47BIS. Air Madrid amplía su flota a seis aviones con un nuevo Airbus (20.07.05)

70. GOBIERNO REGIONAL: LA ESPANTADA DE TAMAYO SE PREPARÓ AL DÍA SIGUIENTE DE LOS COMICIOS. EL ESCOLTA INVOLUCRADO FICHA POR UNA EMPRESA  PRESIDIDA POR UN EX DIPUTADO DEL PP (27/11/05)

El Ayuntamiento de Aranjuez tendrá que pagar a Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda) más de 600.000 euros por la venta indebida efectuada en 1998 por el anterior gobierno municipal del Partido Popular de un inmueble conocido como Casa de la Frutería. Así lo anunció la actual concejal de Hacienda, Cristina Moreno (PSOE), al entregar a los periodistas el escrito recibido hace unos días en el Registro Municipal con la exigencia de Patrimonio del Estado de que se proceda a este pago al existir sentencia firme al respecto.

El edificio vendido por el Ayuntamiento era propiedad de Patrimonio del Estado que se lo había cedido al Consistorio con la condición de que tuviera un uso público. El gobierno anterior lo vendió para pagar una deuda al Consorcio Regional de Transportes y Patrimonio, al conocer esta venta, inició un expediente de reversión del edificio. Ayuntamiento y Patrimonio del Estado llegaron a los tribunales, pero ya hay sentencia firme y ahora el Consistorio ribereño, en una situación crítica por la deuda, tiene que afrontar el pago del edificio más los intereses.

La historia del proceso se remonta a principios de los años noventa. La Casa de la Frutería era un inmueble antiguo de Aranjuez propiedad de Patrimonio del Estado, organismo que el 2 de marzo de 1990 lo cedió gratuitamente junto a otros bienes y propiedades al Ayuntamiento, formalizándose la escritura pública el 24 de mayo de ese año.

La cesión estaba sometida a la condición de que el edificio se destinara a uso público. "Que con incumplimiento de dicha condición -dice el escrito de Patrimonio del Estado recibido recientemente en el Registro Municipal- el Ayuntamiento al que me dirijo promovió la venta del citado inmueble para satisfacer las deudas que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes, mediante acuerdo de 1 de octubre de 1998, produciéndose la venta al Grupo Inmobiliario Hersau, SA, el 18 de marzo de 1999".

La venta causó una gran polémica en la Corporación, ya que la oposición de entonces formada por PSOE e IU consideraban la venta ilegal. Cuando Patrimonio del Estado tuvo conocimiento de dicha venta inició un expediente de reversión del inmueble, y exigió su recuperación. Ahora el Estado exige el cumplimiento del pago, lo que ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento.

"Éste es el regalo de Reyes que nos deja el PP. La sentencia es firme y lo único que queda por hacer es pagar. Habrá que elaborar un plan de pagos al que podamos hacer frente, igual que hemos hecho con otras deudas, y afrontarlo", señalaba la concejal de Hacienda Cristina Moreno, del actual gobierno municipal socialista. Apuntó que están estudiando jurídicamente el caso por si procediera exigir a los entonces gobernantes algún tipo de responsabilidad.

Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial.La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas, según publica esta semana la revista Interviú.

La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex presidente del Gobierno era líder de la oposición. Aznar dejó de ir a la peluquería del Hotel Eurobuilding tras el atentado que el dirigente del PP sufrió cuando viajaba en su coche por una calle de Madrid.

Desde entonces, Romero acudía al despacho de José María Aznar en la calle de Génova o en el Palacio de la Moncloa. El peluquero comenzó su carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.

El concurso para la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero.

Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los 10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas. Romero y su familia copan los cargos en el consejo de administración de la sociedad Nature&Entertainment. El único propietario de Nature, siempre según Interviú, es la empresa Comercio y Desarrollo 2100, que también posee otras 22 sociedades mercantiles con nombres como Belize Resorts, Niue Investment, Maupiti Investment, Rarotonga Investment o Apapulco Bulevard.Todas ellas están activas desde el año 2002.

Juan Sánchez Sáez, con sus hijos Sergio y Alvaro, está al frente de Comercio y Desarrollo 2100.

Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de Alcorcón y Arroyomolinos, municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid con un gran desarrollo urbanístico en los próximos años.

En esta zona la familia Romero ha operado, asociada a la familia García Urraco, con la sociedad Bauenplan Promociones Inmobiliarias.

El ex presidente Aznar vive desde hace aproximadamente un año en una urbanización llamada Monte Alina, situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Aznar practica el golf desde hace dos años.

Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid. Piñero figura como presidente y aval técnico en la oferta que Play Golf Gestión presentó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que está presidido por Jesús Sepúlveda (PP). La trayectoria empresarial de Piñero parece que no es tan impecable como la deportiva tras el fiasco con otro campo municipal de golf en Oviedo. Esta compañía era la única que optaba a la concesión que no tiene experiencia en la gestión.

La licitación del campo de golf y una escuela del mismo deporte se hizo en junio del año 2004. Play Golf fue fundada un año antes con un capital de 64.000 €.

Gonzalo Aguado, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pozuelo, dijo a la revista que Play Golf fue la empresa que más puntuación sacó en la oferta económica, que estaba valorada con 20 puntos.La empresa pagará 10.000 € anuales al Ayuntamiento y no incrementará significativamente su aportación hasta pasados los 17 años.Al final de los 50 años de concesión, llegará a una media de 250.000 € anuales.

El gobierno municipal de Majadahonda (60.000 habitantes) está roto. El alcalde, Guillermo Ortega Alonso, del PP, está a punto de presentar su dimisión ante la dirección del partido. Fuentes del PP dan por hecha su salida en los próximos días (es "inminente", dicen). El equipo de gobierno -15 concejales, contra siete del PSOE, dos del CDS y uno de IU- se ha dividido en dos: de un lado, tres ediles en torno a Guillermo Ortega Alonso; del otro, 10 ediles agrupados por Narciso de Foxá, ex concejal de Urbanismo, ex primer teniente de alcalde y actual presidente de la sociedad municipal Pammasa.

El grupo municipal socialista cree que la división se ha producido precisamente por la gestión de esta empresa que, según el PSOE, ha provocado pérdidas al Ayuntamiento por valor de 108 millones y la quiebra financiera del Consistorio. Un informe elaborado por ediles próximos a Ortega avalan esta cifra.

Pammasa, a su vez, vendía a las promotoras los derechos de construcción de estas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 € por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento se veía obligado así a asumir la obligación de levantar las casas protegidas que no hacían los privados. Los socialistas llaman a esta operación "el permutazo".

Ortega, según ediles del PP, al descubrir el entramado, paró una operación en 2004, la referente a la parcela RN1 con 261 posibles casas, y sacó a concurso el suelo para vivienda libre. Sin embargo, Foxá, que defiende la gestión de Pammasa, afirma que las irregularidades se producen al intentar Ortega vender las parcelas en concurso libre. Ortega quería vender a 1.600 € el metro, pero Foxá dice que vale, por lo menos, 2.700.

Un dossier elaborado por concejales del equipo del gobierno cifra en 1.285 viviendas las operaciones que Pammasa realizó con privados entre los años 2000 y 2002. Y ponen como ejemplo que en la parcela RN9 (un solar de 16.000 m² y donde podían ser edificadas 132 viviendas libres), "el Ayuntamiento ha sufrido un quebranto económico de 2.753 millones de pesetas [unos 16 millones de €]".

El informe de los ediles del PP asegura que con el agujero económico ocasionado al Ayuntamiento se podrían haber levantado 3.755 pisos protegidos. Majadahoda ha edificado sólo 1.000 pisos con algún tipo de protección desde 2000.

En un carta que Foxá dirigió a las promotoras en junio de 2000 se lee: "Es intención de Pammasa ceder derechos para edificar viviendas libres, por un monto total de 377, asumiendo la obligación que tienen otros promotores de edificar viviendas sujetas a algún tipo de protección, a cambio de una contraprestación económica. Las ofertas deberán superar el precio mínimo de 30.000 pesetas el metro cuadrado, con un mínimo de tres millones de pesetas por vivienda".

El citado dossier del equipo municipal asegura que en 2004, Ortega descubrió la operación y paralizó otra nueva cesión a Pammasa: la parcela RN-1, con 261 viviendas libres. La parcela fue valorada por el arquitecto municipal, ajustándose a la ley y virtud de que el Ayuntamiento la consideraba destinada a vivienda protegida, en 1.515 millones de pesetas, cuando su valor de mercado era de 9.272 millones de pesetas (precio que habría obtenido el Consistorio si la hubiera vendido en subasta). El alcalde frenó la venta y la sacó a concurso por los citados 9.272 millones. Se presentaron 11 empresas.

Narciso de Foxá explica que el procedimiento de venta de derechos por parte de Pammasa para edificar vivienda libre es transparente. "Se adjudicaron por subasta, y al precio que dijo el arquitecto municipal. Además todos los grupos políticos del Ayuntamiento lo aprobaron por unanimidad, incluido el PSOE".

Fuentes del grupo de ediles contrarios a Ortega aseguran, por su parte, que donde se han producido las irregularidades es en el concurso para vender dos parcelas municipales de vivienda libre, la 2D y la RN-1. "No podíamos permitir que se nos obligara a aceptar la venta de suelo municipal a 1.600 € el metro cuadrado como quería Ortega, cuando en Pozuelo se están vendiendo a 3.280; en Las Rozas a 2.900; y en Boadilla a 2.700. Con esta actuación el municipio va a perder unos 50 millones de €", explican. "Es un escándalo", mantienen.

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reconoció hace unos días que Majadahonda vive "momentos delicados" derivados de la remodelación de su gobierno local, pero asegura que "nunca" se ha cuestionado la gestión del actual alcalde. "Está siendo un excelente alcalde y ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Es, desde luego, una ciudad que es un modelo dentro de la Comunidad y lo va a seguir siendo", afirmó. Como máximo responsable de estos asuntos dentro de su partido, Granados explicó: "Desde el PP lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo: recoger los datos de lo que está sucediendo allí, que yo no calificaría de crisis, sino de momento delicado".

El vicepresidente primero y presidente del Comité Electoral del PP de Madrid, Ignacio González, dijo que le parece bien la "disponibilidad" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a querer repetir en su puesto en las elecciones de 2007, pero recordó que es el partido el que "bendice a los candidatos". González concluyó: "Me parece muy bien la disponibilidad, pero será el partido el que decidirá quiénes son los candidatos a las distintas instituciones".

El alcalde aseguró horas antes, en una entrevista en Telecinco, que si los madrileños quieren, seguirá en el cargo después de 2007 porque necesita dos legislaturas para "coronar" proyectos que sitúen a la ciudad en el "liderazgo que le corresponde", en España y en Europa. Gallardón llegó al Ayuntamiento de Madrid tras los comicios de mayo de 2003.

Gallardón argumentó: "En una legislatura se inician muchos proyectos que se coronan en dos y, en principio, mi intención sería terminar ese proceso de transformación fabulosa que está viviendo nuestra ciudad para ocupar el espacio y el tiempo de liderazgo que le corresponde a Madrid no sólo dentro de España, sino dentro de Europa, y que eso requiere dos legislaturas".

