Villanueva de la Cañada 'regala' tres millones en suelo a propietarios que
serán expropiados
las claves de una denuncia
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El rumboso alcalde y su
particular política social
El
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada regalará unos tres millones
de euros en terrenos a los terratenientes dueños de 26.813 metros cuadrados
de varias fincas que iban a ser expropiados para ampliar la carretera M-503.
Un convenio firmado con el Ayuntamiento el pasado 13 de septiembre fija que
estos propietarios reciban a cambio de la cesión gratuita de sus terrenos
(calificados como no urbanizables por el planeamiento vigente) la misma
superficie, pero de suelo urbanizable, en la ampliación del casco urbano.
Según el alcalde Luis Partida (PP), que también preside la Federación de
Municipios, su equipo de gobierno usa esta fórmula desde hace tiempo. "Es
política social", afirmó.
"Un fraude de
ley y un subterfugio". Así califica el diputado socialista de la Asamblea
regional, Modesto Nolla, la actuación del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada, al tramitar la cesión de terrenos de particulares para la carretera
M-503. Éste es un proyecto que corre a cargo de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras para unir la M-50 y la M-600.
Una orden de
la consejería anunció el 26 de julio en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el periodo de información pública de los afectados
por el expediente de expropiación forzosa por la obra de la carretera M-503,
donde figuran los propietarios de Villanueva. Según una portavoz de la
consejería, ese expediente sigue abierto porque el Gobierno regional todavía
no ha recibido los convenios con los dueños de los terrenos. "En todo caso,
antes de paralizar el expediente, los estudian antes nuestros servicios
jurídicos para ver si el convenio es legal", agregó.
El pasado 13
de septiembre, el Consistorio de Villanueva de la Cañada firmó un convenio
con cada afectado por el que les reconoce "los correspondientes derechos
urbanísticos de los terrenos ocupados, como integrantes del sistema
supramunicipal o general de infraestructuras en suelo urbanizable
sectorizado, para hacerlos efectivos desde ya, y, en todo caso, en la futura
ordenación urbanística".
Terreno de secano
Según el Plan
General de Ordenación Urbana vigente en Villanueva, los terrenos que ocupará
parte de la carretera M-503 (26.813 metros cuadrados) están calificados como
suelo no urbanizable y de secano. El Ayuntamiento tiene aprobado un avance
de plan general urbanístico que modificará esa consideración hacia la de
suelo urbanizable, aunque todavía la Comunidad de Madrid no le ha dado el
visto bueno y, por tanto, el avance no está en vigor.
La
importancia de considerar uno u otro tipo de suelo radica en que el terreno
urbanizable es más caro en el mercado. En la expropiación forzosa, el valor
de los solares no urbanizables "oscila entre un euro por metro cuadrado, si
se determina por el método de capitalización de rentas; a cuatro como
máximo, si se aplica el de comparación de los valores de mercado en fincas
análogas, como marca el artículo 26 de la Ley del Suelo", explica Molla. Eso
supone que la Comunidad pagaría como mínimo 107.252 euros al expropiar.
El diputado
socialista añade que el valor medio del suelo urbanizable sectorizado en
Villanueva de la Cañada es de 120 euros por metro cuadrado. Por eso, estima
que el Consistorio regala a los propietarios unos 3.110.308 euros,
"al reconocerles derechos urbanísticos en función del avance del plan
general que aún no está vigente".
El mismo 13
de septiembre, los propietarios firmaron el acta de ocupación del expediente
de expropiación. En ese documento se dice que "el propietario manifiesta que
cede gratuitamente la finca de referencia para la ejecución del proyecto
citado, en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento".
