" Voy a hacerle una
oferta que no podrá rechazar "
La familia es lo que tiene ....,
eso si , que parezca
un concurso
El fiscal investiga por falsedad al alcalde que avaló a la empresa de los
parquímetros
La Fiscalía
investigará de oficio a José Enrique Sotelo, alcalde de
Cangas do Morrazo (Pontevedra) del PP, como presunto autor
de un delito de falsedad en documento público en relación
con su informe sobre los servicios que prestaba la empresa
Hixienes en Cangas. El informe sirvió de aval a esta empresa
para obtener la adjudicación de la explotación de los
parquímetros en Madrid. La denuncia de un concejal del
citado Ayuntamiento gallego señaló al juzgado la falsedad de
dicho informe y un presunto delito de prevaricación
relacionado con la misma empresa.
La denuncia
judicial de Mariano Abalo, portavoz municipal de la Fronte
Popular Galega (FPG) en el Ayuntamiento de Cangas do
Morrazo, señala que el alcalde, José Enrique Sotelo firmó,
con fecha 14 de noviembre de 2005, un informe en el que
aseguraba que la empresa Hixienes "viene realizando desde
febrero de 2001 en el municipio servicios de limpieza y
mantenimiento de edificios públicos y de gestión de
aparcamientos de vehículos, así como realizando el
asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de
aparcamiento regulado".
En el
Ayuntamiento de Cangas no hay constancia de que se emitiera
este informe, según Abalo, quien cree que, sin embargo, fue
determinante para adjudicar la gestión de los parquímetros
madrileños a la empresa Hixienes.
El titular
principal de esta empresa familiar es el ex diputado del
Parlamento de Galicia Juan Casares, quien también fue
presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Galicia. La
adjudicación de la gestión de los parquímetros fue realizada
por el departamento municipal que dirige Pedro Calvo, quien
a su vez también presidió las NN GG del PP.
Hixienes se
había limitado en Cangas a realizar un informe sobre la
viabilidad de un aparcamiento subterráneo en una plaza de la
localidad y sobre la implantación de la zona azul en el
entorno de dicha plaza.
Por otra parte,
el Ayuntamiento de Cangas contrató a una filial de Hixienes,
Limpiezas Faro, la limpieza del auditorio municipal después
de quedar desierto el concurso convocado al efecto. De
hecho, no hubo ningún contrato, según la denuncia de Mariano
Abalo, y la cantidad pagada por el Ayuntamiento superó el
tipo de licitación del concurso público (36.000 euros), lo
que llevaría a otra actuación ilegal tipificada como delito
de prevaricación.
A mayores, según
Abalo, ante la inexistencia de los pertinentes contratos
administrativos de servicios, el alcalde habría intentado
demostrar la relación de Hixienes-Limpiezas Faro con el
Ayuntamiento de Cangas a través de una facturación expedida
por una entidad denominada Hixitel a Limpiezas Faro, con lo
que se estaría produciendo otra derivación del presunto
delito de falsedad en el documento que avaló la candidatura
de Hixienes a la adjudicación de los parquímetros
madrileños.
La investigación
de oficio que ahora asume la Fiscalía deriva del
requerimiento que la titular del Juzgado de Instrucción
número 1 de Cangas hizo a Mariano Abalo para que, en lugar
de denuncia, presentase una querella criminal, "supongo que
para dilatar las cosas en el tiempo", señala el concejal.
La fiscal
recurrió esa decisión por entender que el concejal sólo
estaría obligado a hacerlo si pretendía constituirse en
parte en el proceso penal. Y de todos modos, según la
fiscal, los hechos denunciados por Abalo son perseguibles de
oficio.
"En el presente
caso, constituyendo los hechos denunciados infracciones
perseguibles de oficio", señala la fiscal, "basta para su
persecución con que se ponga en conocimiento del juzgador la
noticia criminis, cosa que hace el denunciante en el
presente procedimiento (...) surgiendo desde este momento la
obligación del instructor de practicar las diligencias de
investigación que considere necesarias, si es que considera
que los hechos pueden ser constitutivos de delito".
La fiscal
concluye que no es exigible al denunciante la interposición
de la querella, "ya que ésta sólo es necesaria si pretende
ser parte activa del procedimiento".
El concejal de
la FPG, según declaró ayer a este periódico, no quiere
querellarse, ya que no es parte perjudicada, pero va a
reclamar su derecho a continuar como denunciante en el
procedimiento.La fiscalía ya remitió, por su parte, un
requerimiento al Ayuntamiento pidiendo documentación sobre
el caso.
El PP tumba la comisión de investigación
sobre el concurso de los parquímetros
El pleno del
Ayuntamiento rechazó ayer, con la mayoría absoluta del PP, crear una
comisión de investigación sobre el concurso de adjudicación de las nuevas
zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). PSOE e IU habían
pedido esa comisión porque sospechan que en el concurso fue favorecida la
empresa Hixienes, vinculada a un ex diputado gallego del PP que es, además,
amigo del concejal responsable de los parquímetros, Pedro Calvo. "No hay
nada irregular. La dignidad de Calvo está por encima de insinuaciones
difamatorias", afirmó el vicealcalde, Manuel Cobo.
