LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA NUESTRO ALCALDE DE ARANJUEZ POR CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

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La fiscalía de Madrid ha interpuesto una querella por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencia contra nuestro alcalde de Aranjuez, Chema $ Cepeda, y contra los ediles de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Gálvez, y Urbanismo, Javier Ramón Cepeda (hermano del regidor) . La querella, admitida a trámite por un juez de Aranjuez, también se dirige contra el aparejador municipal, José Antonio Segado, y contra José Ángel Lazareno, un arquitecto contratado por el Consistorio para la ejecución de obras. El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran 'una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras'.

La querella apunta a que 'el núcleo decisor' de la supuesta trama 'parece estar constituido por el alcalde y su hermano, además del concejal Miguel Ángel Gálvez, el aparejador municipal José Antonio Segado y el arquitecto José Ángel Lazareno'.

El fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Munaín, comenzó en 2001 a investigar las denuncias e inicialmente descubrió un suspuesto trato de favor desde el Ayuntamiento a un despacho de arquitectos. Además, observó que ese trato de favor contaba con 'la aquiescencia' y complicidad del regidor y de los citados ediles. Se descubrió, por ejemplo, que firmas como Maconsa, SL, Mafasa, SL, Aldisa, SL, Metroges, SA, y Coprodipesa, SA, habían recibido en los últimos años obras y encargos municipales por importe de 18 millones de euros (en torno a 3.000 millones de pesetas). Y que tales obras habían sido adjudicadas sin el preceptivo expediente de contratación y, en algunos casos, frente a informes desfavorables emitidos desde la intervención municipal, según la querella.

Para el fiscal, los objetivos de la citada 'trama económica', que se valía del control que ejercían 'los hermanos Cepeda' y los otros concejales en 'áreas clave' del Ayuntamiento, eran obtener 'enormes beneficios económicos' utilizando para ello 'diversos procedimientos ilícitos'. Según la querella, tales procedimientos son: uno, 'reconocimiento de derechos y condiciones urbanísticas, así como concesiones de licencias de edificación que vulneran la normativa urbanística, todo ello con el fin de favorecer a las [citadas] mercantiles y personas consorciadas'; dos, 'detracción de fondos públicos a favor de empresas que, incumpliendo todo requisito de contratación administrativa y de fiscalización y control del gasto, se ven continuamente favorecidas por reconocimientos de deudas a su favor'; y tres, los querellados 'utilizaron sus cargos públicos para [hacer] negocios urbanísticos, prevaliéndose de la información a la que tienen acceso'.

Uno de los supuestos delitos descubiertos es el desvío de parte de los fondos procedentes del plan Prisma de la Comunidad que se emplearon en la reforma de las instalaciones del Ayuntamiento. Según la querella, con cargo en parte a ese plan se han emitido certificaciones de obra por un importe de 2.950.000 euros (491 millones de pesetas), pese a que tales obras habían sido adjudicadas en 1999 por 901.000 euros (150 millones de pesetas). Es decir, se ha producido 'un desvío presupuestario del 327%', según la querella. Llama la atención del fiscal que el precio de las obras de demolición del viejo edificio municipal se multiplicasen 'por cuatro'; 'por seis, el del movimiento de tierras, y por siete, el de albañilería'.

En la querella se alude a 'la minusvaloración' de un solar municipal, el del antiguo Campo Municipal de Deportes, que fue concedido a una empresa para levantar 450 viviendas. Esa parcela fue valorada en 1994 en algo más de seis millones de euros (unos 1.000 millones de pesetas), aunque más tarde fue enajenada por la mitad de su precio a una de las empresas de la supuesta trama, Metroges.

Al edil de Hacienda se le atribuye haber logrado que el pleno municipal aprobase 'un conjunto numerosísimo de facturas a favor de las empresas Maconsa, Mafasa y Aldisa', pese a que tales facturas 'carecían de toda cobertura legal', pues no consta 'la prestación de los servicios indicados en ellas'.

Una de las 'graves irregularidades' que la fiscalía atribuye a 'la trama económica' en la que supuestamente está implicado el alcalde de Aranjuez está relacionada con el solar de una vieja fábrica de harinas separado de los famosos Jardines de Aranjuez por el río Tajo. En 1999, el dueño de este solar necesitaba venderlo para hacer frente a unas deudas. Pronto le salió un comprador -un empresario hostelero-, puesto que el solar está en un lugar privilegiado. De la mano del dueño del solar, el empresario hostelero se interesó ante el Ayuntamiento por la posibilidad de que fuese recalificado el terreno para poder levantar un hotel. De las primeras reuniones con los dos ediles ahora querellados, el empresario dedujo, según el fiscal, que la intención del Ayuntamiento era 'mantener ese terreno para uso público'. No obstante, no cejó, y entre julio y septiembre de 1999 el citado empresario mantuvo nuevas reuniones con ese fin. En algunas intervinieron el alcalde y su hermano, el edil de Urbanismo. Ante la 'ambigua' actitud de ambos hermanos, el empresario renunció finalmente a su propósito en septiembre de 1999. Días después de la renuncia, un intermediario vinculado a la citada trama económica, Antonio Saiz, manifestó al dueño del solar el interés de la empresa Metrogés en comprarle los terrenos. El dueño del solar lo vendió rápidamente, acuciado por la deuda. Recibió por ello 2.133.000 euros (355 millones de pesetas). Una vez transmitida la propiedad a Metrogés, el edil de Urbanismo 'inició inmediatamente una modificación puntual del planeamiento', que fue aprobada en pleno, con mayoría del PP, en agosto de 2000. La modificación convirtió el terreno en residencial y elevó su edificabilidad. Así, lo que valía 2.133.000 euros pasó a valer 10.667.000 euros (1.775 millones de pesetas). Es decir, quintuplicó su valor.