Según Molla,
el convenio quiere "hacer una ficción de que no se produce la expropiación
para no tener que aplicar la legislación en esta materia". La Ley del Suelo
(artículos 24 y 25) y la Ley de Expropiación Forzosa (artículo 36.1)
estipulan que el valor de un terreno a expropiar debe calcularse en función
de la catalogación que marque el planeamiento vigente y no por derechos
futuros. "Con esta fórmula, los terrenos aumentan al valor de suelo
urbanizable", puntualizó el diputado socialista, que explica que a quienes
ya se benefician porque la carretera pase cerca de sus fincas se les
concede, además, terrenos más valiosos
Sin embargo,
el alcalde de Villanueva de la Cañada sostiene que este sistema es "una
forma de repartir beneficios y cargas entre los afectados por la carretera".
Según él, las fincas que resultan afectadas por la vía también se benefician
de ella. "Pretendemos que la Administración no tenga que pagar ni un duro a
los beneficiarios de esa carretera", aseguró. El Ayuntamiento cederá
gratuitamente a la Comunidad de Madrid los terrenos para ampliar la
carretera.
"Actuamos
siempre así", aseguró Luis Partida. "Y mientras yo sea alcalde, va a ser así
siempre". El regidor insistió que sólo los grupos de la oposición están
contra la fórmula que él ya usó en su municipio, por ejemplo, para construir
la variante de la M-600. "Si está mal, lo que debían hacer es ir a los
tribunales", planteó. "Es el empecinamiento de querer demostrar que hay que
expropiarlo todo"
El teniente de alcalde,
beneficiado
Entre los
propietarios de los 26.813 metros cuadrados afectados por la carretera M-503
que han firmado convenios con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada,
hay algunos nombres muy conocidos en el municipio y relacionados con el PP,
según denuncia el diputado socialista Modesto Nolla.
Uno es
Enrique Serrano Sánchez-Tembleque, primer teniente de alcalde de Villanueva
de la Cañada, del PP. Junto con otros cuatro familiares, figura como
propietario de la parcela número 5, con 7.576 metros cuadrados.
El alcalde
del municipio, Luis Partida, restó importancia a su aparición entre los
propietarios con los que ha firmado un convenio. "Tienen también su hermano,
su primo... Pertenece a los Serrano, una de las familias con más terrenos en
Villanueva de la Cañada. Donde toques, ahí tienen terrenos. No tiene mayor
dificultad. Pasa en la mayoría de los pueblos", aseguró el regidor.
Otro de los
nombres aportados por el PSOE es Julio Brunete de la Plaza, ex primer
teniente de alcalde, también por el PP, cargo que ocupó durante varios
mandatos anteriores.
El alcalde
negó que esté relacionado con las fincas que figuran en los convenios.
"Nunca ha estado", dijo. Sin embargo, el nombre de Brunete de la Plaza sí
figura en la relación de afectados por la expropiación que publicó el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de julio de 2005 como
titular de la parcela 11, con una superficie de 4.833 metros cuadrados.
También
figura su tío, Luciano Serrano Serrano, titular de 753 metros cuadrados.
Otro de los
propietarios es Francisco González Gamella, hermano de la primera esposa de
Luis Partida. Figura como administrador solidario -junto a Clemente González
Botello y con Soledad González Botello como apoderada- de la empresa
Villanueva 3, que tiene 2.272 metros cuadrados afectados por la carretera.
El alcalde de
Villanueva explicó que hace tiempo que no mantiene relaciones con él por
razones personales. "Yo no tengo nada que ver", recalcó. Después, insistió:
"Se equivoca quien crea que van por ahí las cosas".Publicado
en El País.13.03.06
LA ESPOSA DEL ALCALDE
DE VILLANUEVA COBRÓ DEL AUTOR DEL PLAN QUE FACILITÓ EL 'PELOTAZO' DE PORTO
También se ha
sabido que Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y
esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José
María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos que facilitó el
pelotazo que benefició a Enrique Porto, entonces director de
Urbanismo. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe
favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 m2
-que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones- su pagador, Fernández del
Río y sus socios: Porto, que dimitió ante al conocerse el pelotazo, y
Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria. Estos pagos del socio de Porto a
la esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada, que se extienden desde
2003 a 2005, se producen con una inusitada regularidad. Fernández del Río le
liquidaba trimestralmente honorarios por supuestas actividades profesionales
a dicha funcionaria. Así, por ejemplo, según sus apuntes contables,
Fernández decía abonarle a Manrique el 50% de sus honorarios por labores
realizadas precisamente para inmobiliarias que operaban en Villanueva de la
Cañada en concepto de proyectos de ejecución de vivienda o urbanización.