El contrato
de la nueva zona de parquímetros sí va a ser investigado por los grupos
municipales, pero no en una comisión creada ex profeso, sino en la de
Vigilancia de las Contrataciones, que es permanente y está presidida por un
concejal del PSOE. El problema es que, según el reglamento, esa comisión
sólo puede citar a declarar a cargos públicos del Ayuntamiento o a
funcionarios; y la oposición quiere poder interrogar también a los
responsables de las cinco empresas que concurrían al concurso y al alcalde
de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, del PP, que acreditó
la supuesta experiencia de Hixienes en la gestión de parquímetros y luego la
desmintió. Hixienes, que se presentó al concurso en unión con Sufi y ganó
uno de los tres lotes del concurso, tiene de apoderado a Juan Manuel
Casares, ex diputado del PP en Galicia y amigo del edil madrileño Pedro
Calvo desde hace una década, cuando ambos coincidieron en Galicia en la
dirección de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP). Hixienes es una
empresa pequeña con 3.000 euros de capital social y nunca ha gestionado
parquímetros, aunque su socia, Sufi (Sacyr), tiene a su cargo otra zona del
SER de Madrid desde hace cuatro años. "Ha quedado demostrado que este
concurso es irregular y que se propuso para favorecer a un amigo de Calvo",
afirmó el edil socialista Manuel García-Hierro, que se presentó en el pleno
armado con fotocopias del expediente. García-Hierro aseguró que el informe
técnico (en el que se valoran las ofertas presentadas por las distintas
empresas) es "incorrecto" y contiene elementos "falsos", porque resta
puntos, alegando carencias en la oferta "que no son tales", a uno de los
grupos de empresas que perdió: Setex-Urbaser.
Informe técnico
Ese informe
fue elaborado por funcionarios municipales y ratificado después por la mesa
de contratación, de la que formaba parte Javier Conde, director general de
Movilidad. El informe valoraba 46 aspectos técnicos; los tres aspectos que
García-Hierro tachó ayer de irregulares -apoyando su acusación en documentos
que no fueron desmentidos por el gobierno municipal- restaron a Setex-Urbaser
tres puntos. Setex-Urbaser obtuvo en total 67,5 puntos, 20 menos que las
empresas que ganaron el concurso.
"No hay
absolutamente nada irregular. La dignidad de mi compañero Pedro Calvo está
por encima de insinuaciones difamatorias. Es verdad que tiene una amistad
[con Casares] pero su intervención en el procedimiento del concurso no fue
en ningún momento decisiva. La propuesta [de adjudicación] la hacen los
técnicos", replicó al socialista el vicealcalde, Manuel Cobo. Y agregó,
subiendo la voz: "Además, ¿para qué piden ahora papeles? ¿Para qué piden una
comisión de investigación si desde el primer día que esto salió publicado su
portavoz, Trinidad Jiménez, ya estaba exigiendo dimisiones?".
Julio
Misiego, de IU, apeló a la "ética" y señaló que su grupo sólo pretende
despejar las "sombras" del contrato. "No podremos resolver las incógnitas si
no podemos llamar a declarar a las empresas", subrayó.
Al finalizar
el pleno, el PP pidió que en la primera reunión de la Comisión de
Vigilancia, el 5 de abril, se inicie el análisis del expediente y se cite a
Calvo, a Conde y al coordinador de Servicios a la Comunidad, Fernando Autrán.
PSOE e IU prefirieron retrasar esa sesión a mayo, con el argumento de que en
ocho días no tienen tiempo para estudiar el expediente. El presidente de la
comisión, el socialista Ramón Silva, que es quien fija el orden del día,
decidió aplazar su decisión a este viernes. "¡Es inadmisible! Están pidiendo
dimisiones y ahora dicen que no han visto el expediente. ¡Si García-Hierro
lo tenía fotocopiado!", protestó Cobo.
La oposición
reclamó también a Alberto Ruiz-Gallardón que, atendiendo a las protestas
vecinales, retire los parquímetros de barrios de Fuencarral, Carabanchel y
Hortaleza. Calvo se negó: "Esas protestas se refieren a 3.276 plazas, de un
total de 167.000. Así que creo que la ampliación no va tan mal", dijo Publicado
en www.elpais.es. 29.03.06
El alcalde que avaló la
solvencia de Hixienes admite que esta firma no gestiona parquímetros
La única
relación de la empresa Hixienes con el negocio de los parquímetros antes de
ser adjudicataria de este servicio en Madrid fue la realización de un
estudio de viabilidad para implantar la zona azul en Cangas do Morrazo
(Pontevedra). El alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo (PP), firmó un
escrito en el que respaldaba a Hixienes y que sirvió al Ayuntamiento de
Madrid para justificar la solvencia técnica de esta firma, en respuesta a un
recurso que presentó Dornier, una de las sociedades excluidas del contrato.
Ahora, Sotelo reconoce que Hixienes no ha gestionado parquímetros.
La empresa
Hixienes, que fue escogida, en unión con Sufi, para gestionar una de las
nuevas zonas de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en
Madrid, nunca ha gestionado parquímetros. Al menos en Cangas do Morrazo.
