El CES de la Comunidad de Madrid es un organismo consultivo, creado a imagen de centro nacional, que pretende ofrecer informes no vinculantes sobre realidades económicas y sociales que integren la visión de empresarios, sindicatos y expertos designados por el Gobierno de Aguirre. Sin embargo, según alertan los sindicatos, podría haberse convertido en un órgano consultivo destinado a la propaganda neoliberal.

Una nueva cacicada
Así, CC OO de Madrid denuncia cómo el director del CES madrileño, Francisco Cabrillo, ha procedido de modo irregular y sin buscar el consenso para adjudicar la elaboración de un informe a una consultora afín a la presidenta Aguirre y a la FAES del PP, lo que califican de “una nueva cacicada”.

Irregularidades en tiempo y forma
Las irregularidades señaladas se refieren a la dilatación sin motivo del proceso de adjudicación del informe y como se aceptó una propuesta, la de la empresa de Valentín Bote, colaborador de la FAES, que no se ajustaba en forma ni en contenido al estudio solicitado. Cuando se alertó de este hecho tanto por parte de UGT como de CCOO y según explican en este sindicato, “la empresa añadió a su propuesta un antetítulo y unos apartados para disimularlo y a renglón seguido se le adjudicó el trabajo”.

Neoliberalismo trasnochado
Para Comisiones Obreras este no es sino un nuevo ejemplo de cómo el CES de Madrid “se ha convertido en una fuente de financiación y difusión de posturas neoliberales extremas y trasnochadas, cuyo ejemplo más notorio ha sido el reciente estudio en defensa de la Universidad privada y contra la Universidad pública”.

Los méritos de Bote
Sobre los méritos del economista beneficiado por el CES, citan el último artículo para la FAES que ha escrito, en el que defiende la desaparición del salario mínimo. En ese artículo expone Bote que “los discapacitados, los jóvenes, las minorías, los que no tienen preparación, son agentes económicamente débiles”, pero “tienen una ventaja sobre los demás, la capacidad de trabajar por sueldos más bajos” y “el Gobierno no se la puede arrebatar fijando un salario mínimo”. El sindicato recuerda que en España el salario mínimo no alcanza los 600 euros.