Algunos de tales servicios databan de 2003, por tanto, al menos desde ese
año la arquitecta municipal habría venido desempeñando este doblete público
y privado. El 12 de enero de 2004, Juana Manrique cobra de Fernández del Río
28.577 euros. En septiembre de 2004, Plarquin -empresa de Fernández del Río
que antes compartía con Porto-, realiza otro pago a la esposa de Partida por
un monto similar, 26.615 euros, por "honorarios por trabajos de colaboración
realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos
situados en Alfoz de Quintadueñas (Burgos)".
Pero parece
que realmente la contrapartida al pago era esta: debía informar
favorablemente, como así hizo, cada uno de dichos trámites, plan general,
plan parcial, desarrollo de las unidades de ejecución, proyectos de
urbanización, licencias de obras y viviendas, etcétera. No es una hipótesis.
Un ejemplo: el 14 de julio de 2004, entre pago y pago de Fernández del Río.
Manrique dictaminó el proyecto del plan parcial del sector 1 de Los Pocillos
redactado por su financiador. La arquitecta lo "informa favorablemente para
su aprobación provisional, ya que se han cumplido todas las modificaciones
exigidas en los informes emitidos por los distintos órganos consultados".
Por el contrario, Ecologistas en Acción denunció en los juzgados al equipo
redactor de los planes parciales de dicho municipio y a las autoridades que
los aprobaron: Comisión de Urbanismo de Madrid y Corporación de Villanueva
de la Cañada. (05/10/06)
FAMILIARES DE
ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO
Alminar
Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1
millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la
Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto,
el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en
la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por
4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector
desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.
La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha
declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en
relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como
familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que
vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el
citado alto cargo regional.
Gil de Biedma
es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se
dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos
municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes
generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto
Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria
que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y
primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus parcelas en el
sector 1 de Villanueva de la Cañada.
Hasta que
Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese
sector estaba bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas
objeciones al plan. Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la
aprobación del citado plan parcial -redactado por un socio suyo, José María
Fernández del Río, ex consejero de Cajamadrid por el PP- en septiembre de
2004. Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se
hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los
familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona,
invirtieran un solo euro en urbanizarlos.
-
Revalorización. La revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada
tuvo su primer hito en la recalificación del sector aprobada en 1999 por el
Ayuntamiento, presidido por Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el
diseño del crecimiento del municipio. Pese a la recalificación de los
terrenos, el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto
Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la urbanización del plan parcial que
desarrollaba el sector 1 (denominado Los Pocillos, con 1,4 millones de
metros cuadrados), entre cuyos propietarios figuraban ya Porto y los
familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el cambio de Gobierno
regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó posesión en enero
de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que bloqueaban el
plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de Esperanza
Aguirre y él mismo tenían terrenos.
La finca que
compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en
noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño,
Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la
vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de
Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta.
Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la
inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis
millones de euros.
-
Intervención decisiva. La intervención de Porto como director general de
Urbanismo fue decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en
Villanueva de la Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que
arrojaba una terrible losa sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma.
Sus responsables técnico y jurídico le exigieron en un escrito de nueve
folios -que Porto evitó incorporar al expediente administrativo- mantener la
suspensión urbanística que pesaba sobre este sector de Villanueva de la
Cañada desde mayo de 2003 por entender que persistían dos de las seis
deficiencias que denunciaron entonces, y alguna anomalía más, como la falta
de informe de evaluación ambiental.
Los expertos
consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese
plan parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en
mayo de 2003 para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto
a presentar en Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que
Porto debió darlo por caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes
siguiente. De haberlo rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme
a la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los
dueños a ceder 104.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad
de Madrid (un tercio sería para viviendas protegidas, unas 300).