Pero Hixienes
tuvo que justificar la solvencia técnica - la experiencia en el sector- para
cumplir con los requisitos del pliego de condiciones del concurso. Para
ello, Hixienes presentó ante el Ayuntamiento un papel suscrito por el
alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, en el que
informaba de que Hixienes asesoró al Concello para la instalación de
parquímetros. Fruto de este asesoramiento es el estudio de viabilidad sobre
la implantación de la zona azul en Cangas, municipio de 24.000 habitantes.
El proyecto
nunca se llevó a cabo, según explicó ayer a EL PAÍS el alcalde Sotelo, quien
admitió su relación personal con el apoderado de Hixienes, Juan Manuel
Casares, ex portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento gallego.
Sotelo y Casares fueron compañeros en el Parlamento gallego entre 1997 y
1999. El grupo socialista de Cangas do Morrazo aseguró que no ha encontrado
en el archivo municipal el mencionado informe, ni el acuerdo por el que fue
encargado.
El
Ayuntamiento de Madrid consideró avalada la solvencia técnica de Hixienes
para encargarse del negocio de los parquímetros después de que la empresa
presentase una carta firmada por Sotelo el pasado 14 de noviembre. En ella,
el alcalde de Cangas afirma que desde febrero de 2001 la empresa propiedad
de la familia de Casares viene prestando servicios en su municipio, entre
los que cita la limpieza y mantenimiento de edificios, "gestión de
aparcamiento de vehículos" y "asesoramiento para la instalación y desarrollo
de zonas de aparcamiento público regulado (zona azul)".
El escrito
lleva la firma y el sello del Concello de Cangas, pero no pasó por el
registro de salida del Ayuntamiento ni fue visado por el secretario ni
ningún otro funcionario. Sotelo matizó ayer a EL PAÍS que toda la relación
de Hixienes con el negocio de los parquímetros en Cangas fue el encargo que
recibió del Ayuntamiento en 2002 para hacer "un estudio técnico de
viabilidad sobre la posible implantación de la zona azul y la construcción
de aparcamientos subterráneos". Aunque el informe fue realizado, el gobierno
municipal (del PP) descartó finalmente instalar los parquímetros, según el
alcalde.
Al margen de
este estudio, la relación de las empresas de la familia Casares con el
Ayuntamiento de Cangas se limita a un contrato para la limpieza y el
mantenimiento de un auditorio municipal. El beneficiario de ese contrato es
la sociedad Limpiezas Faro, la cabecera de un grupo de sociedades que hasta
ahora actuaba casi en exclusiva en el sector de la limpieza de edificios e
instalaciones industriales.
El regidor de
Cangas asegura que firmó el escrito a petición de Miguel Ángel Casares,
administrador de las empresas familiares y hermano de Juan Manuel Casares,
ex diputado gallego del PP y apoderado de Hixienes. "Vino un día por el
Ayuntamiento y me dijo si le podía hacer un justificante porque lo
necesitaba para algún concurso público", comentó Sotelo. "Le dije que sí,
por supuesto. Yo no sabía nada de lo de Madrid, sólo que se habían
presentado a algo en Vigo". Hixienes opta en esta ciudad, también gobernada
por el PP, a la adjudicación del servicio de la grúa municipal.
"No recuerdo
el contenido del escrito y no sé si su redacción se puede prestar a
equívocos", agregó el alcalde, "pero aquí la empresa no ha gestionado
parquímetros porque no los tenemos. Sólo realizó el estudio de viabilidad".
De hecho, el Ayuntamiento de Cangas ha instalado esta semana media docena de
parquímetros en una calle del pueblo -no cobra por aparcar, sólo establece
un tiempo máximo autorizado- y los contrató con otra empresa.
José Enrique
Sotelo y Juan Manuel Casares coincidieron en la lista del PP por Pontevedra
para las elecciones autonómicas de 1997. Los dos años siguientes trabajaron
juntos en el grupo popular del Parlamento hasta que Sotelo dimitió para
optar a la alcaldía de Cangas. Ambos estaban encuadrados en el sector del PP
gallego que aglutinaba el antiguo consejero de Política Territorial de la
Xunta Xosé Cuiña. "Conozco a Juan Manuel Casares y tengo relación con él.
Sería estúpido negarlo, pero hace tiempo que no lo veo", declaró Sotelo.Publicado en El
País.18.03.06
PSOE e IU pedirán en el próximo
pleno que se cree una comisión de investigación
Los partidos
de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PSOE e IU) tienen previsto
solicitar durante el pleno municipal del presente mes, que se celebrará la
próxima semana, que el proceso de adjudicación de las nuevas zonas del
servicio de estacionamiento regulado (SER) sea evaluado por una comisión de
investigación, en lugar de en la comisión permanente de vigilancia de las
contrataciones como había propuesto el PP.
Según un
portavoz de IU, en esta comisión permanente no podrán declarar los
responsables de las empresas implicadas, porque el reglamento municipal del
pleno establece que en dicho foro sólo se podrá requerir la presencia de los
técnicos municipales y los cargos políticos que han intervenido en el
contrato que hay que estudiar.
