El testimonio sorpresa ante el juez de uno de los funcionarios encarcelados por la Operación Guateque es la base de la segunda oleada de nuevas detenciones y encarcelamientos que está practicando el juez de Madrid Santiago Torres. Carmelo García, funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ya jubilado, prestó declaración voluntaria el pasado día 26 sobre hechos vividos por él en Urbanismo. Facilitó nombres de funcionarios y empresas que han recibido o pagado comisiones a cambio de agilizar licencias. Tras su declaración, el juez ordenó registrar algunos despachos y allí los investigadores hallaron documentación que también ha servido para las nuevas detenciones.

La investigación de la trama de las licencias del Ayuntamiento de Madrid se ha saldado hasta el momento con nueve encarcelados y una veintena de detenidos. Fruto de la declaración de Carmelo García, la semana pasada se practicaron cinco nuevas detenciones, enmarcadas en esta segunda fase, que se han traducido en cuatro nuevos encarcelamientos de funcionarios. Y eso no es todo: el juez Torres tiene previsto a lo largo de esta semana practicar más detenciones.

La ley permite atenuar la pena a los reos que colaboran con la justicia para aclarar o investigar delitos. "Es posible que sea eso lo que le ha impulsado a prestar esta nueva declaración", señalan los citados medios. La primera vez que García declaró negó los hechos que le imputaban el juez y los investigadores de la Guardia Civil. A García se le acusa ahora de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de ocio.

Este funcionario, ahora jubilado, ya tuvo problemas con la justicia hace años por hechos parecidos. Pero entonces, en 2004, fue absuelto por falta de pruebas. Se sentó en el banquillo por haber participado en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de sus locales en Madrid.

Entre los abogados de las defensas existe cierto malestar con el juez, debido a que éste les comentó a comienzos del pasado diciembre que a mitad de ese mes levantaría el secreto del sumario y dejaría en libertad a casi todos los encarcelados. Este comentario no sólo ha sido incumplido sino que, además, se ha activado una segunda fase. Algunos letrados sostienen que el juez está dilatando los encarcelamientos para forzar declaraciones de arrepentidos, "tal como se hizo en la Operación Malaya", señalan.

(www.elpais.com, 03/01/08)

En un acto que podría tener graves derivaciones políticas y judiciales, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el vicealcalde, Manuel Cobo, han sido sorprendidos en varias ocasiones comiendo con el juez que instruye la Operación Guateque, Santiago Torres, informó el diario La República. Agrega que esto no parece haberles gustado a algunos afiliados al Partido Popular, que consideran que "irse a comer con un juez no es la forma más correcta de colaborar en una investigación", tal y como recoge el periódico La Razón.

En efecto, algunos populares han manifestado su "sorpresa" por la relación que mantiene Gallardón con el juez Torres: "El problema es que cuando estás en un restaurante con un juez", manifiestan las fuentes consultadas por La Razón, "aunque sea con la mejor intención, da pie a que se piense mal y que se cuestione la credibilidad de la investigación".

Ya a fines del año pasado, el periódico Público denunciaba que el vicealcalde, Manuel Cobo, mantiene contacto telefónico permanente con el juez Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid e instructor de la investigación. Además, se ha sabido que pocos días antes de acometerse la segunda fase de la operación ambos estuvieron comiendo juntos. El encuentro ha sorprendido incluso dentro de su propio partido, donde algunos no comprenden que exista esa relación tan estrecha, informaba Público.

Nadie sabe cuál ha sido el contenido de sus conversaciones pero no les parece procedente porque, recuerdan, se ha decretado el secreto del sumario y, en un principio, no está previsto que se levante hasta el mes de enero o ya pasadas las elecciones, agregaba el periódico.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha ido más allá. A juicio de esta agrupación existe un "altísimo riesgo" de que Santiago Torres sea recusado por poner en entredicho su imparcialidad debido a las comidas que comparte con Gallardón y Cobo. La APM considera que un juez que instruye un procedimiento no debería reunirse con personas que pueden ser citadas como testigos en el juicio. Por las dudas, ya Mariano Rajoy declaró que el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto "al frente, a la cabeza" de la operación promovida por el juez "para terminar con estos casos de corrupción, que en ningún caso afectan como es sabido, a dirigentes políticos de ninguna fuerza política".

Rajoy parece, de este modo, alejarse de la "cortina de humo" denunciada por el portavoz socialista en el Consistorio Madrileño, David Lucas. Esta "cortina de humo" fue supuestamente lanzada por Gallardón para tratar de relacionar al PSOE con la trama de corrupción, tal y como ya informó

(www.madriddigital.info, 03/01/08)

El pasado 15 de noviembre, tras la reunión del Consejo de Gobierno, se hizo público el Plan de Carreteras 2007-2011 de la Comunidad de Madrid. Este nuevo plan debe ser sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas. Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que "para eludir este trámite", el Gabinete del Consejero de Transportes "niega que exista tal Plan".

"Es evidente que el Consejo de gobierno mintió a los madrileños, o que el Director del Gabinete del Consejero miente ahora a la asociación ecologista", agregan los ambientalistas.

Recordamos que el Consejo de Gobierno del 15 de noviembre, aprobó el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 2007-2011. Tras la reunión, el plan se hizo público. Según el propio comunicado de la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, se trata del Plan de Carreteras "más ambicioso que se ha emprendido nunca en la Comunidad de Madrid en materia de infraestructuras viarias".

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2007, el Consejero de Transportes e Infraestructuras, intervino a petición propia en el pleno de la Asamblea de Madrid para informar sobre el mencionado Plan de Carreteras. En esta ocasión, Manuel Lamela dijo: "Comparezco, en esta ocasión a petición propia y con sumo gusto, para informar de otro de los importantes planes que, va a desarrollar el Gobierno de Madrid a lo largo de esta Legislatura […] Me estoy refiriendo al Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid, al plan con escenario 2007-2011, que sin duda lo que pone sobre la mesa o lo que pone de relieve es la importancia que este Gobierno y que la Consejería dan a la movilidad".

En este contexto, Ecologistas en Acción, el mismo 13 de diciembre, preguntó por escrito a Lamela sobre los plazos para someter a evaluación ambiental estratégica el Plan de Carreteras 2007-2011, de acuerdo a la normativa estatal y autonómica.

A esta pregunta, el Director de Gabinete del Consejero de Transportes e Infraestructuras, respondió a Ecologistas en Acción que "no existe el tal Plan de Carreteras 2007-2011" y que por tanto no se someterá a evaluación ambiental de planes y programas. Que cada una de las carreteras a construir, ampliar o mejorar entre 2007 y 2011, "se someterán de forma individualizada al evaluación de impacto ambiental".

Ecologistas en Acción considera "gravísima" la actitud de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, "que miente deliberadamente para eludir el preceptivo trámite de evaluación ambiental e información pública del Plan de Carreteras en su conjunto".

Esta organización recuerda que el Plan de Carreteras afecta gravemente a terrenos incluidos en la Red Natura 2000. En concreto a cinco zonas declaradas "Lugar de Interés Comunitario" (Cuenca del Río Manzanares; Cuencas de los ríos Jarama y Henares; Cuenca del río Guadarrama; Vegas, Cuestas y páramos del Sureste de Madrid; Cuenca del río Guadalix) y a la ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio.

(www.madriddigital.info, 03/01/08)

No caben más. En las urgencias del hospital de La Paz no queda espacio. Una treintena de enfermos reposaban en camas repartidas por los pasillos. Uno terminó en el cuarto de la fotocopiadora, según denuncia Comisiones Obreras. La planta de urgencias generales, con capacidad para 72 enfermos, según datos del sindicato, tenía a mediodía a 110 personas repartidas por todos los rincones.

Las puertas chocan con las camas, no queda sitio para pasar entre un enfermo y otro, según denunció una trabajadora. "Somos 13 enfermeras por turno y se aprovechan de que la mayoría no tenemos contrato fijo y no nos podemos quejar por miedo a las represalias", añadió. "Para mover a un paciente tienes que molestar a cuatro", se queja Manuela Hernán, de CC OO.