En la entrevista, el alcalde también reconoció que ETA es "el único problema" de la candidatura olímpica que, hoy por hoy, según aseguró, es la mejor, por encima incluso de su principal competidora, París, al haber superado los escollos de pruebas deportivas y plazas hoteleras que sumaba puntos a favor de la ciudad francesa.

La candidatura olímpica Madrid 2012 y la reforma de la M-30 son dos de los grandes proyectos que el alcalde querría continuar en caso de presentarse finalmente a la reelección.

"Fue una decisión puramente técnica". Así respondió el Ministerio de Hacienda a las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González en las que aseguraba que la calificación de Mintra como empresa pública por parte de Bruselas, en vez de comercial, respondía a "razones políticas". Por su parte, Bruselas dice que tomó la decisión al recibir nueva documentación de Madrid.

El Ministerio de Economía y Hacienda rechaza tajantemente que existan motivos políticos para el cambio de calificación de la empresa pública Mintra, sociedad con la que la Comunidad de Madrid financia la construcción del metro. Fue Eurostat, organismo independiente que vela por el control de las cuentas públicas europeas, el que decidió recientemente calificar a Mintra como empresa pública y no como comercial, como ocurría hasta ahora. Alega razones técnicas. Esta nueva calificación hace que la deuda de Mintra (3.600 millones) pase directamente a formar parte del endeudamiento de la Comunidad de Madrid, lo que eleva la deuda regional a 10.000 millones de € y obliga al Ejecutivo de Esperanza Aguirre a emprender un plan especial de financiación.

El vicepresidente primero del Gobierno, Ignacio González, había manifestado que el cambio de calificación por parte de Eurostat obedece "a un objetivo político". González culpó a Pedro Solbes, actual ministro de Hacienda y ex comisario europeo, y a Joaquín Almunia, máximo responsable actualmente de Eurostat, de este cambio de calificación. "Salvo que alguien me lo explique, no entiendo las razones para cambiar de criterios contables con Mintra, ya que la empresa no ha cambiado su gestión. Si no es una razón económica, ¿cuál es la razón? Si no hay motivos económicos, serán políticos", dijo el vicepresidente primero.

Hacienda salió al paso de estas declaraciones. Fuentes ministeriales recordaron que Eurostat no tiene como interlocutor al Gobierno de España, sino al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Banco de España y a la Intervención General del Estado.

Estas fuentes rechazaron, igualmente, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no haya defendido suficientemente los argumentos de la Comunidad de Madrid para mantener a Mintra como empresa comercial, tal y como afirmó González. "Eso es completamente incierto. Lo que ocurrió es que Mintra estaba calificada como empresa comercial de forma transitoria, no de manera definitiva. La decisión estaba sometida a revisión de Eurostat y la Comunidad de Madrid lo sabía", aseguran. Y estas fuentes ministeriales añaden: "En junio pasado, hicimos pública lo que denominamos Operación Transparencia. Es decir, explicamos que no es que el PP [el Gobierno de José María Aznar] hubiera dejado déficit oculto, sino que había riesgo de que en el futuro se pudiera contabilizar como déficit el endeudamiento de algunas empresas públicas. Éste ha sido el caso de Mintra y puede serlo de otras".

Por su parte, en una carta que Eurostat envía al director general del INE, Mariano Gómez del Moral, y que tiene fecha del pasado día 3, se lee que existen cuatro razones para que Mintra deje de ser considerada empresa comercial.

Entre las causas, Eurostat menciona que la mayor parte de las cantidades recibidas por Mintra provienen de Metro, que los ingresos de Mintra están fijados con antelación y no parecen corresponder con parámetros objetivos relacionados con el uso de las infraestructuras y que "el poder contractual de Mintra está muy limitado, ya que Metro es su único cliente (los ingresos provenientes de otros operadores son casi insignificantes), por lo que su mercado es muy limitado". Con estas consideraciones, Bart Meganck, director de Eurostat, afirma que Mintra debe ser calificada como empresa pública.

La carta enviada por Bart Meganck, director de Eurostat, al Instituto Nacional de Estadística para explicar el cambio de calificación de Mintra detalla que en un primer momento (2003) la empresa pública fue calificada de comercial, porque Eurostat sólo disponía de "información parcial".

La decisión se tomó entonces, dados los "aspectos legales de la empresa". Ahora, Eurostat ha cambiado de opinión al tener en cuenta "la información adicional recibida", incluido un análisis de balances, beneficios y pérdidas.

La Comunidad, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente, alegó que debía ser considerada empresa comercial porque la sociedad recuperaría el 50% de sus inversiones por la venta de sus productos (alquiler de las infraestructuras). Ahora, Eurostat dice que eso no es suficiente.

Concejales del equipo de Gobierno de Majadahonda aseguran que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conocía desde hace semanas las irregularidades en la Empresa Municipal de la Vivienda de esta localidad, de la que fue alcalde Romero de Tejada, que también fue secretario general del PP de Madrid. Esta semana, el PP ha forzado el cambio de alcalde en Majadahonda.

Concejales populares del Ayuntamiento de Majadahonda denuncian que la Ejecutiva regional del PP tenía constancia hace varias semanas de las irregularidades urbanísticas que se produjeron en el municipio. Según el concejal de Urbanismo, hace dos semanas se produjo una reunión en la sede de Génova donde participaron Esperanza Aguirre, Ignacio González y Frencisco Granados. En ella, el anterior alcalde del consistorio, Guillermo Ortega entregó a los responsables regionales un dosssier sobre la gestión irregular de la Empresa Municipal de suelo. También cuenta el concejal que tras esa reunión, el partido ha ordenado dejar de lado ciertos expedientes.

El PP regional no quiere investigar las irregularidades urbanísticas que han dejado un agujero de 108 millones en las arcas del municipio. Esa es la denuncia de José Luis Peñas, que argumenta que ya el responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Majadahonda, lejos de ser investigado por el PP regional, ha sido elevado a alcalde con el beneplácito del partido.

El concejal ‘popular’ atribuye la caída del anterior alcalde del consistorio a la denuncia sobre la gestión del suelo en Majadahonda que hizo en la sede de Génova. Así mismo, José Luis Peñas interpreta la reacción del PP regional como una señal de algo más.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el PP sin que de momento haya sido posible obtener respuesta. Hay que recordar que José Luis Peñas y otro concejal ‘popular’ del municipio recibieron esta semana la amenaza de expediente por parte del secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados.

La ONG que preside el ex jefe de prensa de Aznar, Pablo Izquierdo, y de la que fue vicepresidenta Ana Botella, continúa recibiendo subvenciones de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. La última le fue concedida hace pocos días y ronda los 200.000 €. Esta Fundación está siendo investigada por la Intervención General del Estado por presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas públicas.

Se trata de una de las más altas concedidas por la Comunidad de Madrid con cargo a los Presupuestos de 2004. Esos 200.000 € deberán ser utilizados por la Fundación Iberoámerica Europa (CIPIE) para construir una biblioteca en Lima, la capital de Perú.

El PSOE considera que existen demasiadas dudas sobre la gestión que esta ONG hace con dinero público, como denuncia Francisco Contreras, diputado socialista en la Asamblea de Madrid. "Me parece que, cuando menos, debían congelarse todo dipo de acciones con respecto a CIPIE -dice Contreras-, teniendo en cuenta la mala gestión que se ha denunciado". El diputado socialista considera que la Comunidad de Madrid debería abrir una investigación sobre la gestión de esta Fundación, en vez de seguir concediéndola subvenciones.

Por su parte, el director general de Inmigración y Cooperación de la Comunidad, Carlos Clemente, ha declarado que la subvención está avalada por los técnicos y que no le consta que esta ONG esté siendo investigada por ningún organismo del Estado.

Una empresa se encargará de construir y gestionar los servicios no médicos de los hospitales (lavandería, mantenimiento, administración, restauración...), pero Sanidad mantendrá la gestión directa de todos los servicios médicos.

Sanidad tiene previsto abrir el hospital a principios de 2007, poco antes de las próximas lecciones autonómicas. Lamela afirmó que la gestión privada del hospital "no es incompatible ni contraria al concepto de asistencia sanitaria gratuita ni al derecho de acceso en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos". Lamela, que al igual que Esperanza Aguirre, había asegurado que los nuevos hospitales tendrían gestión pública, afirmó que este compromiso se refería sólo a los siete hospitales prometidos en el programa electoral del PP. Como el de Valdemoro fue añadido al proyecto de nuevas infraestructuras, Sanidad considera que no está incluido en su compromiso de gestión pública.

El hospital se ubicará en una parcela de 70.000 m² y tendrá una superficie construida de 43.500 m², incluido un aparcamiento de 15.800 m². En 2007, será inaugurado con 100 camas, que podrán ampliarse a 145 en una década. Cuando abra al público tendrá aproximadamente 100 camas, que podrán llegar a 145 en 2017.

Tanto el nuevo alcalde, Narciso de Foxá como el anterior regidor, Guillermo Ortega, ambos del PP admitieron en una tensa reunión interna del partido celebrada en el Ayuntamiento el 24 de Enero que la decisión de paralizar la adjudicación de estas parcelas la tomó la presidenta de la Comunidad y del PP regional, Esperanza Aguirre con el conocimiento del ex-secretario general, Romero de Tejada.Ni uno ni otro dieron detalles sobre los motivos que alegaba Esperanza Aguirre para paralizar la adjudicación pero Foxa llegó a decir que no los desvelaba para, dijo textualmente, no enrarecer más la reunión.

El ex-alcalde Guillermo Ortega advirtió en ese encuentro que no estaba dispuesto a vivir bajo el chantaje que se le estaba haciendo y acusó al arquitecto municipal de cambiar su informe para impedir que las parcelas fueran adjudicadas a la empresa que ganó el concurso publico y, en cambio, fueran a parar a la constructora AFAR 4; Esta empresa es la gran beneficiada de las adjudicaciones en Majadahonda y su propietario es intimo amigo de Romero de Tejada.

En esa reunión, Guillermo Ortega llegó a hablar textualmente de "mamoneos" de los servicios técnicos y de informes del arquitecto que, según sus palabras, "no son para el juzgado sino para fusilarle". El ex-alcalde desveló además el mensaje que Romero de Tejada le había hecho llegar a través de un constructor: "date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás, seguirás de alcalde". Pese a todo, Ortega reivindicó su derecho a no cambiar la adjudicación amparándose en la autonomía municipal.

Sin embargo, 8 días después, Ortega presentó su dimisión alegando oficialmente motivos de salud y Narciso de Foxa fue elegido nuevo alcalde. Foxa era hasta entonces presidente de la empresa municipal de suelo que ha realizado en los últimos años numerosas adjudicaciones a la empresa Afar 4 y ha sido acusado por el Psoe de dejar un agujero en las cuentas municipales de 108 millones de €.