El concejal
socialista Manuel García-Hierro adelantó que su grupo presentará dos
proposiciones en el pleno. La primera pedirá la suspensión de la ampliación
del SER a 16 nuevos barrios y cuatro cascos históricos, que es la que ha
sido objeto de la polémica adjudicación. La otra propuesta será para
reclamar la constitución de una comisión de investigación.
El alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón (PP), aseguró hace una semana: "Ya existe una
comisión de investigación, que es la Comisión de Vigilancia de las
Contrataciones. Todos los contratos que cualquier miembro del Ayuntamiento
pida son remitidos a ella".
Poco después,
el vicealcalde, Manuel Cobo, aseguró que sería el propio gobierno municipal
el que, de oficio, enviaría el contrato a la Comisión de Vigilancia de las
Contrataciones, presidida por el concejal socialista Ramón Silva, para que
los tres grupos lo analizaran. Pero PSOE e IU no creen que ése sea el foro
adecuado.Publicado en El
País.18.03.06
Jiménez, perpleja por que
Gallardón no tome medidas ante el "escándalo"
La portavoz
socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, afirmó ayer que,
según van pasando los días y se van conociendo más datos sobre la
adjudicación del contrato de la nueva zona de parquímetros, "más estupor" le
produce que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "no se haya pronunciado ni
haya tomado ninguna medida sobre este escándalo". Jiménez se refería a la
polémica surgida por la adjudicación de una de las nuevas zonas del servicio
de estacionamiento regulado (SER) a una unión de empresas en la que trabaja
un ex diputado del PP en Galicia, Juan Manuel Casares.
Para Jiménez,
los hechos conocidos hasta ahora a través de los medios de comunicación "son
suficientes" para que el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, amigo de
Casares, dimita. La portavoz socialista considera "muy claro que la
adjudicación de la zona VI del SER -que corresponde a ocho barrios del sur y
el casco histórico de Carabanchel- a una empresa de un amigo del concejal se
ha hecho de una forma irregular".
Jiménez
también se refirió a la información publicada el pasado jueves en este
diario según la cual la empresa Hixienes, propiedad de Juan Manuel Casares,
fue avalada por el alcalde de Cangas del Morrazo (PP), José Enrique Sotelo
Villar. La portavoz destacó que este regidor "no podía avalar la experiencia
de la compañía en parquímetros porque en este municipio no se ha instalado
dicho servicio". La responsable del PSOE manifestó: "El PP miente, y si
Ruiz-Gallardón no toma decisiones estará poniendo en juego la honorabilidad
de todo el Ayuntamiento".
La semana
pasada, Jiménez ya reclamó la dimisión de Calvo: "Si tiene un mínimo de
dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es
presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha
habido una adjudicación irregular", sentenció entonces.Publicado en El
País.18.03.06
La empresa Hixienes incumplía el
pliego del concurso de los parquímetros, según el PSOE
La sociedad
Hixienes, de la que es representante Juan Manuel Casares, amigo del concejal
de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo, incumplía el pliego de condiciones del
contrato de adjudicación de los parquímetros, según el PSOE. Éste sostiene
que Hixienes no pudo demostrar la solvencia técnica, puesto que carecía de
experiencia en el sector, a pesar de concurrir junto a Sufi, que sí cumplía
todos los requisitos. El director general de Movilidad, Javier Conde,
admitió ayer que actuó, como vocal, en la última reunión de la mesa de
contratación donde fueron asignadas las empresas del concurso.
Hixienes, una
de las sociedades que se ha hecho con la gestión de los parquímetros de ocho
barrios de la zona sur de Madrid y el casco histórico de Carabanchel (zona
VI), no tiene ninguna experiencia en el sector. El representante de Hixienes
Juan Manuel Casares y el concejal Calvo son amigos de la época en que ambos
eran dirigentes de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP) en Galicia.
21 días antes
del concurso, Hixienes modificó su objeto social e incluyó entre sus
actividades "la gestión y control del estacionamiento regulado en vías
públicas". Hasta entonces se dedicaba a limpieza y desinfección de
hospitales y centros públicos en Galicia.
En el pliego
de condiciones, aprobado el pasado 5 de noviembre, se exige que "todos y
cada uno de los empresarios" que concurran al concurso deberán presentar los
documentos exigidos. Entre ellos, la solvencia técnica, es decir, la
experiencia, que Hixienes no aporta, según la portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, Trinidad Jiménez.
El pliego
también alude a la solvencia de la unión temporal de empresas y señala que
se sumarán los aspectos positivos que aporten las integrantes de la misma.
En cambio, Sufi (la compañía con la que Hixienes concurrió asociada) cumplía
todos los requisitos, entre ellos, experiencia y solvencia económica.
El
Ayuntamiento interpreta que la unión temporal de empresas Sufi-Hixienes
cumple con el requisito de solvencia técnica y económica. "Hay que
considerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que recoge
que quien acredita la solvencia es la UTE", asegura Fernando Autrán,
coordinador general de Seguridad. "Hay que interpretar el pliego de
condiciones", remacha.