La dirección del hospital culpa de la situación al invierno. por la tarde remitió un comunicado en el que asegura que el aumento de pacientes se debe a la incidencia de la gripe, la edad de los pacientes y el número de enfermos crónicos a los que se agudizan sus patologías de corazón y respiratorias "en época invernal". Lo define como una "situación puntual" y asegura que ha tomado "todas las medidas necesarias". No accedieron a responder a preguntas de este periódico. Ni una palabra sobre las camas alineadas en los pasillos que aparecen en las imágenes recogidas

Las fotografías muestran una instantánea similar a la que pudo comprobar EL PAÍS entre el 20 y el 21 de diciembre. En un recorrido por cinco grandes hospitales de Madrid -La Paz, Ramón y Cajal, Clínico, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Puerta de Hierro- un equipo de redactores constató que los pasillos albergan de forma habitual filas de camas que los convierten en una habitación más.

(www.elpais.com, 04/01/08)

Actores de la compañía Opera Nova que representaron , ante unos 200 niños, una zarzuela de 1907 sobre los Reyes Magos, politizaron algunos de sus diálogos, declamados y cantados, con referencias al Rey y a la actual situación preelectoral y sesgados hacia la opción conservadora.

El Día de Reyes, obra adaptada del maestro Panella (1880-1939), está incluida en el ciclo organizado por el Ayuntamiento de Madrid Zarzuela en familia, con escenario en el teatro Conde Duque.

Un actor dice que "los Reyes no existen" pero que los regalos "se los atribuyen para prestigiar a la monarquía". Otro llora y exhibe un muñeco de cartón al que dice que le han cortado la cabeza.

-¿Qué es eso?

-Un político.

-¿Y qué hacer con eso?

-Pues votarle.

Después, cantando:

-¿A quién hay que votar en las elecciones de 2008?

-Los de adelante [los conservadores] corren mucho; los de atrás [liberales] se quedarán.

Posteriormente:

-A Rajoy a los Reyes Magos, ¿qué le han ponido?

-Una foto de Gallardón.

Ningún niño reía.

Manuel Lago, director general de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, consultado al respecto, dijo: "Se trata de una zarzuela familiar y consiste en una propuesta escénica, no política. Vi el jueves la obra y no me pareció que pudiera herir a nadie". Y añade: "Las zarzuelas de entonces eran así, con referencias políticas, y así se adaptan a la actualidad".

(www.elpais.es 05.01.08)

El juez Santiago Torres, instructor de la Operación Guateque que sacó a la luz una densa trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, dispone de dos sólidas bazas para acreditar sobornos a una veintena de funcionarios municipales: la contabilidad secreta de la trama, hallada por la Guardia Civil en un registro en la sede de Agustino Proyectos, una de las supuestas empresas tramitadoras ilegalmente de licencias, y el informe que le están elaborando sus peritos sobre los ingresos y gastos de los encausados. Tal cifra puede engrosarse en próximas semanas ya que el juez no ha agotado el amplio listado de tan explosiva agenda.

Todo ello servirá para dinamitar algunas de las coartadas que algunos de los encartados han ido desgranando al ser interrogados: aseguran no haber cobrado ningún soborno, no haber agilizado irregularmente expedientes, incluso niegan que las frases grabadas, donde negocian mordidas, tengan el sentido que la lógica les da.

Por el contrario, la agenda hallada en la sede de Agustino Proyectos no deja lugar a dudas sobre la realidad de los cohechos: viene anotada la cifra pagada, el nombre más o menos preciso del funcionario receptor, un teléfono de contacto y el motivo del pago. De tal agenda ha salido exclusivamente la última oleada de detenciones de funcionarios decretada por el juez. No siempre ha sido fácil identificar al destinatario de tales pagos ilegales. En ocasiones, el nombre del sobornado no aparecía completo, y ha sido preciso interpretarlo en función del lugar de trabajo que se derivaba del teléfono de contacto.

En otras ocasiones, tal labor no ha sido aún finalizada, ya que el nombre aparece como algo más confuso, por lo que la estela de pagos puede extenderse a un número aún mayor de funcionarios.

Obviamente, el juez está vinculando tan poderosos indicios -anotaciones de cobro de sobornos y comprometidas frases grabadas- a otros dos elementos: si tales funcionarios han jugado algún papel en los 187 expedientes que han sido acelerados y que examina con lupa el juez. Los agentes ya han revisado expedientes hasta el año 2000. Y amén de la vertiginosa aprobación de tales expedientes, liquidados en un mes cuando suelen durar años, han hallado dos hechos coincidentes: la totalidad de los expedientes sobre los que existen indicios o sospechas de pagos fueron visados por Joaquín Fernández de Castro, como jefe de departamento de Evaluación Ambiental, quien, sin embargo, ha emitido mensajes exculpatorios para sí pero incriminatorios para el resto.

Su subordinado, Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de análisis ambiental, a diferencia del anterior, no extiende las culpas a otros, pero sí niega algunas de las evidencias más clamorosas que le fueron expuestas en los interrogatorios. Por ejemplo, allí donde fue grabada su voz asintiendo a un reparto de 2.500 euros por una licencia, dice, sencillamente, que es mentira. En cambio, Ceballos sí admite que declaró por teléfono a Rubén López Martínez, miembro de la empresa Agustino Proyectos donde fue hallada la contabilidad secreta de los sobornos, que era muy difícil adelantar un expediente porque les estaba prohibido. Negó que hubiera dado tal mensaje para presionar y cobrar más.  

www.elpais.es 05.01.08

El juez que instruye la operación Guateque, Santiago Torres, levantó parte del secreto de sumario (ocho de los diez tomos). El caso que investiga la presunta trama de corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que cobraban a cambio de agilizar licencias de apertura o actividad para locales de ocio se ha convertido en el mayor caso de corrupción de la historia de la capital.

El juez Torres inició la investigación el pasado 14 de noviembre, después de meses de escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, a raíz de la denuncia de un particular. En ellas varios funcionarios del Consistorio madrileño se ofrecen agilizar licencias a cambio de dinero.

Hasta el momento el juez ha decretado la prisión a nueve imputados, entre ellos seis funcionarios y tres empresarios. Además, el magistrado ha imputado a una veintena de empleados públicos, la mayoría de la concejalía de Medio Ambiente y de Urbanismo. Hasta el momento no hay ningún cargo público imputado en la investigación.

Agentes de la Guardía Civil han registrado ocho juntas municipales de distrito y las sedes de las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y se han incautado abundante documentación.

El juez Torres asestó un nuevo golpe a la compleja trama de corrupción el pasado 27 de diciembre cuando ordenó registrar seis edificios municipales y decretó 10 nuevas detenciones, aunque sólo se pudieron efectuar cinco

 www.elpais.es 05.01.08

El ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid Carmelo García, encarcelado por la trama del caso Guateque, declaró voluntariamente ante el juez Torres la víspera de Navidad. En la última admite haber ofrecido "cuatro o cinco kilos" a un funcionario del Ayuntamiento, Fernando Ruiz, para que agilizase una licencia para la clínica Rúber de Madrid. El PAÍS ha tenido acceso a las dos declaraciones, íntegras, prestadas por García. La Rúber niega en un comunicado haber pagado nada nunca al margen de la ley.

En su primera declaración, García negó todas las imputaciones que le hizo el juez. Hace años, García ya tuvo problemas con la justicia por tráfico de influencias en relación con licencias municipales, pero fue absuelto. En concreto, el juez Torres le preguntó por su intervención a favor de una licencia para obras en la Rúber, en la calle Juan Bravo de Madrid. El juez cree que, en connivencia con amigos suyos del Ayuntamiento, García intentó endurecer los requisitos municipales con vistas a que la Rúber -o alguien que decía actuar en nombre de esta clínica- tuviera que pagar una comisión fuerte si quería resolver los problemas que planteaba su licencia. La respuesta de García al juez en esa primera declaración fue: "No conozco a nadie de la clínica Rúber".

En realidad, en su primera declaración García lo niega todo. El juez le preguntó, además, por su intervención en la tramitación de otras licencias para la aseguradora Ocaso y para cafeterías y restaurantes situados en las calles de Manuela Malasaña, Servator, Piamonte, Curtidores o Flor Baja, 1, entre otros locales. Fue enviado a prisión. Aparentemente, porque García se limitó a negar evidencias, según fuentes jurídicas. Para borrar esa imagen, es por lo que pidió al juez ampliar su declaración inicial.

Lo hizo el pasado 20 de diciembre. Es cuando reconoce que hace trabajos para la firma AC 93, un despacho del que es directivo Santiago Castillo, otro de los encarcelados en la Operación Guateque. Castillo era una especie de conseguidor desde su designación como apoderado de AC 93 en 1995. Los dos máximos directivos de esta firma, Julián Ruben López y Eduardo Agustino Carrasco, se hallan en paradero desconocido. El juez les tiene en búsqueda y captura. Muchos dueños de locales de Madrid acudían a AC 93, calle de Atocha, 25, cuando el Ayuntamiento les ponía pegas a sus licencias.