Funcionarios
de Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan
eran insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas,
habrían retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de
venta de los dueños y el calendario de construcción de los promotores.
TRES
DEFICIENCIAS QUE NUNCA FUERON SUBSANADAS
Enrique
Porto, ex director general de Urbanismo de Madrid, autorizó el plan del
Sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde los familiares de Esperanza
Aguirre y él mismo tenían terrenos, sin subsanar las tres deficiencias
siguientes que denunciaron sus técnicos:
- Monte
preservado. Los técnicos denunciaron que se inflaba ilegalmente el volumen
de edificabilidad del sector al computarse como suelo urbanizable el monte
preservado: "No pueden computarse dichos suelos a efectos del cálculo de la
edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de
viviendas en el ámbito del sector". Tal párrafo de los técnicos, se mutó en
lo siguiente al bendecirlo Porto: "La consideración tanto por el plan
parcial como por el plan general de estos terrenos como sistema general de
espacios libres no es incompatible con su calificación como suelo no
urbanizable protegido". Y así ocurriría en la práctica: el monte se computó
y aumentó la edificabilidad del sector, según los expertos.
-
Paralización por la M-503. La segunda deficiencia que orilló Porto y
denunciaban sus técnicos rezaba así: "En relación con la carretera M-503,
colindante con el Plan Parcial, se reitera la necesidad de subsanar las
deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del
Plan General que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha
carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan
parcial".
Más allá de
si esta paralización afectaba directamente a fincas de Porto, como sugieren
expertos consultados, lo que sí admiten funcionarios de Urbanismo es que el
desbloqueo de este veto zonal derivado del Plan General, originaría unos
trámites que retrasaría todo el plan parcial del sector donde tenían
intereses Porto y los tíos y primos de Aguirre. Y al afectar al Plan
General, su desbloqueo debía autorizarlo el Gobierno de Aguirre, según los
expertos. Pero Porto eliminó de un plumazo el veto derivado de la M-503: "Se
resuelve mediante una glorieta, cuyo trazado se ajusta al proyecto".
- Sin informe
ambiental. Porto obvió una tercera anomalía que denunciaron sus técnicos:
"Es necesario hacer mención del informe de la dirección general de Calidad y
Evaluación Ambiental de octubre de 2003, en lo relativo a la obligatoriedad
o no de someter el proyecto de plan parcial a alguno de los procedimientos
ambientales. Entendemos necesario una aclaración a dicho informe, al existir
un vacío en los procedimientos a realizar o realizados respecto a la
protección, puesto que el plan general no efectuó evaluación ambiental como
hubiera sido exigible, ni análisis ambiental".
UN CONSISTORIO DEL PP FACILITÓ UN 'PELOTAZO' A PROMOTORES QUE FINANCIARON A
TAMAYO Y SÁEZ
El
alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), mandó adquirir en
1997 una finca de los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez,
que apoyaron al diputado Eduardo Tamayo cuando en 2003 rompió la
disciplina de voto y frustró un Gobierno socialista en Madrid. Los
constructores compraron la parcela en 268.674 €, y meses después, el
Ayuntamiento de Villanueva la valoró, en informe sin fecha, en 963.349
€. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 €,
que vendieron en tres meses por 2,5 millones. El beneficio fue de 2,2
millones.
El 26
de diciembre de 1996, la sociedad Villanueva de los Negocios -presidida
por Vázquez y con Bravo como secretario- compró una finca de 4.618 m2
en Villanueva de la Cañada calificada como equipamiento comercial. La
firma pagó 268.674 €. Sólo dos meses después, el 26 de febrero de 1997,
el alcalde, Luis Partida, decreta dentro de la revisión del plan de
ordenación urbana que dicho terreno "sería idóneo para albergar algún
servicio de carácter público". Acabó destinado a un cuartel de la
Guardia Civil. El Ayuntamiento inició entonces las gestiones para su
adquisición. Partida advierte en un escrito que "por los contactos
mantenidos con la propiedad se ha llegado a la conclusión de que la
permuta con terrenos municipales sería una fórmula aceptable para la
obtención del citado terreno". El alcalde alude en febrero de 1997 a
contactos con la propiedad, Villanueva de los Negocios, que compraron el
terreno 2 meses antes.