La intervención de Esperanza Aguirre en este caso resulta llamativa porque, según contó el ex-alcalde, se reunió con ella en el aeropuerto de Barajas el día, minutos antes de partir hacia China. En ese encuentro, Aguirre le insistió en que el único problema era el de las parcelas. El nuevo alcalde, Narciso de Foxá ha anulado el concurso convocado por su predecesor y ha anunciado un nuevo proceso para adjudicar las parcelas.

La presidenta regional, de momento, no ha querido pronunciarse. Guillermo Ortega ha escuchado las preguntas sin contestar. Quien sí ha hablado ha sido el ex secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, que ha admitido haber dado instrucciones para que esas parcelas no se adjudicasen.

Además ha reconocido además su relación de amistad con el propietario de Afar 4, Antonio Cubo. Tanto el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, como su predecesor en el cargo no han querido

El hospital de Valdemoro, uno de los ocho centros sanitarios que el Gobierno regional anunció que construiría en esta legislatura, será finalmente un hospital privado, propiedad de una empresa que cobrará a la Consejería de Sanidad la asistencia médica que preste a los 150.000 vecinos que en los próximos años está previsto que vivan en la zona

Así lo confirm el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, tras la publicación en el diario La Razón de la decisión tomada por Sanidad. El Gobierno regional introduce así una nueva fórmula de gestión en la sanidad pública que aumenta la colaboración con el sector privado. Pero la única presencia de Sanidad en el hospital será la de un delegado.

Hasta ahora, el único centro privado que en la región tenía una población asignada era la Fundación Jiménez Díaz. Ésta era hasta hace dos años una entidad sin afán de lucro que fue cedida por la Consejería de Sanidad a la empresa IDC, después de que la Fundación entrara en quiebra técnica. En los otros siete hospitales anunciados por Sanidad para esta legislatura -Henares, Sur, Arganda, Vallecas, Parla, Puerta de Hierro de Majadahonda y Norte- la fórmula de gestión será mixta pública-privada.

Uno de cada cinco electores madrileños -exactamente el 19,39%- ha dicho que no aprueba la Constitución Europea que fue sometida a referéndum. Después del País Vasco, Navarra y Cataluña, la Comunidad de Madrid ha sido la que ha mostrado un rechazo mayor hacia el Tratado por el que se establece una Carta Magna para la Unión Europea

En Cataluña y en el País Vasco ha habido formaciones políticas nacionalistas que han pedido el no durante la campaña sobre el referéndum, porque la futura Constitución Europea no recoge sus aspiraciones. En Madrid no existe ese argumento, sino que tan elevado número de votos negativos, aunque proviene mayoritariamente de la izquierda, se ha visto incrementado en parte por votantes de la derecha más ultra.

En los barrios considerados más de derechas de la capital de España, donde el PP obtiene habitualmente sus mejores resultados, el porcentaje de personas que han votado no ha sido muy superior a la media registrada en España. En el distrito de Salamanca, por ejemplo, el no llegó al 30,10% y en el de Chamberí fue del 29,46%.

Lo mismo ha ocurrido en varios pueblos de la comunidad madrileña, que han registrado un porcentaje de noes sensiblemente superior a la media estatal. Entre ellos figuran Pozuelo de Alarcón (26,15%), Majadahonda (26,26%), Madarcos (31,25%) y Torremocha del Jarama (29,72%).

En Madrid podían votar 4.463.258 personas y lo hicieron 1.841.348, lo que supone un 42,62%. De ellos, un 73,95% depositó en las urnas una papeleta con el sí, un 19,39% optó por el no y un 6,66% votó en blanco.

Desde el primer momento del escrutinio la comunidad madrileña se situó por encima de la media de España en el número de votos contra la Constitución Europea. A medida que avanzaba el recuento aumentaba también esa diferencia, hasta llegar a superar los dos puntos al final del escrutinio.

La única fuerza política con representación parlamentaria que ha pedido el no en la Comunidad de Madrid durante ha sido Izquierda Unida. De ahí que Gaspar Llamazares y otros dirigentes manifestaran anoche su satisfacción, sin mencionar que una parte de papeletas con el no provienen de la derecha.

Camilo Pereira, uno de los socios del actual alcalde y ex concejal de Urbanismo de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, en la empresa Marble Works es dueño de Fronda, sociedad que realiza gran parte de las obras y suministros de jardinería de esa localidad. El interventor municipal indica en un informe de octubre de 2004 que Fronda realizó la mayor parte de los trabajos por importe inferior al contrato menor (12.000 €), evitando así la fiscalización de los mismos. De Foxá niega haber participado nunca en ninguna contratación con Fronda y recuerda que era la Concejalía de Medio Ambiente la que se encargaba de este asunto.

Según cálculos del PSOE, en la oposición, Fronda facturó al Ayuntamiento entre los años 2003 y 2004 unos 378.000 €. El interventor municipal redactó un informe sobre estas facturas, debido a que la empresa reclamó al Ayuntamiento en junio de 2004 varios pagos pendientes.

Del análisis de las facturas reclamadas, el interventor concluye, por una parte, que "hay alarmantes series de facturas o solicitudes de gasto de la misma fecha, y conceptos que podrían ser englobados en contratos mayores".

Al mismo tiempo, el técnico municipal manifiesta que, si la Concejalía de Medio Ambiente da su conformidad a las facturas reclamadas, y de las que no se encuentran justificantes, el gasto real de los últimos tres años ascendería a casi un millón de €.

Según la intervención, el hecho de que la mayoría de los trabajos hayan sido realizados por importes inferiores al contrato menor, contraviene lo dispuesto en la legislación de contratación de las administraciones públicas vigente, además de evitar su fiscalización.

El alcalde sostiene por su parte: "No tengo nada que ver con ese sector. Lo único que tengo es una participación del 0,8% en una sociedad industrial en la zona de Alicante [propiedad de Marble Works]". Y añade tajante: "No he contratado ni una sola flor con Fronda. Eso es labor de Medio Ambiente, no mía. Si alguien me acusa de que yo haya realizado alguna adjudicación a Fronda, miente, difama y calumnia".

La decisión de poner orden en la organización popular en el municipio de Majadahonda fue tomada el pasado lunes en una reunión de la directiva del PP y a instancias del sector más próximo a Ángel Acebes. Es la primera consecuencia de la crisis abierta por lo que se ha dado en llamar 'caso Majadahonda'.

El actual alcalde de la población madrileña, Narciso de Foxá, había manifestado en varias ocasiones su intención de hacerse cargo en los próximos días del partido. En su lugar, será la diputada del PP y ex ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, quien tomará las riendas de un Partido Popular dividido en este municipio madrileño.

Se rompe así la doctrina tradicional del partido, por la que los alcaldes o portavoces municipales asumen también la presidencia del PP en el municipio correspondiente. Precisamente este giro de timón ha llevado a que dentro del grupo popular municipal se interprete este movimiento de la dirección central como un golpe personal y político a la figura de Narciso de Foxá.

Varios concejales leales a este último han manifestado su malestar al conocer la noticia, de la que dicen que no sabían nada. De Foxá, por su parte, ha afirmado no sentirse desautorizado por la decisión de su partido y ha asegurado que, después de la creación de la gestora, pujará de nuevo por la presidencia.

El ministerio fiscal solicita una pena de dos años de prisión y ocho de inhabilitación de cargo público para el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo (PP), acusado de recalificar una parcela protegida pasando por alto los trámites legales. Asimismo, se le acusa de talar árboles centenarios ubicados en ese terreno con el fin de facilitar a una constructora ligada a uno de los concejales la edificación en esa parcela de chalés de lujo, según informa Europa Press.

El ministerio público también incluye en su escrito de acusación al arquitecto municipal de San Lorenzo de El Escorial, Francisco Navarro, para el que pide un año de prisión y ocho de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, y acusa a cinco de los ediles del equipo de Fernández-Quejo de cometer delitos de estafa, estafa continuada y contra los recursos naturales.

El juicio contra Fernández-Quejo y los concejales del Ayuntamiento de la localidad comenzó en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. En la causa se encuentran personadas como responsable civil directo la aseguradora Fiatc y como responsable subsidiario el Consistorio de San Lorenzo y la compañía Neypass S.L. cuyo constructor, Francisco Javier Pascual, está siendo juzgado por un delito de estafa continuada y de un delito de ordenación del territorio. Para Pascual, el fiscal pide ocho años de prisión y el pago de una multa.

En la primera sesión del juicio, el constructor de la empresa Neypass, aseguró que compró el terreno en julio de 1996 en contrato privado, y en noviembre del mismo año en escritura pública con el objetivo de construir en él ocho chalets.

"Nunca supe que la construcción era ilegal, nunca utilicé ninguna argucia para conseguir las licencias de urbanización ni prometí beneficios a nadie, además, nunca me han favorecido ni el alcalde ni los concejales", declaró el constructor. En cuanto a la tala ilegal de árboles en la parcela, Pascual aseguró que sólo eliminó aquellos árboles que estaban en la zona urbanizable.

El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo, quien, antes de abandonar la Audiencia, declaró que estaba "tranquilo y contento" de que se celebre el juicio porque "no es normal llevar siete años procesado sin motivo alguno".

Afar 4, la empresa más favorecida en octubre de 2003 en la subasta municipal de Majadahonda en la zona de Roza-Martín para permutar derechos de construcción de vivienda protegida por privada, contrató después a Virtón, empresa que hasta hace 15 días tenía como apoderada a María Mercedes Romero de Tejada, hija de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda. Esta empresa también realizó la urbanización de otra zona donde Afar 4 copó igualmente los derechos de construcción privada en una subasta celebrada en 2000, bajo mandato de Romero.

El 18 de septiembre de 2003, la Empresa Municipal de la Vivienda de Majadahonda (Pammasa), bajo mandato del alcalde popular Guillermo Ortega, subastó sus derechos para construir 243 viviendas libres en la zona de Roza-Martín entre una serie de propietarios o promotores. A cambio de este pago, traspasaban al Ayuntamiento su deber legal de construir viviendas protegidas en dicha zona. El resultado fue un regalo de casi setenta millones de € a los promotores -rentabilidad obtenida de construir viviendas libres en lugar de viviendas protegidas, mucho más baratas-, según cálculos del PSOE, que denunció entonces la operación ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

La empresa más favorecida fue Afar 4 -obtuvo 163 derechos de construcción sobre los 243 subastados-, al igual que en otra subasta idéntica producida en 2000 bajo mandato del alcalde Ricardo Romero de Tejada. En aquella ocasión, Afar 4 cosechó 124 derechos de edificación de vivienda libre sobre 377 en la denominada área de oportunidad de Majadahonda. El presidente de la junta de compensación era Francico Javier Segurado, que presidía varias de las promotoras -incluida alguna que como Incoda ha tenido como socio al alcalde madrileño José María Álvarez del Manzano-, quien contrató a Virton para las obras de urbanización.