En su declaración voluntaria, García señala que el ofrecimiento de los "cuatro o cinco kilos" a su amigo y funcionario municipal Fernando Ruiz es por encargo de Castillo. García señala al juez: "Que lo de la calle Juan Bravo [se refiere a la licencia de la Rúber] no conozco a nadie. Lo que pasa es que el despacho de Santiago llevaba ese tema y me dijo que como yo tenía amistad con Fernando, [pues] que tenían que hacerle [a la Rúber] un requerimiento importante (...) Y que si era necesario pagarle cuatro o cinco kilos [por ello a Fernando], se le pagaba". Fernando Ruiz, funcionario de la gerencia de Urbanismo, también está preso. Ruiz, en su declaración, admite que habló de dinero con García, pero señaló que son amigos y se trataba "de una broma". García avala el testimonio de Ruiz en su segunda declaración, en la que niega haber cobrado de comisiones. Admite, eso sí, que se interesó ante un amigo suyo del Ayuntamiento, donde él trabajó y tiene un hermano, por un bar de Malasaña. Pero explica que fue su jefe Santiago Castillo quien trató este tema con el dueño del bar. "Hablaron ellos solos, yo no oí nada ni pillé ninguna cantidad".

En la casa de una amiga de García se han hallado fotocopias de falsas licencias que el propio imputado elaboraba. También había un tapón o sello del Ayuntamiento, real, para estamparlo sobre esas licencias falsas y aparentar que eran válidas. Pero no hay pruebas de que tales falsificaciones hayan sido utilizadas.

www.elpais.es 05.01.08

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pasado de sugerir al monarca que diera un "trato humano" a Jiménez Losantos –a pesar de los continuos ataques del locutor de la cadena de los obispos hacia la Corona- a advertir de que "quienes atacan al Rey lo hacen porque atacan a España". Toda una prueba de coherencia y firmes convicciones por parte de una de las aspirantes a suceder a Mariano Rajoy en el liderazgo del Partido Popular.

Hace algo más de dos meses, Esperanza Aguirre sugirió al monarca que diese un "trato humano" y no "discrimine" al polémico locutor de la cadena de los obispos, Federico Jiménez Losantos, que lleva dos años pidiendo que el Rey, Juan Carlos I, abdique su poder en su hijo el príncipe Felipe. A pesar de que en su día defendió a una de las personas públicas que más críticas ha lanzado en los últimos meses hacia la Monarquía española, cuando se cumple el 70 aniversario del Rey don Juan Carlos, Aguirre deja atrás impertinencias del pasado y muestra al Rey su apoyo, advirtiendo de que "quienes atacan al Rey lo hacen porque atacan a España".

Esperanza Aguirre ha destacado en su felicitación al Rey, según recoge Libertad Digital, la "extraordinaria inteligencia y actividad" del monarca español y ha señalado que los 32 años de su reinado constituyen "el periodo de mayor prosperidad, bienestar y ejercicio de los derechos humanos y libertades de toda la historia de España". No deja de resultar curioso que la presidenta de la Comunidad de Madrid decida ahora alabar la labor del monarca y defenderle ante los posibles ataques cuando hace algo más de dos meses defendía a una de las personas que más críticas han vertido contra él.

A don Juan Carlos no le sentó bien, la sugerencia que le hizo el pasado mes de octubre la presidenta de la Comunidad de Madrid y le contestó con rotundidad: "Le he dicho a Rouco que recen menos por mí y se ocupen más de la COPE". Hace unos días, y posiblemente para evitar que el monarca siguiese –en el caso de que lo estuviese- molesto con ella, Aguirre alabó la labor de Juan Carlos I, le felicitó, a título personal y como presidenta autonómica en nombre de todos los madrileños y agradeció "el trabajo que ha dedicado a España y a los españoles.

(www.elplural.com 06.01.08)

Los tres ex concejales del PP y los directivos de Funespaña acusados de cometer un fraude en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios repiten su inocencia en la última jornada del juicio de uno de los asuntos de corrupción más importantes en el Ayuntamiento. A los quince años de iniciarse caso, el juez decidirá en dos meses

Fin de trayecto, en principio, para el caso de presunta corrupción más importante de los últimos años en el Ayuntamiento de Madrid, que quedó visto para sentencia. Tres ex concejales del Partido Popular en la capital podrían ser condenados a entre tres y cuatro años de prisión por prevaricar y malversar caudales públicos. La supuesta comisión de los delitos se produjo en 1992. La Justicia española dictará sentencia "en dos meses", según el juez. Es decir, 15 años después. Tres lustros.

El Caso Funeraria, que ha generado ríos de tinta durante estos años, llegó a su fin judicial (a falta de posibles recursos) en la Audiencia Provincial de Madrid. Y llegó sin sorpresas: es decir, con todos los acusados proclamando su inocencia, y algunos incluso poniendo su dignidad "durante años de función pública" como aval.

Sucede que la fiscalía y las acusaciones que representan a PSOE e IU dan por probado que los imputados vaciaron de contenido la Empresa Mixta de Servicios Funerarios para venderla por 100 pesetas a Funespaña, una empresa salida de la nada que hoy es el primer grupo de servicios funerarios de España y uno de los mayores de Europa. A los pocos meses de la carísima venta, la compañía se recapitalizó rápidamente con 200 millones de pesetas.

Para ello se habrían conchabado los tres políticos populares con los dueños de Funespaña, los controvertidos hermanos Valdivia, y también el ex presidente de la empresa, José Ignacio Rodrigo, opina la acusación. Ellos aseguran que lo hicieron todo conforme a los criterios de los técnicos.

El PP y los técnicos

, los ex concejales del PP mantuvieron su inocencia hasta sus últimas consecuencias. Luis María Huete, ex senador y por aquel entonces primer teniente de alcalde -es decir, auténtica mano derecha de Alvarez del Manzano-, proclamó su "honradez personal y profesional en 50 años de trabajo", aseguró que siempre actuó "como portavoz del PP", y que siempre tuvo en cuenta "la opinión de los técnicos".

Simón Viñals, responsable de Sanidad y por extensión de cementerios, dijo: "Por mis manos han pasado muchos millones en muchos años, y siempre he actuado conforme a la legalidad, y con el consentimiento del alcalde de Madrid [en aquellos años, José María Alvarez del Manzano]".

Antonio Moreno, concejal de Patrimonio en la época y a quien en círculos populares se desligaba de la trama, aseguró creer "en la Justicia" y se quejó de juicio paralelo en la prensa: "Me han triturado".

Para los tres concejales se piden entre tres y cuatro años de cárcel, pero las penas gordas son para los hermanos propietarios de Funespaña, los Valdivia, y para su presidente hasta julio, Juan Ignacio Rodrigo, que habría seguido un oscuro trayecto de confirmarse las tesis de la acusación: de asesor del Consistorio durante la fase de informes y estudio de la operación de privatización, a presidente de la empresa compradora pocos meses después.

A cada uno de los hermanos Valdivia les piden 14 años por varios delitos fiscales, malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros. En el caso de Rodrigo, a esos 14 años hay que sumar otros tres más por delito de falsedad.

En total, la posibilidad de 17 años de cárcel para el hombre que más locuazmente se defendió , con un larguísimo alegato sobre su inocencia -"sólo creo en mi inocencia y hoy haría lo mismo que hice en su día"-, que terminó embalado y de lo más cinematográficamente: "Confío en su independencia objetiva y en su imparcialidad subjetiva".

Los Valdivia, por su parte, sólo dieron las "gracias" al tribunal. La sentencia llegará finalmente dentro de "dos meses o dos meses y medio", comunicó el juez.

(www.elmundo.es, 09/01/08)

¿42 MILLONES DE 'PELOTAZO'?

Los abogados de PSOE e IU no dejaron pasar la oportunidad para remachar la culpabilidad de los acusados. José Mariano Benítez de Lugo, por los socialistas, defendió que los políticos son los grandes responsables porque "el oficio de todo empresario es ganar dinero y el problema es que los políticos les dejaran ganar ese dinero a espaldas de los intereses de los ciudadanos". Juan Francisco Pla, por IU, coincidió en el hecho de que en este caso lo importante no es el montante de la pena, sino que se restablezca la verdad y que se restituya el dinero al Ayuntamiento, que cifró en algo más de 42 millones de euros, informa Efe. Funespaña, empresa embrionaria durante la comisión de los hechos, está hoy en 38 municipios españoles y también en Argentina (Rosario y Buenos Aires) y en Budapest. Por la lentitud judicial, el fiscal pidió también que se aplique a los nueve procesados la atenuante de dilaciones indebidas.

