la licencia del pub en sala de fiestas con actuaciones en directo.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, asegura a través de una portavoz que no conoce de nada a José Almansa ni el bar La Botellita de Serrano. La misma portavoz del Gobierno regional asegura que hay multitud de personas que conocen a la presidenta de la comunidad y que ésta no puede responder por cada una de ellas.
La conversación que se reproduce en el sumario del caso Guateque es la siguiente:
José Almansa. Lo que tenemos son actuaciones en directo, y queremos tenerlo hasta las cinco y media. Porque los bares especiales son hasta las tres y media...
Antonio Sanz Escribano. Lo que pedimos fue sala de fiestas que es hasta las cinco y media.
J. A. Hemos estado cerrando a las tres y media hasta enero que nos llegó un papel que nos iban a cerrar. Hemos movido todo, a todos los niveles. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza Aguirre, hemos movido hasta a Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos temas hasta tal punto que hemos llegado a que, por fin haya salido el tema y se ha acabado con el ZAP.... Una vez que hemos conseguido eso, tenemos a la gente de la Junta, ellos están esperando que presentemos el proyecto porque ahora mismo le están remitiendo estos días de Medio Ambiente...
A. S. E. Eso es lo que presentamos en su día y nada más hay que actualizarlo.
J. A. Eso es lo que necesitamos. El concejal nos ha dicho de palabra que abramos hasta las cinco y media mientras se tramita la licencia.... www.elpais.es 10.01.08
Cobo: "Una comisión de investigación por fascículos no tendría ningún sentido"
Niega que el Ayuntamiento esté detrás de la filtración de una cinta en la que un empresario se jacta ante uno de los detenidos de que sus contactos con Aguirre que hoy publica este periódico
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho hoy una vez más no a la comisión de investigación sobre el caso Guateque que exige la oposición en el Ayuntamiento de la capital. El equipo de gobierno municipal había prometido crearla una vez que el juez hubiera levantado el secreto de sumario, cosa que sucedió hace unos días. El juez Torres hizo públicos ocho de los diez tomos de los que consta la instrucción de la trama de corruptelas en torno a las licencias de apertura de los locales. Cobo ha declarado que una "comisión de investigación por fascículos", lo que a su juicio plantean PSOE e IU, "no tendría ningún sentido".
En rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno municipal, que hoy ha presidido Cobo en ausencia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón -fuera de la ciudad "por motivos personales y familiares"-, el vicealcade ha opinado que la comisión de investigación no es para la oposición más que una "excusa electoral". Para Cobo, iniciar ahora las sesiones, como pretende la oposición tras el levantamiento de parte del sumario, daría lugar a un debate en el que sólo se podrían abordar los casos conocidos y no los otros, para los que habría que esperar a que el juez levantara el secreto totalmente, que es lo que denomina "una comisión de investigación por fascículos".
El vicealcalde ha destacado que el auto del juez lo que "dice expresamente en su parte dispositiva" es "que se prorroga el secreto sumarial", aunque algunos, apunta, lo hayan querido "manipular" para afirmar que se ha levantado el secreto del sumario. El auto, ha añadido, sólo "hace una excepción en relación con los derechos de algunos detenidos y el tiempo que llevan detenidos y el legítimo derecho a la defensa para levantar el secreto parcialmente en lo que afecta a estos primeros detenidos". De esta forma, independientemente de que el acuerdo del pleno municipal establezca que la Comisión de Investigación comenzará cuando se levante el secreto sumarial, como ha recordado, iniciar ahora las sesiones daría lugar a un debate en el que sólo se podrían abordar los casos conocidos y no los otros, para los que habría que esperar a que el juez levantara el secreto totalmente.
"Ya establecieron quiénes son los responsables"
La explicación de que a la oposición no le importe incurrir en ese "absurdo", argumenta Cobo, es que "no tiene mucho interés" ni en "conocer todo lo que ha ocurrido" ni en "establecer las consecuencias políticas" a partir de las "responsabilidades penales" que establezca el juez. El objetivo de la oposición, ha continuado, es "electoral", y por eso "mucho antes ya establecieron quiénes son los responsables" y pidieron la dimisión de dos concejalas del Gobierno, sin esperar a la investigación y "sin la más mínima prudencia o el mínimo respeto" para la propia comisión. Por otra parte, Cobo ha dicho que no tiene "ni idea" de cuando se va a levantar el secreto del sumario, que es algo, ha recordado, que corresponde al juez.
Además, ha negado, como le sugería una de las preguntas, que el Ayuntamiento haya filtrado una grabación, incluida en el sumario, en la que un empresario se jacta ante uno de los detenidos de que sus contactos personales indirectos con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, le han permitido abrir sin licencia su sala de fiestas. Cobo ha dicho al respecto que le "extraña mucho" lo que ha leído y ha asegurado que esa grabación no ha podido salir del Ayuntamiento porque no tiene copia del sumario. EL PAÍS publica hoy una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil el pasado mes de julio y que figuran en el sumario del caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de proyectos de ingeniería AB Sanz Escribano, actualmente en la cárcel por orden del juez, mantiene una conversación con José Almansa, uno de los propietarios del pub La Botellita de Serrano, situado en la calle de Martínez de la Rosa, esquina con la calle de Serrano.
Ambos hablan sobre las estrategias que siguen para conseguir una licencia. Almansa dice ser socio de Antonio Cato y que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la cual, según Almansa, "ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de fiestas", según se puede leer en el sumario. www.elpais.es 10.01.08