Tras la segunda subasta de derechos de construcción de vivienda libre de Pammasa, en octubre de 2003, Afar 4, en tanto que propietaria mayoritaria y presidenta de la junta de compensación, seleccionó a varias empresas para urbanizar la zona de Roza-Martín. Y escogió también a la empresa Virton, que desde mayo de 2001 tenía como miembro de su consejo de administración, en calidad de apoderada, a María Romero de Tejada Esteve, hija del ex alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del partido popular en la Comunidad de Madrid.

El monto de la factura, con fecha de julio pasado, se eleva a 12,5 millones de €, que, con el IVA, suma 14,5. Esta abogada perdió su condición de apoderada sólo hace 15 días, según el administrador de Virton, Manuel Barrios, quien matiza que desde octubre de 2003 ya no prestaba sus servicios en la empresa por razón de su tercera maternidad. Barrios asegura que su empresa, Virton, era la oferta más barata y que, en contra de lo que se ha sugerido habitualmente, nunca, ni en época de Guillermo Ortega, ni en la de su antecesor, Romero de Tejada, esta empresa recibió ningún contrato del Ayuntamiento de Majadahonda, sino que toda su actividad en dicho municipio está vinculada a la iniciativa privada, básicamente labores de urbanización promovidas por juntas de compensación.

Afar 4 está citada no sólo en la denuncia presentada por el PSOE contra la subasta de derechos de construcción de viviendas libres de octubre de 2003, sino en la cursada ante el fiscal general del Estado por la enajenación directa de suelo municipal gestada en abril de 2004 por dicho Ayuntamiento

En dicho escrito, al margen del baile de informes técnicos para supuestamente primar a Afar 4, se dice: "Es muy llamativo el dato de que mientras Narciso de Foxá, actual alcalde, ha sido presidente de Pammasa, esta empresa ha realizado negocios urbanísticos con Afar 4, a través del mecanismo de la transferencia de aprovechamientos, consistente en que Pammasa permuta sus derechos a edificar vivienda libre".

Esta empresa fue citada de la siguiente manera por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en una conversación, grabada, mantenida con su grupo municipal y que consta en la denuncia ante la fiscalía: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe de la parcela para que se la lleve Afar 4. Lo siento en el alma, pero no lo voy a aceptar".

Ricardo Romero de Tejada negó ante la comisión parlamentaria que investigó el caso Tamayo que tuviera con Antonio Cubo, propietario de Afar 4, otra relación que no fuera la profesional. Dijo conocer a Cubo porque "acudía a todas las subastas de suelo de Majadahonda". Afar 4 posee, según sus últimas cuentas, un inmovilizado material (terrenos, construcciones, etcétera) valorado en casi seis millones de €. Y participa en la urbanización de diversos terrenos.

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del PP contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido por haber ordenado investigar las presiones para evitar la adjudicación de un concurso público en la localidad de Majadahonda (Madrid). El auto del Supremo desmonta uno por uno todos los argumentos de la denuncia y da un serio revolcón jurídico a los abogados del partido denunciante a los que recuerda que contra jueces, magistrados y fiscales no se pueden presentar denuncias, sino sólo querellas.

Además, frente al reproche del PP a Conde-Pumpido por atribuir la investigación de la trama a la Fiscalía Anticorrupción en vez de al "fiscal natural" que según el PP sería la Fiscalía de Madrid, el Supremo señala que no existe un "pretendido derecho a un fiscal natural predeterminado por la ley". Y recuerda que al Fiscal General, como jefe superior del Ministerio Fiscal, le corresponde "emitir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio".

El Supremo rechaza después que el fiscal del Estado hubiese podido incurrir en delito de prevaricación, ya que su orden de investigar no puede calificarse de "arbitraria".

Tampoco pudo incurrir el fiscal general en delito de revelación de secretos ya que comunicar que la denuncia la iba a tramitar Anticorrupción no solo "no es algo secreto" sino que cumple el "deber de información a la opinión pública" previsto en el artículo 4.5. del Estatuto del Ministerio Fiscal.

El 15 de septiembre de 2002, en la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, muy cerca del altar de la basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se sentaban los numerosos testigos del enlace. Estaban Silvio Berlusconi, Pablo, Ana y Rachid, hermanos del novio, y otros personajes cercanos al contrayente, entre ellos Francisco Correa, amigo de Agag lo suficientemente intimo como para haber sido testigo de su enlace. Correa, su pareja sentimental, un político madrileño miembro del Clan de Becerril y un ex secretario de organización provincial del partido en el feudo popular gallego están en el centro de una trama de concesiones y empresas que, al menos durante 2003 -de 2004 no hay aun cuentas depositadas- se han beneficiado con eventos del Partido Popular, el Ayuntamiento de Majadahonda y la Comunidad de Madrid.

Es una compleja red societaria en la que los distintos personajes de esta historia surgen y desaparecen, saltan y se cruzan, pero la mayoría de las empresas comparten sede ó vínculos de marca con unas siglas: FCS. Coinciden bajo esas siglas la denominación comercial Formación, Comunicación y Servicios y el nombre de su creador. Francisco Correa Sánchez. Es un empresario dotado de indudable magnetismo, pues en tomo a su vieja sede empresarial del número 40 de la calle Serrano, de Madrid, se han ido apiñando rentables negocios de comunicación, organización de actos y otros servicios.

Alegando estar de viaje, Alejandro Agag no ha contestado a las preguntas de Interviú sobre su relación con algunos personajes de esta historia. Por su parte, Francisco Correa confirma que "conozco a Alejandro hace mas de 25 años. Me une una gran amistad personal con sus padres". Durante la gran boda Agag-Aznar, muy cerca de el también se sentaba Antonio Cámara, otro testigo del novio, que ha sido asistente personal de José Maria Aznar. Cámara -ver recuadro- no tiene participación societaria en la red de empresas, pero ha trabajado estrechamente con Correa en la organización de eventos del PP. En la red se cruza su nombre con el de Pablo. Crespo Sabarís, ex dirigente del PP gallego caído en desgracia en el noroeste pero refugiado de lujo en el centro, en el entorno de Esperanza Aguirre. Antonio Cámara ha trabajado para las empresas de Crespo Sabarís, "hasta hace un mes", confirma el mismo.

Estos personajes, además de la amistad, comparten su vinculación con Maria del Carmen Rodríguez Quijano. Profesional de la comunicación y las Relaciones Públicas, Maria del Carmen es pareja sentimental de Francisco Correa. Crespo Sabarís preside dos empresas que ella creó y, según dice, "soy amigo de Paco; le conozco desde 1994 o 1995. Paco tuvo relación con el grupo en sus inicios, fue quien creo la marca, pero ahora no tiene nada que ver". Maria del Carmen fue jefa de Gabinete del anterior alcalde de Majadahonda, Gui1lermo Ortega. No es mal puesto. Majadahonda es una de las localidades mas de mas peso económico y político de la lujosa periferia noroeste de Madrid. Allí viven importantes políticos del PP y del PSOE y destacados empresarios. El nombre de este pueblo ha cobrado relevancia por el último capitulo de la guerra interna en el PP madrileño y las irregularidades del reñido negocio del ladrillo que ha empezado a investigar la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la etapa de Carmen Rodríguez en el Ayuntamiento de Majadahonda, Crespo Sabarís y algunos de sus socios (entre ellos Femando Torres Manso, Joaquín García Mármol, Luis de Miguel Pérez y José Luis Izquierdo López) participaron en varias sociedades que han facturado en los últimos años grandes cantidades al municipio. Entre ellas esta TCM (Tecnologic Consulting Management), Boomerangdrive, Cresva, SL, y una agencia que trabaja para el consistorio, Pasadena Viajes, SL. Esta firma fue, según consta en el programa Oficial, la "Agencia Oficial de la VII Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", celebrada en Madrid en noviembre de 2003. Fue el ultimo acto de la FEMP bajo el mandato de la entonces presidenta, la alcaldesa popular de Valencia Rita Barbera. Pasadena Viajes fue fundada en julio de 1994 por María del Carmen Rodríguez Quijano.

En la maraña empresarial que se ha nutrido de las arcas del Ayuntamiento de Majadahonda destaca la firma Special Events. Fue creada por Carmen Rodríguez Quijano el 2 de septiembre de 1994 con 500.000 de las antiguas pesetas de capital. Su objeto social es la "organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos", según el Registro Mercantil.

Según datos de la oposición municipal, el Ayuntamiento de Majadahonda ha pagado a Special Events mas de 87.000 € a lo largo de 2003 en una serie de facturas en las que no se especifica prácticamente nada. Hay crípticas facturas que explican el concepto del pago lacónicamente: "Importe correspondiente a concejalía de familia. Gabinete de comunicación", "Importe correspondiente a Cd's Acto Vivienda", "Importe correspondiente a copias de Cd' s". También figuran conceptos como la adquisición de un periscopio, un desfile de modas y hasta las manivelas de los cuartos de baño.

Entre 2000 y hasta hace un mes y medio, el Ayuntamiento de Majadahonda ha sido cliente de Special Events, a pesar de haber tenido algún incidente: en 2001, Carmen Rodríguez Quijano dejó el Consejo de administración de esa firma. El PSOE majariego denunció que la alcaldía había encargado la realización de un video a Special Events, siendo su presidenta asesora del alcalde. "El caso del vídeo fue sobreseído", matiza Francisco Correa. En realidad se refiere a que los abogados de Carmen solicitaron el archivo del caso mostrando que Carmen había dimitido de su cargo en la empresa antes del encargo del video. El fiscal informó favorablemente, pero los denunciantes no contestaron la medida en plazo. El caso esta sobre la mesa de la juez de instrucción 1 de Majadahonda desde diciembre pasado.

Los últimos cambios en Special Events anotados en el Registro son del 5 de agosto de 2003, cuando la firma pasa a ser presidida por Pablo Crespo Sabarís, que hasta entonces había sido secretario del Consejo de Administración Actualmente, reconoce el gallego, "uno de nuestros mejores clientes es el PP de Madrid".

En las facturas a las que ha tenido acceso Interviú se observa una curiosa cadencia. Special Events cobra al Ayuntamiento cada tres o cuatro días, casi siempre en cantidades que rondan los 500 € y en facturas que no especifican con detalle su concepto. El pago de cantidades tan pequeñas no se somete a los principales controles municipales. La oposición en Majadahonda sospecha que estos pagos menores, realizados de manera múltiple, permiten fragmentar el gasto y no pasar ni por pleno, ni por comisión, ni por la necesidad de rubricarse en convenio; basta sólo la firma y visto bueno del alcalde.

No en todas las facturas pagadas a esta red de empresas figuran cantidades menores. Alguna destaca por su montante. Mas de 17.000 € se pagaron el 14 de diciembre de 2003 por "instalación mampara con instalación eléctrica y pintura en la OAC" (Oficina de Atención al Ciudadano) a Tecnologic Consu1ting Management (TCM). La firma estaba administrada en esas fechas por Pablo Crespo Sabarís y José Luis Rodríguez Izquierdo, socios también en Special Events.