(www.elmundo.es, 09/01/08)

El juez Santiago Torres ha imputado al director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora (mano derecha del concejal de Seguridad, Pedro Calvo), un presunto delito de prevaricación y falsedad documental por el contrato que realizó con una empresa para el reparto de una revista de seguridad que distribuyó a las casas particulares de los 7.000 policías municipales de Madrid. El caso fue denunciado por el sindicato UPM al considerar que se habían cometido graves irregularidades en la contratación de las empresas que editaron y distribuyeron los ejemplares. Además, UPM estimó que se había producido una cesión ilegal a una empresa privada de los datos personales de todos los miembros del Cuerpo de Policía Municipal. Por eso también interpuso otra denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid en la Agencia de Protección de Datos.

Jesús Mora ya ha prestado declaración ante el juez Santiago Torres así como Rafael Torres Ruiz, responsable de la sociedad Taket Corporate, que ha gestionado la distribución de la revista. Ambos están imputados.

Todo comenzó cuando el director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, decidió divulgar entre todos los agentes de la Policía Municipal de Madrid una revista denominada Madrid Seguro. El objetivo de Jesús Mora "era dar a conocer a todos los agentes las iniciativas, proyectos, planes y programas en el Cuerpo de la Policía Municipal". Mora encargó a una empresa la elaboración y la difusión de la revista. El Ayuntamiento contrató a dos empresas, una para la edición y otra para la distribución. Pero en ambos casos la adjudicación se hace a dedo basándose en que ninguno de los dos encargos supera los 12.000 euros y con alguna irregularidad, según las primeras investigaciones.

Según UPM, ya se comete una primera infracción grave al mandar la revista al domicilio privado de cada agente sin garantizar la confidencialidad de los domicilios de los agentes. UPM denunció el caso ante la Agencia de Protección de Datos al tratarse de una publicación propagandística de un determinado modelo de gestión y al remitirse a los domicilios particulares sin usar el correo interno para su distribución.

La Agencia de Protección de Datos abre una investigación que concluye con el archivo del caso. Sin embargo, Jesús Mora incurre en contradicciones y no aclara ni cómo ni cuándo contrató a la empresa distribuidora. Finalmente, UPM ve que hay un presunto delito y denuncia el caso en el juzgado. El pasado septiembre Santiago Torres decidió iniciar una investigación e imputarle por prevaricación y falsedad documental. La investigación judicial se basa en que Jesús Mora declaró que el contrato con la distribuidora de la revista se envió por fax a Bilbao y que Take Corporate lo devolvió. Sin embargo, el gerente de Take Corporate no dice lo mismo y afirma que sólo se acordó por contrato no hacer un "uso indebido de los datos de los agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid". Posteriormente, el dueño de Take Corporate señaló ante el juez que el único papel que firmó no era un contrato y que solamente acordó por escrito respetar la confidencialidad de los domicilios privados de los agentes tras cenar una noche en Madrid con Mora.

Denuncias

El secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez, se mostró sorprendido porque se siga manteniendo en el puesto pese a que está su trabajo bajo sospecha. Según UPM, Mora ha eludido el cumplimiento de la ley. "A raíz de estas denuncias ya ha contratado a otras empresas y lo ha hecho legalmente", añadió Pérez.

El juez Santiago Torres ha ordenado que se hagan pruebas periciales para comprobar si los contratos que presentó Mora corresponden a su firma.

(www.elmundo.es, 09/01/08)

Jesús Mora puede estar tranquilo por el futuro de su carrera política, porque no corre peligro". Así de tajante se mostró el delegado de Seguridad, Pedro Calvo, cuando se le preguntó por la noticia publicada en M2, en la que se informaba que el juez Santiago Torres había imputado al director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, un presunto delito de prevaricación y falsedad documental por el contrato que realizó con una empresa para el reparto de una revista de seguridad que distribuyó a las casas particulares de los 7.000 policías municipales.

Pedro Calvo salió en defensa de quien es considerada su mano derecha, y aseguró que la labor de Mora siempre ha sido "excelente", fruto de "una trayectoria intachable". "Gracias a él, Madrid puede presumir de haberse convertido en un modelo para muchas ciudades en cuestiones policiales", explicó Calvo, que se mostró convencido de que Mora obró correctamente, entre otras cosas porque en septiembre, después de ir a declarar, el director de Seguridad le dio "todas las explicaciones necesarias".

Menos condescendiente se mostró con respecto a UPM, el sindicato policial que denunció el caso al considerar que se habían cometido graves irregularidades en la contratación de las empresas que editaron y distribuyeron los ejemplares.

Calvo espera que si la resolución del juez acaba siendo "favorable" a Mora, y éste no sale "condenado o amonestado", el secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez, denunciante del caso, "dimita de la misma manera que ha pedido la dimisión del director de Seguridad antes de que el juez se haya pronunciado".

"También invitaría al sindicato UPM a que deje atrás cinco años de marginalidad y nos ayude a continuar mejorando la Policía Municipal. Aunque hasta el momento, nos va bien sin su ayuda", concluyó el delegado de Seguridad.

Según las primeras investigaciones, Mora encargó a una empresa la elaboración y la difusión de la revista. El Ayuntamiento contrató a dos empresas, una para la edición y otra para la distribución. Pero en ambos casos la adjudicación se hizo a dedo porque ninguno de los dos encargos superó los 12.000 euros.

Para UPM, ya se cometió una primera infracción grave al mandar la revista al domicilio privado de cada agente sin garantizar la confidencialidad de los domicilios de los agentes. Por eso el sindicato denunció el caso ante la Agencia de Protección de Datos al tratarse de una publicación propagandística que no usó el correo interno para su distribución. Pese a todo, la Agencia de Protección de Datos archivó el caso.

(www.elmundo.es, 10/09/08)

Se investiga una licencia que concedió el Ayuntamiento a un hotel de Chamartín, vinculada a la construcción de un hospital. El hotel lleva 10 años abierto y del centro sanitario no hay ni cimientos. De hecho Asisa, la empresa que iba a hacer el hospital, ahora quiere edificar un geriátrico

Los agentes encargados de la investigación del caso Guateque indagan en la actualidad una operación urbanística que se realizó el año 1998 y que permitió que se autorizara levantar un hotel en el distrito de Chamartín, que tenía una licencia asociada a la construcción de un hospital. Diez años después del centro sanitario no hay nada, ni cimientos. El juez Santiago Torres examina esta licencia y otras concedidas por el entonces gerente de Urbanismo, Luis Armada. En esa época el alcalde de la capital era José María Alvarez del Manzano.

El distrito de Chamartín es uno de los más caros de Madrid y el precio de un suelo para construir un hotel o un hospital varía notablemente. La finca, que tenía una superficie de 19.980 metros cuadrados, pertenecía a una empresa llamada Sierra y Asociados, que lo había adquirido en 1996 a una congregación de monjas.

Posteriormente esta empresa firmó en ese mismo año con la empresa Campo de las Naciones (de propiedad municipal) una opción de compra sobre ese solar, pues se querían albergar en ese lugar la gerencia municipal de Urbanismo, el Area de Obras e Infraestructuras, el Area de Medio Ambiente y la de Circulación y Transportes.

En el Plan General de Urbanismo se llegó a calificar ese solar "de uso dotacional de servicios colectivos", clasificando la parcela como de "servicios a la Administración".

La Empresa Campo de las Naciones convocó un concurso para adquirir esa parcela u otra en la que pretendían construir edificios para todas estas concejalías, pero finalmente el concurso se declaró desierto.

En un acuerdo posterior que Sierra y Asociados firmó con el Ayuntamiento (Ignacio del Río como concejal y Luis Armada como gerente de Urbanismo) se acordó que el solar siguiera manteniéndose como uso característico el "dotacional de servicios colectivos", permitiendo el equipamiento como uso alternativo.

En aquel acuerdo por escrito la empresa Sierra y Asociados logró que se aceptara como utilización asociada al uso principal de equipamiento sanitario, pues se iba a construir un hospital, el uso terciario de hospedaje. De esta forma se podría levantar un hotel para los familiares de las personas que estuvieran ingresadas en el hospital. Era una licencia condicionada. Hotel sí pero con hospital.