Autrán
explica que la valoración de las ofertas técnicas se hace en función de los
47 criterios establecidos en el pliego. "Los técnicos del Ayuntamiento
evalúan el grado de cumplimiento de los criterios, puntúan y hacen una
lista", agrega. La UTE, integrada por Api, el grupo Vinci y Etralux, fue la
más valorada (con 73 puntos sobre 85). En segundo lugar lo fue la sociedad
conjunta formada por Sufi e Hixienes (con 72 puntos). Autrán asegura que la
adjudicación "es un procedimiento absolutamente reglado".
¿Por qué el
Ayuntamiento exige que las empresas tengan experiencia en parquímetros?
Porque su gestión es más compleja de lo que parece. Cada uno de los aparatos
lleva un ordenador y un complejo sistema informático. Los controladores
están dotados de terminales donde están integrados un teléfono móvil, GPS y
un sistema que permite transferir las denuncias a la central. "La
experiencia es necesaria para la gestión del gran número de trabajadores, el
mantenimiento eficiente de los instrumentos informáticos y el uso de los
programas informáticos", según un profesional del sector.
Algunas
sociedades se quejaron del poco tiempo dado por el Ayuntamiento para
presentar las ofertas. En sólo 10 días, las empresas tuvieron que elaborar
amplísimas ofertas que en algún caso ocupaban 15 tomos. La sociedad Saba-Abertis
rechazó presentarse aduciendo que no tenía tiempo para preparar la
documentación.
El que se
fijara el pasado 1 de marzo como fecha de entrada en vigor de las nuevas
zonas reguladas por parquímetros responde a una decisión política, según
Autrán. "Por la consignación presupuestaria y porque estaba previsto así en
todas las medidas de Movilidad", agregó.
Dornier, una
de las empresas que se presentó al concurso y no logró que le fuera
adjudicada ninguna zona, presentó un escrito ante el Ayuntamiento
solicitando explicaciones al proceso administrativo. Un portavoz de Dornier,
filial del grupo Cintra, dice que ya ha recibido aclaraciones y que desiste
de otro tipo de acciones. Las empresas que pretendan recurrir tienen sólo
siete días para hacerlo.
Por otra
parte, el director general de Movilidad del Ayuntamiento, Javier Conde,
reconoció ayer que estuvo en la última mesa de contratación cuando fueron
adjudicados los contratos. El pasado jueves había negado que asistiera, pese
a que su nombre figura en el acta como vocal de la mesa.Publicado en El
País.11.03.06
La oferta del amigo del concejal
Calvo para gestionar los parquímetros era la más cara
De las cinco
empresas que acudieron el pasado noviembre al
concurso público para gestionar una de las zonas del
servicio de estacionamiento regulado (SER), la que
presentó una oferta económica con el importe más
alto fue la unión de empresas (UTE) formada por Sufi
e Hixienes. El apoderado de Hixienes es Juan Manuel
Casares, ex diputado del PP gallego y amigo y
compañero del concejal Pedro Calvo en Nuevas
Generaciones del PP hace una década. Aun así, el
Ayuntamiento escogió esa UTE por delante de otras al
dar mayor importancia a los aspectos técnicos, más
subjetivos. Además, el director general de
Movilidad, Javier Conde, está vinculado con Casares
por su antigua pertenencia a Nuevas Generaciones.
La polémica por
la adjudicación de la gestión de los parquímetros va
engordando como una bola de nieve en caída libre. El
representante de Hixienes, Juan Manuel Casares, está
vinculado con el concejal de Seguridad y Servicios a
la Comunidad, Pedro Calvo. Son amigos de la época en
que Calvo ocupaba la presidencia nacional de Nuevas
Generaciones y Casares era presidente de la
organización política juvenil en Galicia.
La propuesta
económica de la UTE Sufi-Hixienes para acceder a la
gestión de los parquímetros en ocho barrios del sur
y el casco histórico de Carabanchel (zona VI) era la
que pedía más dinero en su oferta económica:
13.562.584 euros anuales (441.710 euros más que la
oferta más baja, la de Setex-Urbaser). Sufi-Hixienes
era también la que más plazas de aparcamiento
ofrecía: 29.118, es decir, 541 plazas más que la
siguiente.
La oferta
económica suponía sólo el 15% de la puntuación
total, frente al 85% de los criterios técnicos,
según se explica en el pliego de condiciones del
concurso. Y las ofertas económicas de las cinco
empresas que concurrían recibieron la misma
puntuación: 15 puntos sobre 15, informa Vera
Gutiérrez Calvo. Las diferencias llegaron en la
parte técnica: la UTE formada por Api, grupo Vinci y
Etralux se alzó con 73 puntos sobre 85; en segunda
posición quedó la UTE Sufi-Hixienes (72 puntos); y a
continuación Eysa (71 puntos), Dornier (63,5 puntos)
y Setex-Urbaser (52,5 puntos). Las dos últimas se
quedaron sin contrato.