A TCM le fue adjudicada la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda, "algo perfectamente inútil", según la oposición municipal y que se aprobó en contra de1 informe del Secretario del Ayuntamiento. Presupuestada inicialmente en 600.000 €, la creación de la OAC se ha disparado a 1.400.000. Entre las facturas emitidas por TCM hay dos firmadas el mismo día 3 de noviembre de 2003: una de 200.228,37 € en concepto de "Mobiliario, Software y Hardware", y la otra de 228.557,97 € en el difuso concepto de "trabajos realizados en la OAC". Además, hay una tercera emitida un mes después, el 17 de diciembre, de 303.765,60 € por "integración de los servicios de atención al ciudadano con la administración electrónica" y "certificación software". A TCM le han pagado en 2003 mas de 700.000 € por 1a OAC. Recientemente el gobierno municipal del PP planeaba adjudicar la gestión de esa Oficina de Atención por 12 millones de € en 12 años a la empresa Down Town Consulting, pero de momento sólo se la han concedido de forma temporal y le han pagado 101.000 € por cuatro meses.

No es casual la elección de la empresa: en Down Town aparecen dos personas vinculadas anteriormente a Special Events y a TCM. Luis de Miguel Pérez y Isabel Jordan. Esta Ultima fue empleada de TCM y es la administradora única de una pujante empresa, Good And Better, que, a pesar de su muy reciente creación- ha obtenido ya importantes adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Down Town ha sido, según fuentes del Partido Popular de Madrid, muy beneficiada por concesiones para organizar todo tipo de actos de la Comunidad de Madrid.

En la elección de esa firma tiene una gran influencia el viceconsejero de presidencia Alberto López Viejo, un joven político protegido de Esperanza Aguirre y miembro del clan de Becerril, donde trabó amistad con Alejandro Agag. Los eventos de la Comunidad de Madrid son un apetitoso pastel para las empresas del sector.

Sólo en 2004, el gobierno madrileño ha concedido -aun no hay datos Oficiales- entre 4,2 y 6 millones de €. Según las paginas amarillas, Down Town Consulting tiene su sede en Serrano 40, como todas las empresas de la órbita de FCS. "Esa marca, FCS, la cree en 1988 y ahora esta muerta. Vendí la empresa hace años. Ahora me dedicó a trabajar como asesor. Viajo mucho al exterior", asegura Francisco Correa. Entre sus destinos en el extranjero esta Miami, ciudad que visita también periódicamente el ex alcalde Guillermo Ortega, aunque este ha explicado que el no va por negocios, sino para tratarse médicamente.

TCM tiene su domicilio en el 15l del Paseo de la Castellana. Es la misma dirección de otra sociedad, inscrita en Barcelona, y de nombre Boomerangdrive, presidida por Luis Pérez de Miguel, que figura como administrador único junto a Pablo Crespo Sabarís en otras empresas. Spinaker 2000 y Gestión y Equipamientos Deportivos. Boomerangdrive también facturó al Ayuntamiento de Majadahonda por trabajos de propaganda institucional. El político gallego Crespo Sabarís se fue de Pontevedra cuando su protector, el ex conselleiro gallego de presidencia José Cuiña perdió una guerra interna contra Rajoy. Pero no fue un exilio completo: en Pontevedra dejó al menos una base desde la que actuar. Se llama Cresva, SL, y es una pequeña empresa que apenas tiene facturación y que se dedica a "estudios económicos" según el Registro, donde Pablo Crespo Sabarís figura como presidente. A pesar de su lejanía, es el Ayuntamiento de Majariego su principal cliente. Durante el 2002, todo lo que factura a Majadahonda -36.620 € en siete facturas- lo emite el día de cierre del ejercicio: el 31 de diciembre.

Un informe sobre las cuentas del Ayuntamiento elaborado por el partido Centristas de Majadahonda afirma. "Al estudiar las Cuentas (de 2003) se ha detectado la existencia de un entramado de Empresas en las que coinciden socios, administradores y domicilios y que resultan especialmente favorecidas por los pagos referidos, concentrándose en las mismas un total de mas de 900.000 € y cuyas ramificaciones se extienden hasta el núcleo del personal de máxima confianza del Alcalde". Para Mercedes Pedreira, portavoz centrista en el consistorio, "es increíble la alegría con que se manejan los fondos municipales en lo que podríamos denominar gastos de representación del alcalde [por entonces Guillermo Ortega] y su gabinete. Es especialmente escandaloso que mientras no se han pagado ayudas de Comedor el alcalde Ortega se ha gastado mas de 14.000 € en comidas sin que la austeridad ó la moderación presidan precisamente los menús -gambas blancas de Huelva, foie, y carpaccio de langosta figuran en alguna de las facturas. A veces, mas de 60 € por comensal. Todo ello a través de una Visa Oro de la que ha habido que pagar intereses por descubiertos".

Preguntado el ex alcalde Guillermo Ortega explica. "No voy a hacer declaraciones sobre las cuentas de Majadahonda porque ahora hay otro equipo y no quiero interferir en su labor. Yo ahora estoy en otras cosas y de eso no quiero hablar".

El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, aprobará mañana la creación de la Fundación Siglo XXI, de carácter privado, para elaborar el Plan Estratégico de Ciudad. Formarán parte 10 empresas que harán contribuciones fijas de 80.000 € anuales. Ya han anunciado su participación ocho sociedades, siete de ellas constructoras. El PSOE denuncia que el objeto de la fundación es gestionar el urbanismo local y revisar el plan de urbanismo.

El PP, en el gobierno municipal de Pozuelo, asegura que sólo persigue con la creación de esta fundación potenciar la imagen del municipio y dotar de transparencia a las aportaciones privadas.

En la Fundación Siglo XXI colaboran tres tipos de entidades. Por una parte, los llamados patrones natos: representantes de la corporación municipal (PP y PSOE). Por otra parte, los patronos electos: 10 empresas que aportan una cantidad fija anual. De éstas, el Ayuntamiento ha dado el nombre de ocho: Arocasa, Caredo, Construcciones Raga, IMCE, Pryconsa, Royal, Prasa y Phillips. También habrá entidades colaboradoras, como universidades, empresas del sector servicios, pequeñas sociedades y consultoras, entre otras. El Ayuntamiento, por su parte, contribuirá con el 50% del total de las aportaciones.

El concejal de Hacienda, Roberto Fernández, del PP, rechaza esta visión. El edil acusa al PSOE de confundir la figura de plan estratégico con la de plan general. El objetivo de la fundación, según el PP, es configurar la imagen del municipio, el modelo de ciudad. El edil afirma: "El Ayuntamiento no se ha planteado en ningún momento la modificación del plan general. Además, ninguna empresa tendría nada que decir al respecto".

Fernández afirma que la única intención del PSOE es levantar falsas sospechas y crear alarma social de forma injustificada. "Lo único que pretendemos es crear un foro de generación de ideas, en el que entre la financiación privada", asegura.

El PP explica que con la fundación el Ayuntamiento trata de promover un desarrollo económico sostenible y el bienestar social de los ciudadanos de Pozuelo mediante la elaboración del plan estratégico. Con él se favorecerá el debate sobre los campos de las comunicaciones, las tecnologías, protección del medio ambiente, el deporte, la cultura, la sanidad, la educación y la investigación. Con los fondos de la fundación se crearán becas, ayudas y premios. Al mismo tiempo, se organizarán talleres, seminarios, observatorios y conferencias.

Entre sus objetivos también se incluye potenciar el área de infraestructuras y urbanismo a través de la puesta en marcha de un Observatorio de Análisis de la Política Arquitectónica y de Renovación de Infraestructuras.

Sin embargo, los socialistas dudan de que para alcanzar esos objetivos sea necesario constituir una fundación. "Pero en todo caso, sería diferente si la entidad tuviera carácter público, porque entonces debería someterse a la Ley de Fundaciones", explica Izquierdo. "En ese caso", continúa la edil, "la selección de personal, la contratación y la concesión de subvenciones y ayudas se haría de acuerdo con principios de publicidad, concurrencia y objetividad".

Fernández responde que es imposible crear una fundación de carácter público. El edil asegura que dicha figura jurídica no se contempla para el ámbito municipal. "Sí existe a nivel estatal, pero nosotros nos regimos por la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró en el pleno de la Asamblea de Madrid que la educación diferenciada entre niños y niñas no supone ningún tipo de discriminación, ya que su intención es que "los padres que quieran puedan elegir [colegios que segregan niños y niñas]". "Cuantas más opciones mejor, siempre que la educación respete los derechos y principios constitucionales", concluyó la presidenta.

Aguirre respondía así a una pregunta formulada por el parlamentario de IU, Jorge García, quien inquirió a la presidenta sobre su voluntad de subvencionar con fondos públicos dos colegios, el Fuenllana y el Andel, situados en el municipio de Alcorcón y cercanos al Opus Dei, en los que sólo se admiten niños o niñas. Si logran el concierto, sería la primera vez en 20 años que la Consejería de Educación lo concede a un centro que segrega a los alumnos. En la Comunidad de Madrid hay otros cinco centros educativos que segregan por sexos y que están concertados desde 1985, cuando el ministro José María Maravall les concedió la subvención.

Según García, estos dos centros pueden empezar a funcionar como centros privados, pero "continúan diciéndole a las familias que se acercan a matricular a sus hijos que estarán concertados". El diputado de IU le recordó a Aguirre que en el pleno anterior la presidenta había manifestado que sus "valores no son los mismos que los de otros que no ponen en pie de igualdad a hombres y mujeres", en alusión a la religión mulsulmana.

"En esta Comunidad hay centros que segregan a niños y niñas por motivos religiosos, en los que hay profesoras que van con la cabeza tapada, y no son musulmanas sino cristianas y madrileñas", afirmó García en referencia a los colegios de monjas.

Aguirre instó al parlamentario de IU a "no confundir a una monja con el integrismo islámico", e insistió en que en su partido no asusta la libertad. "Queremos que los padres puedan elegir" el tipo de centro al que enviar a sus hijos, agregó.

El pasado jueves 3 de marzo, la policía detuvo a un empresario que la Comunidad de Madrid había contratado para limpiar el reconstruido Palacio de Deportes de la calle Goya. El detenido, Luis Martín García, había empleado a 21 trabajadores rumanos sin papeles para limpiar el pabellón, que también fueron detenidos en ese mismo momento.

El empresario está en libertad con cargos, mientras los rumanos permanecen detenidos a la espera de ser expulsados del país. El consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad, Santiago Fisas, declaró sentirse "muy disgustado" por lo ocurrido, aunque también comentó que estas circunstancias "no se pueden controlar". Habían pasado dos semanas desde que los príncipes de Asturias reinauguraran el Palacio. El viernes 4 de marzo era la puesta de largo del Palacio con la disputa de los Campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta. Para que la instalación estuviera perfectamente limpia, la Comunidad contrató los servicios de la empresa Himaga.

Marín se presentó en el Palacio de Deportes acompañado por los 21 trabajadores rumanos. Cuando llegó, los agentes de policía le pidieron la documentación. También a los trabajadores. En ese momento descubrieron que ninguno de los empleados de la empresa tenía los papeles en regla, por lo que se pusieron en contacto con la Brigada de Extranjería, que se encargó de las detenciones de los sin papeles y del empresario.