El hotel se levanta en 1999. Ese mismo año Asisa llegó a comprar a Sierra y Asociados una parte de la parcela para edificar un hospital. Sin embargo, en marzo de 2003 representantes de Asisa hacen saber por escrito al Ayuntamiento que los servicios hospitalarios que hay en la zona "hacen socialmente innecesario e inviable desde el punto de vista empresarial la construcción de un equipamiento exclusivamente sanitario".

En ese mismo escrito proponen la construcción de una residencia de ancianos y piden la adaptación al convenio que se firmó en 1998. Hoy el hotel lleva casi 10 años funcionando y del hospital y la residencia de ancianos no se sabe nada.

La licencia que se dio para el hotel hablaba de "edificio destinado a uso de servicios terciarios-hospedaje con carácter de uso asociado al característico de dotacional de servicios sanitarios". El permiso de primera ocupación viene firmado por Caridad Mauri Ruiz-Olmo, Arsenio Ruiz Saénz de Miera, director general de Urbanismo en aquella época, y Luis Armada, entonces gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

(www.elmundo.es, 10/09/08)

La portavoz socialista de Asuntos Sociales en la Asamblea, la diputada Pilar Sánchez Acera, denunció que el Gobierno de Esperanza Aguirre continúa paralizando las ayudas destinadas a las familias con los casos más graves de dependencia de la región, los ‘grandes dependientes’.

En concreto, más de 10.000 grandes dependientes evaluados por la administración regional y que deberían estar percibiendo desde hace un año las ayudas previstas, siguen sin recibirlas a pesar de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene listo el dinero que les corresponde. A estas personas hay que sumar al menos otras 14.000 que aún no han sido evaluadas por el Gobierno de Aguirre para recibir las ayudas.

La diputada socialista advierte que la aplicación de la Ley de Dependencia "es un derecho de los ciudadanos que debe estar al margen de la competición política propia del proceso electoral", por lo que exige al Gobierno de Aguirre que "no se invente excusas para no cumplir con la ley y tome las medidas necesarias para impulsar la aplicación de la ley, que en Madrid ya lleva un retraso de un año debido al boicot de Aguirre al Gobierno socialista de España".

Casi 10.300 familias valoradas por la Comunidad como ‘grandes dependientes’ (el máximo nivel de dependencia establecido por la ley) continúan sin percibir las ayudas a las que tienen derecho, a las que hay que sumar las más de 14.000 familias que entran en esta categoría y continúan sin estar evaluadas, y las 36.000 familias de dependientes severos que deberían empezar a recibir las ayudas desde el pasado 1 de enero.

En este sentido, la diputada recuerda que a finales de 2007, "sólo había 700 grandes dependientes valorados por la Comunidad de Madrid en el censo del Ministerio", por lo que "el trámite para la recepción del dinero se está retrasando en Madrid en comparación con otras comunidades autónomas".

Pilar Sánchez Acera explica que el argumento esgrimido por el Gobierno de Aguirre para justificar la mala aplicación de la Ley de Dependencia en la región –la presunta falta de aportación de recursos por parte del Gobierno central- "es falso, ya que el dinero está listo esperando ser enviado a los beneficiarios".

"El problema ha sido y sigue siendo la falta de entusiasmo de Aguirre en aplicar una ley de Zapatero que beneficiará a miles de madrileños", acusa la diputada, que recuerda que hasta finales del año pasado, en noviembre de 2007, la Comunidad de Madrid no firmó el convenio con el Estado para recibir la aportación estatal.

Además, continúa Sánchez Acera, el Gobierno regional tampoco ha reunido a los agentes sociales para decidir la forma de la distribución del dinero, y lo que es más importante, "tampoco ha creado el decreto, como han hecho otras regiones, en el que se establece cómo, cuanto y a quién se destinan las ayudas económicas", especialmente aquellas destinadas a la contratación de profesionales externos y cuidadores de los dependientes.

Por todo ello, exige "menos hipocresía y excusas falsas" y la aplicación inmediata de la Ley de Dependencia en Madrid a un ritmo mucho mayor, "para recuperar el tiempo perdido y para que la región se enganche al proceso de aplicación establecido y por el que ya miles de dependientes en toda España gozan de este derecho".

(www.madriddigital.info, 10/01/08)

El pasado 4 de enero, este diario publicó una información sobre el colapso que sufría el servicio de urgencias del hospital público La Paz. La noticia estaba ilustrada con una fotografía de uno de los pasillos del servicio, donde podía verse a varios pacientes ingresados en un pasillo de baldosas blancas. Los trabajadores habían colgado carteles con números para identificar a los pacientes. Uno de ellos, tras ver la información, ha enviado a este periódico el relato de su experiencia. Éste es su resumen:

"En el diario EL PAÍS una fotografía muestra un pasillo de La Paz con una hilera de enfermos en sus camas; en cada cama cuelga una bolsa naranja con la ropa del enfermo. En una de ellas estuve yo ".

"Durante todo el tiempo, el trasiego y el ruido de personal sanitario, camas, sillas de ruedas, aparatos, visitas... es incesante. En ocasiones, se producen atascos y el personal tiene que negociar quién pasa primero".

Es el testimonio de un hombre de unos 50 años que el 4 de enero permaneció 12 horas en las urgencias del hospital La Paz y que pide anonimato. Sólo pasó dos de ellas encamado en el pasillo, por lo que se considera afortunado. "Dentro de todo yo he tenido suerte. La mayor parte del tiempo la he pasado en la cama, en el box, mientras otros enfermos abarrotaban pasillos o sillas. Mi tiempo en el pasillo fue el último de mi estancia, cuando mejor podía soportar los inconvenientes físicos. No era el caso de otros enfermos".

Este paciente se queja de la falta de una mínima comodidad o bienestar. "La sensación de invasión de la intimidad o incluso humillación depende de cada cual, pero están en el aire y se muestran en las caras de los enfermos y los visitantes".

"El cabecero de mi cama está pegado a una de las dos hojas de una puerta basculante; al otro lado, un cartel avisa de que hay una cama detrás. A pesar del interés del personal por evitarlo, de vez en cuando una cama viajera golpea la mía. El letrero de la puerta no tiene éxito y, periódicamente, sufro un violento desplazamiento de mi cama".

"A las cinco de la tarde comienza a dolerme la cabeza. Descubro que la razón es que estoy tumbado boca arriba y que sobre mí, ligeramente a mi derecha, están los fluorescentes a los que, inevitablemente, dirijo la vista desde el principio. Desde ahora, evito los fluorescentes".

"En los boxes, el personal sanitario está constantemente en el entorno. Cualquier necesidad es resuelta de forma prácticamente inmediata. En el pasillo el personal sanitario sólo aparece de vez en cuando".

"Me dan el alta. Tras los últimos medicamentos, toca levantarse. En calzoncillos y con un camisón que no cubre, toca sacar la ropa de la bolsa. Ligeramente aturdido tras 12 horas y mil drogas, hay que vestirse. El tráfico no cesa".

(www.elpais.com, 10/01/08)

No habrá inspecciones en los colegios "porque ya las está habiendo". Así lo asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Nosotros inspeccionamos lo que pertenece a la Comunidad. Pero también la Gerencia de Urbanismo [del Ayuntamiento de Madrid] tiene sus responsabilidades", señaló tras inaugurar una guardería y un centro cultural en Arroyomolinos. En las últimas semanas se ha producido el derrumbe parcial del colegio Sagrado Corazón (en Chamartín, el pasado 25 de diciembre) y el Gobierno regional ha anunciado que demolerá la escuela infantil pública Valle del Oro (Carabanchel) porque según los técnicos su estructura tiene "un riesgo cierto de colapso estructural", según la Consejería de Educación.

Por la tarde, los padres y educadores de la escuela Valle del Oro, cuya demolición está previsto que comience mañana, acudieron a una reunión en la escuela infantil que atenderá a sus hijos, Cinco Lobitos. Los padres habían sido convocados uno por uno telefónicamente por el Gobierno regional, pero no apareció ningún representante del Ejecutivo, según se quejaban varios asistentes. "Me parece alucinante que no haya venido nadie de la Consejería de Educación", protestaba un padre que pidió anonimato. La mayoría de los progenitores de los 60 alumnos afectados estuvieron allí. Se reunieron con la directora, a la que expusieron su disconformidad con el traslado. "No queremos ir a un colegio que está a siete kilómetros, a 45 minutos en autobús o a seis paradas con un transbordo en metro", se quejaba el citado padre. Los padres quieren, además, una ampliación del horario de la guardería para que les dé tiempo a llevar y traer a los niños del colegio.