"Muy poco
detalle"
Donde mejor
puntuación obtuvo Sufi-Hixienes fue en los apartados
de Grado de detalle de la oferta (15 puntos
sobre 15) y en Mejoras en medios auxiliares
(8 sobre 10), ofreciendo, por ejemplo, un vehículo
con lector de matrícula, dos de inspección, depósito
propio de grúa, un departamento informático y la
promesa de realizar estudios sobre zonas de "nueva
implantación" del SER.
Por el contrario,
Setex-Urbaser, que quedó en último puesto, recibió
de los técnicos comentarios como los siguientes:
"Muy poco detalle en las rutas previstas en la
zona", "se aporta un modelo de tique que no incluye
la matrícula del vehículo", "los planos de ubicación
de las plazas apenas tienen detalle", etcétera.
Setex es una de las empresas que más experiencia
tienen en los parquímetros: gestiona otras zonas de
parquímetros desde su instauración en noviembre de
2002.
El concurso
público fue convocado el pasado 22 de septiembre con
trámite de urgencia. Según Calvo, que firmó el
documento, para desarrollar lo establecido en el
artículo 63.2 de la Ordenanza de Movilidad. La
ordenanza no fue aprobada hasta cuatro días después
(el 26 de septiembre). Y no entró en vigor hasta el
pasado 17 de octubre. El 2 de marzo se publicó en el
Boletín Oficial de la Comunidad la zona de
ampliación del servicio de estacionamiento regulado
(SER). Un día después de la entrada en vigor del
SER. El plazo para presentar las propuestas era sólo
de 10 días, con la fiesta de la Almudena de por
medio. "Tuvimos que preparar los 15 tomos de nuestra
oferta en muy poco tiempo", afirman desde Setex-Urbaser.
Sufi, empresa de
reconocida solvencia económica y técnica y filial de
Ferrovial, había formado equipo con Setex para
gestionar la primera zona de parquímetros de Madrid,
en 2002. Ahora, Sufi sustituyó a Setex por Hixienes
para formar una unión temporal de empresas para
concursar en la última ampliación de la zona de
estacionamiento regulado.
Setex es una
sociedad que tiene 17 contratos de gestión de
aparcamientos públicos por toda España. Y las cosas
le van bien en su asociación con Sufi. Pero esta
última prefirió ahora aliarse con Hixienes, una
desconocida sin experiencia en el sector. "Sufi nos
dijo que por decisiones de carácter empresarial no
contaban con nosotros en esta ocasión. Por eso
tuvimos que buscar un socio deprisa y corriendo",
explican desde Setex. Hixienes tiene un capital
social de sólo 3.005 euros.
Responsables de
Setex se quejan, además, de que Sufi-Hixienes ganó
el concurso a pesar de la nula experiencia de
Hixienes en la gestión de parquímetros. Y subrayan
que, según los pliegos, todas las empresas que
concurren deben acreditar su solvencia económica y
técnica. El gobierno municipal replica que la
cláusula 20 de los pliegos establece: "Respecto a la
determinación de la solvencia económica, financiera
y técnica de las UTE y a sus efectos, se acumularán
las características acreditadas por cada uno de los
integrantes".
"Eso dicen los
pliegos y eso dice el Reglamento de la Ley de
Contratos", afirma Fernando Autrán, coordinador
general de Servicios a la Comunidad. Fuentes de
Setex se declararon "sorprendidas" de que el
Ayuntamiento haya hecho esa interpretación de los
pliegos. "Atendiendo a la ley, cada uno de los
miembros de la UTE debe acreditar solvencia técnica
sin perjuicio de que sea acumulable", afirman.
Por su parte, un
portavoz de Sufi justifica que no acudió al concurso
en unión de Setex porque "las necesidades de cada
empresa son diferentes en cada momento".
La carrera política del concejal Pedro Calvo
ha sido meteórica. Cómo la de su colega en
el PP Juan Manuel Casares. Ambos comenzaron
muy temprano en la rama juvenil del PP
(Nuevas Generaciones) en Galicia. Calvo fue
su presidente en 1989, a la vez que Casares
era miembro de la cúpula directiva. Poco
después, Calvo ascendió a líder nacional de
Nuevas Generaciones, en tanto que Casares
dirigía la formación en Galicia. Casares
presumía de tener magníficas relaciones con
el edil madrileño.
Calvo ha alegado que no
forma parte del órgano de contratación que
elevó la propuesta de adjudicación de
parquímetros a la empresa de Casares
(Hixienes). Sí forma parte de ese órgano el
director general de Movilidad, Javier Conde,
hoy estrecho colaborador del concejal Calvo
y también antiguo miembro de Nuevas
Generaciones.
La mesa de contratación se reunió tres
veces: la primera para recibir las
propuestas que concurren; la segunda para
abrirlas y exponer la oferta económica de
cada una; y la tercera para, a partir del
informe elaborado por los técnicos, emitir
una "propuesta de adjudicación". Tras el
concurso de los parquímetros, Conde presidió
las dos primeras reuniones y asistió como
vocal a la tercera, celebrada el pasado 14
de diciembre, la que realmente decide qué
empresas ganan. En esa reunión se otorgó a
la unión de empresas Sufi-Hixienes la
gestión de una de las zonas de
estacionamiento regulado.