Según se supo después, Marín pretendía pagar a los trabajadores rumanos 36 € por la jornada completa. La Comunidad de Madrid iba a pagar al empresario "el precio estipulado del mercado, en torno a 19 o 20 €" por persona y hora, según declaró un portavoz de la Comunidad. Un portavoz del Gobierno regional también declaró que Himaga fue contratada como "apoyo ocasional" para la limpieza del Palacio, ya que hay otra empresa que tiene suscrito un contrato estable para el cuidado e higiene del Palacio de Deportes que en aquel momento necesitaba ayuda complementaria.

Fisas declaró que tenían mucha prisa por terminar la limpieza porque el día siguiente empezaba el Europeo de atletismo. El consejero mostró su " disgusto" por lo sucedido. "Nosotros somos los primeros engañados", dijo. La empresa, que no se dedica a la limpieza, sino a la construcción, cobró por horas el servicio. Himaga ya había trabajado para la consejería en un pabellón en Vallermoso donde levantaron una visera y se encargaron luego de limpiarlo. Fuentes de la consejería destacaron que la Comunidad actuó de manera "completamente legal".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arganda del Rey tramita en la actualidad unas diligencias contra el ex alcalde de Torres de la Alameda Francisco Acedo, del Partido Popular, en las que ha salido a relucir un caso de supuesta corrupción. Ante el juez, el ex concejal de Urbanismo de Torres Antonio Sotoca declaró que el ya ex alcalde le ofreció participar en un reparto millonario de comisiones -300.000 €, 50 millones de las antiguas pesetas- a cambio de que apoyase y "silenciase" sus "chanchullos", según los términos usados por el propio Antonio Sotoca.

Torres de la Alameda es un municipio de casi 6.000 habitantes cercano a Alcalá de Henares. En las últimas elecciones, el PSOE desbancó al PP de la alcaldía. La sombra de la sospecha por presuntos delitos urbanísticos, y ahora también por corrupción, pesa sobre su ex alcalde, Francisco Acedo, hombre fuerte del PP en la localidad. En la actualidad es concejal en Torres por el PP. El supuesto caso de corrupción que afecta ahora a Acedo ha salido a la luz durante unas diligencias que tramita el Juzgado 2 de Arganda relacionadas con un supuesto delito urbanístico denunciado por el PSOE en 1999.

El ex concejal de Urbanismo de Torres, Antonio Sotoca, se presentó en el juzgado a fines de 2002 e hizo una declaración demoledora contra quien entonces era su alcalde. Declaró que el regidor, guiado por "intereses particulares", firmó un convenio "ilegal" con la empresa Obhisa que permitió a ésta adquirir 100.000 m² de suelo en Torres a seis € (1.000 pesetas) cada metro. Y que, una vez urbanizados, éstos pasaron a costar "entre 7.000 y 8.000 pesetas". Se trataba de un convenio, siempre según el ex concejal de Urbanismo, que vulneraba claramente el planeamiento urbanístico de la localidad y del que el alcalde tenía previsto obtener un gran enriquecimiento personal.

Sotoca explicó en el juzgado: "Delante del técnico municipal, José María Hernández Ruiz [implicado junto al ex alcalde en estas diligencias], el alcalde me dijo que si estaba de acuerdo con el convenio [urbanístico de Obhisa], entre todos nos repartiríamos el importe del beneficio del mismo, unos 50 millones de pesetas [300.000 €]. También me prometió que una vez que la empresa [Obhisa] se adjudicara las parcelas, algunas de ellas serían para mí y para los demás".

Dada la gravedad de las acusaciones, la juez estableció con posterioridad un careo entre Sotoca y Acedo. En ese careo, el ex edil de Urbanismo fue todavía más allá. Cuando Acedo negó haberle ofrecido dinero alguno, Sotoca sacó de su bolsillo un papel manuscrito cuya letra atribuyó a Acedo y en el que supuestamente se establecía un reparto de comisiones. El alcalde observó el papel y espetó que "la letra" no era suya.

El fiscal, Emilio Valerio, pidió que se enviase el papel a la Brigada Provincial de Policía Científica para que, mediante una prueba grafológica, determinase si la letra era o no la del regidor. El informe de la Policía Científica no deja lugar a dudas: la persona que escribió en ese papel fue Acedo. "Es técnicamente posible atribuir la autoría del texto dubitado fotocopiado a Francisco Acedo Jiménez", señala como conclusión el informe pericial.

La fiscalía ha pedido ahora al juzgado oficialmente que abra otra investigación "por cohecho" contra Acedo. En su primera declaración, antes del careo, Sotoca lanzó graves acusaciones. Aseguró que el alcalde le había hablado de que estaba haciendo gestiones para la firma de un convenio que implicaría instalar una nave de Renault en Torres. Sotoca le advirtió entonces, según su declaración, de la ilegalidad de la forma en que pretendía instalar la nave en el municipio. Explicó que el convenio suponía romper el plan de urbanismo y cambiar el diseño de las zonas verdes, parcelas y equipamientos.

El Ayuntamiento de Majadahonda, del PP, a través de la empresa pública Pammasa, cedió a promotores privados en 2003 derechos de edificabilidad de tres parcelas a bastante menos de un tercio de su valor, lo que causó un quebranto patrimonial al Consistorio cifrado en casi 33 millones € (5.487 millones ptas). Así lo indica el PSOE en una ampliación de denuncia que interpuso ante el Juzgado de Instrucción 3 de esta localidad, que es el que investiga, junto con la Fiscalía de Medio Ambiente, otra denuncia anterior del PSOE sobre casos de supuesta corrupción urbanística.

Los derechos municipales de edificabilidad sobre esas tres parcelas (la RO-11, RO-13 y RO-14, que en total ocupan 30.035 m²) fueron enajenados a través de una subasta en la que ninguna de las seis ofertas que concurrieron superó los 330,48 €/m².

Y ello pese a que existe un informe del arquitecto municipal de Majadahonda que tasa en 1.600 € el valor de cada m². El PSOE majariego, tiene previsto remitir este supuesto quebranto económico a la Fiscalía Anticorrupción."En la enajenación [cesión] de estos derechos, el Ayuntamiento ha regalado a constructores privados 1.000 € en cada m²", señalan fuentes de la investigación.

¿Cómo se produjo este supuesto quebranto económico? Majadahonda gestiona todo su suelo y planes urbanísticos a través de Pammasa, empresa municipal al ciento por ciento. El planeamiento urbanístico de Majadahonda estipula que en un 50% del suelo edificable han de levantarse viviendas de protección pública y con un precio limitado de venta. Quien compre suelo sin desarrollar en el municipio tiene obligación de levantar viviendas públicas en un 50% de ese suelo, y libres en el otro 50%.

En las citadas tres parcelas, el Ayuntamiento tenía un derecho para levantar viviendas de precio libre. Lo que hace Pammasa es sacar a concurso su derecho de edificación de casas de precio libre en los 30.035 m² de esas parcelas. Para ello, convoca una subasta e invita a seis empresas privadas a participar en ella. Cuatro de las seis empresas ofrecieron idéntico precio por m² de suelo, 330,48 €. Las otras dos ofertas fueron aún más bajas, 312,53 € y 291,03 €. Los derechos de edificabilidad sobre ese suelo permitían levantar 243 casas de precio libre.

Dos empresas del grupo Afar-4, cuyo dueño es Antonio Cubo, amigo personal del ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, obtuvieron en la subasta derechos para levantar 163 viviendas de precio libre, que se pueden vender mucho más caras que las casas de protección oficial.

Según el PSOE, los derechos de edificabilidad sobre cada uno de esos m² debieron venderse "al menos a 1.338,28 €" y no, como finalmente se hizo, a 330 en el mejor de los casos. Así, el Ayuntamiento vendió por menos de un tercio de su valor el derecho a levantar casas de precio libre y asumió, por ese mismo precio, la obligación de los constructores privados de hacer casas de protección oficial. Es lo que los socialistas llaman el "permutazo". Para la cesión de estas parcelas, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, usó el mecanismo "de la permuta de derechos" y, según explica el PSOE en la denuncia, "absorbió las obligaciones de diferentes promotores privados de construir viviendas protegidas, a cambio de que aquellos compensasen a Pammasa con la diferencia del valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa le transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida que la citada sociedad municipal adquiría": los 1.338,28 €.

El PSOE añade en su denuncia: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a través de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las parcelas RO-11, RO-13 y RO-14 fue de 7,2 millones €. (...) Ahora bien, dado que la edificabilidad total de esas tres parcelas ascendía a 30.035 m² y la diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados asciende, según informes del arquitecto municipal, a 1.338,28 € por cada m², el Ayuntamiento tenía que haber obtenido, al menos, y para compensar la pérdida de valor económico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.230 €". También señala que "las consecuencias" de la conducta del Ayuntamiento en la gestión del suelo "es de una gravedad extrema" para las arcas municipales, ya que "el patrimonio municipal ha perdido con esta compensación nada menos que 32.978.868,50 €".

En la denuncia pide al juzgado que requiera a Pammasa para que remita al juzgado "copia sellada y compulsada del libro de registro de transferencias de aprovechamientos del Ayuntamiento" y "toda la documentación relacionada con las operaciones de transferencia de aprovechamientos en las que haya participado Pammasa".

El director general del ente público RTV-Madrid, Manuel Soriano, remitió a la presidencia de la Comunidad (del PP) un vídeo sobre el 11-M antes de que fuera emitido por Telemadrid. En la nota que acompañaba la cinta, Soriano explicaba que el documental había quedado "bastante bien" tanto desde un punto de vista cinematográfico como "ideológicamente". Un portavoz de Telemadrid aseguró que esta alusión "no es en sentido partidista".

Poco antes de la emisión de los programas especiales que Telemadrid ofreció con motivo del primer aniversario de la masacre de Atocha, el director general de la televisión autonómica digirió una tarjeta oficial a Regino García-Badell, director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En dicha nota, Soriano comunicaba el plan de emisiones de los documentales titulados 11-M. Historia de un atentado, coproducidos por Telemadrid y El Mundo TV y con la colaboración de la televisión autonómica valenciana (regida también por el PP).

La nota manuscrita remitida por Soriano dice: "Querido Regino. Te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en 'prime time'. Pásaselo a la Presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e ideológicamente. Un abrazo. Manolo". El destinatario de la nota (una tarjeta con membrete del ente público RTV-Madrid) es Regino García-Badell, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, junto a la que trabajó en el Ministerio de Educación y posteriormente en la presidencia del Senado.

Un portavoz de Telemadrid subrayó que el documental fue realizado por El Mundo TV "sin correcciones previas ni intervenciones" por parte de la cadena. Agregó que "la alusión ideológicamente no es en sentido partidista, sino en términos generales, que no se hace apología del terrorismo ni del islamismo radical. El documental tampoco tiene alusiones a ETA ni a la versión del Gobierno de entonces". Telemadrid censuró que se interceptara "correspondencia particular para ser difundida", algo que en opinión del citado portavoz va contra "el derecho constitucional del secreto de la correspondencia, salvo resolución judicial o contenido delictivo".