"Nos han dado un papel para que lo firmemos antes del día 18", explicaba otro progenitor. "Si no lo hacemos perderemos la plaza de nuestros hijos", aseguraba. Salvo aquellos que no tengan alternativa, la mayoría pretende no firmar hasta que la consejería les ofrezca una solución. No quieren que la nueva guardería esté tan lejos y piden el aumento del horario. La escuela infantil Cinco Lobitos es un centro nuevo (costó 1,8 millones de euros) que pertenece al Gobierno regional, pero cuya gestión está en manos de una cooperativa.

Otro problema que acarrea el traslado de los niños del Valle del Oro es que los profesores cambiarán. "¿Sabe lo que lloró mi hija cuando empezó el colegio? Volverá a hacerlo, ahora que ya se había acostumbrado a los profes", contaba una madre. La decena de educadores del Valle del Oro trabajará en otros centros con un "traslado forzoso", según CC OO.

(www.elpais.com, 10/01/08)

El dueño de una tienda de animales de la zona de El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de los conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación Guateque. Juan Luis A. G. recibió una notificación del Ayuntamiento de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su confesión, contactó con él alguien que, falsamente, se identificó como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció solucionar todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su denuncia activó la segunda fase de la Operación Guateque. La primera ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos cabecillas, el funcionario de la sección de Medio Ambiente Victoriano Ceballos.

El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la llamada trama de los conseguidores. Se trata de funcionarios y particulares que, según el sumario, "se están lucrando indebidamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la imagen de la Administración". Los investigadores detectan al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de "irregularidades".

En su informe, los agentes muestran su "certeza de que la acción de la justicia tiene muy complicado demostrar esas irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos telefónicos. Los agentes fijaron su lupa sobre Carmelo García Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien ya fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC 93, dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil en su informe: "Los denunciados Carmelo García y Santiago Castillo forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión administrativa [de las licencias]". No especifica quién de ellos, aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel. García y Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles clientes con la necesidad de iniciar negocios en locales comerciales de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio de dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes, garantizándoles [en unos casos] que obtendrán la licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables a que puedan estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los requisitos y que han sido denunciados por los vecinos".

Los 21 expedientes en los que los investigadores han hallado irregularidades están repartidos por distintos barrios de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los particulares Carmelo García y Santiago Castillo (ambos presos) y la empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato directo con los clientes". Castillo, en nombre del citado estudio de arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que contacta para garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen su licencia o que la policía local no les cierre el negocio. En el sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el funcionario municipal, actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de ampliación para la clínica Ruber.

(www.elpais.com, 10/01/08)

Las escuchas realizadas durante cinco meses por la Guardia Civil que investiga la Operación Guateque a raíz de la denuncia de un tendero del Rastro, han desvelado multitud de conversaciones curiosas. La complejidad del sistema de concesión de licencias que se retrasan durante meses ha favorecido que los empresarios busquen todos los vericuetos posibles para acelerar su tramitación.

En una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil el pasado mes de julio y que figuran en el sumario del caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de proyectos de ingeniería AB Sanz Escribano, actualmente en la cárcel por orden del juez, mantiene una conversación con José Almansa, uno de los propietarios del pub La Botellita de Serrano, situado en la calle de Martínez de la Rosa, esquina con la calle de Serrano.

Ambos hablan sobre las estrategias que siguen para conseguir una licencia. Almansa dice ser socio de Antonio Cato y que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la cual, según Almansa, "ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de fiestas", según se puede leer en el sumario.

Almansa trata de convertir la licencia del bar en una sala de fiestas para poder abrir hasta las cinco y media de la mañana. Pero se encuentra con el obstáculo de que la zona está calificada como ZAP (zona ambientalmente protegida), que engloba a buena parte del distrito de Salamanca y evita que se instalen bares en las zonas más residenciales para reducir el ruido.

Almansa sugiere que después de "mover los hilos" con Aguirre, el concejal del distrito, Tomás Pascual, dice que la zona no está incluida en el ZAP, pudiendo de este modo convertir la licencia del pub en sala de fiestas con actuaciones en directo.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, asegura a través de una portavoz que no conoce de nada a José Almansa ni el bar La Botellita de Serrano. La misma portavoz del Gobierno regional asegura que hay multitud de personas que conocen a la presidenta de la comunidad y que ésta no puede responder por cada una de ellas.

La conversación que se reproduce en el sumario del caso Guateque es la siguiente:

José Almansa. Lo que tenemos son actuaciones en directo, y queremos tenerlo hasta las cinco y media. Porque los bares especiales son hasta las tres y media...

Antonio Sanz Escribano. Lo que pedimos fue sala de fiestas que es hasta las cinco y media.

J. A. Hemos estado cerrando a las tres y media hasta enero que nos llegó un papel que nos iban a cerrar. Hemos movido todo, a todos los niveles. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza Aguirre, hemos movido hasta a Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos temas hasta tal punto que hemos llegado a que, por fin haya salido el tema y se ha acabado con el ZAP.... Una vez que hemos conseguido eso, tenemos a la gente de la Junta, ellos están esperando que presentemos el proyecto porque ahora mismo le están remitiendo estos días de Medio Ambiente...

A. S. E. Eso es lo que presentamos en su día y nada más hay que actualizarlo.

J. A. Eso es lo que necesitamos. El concejal nos ha dicho de palabra que abramos hasta las cinco y media mientras se tramita la licencia....

(www.elpais.com, 10/01/08)

El alcalde de Ribatejada, Eugenio Domínguez, del Partido Popular, está dispuesto a hacer realidad su sueño: multiplicar su población por 6. De este modo, esta localidad situada en Guadalajara pasaría de contar con 500 habitantes a más de 3.000. ¿Cuál es su mayor reto?, le preguntan al alcalde y constructor de Ribatejada en una revista local, Acción Local Sierra del Jarama. En su respuesta, el alcalde del PP no deja lugar a dudas: a Eugenio Domínguez nada le gustaría más que "poder impulsar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, ya que gracias a él, y en unos ocho años, el número de habitantes pasaría de los 500 actuales a más de 3.000".

Pese a que el 99% del término municipal está calificado como Zona de Especial protección para las aves, el alcalde y también constructor del PP lo tiene claro: "El pueblo debe crecer en importancia", sostiene Domínguez quien, además de dedicarse a la cosa pública, también es constructor.

Para tramitar su polémico Plan General de Ordenación Urbana, el alcalde del PP se basa en la mayoría absoluta que, a base de prometer masivas recalificaciones, Domínguez obtuvo en las pasadas elecciones municipales del 27 de mayo. De este modo, el líder popular se siente legitimado para ejecutar a corto plazo su "ambicioso proyecto" urbanístico.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Eugenio Domínguez propone convertir esta pequeña localidad de la Comunidad de Madrid a 53 kilómetros de la capital en una lujosa ciudad dormitorio. A principios de 2007, el dirigente popular planeaba sacar adelante una normativa urbanística para construir 2.200 chalés y aumentar la población hasta los 7.000 ciudadanos.

"Parece que les estás quitando algo, cuando no se dan cuenta de que se van a hacer ricos, de que les va a cambiar la vida. Y a mejor", lamentaba hace un año en El País Eugenio Domínguez, incapaz de comprender que hubiese vecinos que se opusieran a sus planes para "hacer al Ayuntamiento rico".

Pese a que el procedimiento administrativo que tendría que pasar Ribatejada para aumentar por 6 su población sería realmente complicado –al estar calificada esta localidad como una Zona protegida-, Eugenio Domínguez no renuncia a llevar a cabo su "ambicioso" plan. "O Ribatejada prospera o ¿quién va a querer ser alcalde?, reflexiona el político y constructor.

(www.elplural.com, 11/01/08)

La Oficina del Defensor del Paciente envió una dura nota al Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, criticando su decisión de cerrar la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del hospital Gregorio Marañón (foto), y pidiéndole que reconsidere esta decisión.

"Nos volvemos a dirigir a Vd. por la misma razón que lo hicimos hace poco tiempo, y en la que le solicitábamos que no se dejara sin servicio a 300 personas con el cierre de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Gregorio Marañón, ya que estas personas estaban atendidas y controladas por una unidad que funcionaba perfectamente", afirma la nota.

Agrega que, sin embargo, "con la insensibilidad que le caracteriza", Güemes "ha hecho caso omiso a las súplicas de los pacientes", y se ha cerrado definidamente la Unidad "para dejar a los pacientes de este servicio en manos de un cardiólogo que te cita dentro como mínimo cada 6 meses".