Ese
mismo día, 26 de febrero, según acta del Ayuntamiento, el alcalde ya
define incluso qué propiedades municipales daría a los Bravo: dos
solares en la calle Jacinto Benavente incluidos en un ensanche. Ya sólo
quedaba por demostrar que la finca de los Bravo y las municipales tenían
un valor similar y por lo tanto eran permutables. Esa labor recayó en el
aparejador municipal, Miguel Fernández, quien concluyó en un informe sin
fecha: "Se comprueba la sensible equivalencia de los valores de ambos
terrenos, por lo que la permuta de los mismos se considera equilibrada".
El
valor que el aparejador da a las fincas municipales resulta de
multiplicar su superficie máxima construible (7.018 m2) por
el valor del suelo (137,9 €/m2), lo que da un precio de
965.899 €. El informe precisa que la tipología de las fincas que cede el
Ayuntamiento será vivienda colectiva en manzana cerrada. La valoración
de la finca de Bravo y Vázquez es la siguiente: el aparejador multiplica
la superficie máxima construible (3.506 m2), por el valor del
suelo (275 €/m2),). El resultado fue de 963.349 €.
Lo raro
es que ambos terrenos -uno destinado a vivienda y otro a equipamiento-,
se valorasen casi igual, sino que el aparejador municipal valorase en
963.349 € unos terrenos que Bravo y Vázquez habían comprado por sólo
268.674 € sólo dos meses antes de que el alcalde ordenara la permuta.
Por tanto, con sólo ese informe municipal los Bravo ya habían obtenido
casi 700.000 € de ganancia, sin contar con que la rentabilidad de las
fincas municipales recibidas no fuera aún mayor de la tasada por el
aparejador.
Los
hechos confirmaron la sospecha. A los tres meses de producirse la
permuta de fincas, -el intercambio se materializó en marzo de 1999 por
exigencias burocráticas, pero sin modificar las tasaciones de 1997-, los
Bravo vendieron por 2,5 millones la finca que el Ayuntamiento les
entregó valorada en 965.899 €. En total, con una inversión de 268.674 €,
habían obtenido un beneficio de 2,2 millones. Y sin poner un ladrillo.
(06/11/06)
VILLANUEVA DE
LA CAÑADA: EL EX JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITIÓ, TRAS UN
‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES €
El director
general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en
2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que
incluía más de 20.000 m2, parte de los cuales eran de su
propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado
del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su
urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3
millones €, frente a los 87.000 € pagados por él y sus socios antes de su
recalificación en 1999. Posteriormente, y tras descubrirse este embrollo,
Porto dimitió.
La historia
de este pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese
día, la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios
privados arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra
una finca rústica de 2.000 m2 en Villanueva de la Cañada. Quienes
la venden la habían comprado en 1988 por 24.000 €. Sus propietarios eran
Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y
esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida,
alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.
Pese al
título de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca
"se encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo
urbanizable denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan
Parcial aprobado definitivamente y firme en derecho, y con fecha de
publicación en el BOCAM de 26 de noviembre de 2004". El precio de venta se
tasa en 186 €/m2, lo que brinda a los vendedores un ingreso total
de 400.458 €.
Ese mismo
día, Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de
Porto, con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al
igual que Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la
Cañada), vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho
municipio: números registrales 2.587 (11.285 m2) y 2.718 (10.062
m2). La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas
fincas están incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que
dispone de plan parcial aprobado. Con igual precio por m2, la
sociedad de Porto, Elclansol, cobra 3,9 millones € por unos terrenos que le
costaron 63.000 € en 1994, antes de su recalificación.
Mientras, la
Presidenta Regional solo contesta con un lacónico "pregúntenle a Porto".
Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio
cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de
Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún
miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo
Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. (04/10/06)