Los profesionales de Telemadrid han examinado minuto a minuto el reportaje Cuatro días que cambiaron España, emitido por la cadena el pasado 14 de marzo. El Consejo Provisional de Redacción -órgano compuesto por tres periodistas elegidos por la asamblea general hace dos semanas y sin legalidad jurídica- afirma que aquel trabajo contiene "evidentes manipulaciones". Un informe hecho público esta semana cita, por ejemplo, que en el relato cronológico de los hechos, las apariciones de Aznar fechadas en el especial de Telemadrid a las 10.06, a las 11.05 y a las 14.30 del 11 de marzo, corresponden en realidad a "una única comparecencia pública" de Aznar, realizada ese día a las 14.40.

En el bloque dedicado al día 12, y tras varias imágenes de familiares de las víctimas en el pabellón de Ifema, el narrador y autor del trabajo (José Antonio Ovies) afirma: "A primeras horas del viernes, los forenses dan por terminadas las autopsias de las 191 víctimas. Después del esfuerzo, sin tiempo para el descanso, la directora del Anatómico Forense desmiente las informaciones que hablaban de suicidas entre las víctimas". A continuación, se emite un fragmento de la comparecencia de la directora del Anatómico Forense, Carmen Baladía, en la que dice que los análisis del ADN a los cadáveres demuestran la inexistencia de suicidas. "Esta rueda de prensa es del 23 de marzo, 11 días más tarde de lo expresado en el reportaje", precisa el informe.

El director general de Telemadrid, Manuel Soriano, explicó que las críticas de los trabajadores no tienen "justificación ni fundamento", son "banales" y "ponen el nombre de Ovies en la picota". En su opinión, las denuncias "deterioran y dañan a una institución y mi deber es defenderla". Soriano agregó que el denominado comité provisional "no ha sido elegido por nadie, ni representa a nadie".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE de Pozuelo de Alarcón al presupuesto de 2005 tras denunciar que el PP "pretende utilizar dinero procedente de la venta de suelo municipal realizada el pasado verano para financiar gastos que nada tienen que ver con la mejora del patrimonio público o del medio ambiente".

Se ha criticado que el Ayuntamiento haya vendido a empresas privadas, para la construcción de pisos de lujo, parcelas en las que debería haber construido viviendas para jóvenes y, para colmo, destina ese dinero a fines distintos de los intereses ciudadanos, incumpliendo la ley.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Roberto Fernández, acusó al Grupo Municipal Socialista de "intentar crear alarma social y dudas que no tienen ningún tipo de consistencia", por revelar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso de dicho grupo contra los presupuestos del Ayuntamiento para el presente ejercicio.

El presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo para 2005 alcanza la cifra de 152,7 millones €, un 57% más que el año anterior. De este dinero se destinan a inversiones 58 millones, que se financiarán con los 60 millones que el Consistorio de Pozuelo ha obtenido de la venta de parcelas.

Un túnel de dos kilómetros para el metro se ha convertido en objeto de disputa entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. La prolongación de la línea 8, que llega hasta el aeropuerto de Barajas pero que debería proseguir hasta la nueva terminal (T4) que el ministerio inaugurará en 2006, está en el aire: la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se niega a financiarla y atribuye esta obligación a Fomento, que jamás ha construido metro. Aguirre no siempre pensó igual. Mientras su compañero de partido Francisco Álvarez-Cascos fue responsable de las infraestructuras del Estado, ella no puso inconvenientes en sufragar el metro a Barajas, e incluso destinó una partida de 10,5 millones para costear la obra en los Presupuestos de 2004. Pero su postura cambió radicalmente tras la derrota del PP en las elecciones de marzo de 2004.

Cuando Aguirre asumió la presidencia regional en otoño de 2003 se encontró, entre los compromisos asumidos por su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, un proyecto para ampliar la línea 8 de metro y conectar así las tres terminales que funcionan con la cuarta y última, la T4, construida por el Ministerio de Fomento.

Esta terminal tiene proyectada una estación de metro a la que sólo le falta la conexión por túnel con el resto de la red. La unión entre la vieja terminal aeroportuaria y la nueva no fue una de las promesas electorales del PP, pero el entonces consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados, asumió la obligación de hacerla. El 28 de febrero de 2004, el consejero detalló que el Ejecutivo regional pretendía hacer con esta prolongación de la línea 8: "El proyecto está redactado (...) Si las fórmulas de financiación que estamos estudiando nos encajan, podemos empezar este mismo año, por lo que el metro estaría listo cuando sea inaugurada la nueva terminal en 2005".

Quedaba claro que la Comunidad asumía como propio el proyecto. Tanto, que el 5 de septiembre de 2003 la resolución de información pública del proyecto de prolongación de la línea 8 a Barajas, así como del estudio de impacto ambiental referido al mismo, había sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a instancias de la Consejería de Transportes. Dos meses después, el boletín recogía también la declaración de impacto ambiental.

Según muestra un informe detallado por programas, mes a mes, de la ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, ésta llegó a utilizar en agosto de 2004 una parte de esa cantidad (3,6 millones €) para el objeto al que estaba destinada (ampliar la línea 8 del metro). Pero, como se ha denunciado, la Comunidad decidió dos meses después gastarse el dinero en otra cosa. Y traspasó el remanente de la partida (6,6 millones) a otro fin: encargó a una empresa hacer un catastro digitalizado del suelo de la región.

La compañía a la que le fue concedido este proyecto, Tres Cantos, SA, está presidida por la actual consejera de Transportes de la Comunidad, María Dolores de Cospedal, y sus accionistas son la propia Comunidad y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Esa partida ya ha sido ejecutada.

El cambio de opinión de Aguirre no fue baladí. Cuando modificó su criterio, el Ministerio de Fomento no estaba dirigido por su compañero Álvarez-Cascos, sino por Magdalena Álvarez. Y en el Gobierno central ya no estaba José María Aznar, sino José Luis Rodríguez Zapatero. Así, el Gobierno regional se sacó de la manga la teoría de que una infraestructura hecha en el interior del aeropuerto de Barajas -un ámbito de responsabilidad de Fomento- tiene que ser financiada por este ministerio. Y ésa es la posición que Aguirre ha hecho suya.

El escollo que encuentra Aguirre es que el ministerio no tiene competencias para hacer el metro, y nunca lo ha hecho. El Estado sólo interviene, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, aportando créditos para subvencionar las inversiones de infraestructura o para sostener el servicio, a través de convenios con las comunidades.

Así, el Estado sufragó la nueva red de Metrosur a través de cánones que serán satisfechos por Metro de Madrid en un largo periodo de tiempo.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) han reunido un total de 22.000 firmas para reivindicar la adopción de medidas con el fin de "garantizar la dignidad y calidad de la asistencia sanitaria sin abandonar el actual marco de financiación pública". Las firmas serán entregadas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con el fin de denunciar "el riesgo de descomposición" al que está expuesta la sanidad pública, del que a su juicio "constituye un claro ejemplo la crisis provocada por la interesada gestión de Manuel Lamela", en referencia a la polémica por las sedaciones terminales en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

Sobre esta cuestión, la Fadsp ha reclamado la actuación obligatoria del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de expedientes de enfermos atendidos en el hospital Severo Ochoa y exigir las responsabilidades legales que pueda haber. A juicio de la Federación, los datos sobre pacientes hechos públicos son confidenciales, están protegidos por las leyes de manera especial y su custodia está confiada a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por lo que reiteró la petición de dimisión de su máximo responsable, Manuel Lamela, por la "vulneración del derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus historiales clínicos".

En la misma línea, la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud) alertó de que en este asunto, "en muchos casos se está vulnerando la ley en todo lo relacionado con los derechos de los pacientes". Además, Asusalud considera que, "en gran medida los hechos del hospital de Leganés han venido a poner de manifiesto la escasa diligencia de las autoridades sanitarias para adoptar las medidas necesarias que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de derechos de los pacientes, sobre todo en relación con el consentimiento informado y con la declaración de voluntades anticipadas".

Por su parte, la Fiscalía de Madrid considera que en la investigación abierta hay que ver qué casos y cuántos se consideran dudosos y que sean revisados por peritos judiciales independientes. Así lo confirmaron fuentes fiscales, que añadieron que la Fiscalía pedirá a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los 25 historiales clínicos que considera dudosos de 2004 para determinar en cuáles puede haber indicios constitutivos de delito.

Por su parte, la Junta de Personal del Severo Ochoa de Leganés presentó ante la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid una denuncia contra la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid y los medios de comunicación que han publicado datos protegidos de pacientes del centro hospitalario. Así, la presidenta de la Junta de Personal, Isabel Serrano, argumentó que la Consejería de Sanidad es "consentidora" de la filtración de datos confidenciales.

José Luis Peñas y Juan José Moreno, dos concejales del PP de Majadahonda enfrentados con el actual equipo de gobierno, también del PP, han enviado un escrito al Ayuntamiento en el que aseguran que la cúpula del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, estuvo informada puntualmente de la crisis del municipio. Aseguran que la presidenta les ordenó destruir un informe donde daban cuenta de las actividades de la empresa municipal del suelo Pammasa. También arremeten contra el actual alcalde, Narciso de Foxá, al que acusan de ser el cerebro de la venta de derechos de edificación desde la empresa municipal del suelo, que ha provocado un agujero económico de millones de € en el Ayuntamiento.

El alcalde, Narciso de Foxá, dijo que "no ha visto más falsedades juntas en su vida, y anuncia una posible querella contra los dos ediles". "El documento mantiene punto por punto las tesis del PSOE, y no aporta nada nuevo", continúa Foxá. Los dos ediles continúan en el PP, que, de momento, no les ha abierto expediente disciplinario.

Peñas y Moreno dicen que han enviado ese escrito al Ayuntamiento porque se les ha negado el derecho a declarar ante la comisión de investigación que creó el Ayuntamiento. Ésta intenta aclarar la actuación de Pammasa en la venta de derechos de edificación de vivienda libre a promotores privados, así como el polémico concurso de venta de dos parcelas municipales.De Foxá responde que a los dos concejales díscolos de su propio partido (el PP) no se les ha impedido declarar en la comisión municipal de investigación del caso Majadahonda. "Se les ha llamado en dos ocasiones, pero no se han presentado", dice el alcalde.

Peñas y Moreno se negaron a comparecer personalmente ante la comisión de investigación municipal. Pidieron que se les enviaran las preguntas por escrito. Ante eso, la comisión, formada por todos los grupos municipales (PP, PSOE, CDS e IU) les llamó por segunda vez. Tampoco acudieron. Ante este grupo municipal han comparecido ya el anterior alcalde (Guillermo Ortega), el actual, todos los concejales del equipo de gobierno, el portavoz del PSOE y diferentes técnicos.