Critica la Defensora que estos profesionales ni siquiera mandan "una analítica para seguir la función renal, anemias etc., patologías que estos pacientes sufren y que, al descompensarse, tienen que ingresar a unas urgencia que están masificadas".

La Defensora del Paciente, Carmen Flores, pregunta a Güemes si "esto es actuar con responsabilidad y cordura", y le insta "a reconsiderar la reapertura del servicio, ya que si ocurre una desgracia por la falta de seguimiento y control es evidente que Vd. será el responsable".

(www.madriddigital.info, 12/01/08)

El Ministerio de Sanidad ha ganado una batalla legal a la Comunidad de Madrid. En una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula la regulación autonómica sobre bancos de cordón umbilical, lo que obliga a la Consejería a ceñirse a la estatal.

La disputa entre ambas administraciones comenzó a finales de 2006, cuando una ley de Sanidad estableció que los bancos privados de sangre de cordón umbilical deberían tener su material disponible para cualquiera que lo necesitara, aunque los donantes no estuvieran de acuerdo.

La norma pilló a contrapié a Madrid, donde ya estaba previsto que se abrieran los bancos privados de CrioCord y Vidacord, a los que luego se unió Secuvita (las tres han sido parte del recurso presentado por la abogacía del Estado).

La sentencia no entra en el fondo del asunto -la posible coexistencia de bancos de material biológico privado en un país en el que las donaciones son, por ley, anónimas, gratuitas y desinteresadas- porque se ciñe a un defecto de forma. Aún así, afirma que la decisión de si deben permitirse bancos privados "ha de adoptarse a nivel estatal con carácter vinculante para todas las comunidades". También niega que hubiera un "vacío legal", como alegaba Madrid, porque hay una norma anterior, la que regula los trasplantes, que es aplicable.

(www.elpais.com, 12/01/08)

El diputado regional y portavoz de la Comisión de Transportes de Izquierda Unida, Fausto Fernández, ha expresado su "sorpresa e indignación" por la decisión de Metro de Madrid, de rechazar por dos veces a una mujer por el hecho de haber padecido cáncer de mama en 2005.

"Nos parece absolutamente intolerable lo ocurrido. Creemos que lo primero que tiene que hacer la Consejería de Transportes es readmitir inmediatamente a esa persona en el puesto de trabajo al que tiene derecho y después abrir una investigación para aclarar cómo ha podido producirse esta circunstancia" ha manifestado Fernández.

"Si es verdad que hay un documento en vigor que establece que una persona que ha tenido cáncer no puede trabajar en el Metropolitano en el plazo de cinco años, habrá que cambiar ese documento, porque creemos que es manifiestamente injusto e incomprensible. No es posible que una persona que ha tenido que superar un proceso tan duro y traumático tenga, además, que soportar una circunstancia como ésta" ha manifestado Fausto Fernández.

"Por ello", ha añadido Fernández, "la Consejería tiene que llevar a cabo una investigación exhaustiva y urgente para ver qué ha pasado exactamente y depurar responsabilidades si fuera necesario".

Además, el Grupo Parlamentario de IU ha expresado su "solidaridad" con la mujer afectada y le expresa todo su apoyo.

(www.madriddigital.info, 12/01/08)

A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.

Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.

Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias.

En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral.Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.

En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.

Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.

Victoriano Ceballos. Muy bien.

E. G. ¿Te parece correcto?

V. C. ¡¡Correcto!!

De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.

Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.

En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.

Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.

Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?

J. G. ¿Cómo?

A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.

J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...

A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.

J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?

A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.

El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario".A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".

Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.

La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.

"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".

La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles. Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.

El concejal socialista adelantó que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.

www.elpais.es 14.01.07

La lista de espera quirúrgica en la sanidad pública regional necesita un chequeo urgente. El número de enfermos pendientes de entrar en quirófano ha pasado en los dos últimos años (entre el 30 de septiembre de 2005 y 2007) de 29.734 personas a 40.793, un 37% más. Los plazos de espera, por su parte, prácticamente doblan los 30 días que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, prometió en la campaña electoral de 2003. Aguirre se comprometió a dimitir si "algún madrileño esperaba más de 30 días para ser operado en la sanidad pública". La demora media actual es de 53 días laborables (casi 70 si se tienen en cuenta los festivos).

Los problemas se concentran en algunas especialidades como traumatología, en la que 7.963 personas esperaban el pasado 30 de septiembre 76 días laborables (más de tres meses si se incluyen los festivos) para que se realizara la intervención quirúrgica prescrita por sus médicos especialistas.

Estos datos pueden observarse en la página de Internet www.listadeesperamadrid.org, son oficiales y dejan en mal lugar las campañas publicitarias y discursos de autobombo con los que el Gobierno de Aguirre presume que ha dado por cumplida su promesa electoral.

Esta aparente contradicción entre datos y palabras se debe al particular sistema que la Comunidad de Madrid ha creado para contabilizar las listas de espera en la región. Tras llegar al poder en 2003, Aguirre cambió las reglas del juego y creó un nuevo sistema de contabilidad de los pacientes que incluye y que excluye de la lista de espera oficial. La nueva contabilidad del Gobierno regional ha llevado a paradojas como que, de los 40.793 pacientes que en septiembre de 2007 esperaban para ser operados, sólo 13.138 (un 32,2%) estaban incluidos en la lista de espera oficial. Más de 27.000 habían quedado excluidos. De ellos, un 32,6% lo han sido por mantenerse fieles a su médico de la sanidad pública y rechazar ser derivados a clínicas privadas. El otro 35,2%, 14.352 personas, son enfermos a los que su médico especialista ha prescrito la intervención, pero a los que el anestesista aún no ha podido atender.

La exclusión de este último grupo de pacientes ha sido el punto más polémico de la gestión de las listas de espera del Gobierno de Aguirre, ya que todas las demás comunidades autónomas incluyen al enfermo en la lista en el mismo momento en el que el médico especialista prescribe la intervención quirúrgica. Todo ello ha costado a Madrid ser desde diciembre de 2005 la única comunidad excluida del cómputo nacional de listas de espera.

Según el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Aguirre "manipula los datos para que éstos parezcan mejor de lo que son". La Consejería de Sanidad madrileña, por su parte, siempre ha defendido la legalidad de su contabilidad de las listas.

Los datos ofrecidos por Sanidad en su página de Internet también contradicen las afirmaciones del Gobierno regional de que ningún madrileño espera más de 30 días para ser intervenido en la sanidad pública.

La página incluye un cálculo, denominado Demora media prospectiva, que es el tiempo que tardarían los recursos actuales (hospitales públicos y clínicas privadas concertadas) en intervenir quirúrgicamente a todos los enfermos en espera. Como los hospitales y clínicas concertadas son siempre los mismos, este índice ofrece el dato más cercano a la realidad sobre la situación de las listas de espera, según todos los expertos consultados.

Según los datos de Sanidad, la Demora media prospectiva se situaba el pasado 31 de septiembre en 53 días. Las diferencias entre especialidades, sin embargo, son importantes. La peor es la de traumatología, en la que un total de 7.963 pacientes esperan una media de 76 días (sin contar festivos) para ser sometidos a la intervención quirúrgica. Entre las operaciones que acumulan mayores demoras, le siguen otorrinolaringología (63 días, 2.858 pacientes) y cirugía pediátrica (60 días y 1.742 niños en espera). Las esperas más reducidas se producen en cirugía torácica (28 días y 118 pacientes), dermatología (34 días y 1.278 personas) y ginecología (37 días y 2.046 enfermas).

Pese a estos datos, la situación el pasado 30 de septiembre era ligeramente mejor que la del trimestre anterior, cuando los pacientes en espera eran 42.246 y la espera media de 55 días.

Por otra parte, Esperanza Aguirre anunció que en un mes serán abiertos "todos los nuevos hospitales a excepción del Puerta de Hierro de Majadahonda" y que dos meses más tarde, en abril, los seis centros funcionarán a "pleno rendimiento". Sólo está ya abierto el séptimo, el de Valdemoro

Aguirre, que ya inauguró los nuevos hospitales antes de las pasadas elecciones autonómicas sin que ninguno haya entrado en servicio, hizo estas declaraciones a dos meses de otras elecciones, las generales, y en medio de la polémica por el constante colapso que viven las urgencias de los hospitales públicos de la región.

