La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado indicios de delito en la actuación del ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, ahora también en su intervención en el Plan General de Urbanismo del municipio de Quijorna. Como ya ocurrió en el caso de Villanueva de la Cañada, Anticorrupción ha ordenado la remisión del caso al Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, para sumarse a las diligencias previas abiertas por este tribunal.
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La corrupción urbanística de Quijorna pasa a investigación judicial
A mediados de abril,
Anticorrupción advertía de los
indicios de
irregularidades
observados en Villanueva de la Cañada en los
planes de urbanismo que la empresa Plarquín, que
fuera propiedad de Enrique Porto, había llevado
a cabo en el municipio. Pero no es el único
caso. La fiscalía también ha realizado acciones
similares en Quijorna, donde la empresa del ex
jefe de Urbanismo del Gobierno de Esperanza
Aguirre también se había encargado de realizar
un PGOU (Plan General de Ordenamiento
Urbanístico).
Convocatoria urgente
Según la denuncia que presentó en octubre de
2006 el Grupo Independiente de Quijorna contra
el plan urbanístico del municipio, dicho
planeamiento se adjudicó a la empresa de Porto
por medio de convocatoria urgente, y preveía
pasar de los 2.300 habitantes que tenía la
localidad, a cerca de 30.000.
Ocho veces el precio de tasación
En el PGOU de Quijorna se contemplaba la
recalificación de “terrenos rústicos de especial
protección pertenecientes a los cargos y
familiares directos del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento”. El valor conjunto de la
compraventa, según la denuncia del Grupo
Independiente de Quijorna, ascendió a 2.218.472
euros, a más de 79 euros cada metro cuadrado, es
decir, “aproximadamente ocho veces más del valor
de tasación municipal de esos suelos”.
Primera dimisión de Aguirre
Por estas y otras actuaciones
presuntamente irregulares en municipios de la
sierra de Madrid, Porto se vio obligado a
dimitir en octubre de 2006, convirtiéndose en el
primer cargo dimitido del Gobierno de Aguirre.
En aquel momento se había comprobado que la
constructora Plarquín, de la que había formado
parte anteriormente, había sido la adjudicataria
de PGOU en diversos municipios y tenía serios
visos de irregularidad en su manera de
desarrollar estos planes.
Alquiler de un local propio
En las mismas fechas, la Cadena SER desveló
además que Porto seguía cobrando de Plarquín una
media de 6.000 euros al mes a través de una
nueva empresa, Fernández y Porto S.A., en
concepto de alquiler de sede, pese a que dicha
sede está en un edificio propiedad del ex jefe
de Urbanismo.
La Marbella de Madrid
Por otro lado, el municipio de Quijorna se ha
visto envuelto en
numerosos escándalos
urbanísticos en
los últimos meses, ganándose el apodo de la
Marbella de Madrid. Su alcaldesa, la
popular Mercedes García Rodríguez, así como
el resto del equipo de Gobierno tienen abiertas
varias causas y están acusados de delitos
referentes al tema del urbanismo.
www.elplural.com 24.04.07