Los ediles afirman en el documento que la presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; el vicepresidente primero, Ignacio González, y Francisco Granados, secretario regional del PP, "tuvieron conocimiento de la crisis puntualmente, tanto por medio del anterior alcalde como del señor Foxá, y en concreto, de lo realizado en Pammasa con los derechos gracias a un dossier que tuvieron en su mesa el 24 de enero".

En la misma fecha, los concejales del PP tuvieron una tensa reunión que fue grabada subrepticiamente por uno de los asistentes. En ella salía a relucir el nombre de Aguirre. En la cinta, De Foxá mantenía que iba a ser paralizada la venta de las dos parcelas municipales porque lo decía Aguirre. También se oía al anterior regidor quejarse de que sufría chantaje y acusaba de "mamoneo" a los servicios técnicos municipales.

Se refería a la modificación que hizo el arquitecto municipal del informe técnico que emitió para la adjudicación de las parcelas. El cambio supuso que variara la empresa que había recibido la mejor calificación global. Al ex alcalde Ortega, del PP, se le oía decir en la cinta grabada: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve Afar 4".

Los dos ediles díscolos revelan en el documento entregado ahora en el Ayuntamiento que el anterior alcalde les confesó que en una reunión mantenida en enero pasado con Aguirre y González en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de que la presidenta partiera hacia China, la presidenta le dijo que "si le demostraba con un dossier la golfada de los derechos de Pammasa, ella misma echaría de inmediato a De Foxá".

Dos horas antes, según mantienen los ediles, Ortega había recibido la visita de un constructor que le había hecho llegar el siguiente mensaje de parte del ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

Los concejales creen que "algo debió pasar en China", porque al volver la presidenta a Madrid les dijo que destruyeran el documento y a Ortega que fuera eligiendo un nuevo destino. El pasado 3 de febrero Ortega presentó su dimisión y De Foxá le sustituyó en el cargo. Poco después, el Gobierno regional nombró a Ortega presidente del Mercado Puerta de Toledo.

El informe, del que supuestamente les hizo deshacerse Aguirre, contenía la mecánica de actuación de Pammasa. Además, aseguran los ediles, en él se demostraba cómo el dueño de la constructora Afar-4 había ganado muchos miles de millones de pesetas gracias a Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid; De Foxá y el arquitecto municipal. "Aproximadamente, justo los miles de millones que faltaban de las arcas municipales", afirman los concejales Peñas y Moreno.

El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que edificara en ellas viviendas de protección oficial. Pammasa a su vez vendía a las promotoras privadas, propietarias de suelo donde tenían que levantar vivienda protegida, los derechos de construcción de esas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 € por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento asumía la obligación de construir las casas protegidas que no hacían los privados, y éstos ya podían levantar todos los inmuebles como libres. El PSOE denunció en 2003 esta práctica ante los tribunales.

Los dos ediles mantienen que cuando ocurre el cambio de valoración del arquitecto municipal para favorecer a Afar-4, todos los presentes se indignaron. En su escrito, Peñas y Moreno sostienen: "Se han dejado de ingresar al menos miles de millones de pesetas en las arcas municipales, suficientes para hacer no 900 viviendas sociales, sino tres o cuatro veces dicho número y, por otro lado, un lucro anormal a los promotores (en especial, al de siempre) de aproximadamente 80.000 millones de pesetas".

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, se tomó un respiro en su controvertida gestión de la crisis del hospital Severo Ochoa de Leganés y presentó la situación de la lista de espera quirúrgica en la región. Los datos de Lamela son los mejores de la historia de la sanidad pública madrileña, aunque son puestos en duda por la oposición y CC OO y UGT, que acusan al Gobierno de Esperanza Aguirre de "maquillar" las cifras a su favor.

Según Lamela, ningún madrileño espera ya más de 50 días para ser intervenido quirúrgicamente y la demora media no supera los 15,5 días. El número de pacientes en lista de espera se ha reducido a casi la mitad en sólo tres meses, al pasar de 30.217 en diciembre de 2004 a 16.162 el pasado 31 de marzo. Hace un año esperaban para entrar en quirófano 54.594 personas.

Estas cifras, según el consejero de Sanidad, van por el buen camino para que a finales de este año Aguirre pueda cumplir la promesa con la que ganó las últimas elecciones regionales: que ningún madrileño espere más de 30 días para ser intervenido en la sanidad pública. Aguirre prometió que dimitiría si no lograba cumplir su compromiso electoral.

El optimismo de Lamela, sin embargo, no es compartido por el secretario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, que acusó al Ejecutivo regional de hacer una lectura "sesgada y partidista" de las listas de espera, a la vez que considera que se está reduciendo la lista de espera quirúrgica a costa de prolongar la demora para ser sometido a pruebas diagnósticas. Se calcula que, en realidad, un paciente debe esperar casi un año desde que acude al médico de familia hasta que entra en quirófano, es decir, en todo el recorrido que sigue en la sanidad pública desde que enferma hasta que es operado. Además, critica que desde enero 7.815 personas han tenido que esperar mucho más de 50 días por "trucos contables" de Sanidad. El más común es excluir a un paciente de la lista de espera cuando se niega a ser operado en una clínica privada concertada porque prefiere acudir a un hospital público. En estos casos, Sanidad pone el contador a cero y empieza a contar desde el momento en que el paciente rechaza el ofrecimiento.

Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea que también vela por el control de las cuentas públicas, ha confirmado el carácter público de la empresa que financia las infraestructuras del metro de Madrid (Mintra) y ya ha comunicado esta decisión de "carácter exclusivamente técnico e independiente" de forma oficial a las autoridades españolas.

La Comisión Europea tiene previsto hacer pública esta decisión, que viene a confirmar el acuerdo que ya adoptó en febrero pasado, según el cual Mintra sería una empresa pública -entre otras cosas, porque más de la mitad de sus costes no están cubiertos con fondos propios-.

Por ello, la Comunidad de Madrid quedará obligada a asumir su deuda, que en 2003 alcanzó los 2.400 millones de €. Esta medida incrementa de un plumazo el endeudamiento de la Comunidad de 6.000 a 9.000 millones de €. Además, obligará al Ejecutivo regional a pedir autorización cada año al Gobierno central para sus cuentas públicas, que serán deficitarias.

En una visita a Bruselas, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, adelantó que promovería un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) si Eurostat no revocaba su decisión inicial. Previamente, solicitó otro informe a Eurostat para que verificara de nuevo las fuentes de ingresos de la empresa, que ahora se le ha vuelto en contra.

La concejal de Empleo de Madrid, Ana Botella, afirmó en una entrevista concedida a un diario italiano que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido los matrimonios homosexuales para "complacer a un lobby poderoso", el de los gays. Su actitud contrasta con la de su jefe, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que aseguró que no hará "ningún tipo de discriminación" a la hora de celebrar bodas, y que hará "lo que hasta ahora": casar a quien se lo pida. En el Ayuntamiento de Madrid "se aplicará la ley, como no podría ser de otra manera", según su alcalde. El PP ha impuesto una sanción económica a sus diputadas Celia Villalobos y María Pía Sánchez por romper la disciplina de voto.

Ana Botella no está obligada a casar porque no es concejal de distrito, pero podría hacerlo si quisiera y se lo pidiera al alcalde, como hacen otros ediles (hasta ahora, ella nunca lo ha pedido). Con todo, Botella afirmó : "Yo, sinceramente, no casaría a una pareja homosexual".

En la entrevista concedida al diario italiano Il Giornale opinó además que la regulación de los matrimonios entre gays y lesbianas supone una "involución de las costumbres". Según la entrevista, Botella dijo también que Zapatero "ha traicionado a España", pero la concejal negó tarde haber pronunciado la palabra traición y mandó una carta de rectificación al diario italiano.

El inicio la última de las desavenencias entre las dos instituciones más importantes de la Región de Madrid, se debió a las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, quién arremetió contra el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, también del PP, pidiéndole "que no se deje utilizar tanto por el Gobierno de la Nación, que sólo intenta dividir al PP y aislar la Comunidad". González aseguró que "el problema de fondo es qué pinta el alcalde de Madrid para hablar de las infraestructuras de la región o el cierre de la M-50", en referencia a la entrevista que hace poco mantuvieron la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Ruiz-Gallardón para hablar de la infraestructuras de Madrid y a la que no asistió Aguirre.

No obstante, el vicepresidente primero de la Comunidad ha destacado que entre Aguirre y Ruiz-Gallardón no existe una mala relación, sino "sólo situaciones de conflicto generadas por la defensa de los intereses de cada institución, pero no son enfrentamientos personales".

Parece ser que el malestar del Ejecutivo de Aguirre se debe a la actitud de Ruiz Gallardón al reunirse con varios miembros del Gobierno socialista, en una imagen de cooperación y diálogo que contrasta con la oposición rotunda que esta llevando a cabo el equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre. Un motivo más para la discordia es la cena que compartieron representantes de los sindicatos, el presidente de la Cámara de Comercio - Fernando Fernández Tapias- y el alcalde en la víspera de la gran manifestación de pacientes y personal médico que pidieron la dimisión del consejero Lamela el 21 de abril. Según fuentes del Gobierno regional en aquel encuentro los sindicatos escucharon "más de una recomendación" para que la manifestación tuviera éxito.

Con esta situación, en el Día de la Comunidad de Madrid, durante la recepción posterior a los actos oficiales en el momento del besamanos. Al llegar el alcalde, cortés pero muy serio, Presidenta y regidor se besaron en las mejillas, pero no intercambiaron ni media palabra. Sólo la insistencia de los fotógrafos logró que los máximos dirigentes de la región y la capital posaran juntos; después, Gallardón y su esposa aceleraron el paso.

Ya dentro, el alcalde aguantó menos de 15 minutos con la sonrisa en el rostro y acabó marchándose por una puerta lateral, acompañado por su número dos, el vicealcalde, Manuel Cobo. Antes de eso habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y también con la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, a la que (según pudo escuchar uno de los asistentes) comentó Gallardón: "Encima de que vengo después de todo, me piden que sonría...".

Mientras, ese mismo días, Aguirre, en declaraciones a la cadena SER, no desautorizó a su vicepresidente. Se limitó a afirmar: "No me pasa nada con Gallardón. Somos amigos", y acto seguido aseguró que fue el socialista Rafael Simancas quien quiso "malmeter" contándole a ella que el alcalde había cenado con los líderes sindicales. Simancas lo explicó de otra forma: "A mí me dijo Esperanza un día: '¡hay que ver!, cenaste con los sindicatos para malmeter contra nosotros'. Y yo le contesté: 'No, no fui yo quien fue a esa cena. Entérate bien de quién fue".

Pero no quedó aquí la cosa. En la fiesta, Aguirre lanzó una advertencia clara a su compañero de partido: "A partir de ahora, el alcalde de Madrid se lo pensará dos veces antes de acudir a un acto del Gobierno de Zapatero" al que ella no haya sido invitada, refiriéndose veladamente al encuentro que mantenido Ruíz Gallardón y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, hace unos meses, y que no ha sentado nada bien en la Puerta del Sol.

Gallardón no quiso responder a esos comentarios. Pero su rostro h