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, replicó a la presidenta que "ya está bien de mentir a los madrileños". "Mintió en el mes de mayo, cuando había elecciones autonómicas, y unos días antes inauguró de forma virtual unos hospitales que siguen cerrados. Y ahora quiere volver a engañar a los ciudadanos", criticó.

(www.elpais.com, 15/01/08)

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la estocada definitiva al proyecto de construcción de un campo de golf municipal, aunque gestionado por un grupo de empresas privadas, en una zona verde de Tres Cantos. La sentencia ha declarado nula la adjudicación del proyecto, hecha por el pleno del Ayuntamiento el 5 de octubre de 2001, y va en la misma línea de otro fallo dictado por el mismo tribunal, en julio de 2005, que anuló la convocatoria del concurso de adjudicación. En ambos pleitos los jueces han basado su decisión en que el proyecto carecía de declaración de impacto ambiental.

La construcción de esta instalación deportiva era un empeño del anterior equipo de gobierno del municipio, formado por los independientes de Tres Cantos Unido (TCU), con la alcaldesa María de la Poza a la cabeza, y el PP. El proyecto se topó con la oposición de asociaciones ecologistas y vecinales y PSOE e IU. La Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional también habían puesto objeciones a un proyecto que iba a convertir en campo de golf 60 hectáreas de zona verde (planificadas como el futuro parque del Este) que además son vecinas a una zona de especial protección de aves (ZEPA), el Soto de Viñuelas.

La ex alcaldesa De la Poza, por su parte, defendía que el campo de golf iba a generar 50 puestos de trabajo y que los daños ecológicos serían inexistentes. "Los terrenos son una escombrera", dijo.

La polémica, que llegó a movilizar a más de 5.000 vecinos de Tres Cantos opuestos al campo de golf, adquirió tintes entomológicos cuando un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) descubrió en el lugar en 2004 un insecto desconocido para la ciencia, el Tillus ibericus, un voraz escarabajo que reina en las copas de las encinas. TCU y PP siguieron, pese a ello, defendiendo a capa y espada su proyecto. "El descubrimiento es una buena noticia", declaró entonces un portavoz municipal, "ya que el escarabajo podrá vivir muy bien en el campo de golf, ya que no se va a cortar casi ninguna encina".

La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el campo de golf, tras un recurso presentado por ecologistas y vecinos, marcó el principio del fin. Los jueces estimaron que el concurso debía ser anulado por no cumplir la ley al ser convocado sin el preceptivo informe de impacto ambiental.

El Gobierno de TCU y PP se mantuvo firme en sus planes y recurrió el primer varapalo judicial. Pero dentro del PP empezaron a surgir dudas sobre la idoneidad de seguir adelante con una instalación deportiva que tantas reticencias levantaba.

El nuevo alcalde de la localidad, el popular José Folgado, obtuvo mayoría absoluta el pasado mes de mayo. En su programa figuraba construir un campo de golf, pero sin precisar su ubicación. "Nunca me ha gustado este proyecto", admitió . "De hecho, no lo mencioné en mi programa electoral porque creo que en esos terrenos hay que promover el parque del Este, con alguna zona deportiva y el resto que sirva para el disfrute del senderismo", añadió.

El PSOE, opuesto al proyecto desde el principio y autor del recurso ahora sentenciado, mostró su alegría por la decisión judicial. "Lo que empieza mal suele acabar mal. La adjudicación no cumplió la normativa y contaba con informes contradictorios de la Comunidad de Madrid. No se estudió el impacto ambiental y, sobre todo, no era ésa la mejor forma de utilizar un suelo público. Estamos muy satisfechos de que la justicia haya venido a darnos la razón a los muchos tricantinos que nos opusimos desde el principio", valoró el portavoz socialista, Miguel Aguado. Éste anunció su intención de convocar a las entidades ciudadanas para consensuar un uso respetuoso con el medio ambiente para ese suelo público.

(www.elpais.com, 15/01/08)

Los grupos de la oposición del municipio madrileño de Boadilla del Monte denunciaron que el alcalde de la localidad, el popular Arturo González Panero, vendió todas las localidades para un concierto de la soprano Ainhoa Arteta antes de contratar a la artista. El concierto, que se encuadra dentro del programa cultural que fue aprobado por unanimidad, está previsto para el 19 de enero y sólo unas 300 personas podrán asistir a él. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el Partido Popular, aprobó este martes un contrato para celebrar en su auditorio municipal un concierto de la cantante Ainhoa Arteta el próximo 19 de enero. Sin embargo, el consistorio había sacado a la venta las localidades la semana pasada, antes de que la soprano estuviera contratada. Las entradas se agotaron también antes de firmar el contrato.

En una nota de prensa, el grupo independiente del municipio, Alternativa por Boadilla (APB), anunció que piensa denunciar esta contratación ilegal ante los tribunales. De momento, el portavoz del grupo, Ángel Galindo, que es miembro del Consejo Rector del Patronato de Cultura ya ha denunciado ante este organismo la irregularidad cometida por el ayuntamiento. Su partido ha pedido "la retirada de la adjudicación del contrato" que consideran "improcedente e irregular", ya que se ha adjudicado "un contrato cuya adjudicación ya estaba decidida".

"Carece de sentido que el Consejo del Patronato adjudique hoy nada pues esto ya ha sido decidido y adjudicado por la vía de hecho, de manera irregular, por la concejal de Cultura", explicó Galindo, que solicitó que dicha concejala retirara la aprobación del contrato de los puntos de orden del día en el pleno de . "Así funciona el Ayuntamiento de Boadilla. (…) Esperamos contar con la justicia para poner orden a tanto atropello en las administraciones públicas", lamentó Galindo.

Finalmente la adjudicación del contrato fue aprobada solo con los votos favorables del PP, que goza en el municipio de mayoría absoluta, por un importe de cerca de 34.000 euros, que no incluye gastos como iluminación, cartelería, programación, alquiler del piano y anuncios. El Ayuntamiento correrá también con el importe de estos puntos, algo que lamenta la oposición por el enorme incremento presupuestal que supondrá y teniendo en cuenta que el Audiotorio Municipal solo tiene capacidad para unos 300 espectadores.

(www.elplural.com, 16/01/08)

Genotes

Los cuatro nuevos hospitales que la Comunidad de Madrid construirá esta legislatura (en Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles, que atenderán a unos 800.000 vecinos) serán de gestión privada. Pero además, el Gobierno de Esperanza Aguirre está decidido a dar un paso más en su apuesta por privatizar la gestión de la sanidad pública: ceder a las empresas adjudicatarias la gestión de los centros de salud que dependerán de los nuevos centros sanitarios, introduciendo así en la región el denominado modelo Alzira, utilizado en la Comunidad Valenciana desde hace cinco años. Así lo afirmó en la mañana de el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, tras un encuentro mantenido en la sede de esta organización con el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.

El encuentro versaba precisamente sobre el papel del sector privado en la sanidad, y a su salida Güemes alabó el papel de las empresas madrileñas en el sector: "El sector sanitario tiene una capacidad de valor añadido y crecimiento y creación de empleo gracias al apoyo de las empresas privadas", declaró el consejero de Sanidad.

Preguntado sobre qué papel podrían tener las empresas madrileñas en la gestión de los nuevos hospitales, Arturo Fernández se mostró "muy satisfecho" por la información recibida de Güemes. "Los empresarios podremos participar en los nuevos hospitales, que serán desarrollados siguiendo el modelo Alzira", respondió por dos veces.

Sanidad, sin embargo, no parece estar dispuesta a anunciar todavía públicamente el modelo de gestión elegido para los nuevos hospitales. Durante todo el día de , se negó a confirmar o desmentir las palabras de Arturo Fernández, pese a los reiterados intentos de EL PAÍS.A última hora de la tarde, un portavoz de la CEIM quiso matizar las palabras de su presidente. "El modelo Alzira es la apuesta de la CEIM. Eso es lo que ha querido decir Arturo Fernández. Nosotros no podemos saber lo que hará finalmente la Consejería de Sanidad".

En todo caso, Güemes no esconde que el modelo Alzira es uno de sus favoritos. El pasado sábado, en una entrevista a Onda Cero, el consejero de Sanidad hizo una encendida defensa de la gestión privada en la sanidad pública y afirmó que "el modelo Alzira es una fórmula que está teniendo muchísimo éxito".

La introducción del modelo Alzira sería el último paso que le quedaba por dar a Aguirre en la carrera por privatizar la gestión de la sanidad pública que emprendió al llegar al poder en 2003. En