La presencia de Conde figura recogida en
las actas de las tres reuniones. A pesar de
ello, una portavoz de la Concejalía de
Seguridad aseguró ayer que el director de
Movilidad "no acudió a la reunión del 14 de
diciembre".Publicado en El País.10.03.06
El PSOE pide que dimita un edil
al que acusa de adjudicar parquímetros a la empresa de un amigo
El Concejal
conversa con su Padrino & Alcalde
La portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, pidió ayer la dimisión del
concejal responsable de Movilidad, Pedro Calvo (PP), tras conocerse que una
de las empresas adjudicatarias del servicio de parquímetros tiene de
apoderado a Juan Manuel Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del
edil madrileño, según el PSOE. El gobierno municipal reconoce que Hixienes,
la empresa de Casares, no tiene experiencia en la gestión del aparcamiento
de pago, pero subraya que concurrió al concurso asociada con Sufi S.A. y que
es a la unión de ambas a quien se le adjudica el contrato (144 millones en
11 años). Además, la concejalía sostiene que no puede "vetarse" a una
empresa porque su dueño conozca a un concejal.
La unión de
empresas (UTE) formada por Sufi S.A. e Hixitel Hixienes se presentó al
concurso de gestión de la nueva zona de parquímetros convocado en noviembre
pasado, y el 9 de enero de 2006 obtuvo uno de los tres lotes, según informó
ayer el diario El Mundo y confirmó el coordinador general de
Seguridad, Fernando Autrán.
Esa UTE
gestionará, a cambio de 144 millones de euros repartidos en 11 años, 28.570
plazas verdes (para residentes) y azules (para visitantes) de ocho barrios
del sur -Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y
Estrella- y del casco histórico de Carabanchel.
Sufi
pertenece al grupo Sacyr y gestiona parquímetros en otros barrios desde que
el servicio de estacionamiento regulado (SER) se instauró en Madrid, en
2002. Pero Hixienes, con un capital social de sólo 3.005 euros, no tiene
ninguna experiencia en ese campo. Poco antes de presentarse con Sufi al
concurso del Ayuntamiento, Hixienes modificó su objeto social (hasta
entonces centrado en trabajos de limpieza y desinfección) para incluir "la
gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas".
A ese
concurso concurrieron cinco empresas, y tres resultaron adjudicatarias, cada
una para una zona de la ciudad: Eysa (FCC), la UTE formada por Api (ACS),
Etralux (ACS) y grupo Vinci; y la de Sufi e Hixienes. Quedaron fuera Dornier
(Ferrovial) y la UTE Setex-Urbaser. Ambas gestionan parquímetros en otras
zonas de la ciudad.
El apoderado
de Hixienes, Juan Manuel Casares González, fue diputado del PP en el
Parlamento gallego hasta junio de 2005 y dirigió Nuevas Generaciones del PP
en esa comunidad a finales de los ochenta, justo después de que el hoy
concejal Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas
Generaciones.
Calvo no
quiso hablar ayer. Su número dos, Fernando Autrán, afirmó: "Es verdad
que Calvo y Casares se conocen, pero todos los políticos conocen a
empresarios y comen con ellos habitualmente. Eso no puede ser razón para
vetar a una empresa en un concurso. Si Calvo hubiese ordenado vetar a esa
empresa, habría cometido prevaricación".
Calvo firmó
el documento de adjudicación definitiva el 18 de enero, según figura en el
expediente. La ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo
28.b), que cuando los funcionarios o empleados públicos tengan "parentesco"
o "amistad manifiesta" con los administradores de las empresas que concurran
a un procedimiento de contrato, esos funcionarios "se abstendrán de
intervenir en el procedimiento". "Pero ese artículo sólo se refiere a los
funcionarios que intervienen en la mesa de adjudicación, no al cargo
político, que se limita a firmar la propuesta que la mesa hace", replica el
coordinador general de Seguridad.
Autrán
insistió en que el procedimiento ha sido "totalmente transparente" y en que
la adjudicación fue aprobado "por unanimidad" en la mesa de contratación
-donde están presentes un representante de los servicios jurídicos del
Ayuntamiento y el interventor municipal-. Afirmó que el cambio en el objeto
social es "lo que hacen todas las empresas cuando concurren a un concurso" y
subrayó que, aunque la gallega sea una empresa pequeña, "quien responde ante
el Ayuntamiento es toda la UTE, cuyo 60% está en manos de Sufi, es decir,
del grupo Sacyr".
Comisión de investigación
La portavoz
socialista, Trinidad Jiménez, pedirá en el próximo pleno la creación de una
comisión de investigación sobre esta adjudicación. "Si Calvo tiene un mínimo
de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer
es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha
habido una adjudicación irregular", afirmó. Tras asegurar que los
socialistas han recibido "denuncias de algunas de las empresas que han
pedido ser adjudicatarias y se les ha rechazado sin ninguna causa objetiva",
Jiménez afirmó: "No se puede poner permanentemente en duda la actuación de
la clase política. Esto nos perjudica a todos".
La concejal
exigió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que aclare cuanto antes "las
sospechas". "No estoy haciendo una acusación directa hasta que no se realice
una comisión de investigación que dirima las responsabilidades, pero no
podemos permitir por más tiempo que la ciudadanía crea que los políticos
cometemos irregularidades", dijo, antes de decir que Juan Manuel Casares es
"un íntimo amigo" del concejal Pedro Calvo.
El grupo
municipal de IU, encabezado por Inés Sabanés, exigió la apertura de una
"exhaustiva" investigación en el seno de la Comisión de Vigilancia de las
Contrataciones para "esclarecer las sospechas" sobre la concesión de la
explotación de una zona de parquímetros a la empresa Hixienes. En un
comunicado, IU afirmó que no descarta "ninguna posibilidad" en el ámbito de
las "responsabilidades políticas", y asoció el caso al "afán privatizador de
Gallardón y su equipo".
El comunicado
añade que "en el ámbito de la política algo puede ser legal y, sin embargo,
ser políticamente reprobable". Y añade: "En este caso, desde luego, las
formas son altamente sospechosas. Así valoramos, por ejemplo, no sólo el
vínculo de amistad entre el concejal y el empresario, sino el cambio de
objeto social pocos días antes de la concesión".
Una de las empresas rechazadas
estudia recurrir
El proceso de
adjudicación de los contratos de gestión de los parquímetros en los nuevos
barrios de Madrid arrastra problemas desde el inicio. Cuando el Ayuntamiento
sacó a concurso el proceso, en trámite de urgencia, el pasado 22 de
septiembre, cinco empresas se presentaron. Pero otra, Saba Abertis, decidió
no acudir y protestó por el escaso plazo de tiempo (10 días con la fiesta de
La Almudena de por medio) que tenía para preparar la documentación y
elaborar un estudio técnico.
Saba Abertis
explica que los criterios de valoración daban mayor importancia a las
propuestas técnicas (85%) que a las económicas (15%), algo poco habitual,
según la compañía.
El pasado 18
de enero el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, firmaba el decreto que hacía
oficial la adjudicación de la gestión de los parquímetros. Una de las tres
zonas adjudicadas fue asignada a una sociedad creada conjuntamente entre
Sufi e Hixienes.
La sociedad
Setex, que no resultó escogida, reconoce sentirse decepcionada, según contó
ayer su presidente, Jaime López de Aguilar.
Setex
gestiona, junto con Sufi, una de las zonas de aparcamientos que salieron a
concurso en 2002. "Fue Sufi la que no quiso ir en esta ocasión con
nosotros", explica López de Aguilar.
El presidente
de Setex reconoce que está estudiando presentar un recurso ante el Tribunal
Contencioso Administrativo. "Quedan pocos días para presentar un recurso y
aún tenemos que decidirlo", aclara
Casares, una meteórica carrera en
el PP gallego
La carrera
política de Juan Manuel Casares González ha sido tan meteórica que a los 40
años ya ha pasado a engrosar la nómina de los retirados forzosos. Las luchas
intestinas del PP gallego le dejaron fuera de las listas a las elecciones
autonómicas del pasado junio, a pesar de que en la legislatura anterior
había sido el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular. Casares fue
arrastrado por el declive de su protector político, Xosé Cuiña, antiguo
número dos de Manuel Fraga en el PP gallego. Era diputado autonómico
desde 1993, cuando fue elegido con 28 años.
Casares nació
en León el 26 de septiembre de 1965. Su familia fundó en Vigo en 1971 la
empresa Limpiezas Faro, que en los últimos años ha dirigido su hermano
Miguel Ángel. Juan Manuel se volcó en la política desde muy joven y fue
presidente regional de Nuevas Generaciones del PP. En esa época el líder
nacional de las juventudes populares era el ahora edil madrileño Pedro
Calvo, con quien Casares presumía de mantener magníficas relaciones. La
presencia de Calvo en actos de las Nuevas Generaciones gallegas era
frecuente entonces. Casares fue subiendo peldaños en el partido, sobre todo
cuando se situó entre el grupo de fieles a Cuiña, quien dirigía la
organización regional del PP y la consejería de Política Territorial y Obras
Públicas de la Xunta. El joven diputado acabó ejerciendo como portavoz del
grupo popular en los temas referidos a ese departamento y fue también
secretario de Acción Electoral de la ejecutiva del PP gallego.
Como las
actividades de Limpiezas Faro eran bien conocidas e incluían contratas con
la Administración, Casares siempre se declaró al margen del negocio
familiar, que fue ampliándose en los últimos años. En 1999, cuando él ya se
había especializado en los asuntos de infraestructuras en el Parlamento
autónomo, su hermano Miguel Ángel diversificó las actividades empresariales
y fundó la sociedad Ingenierías Medioambientales y de Recuperación, dedicada
a "servicios técnicos de ingeniería, arquitectura y urbanismo".
En 2002 creó
otra firma, Faro Noroeste de Servicios, dentro del sector de la limpieza, en
el que el grupo ya venía actuando a través de su sociedad original y de
otra, Hixiene S.L, creada en 1991. Tras dejar la política, Juan Manuel
Casares fue nombrado a principios del presente año apoderado de estas dos
últimas sociedades. Publicado en El País.09.03.06
