La deuda que arrastran las comunidades autónomas tiene un control riguroso del Banco de España, que cada trimestre fiscaliza el nivel de cada región. En el caso de Madrid ascendía a 9.980 millones de euros a finales de septiembre, el último periodo computado. Son 921 millones de euros más que cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003.

Sin embargo, la deuda no supone un gran esfuerzo para las arcas regionales, pues apenas supone el 5% de los ingresos corrientes. Es decir, cada año se puede amortizar con holgura. El problema radica en las cantidades millonarias adicionales que el Ejecutivo regional está obligado a pagar. Son las que recibirán empresas privadas que han asumido la gestión de los servicios públicos privatizados por Aguirre o, como le gusta decir a su equipo de gobierno, "externalizados".

Un ejemplo está en la construcción de los seis nuevos hospitales. Para no asumir la inversión, el Gobierno de Aguirre se comprometió a pagar un alquiler durante los próximos 30 años a las compañías privadas que los levantaron. Sólo en 2008 ese arrendamiento va a suponer 145,39 millones de euros, según los presupuestos regionales aprobados el jueves.

Esa misma fórmula se ha trasladado a las carreteras, el metro, y hasta a viviendas del Ivima. La suma de todos estos alquileres, que tienen la denominación de canon, constituye una deuda oculta que no figura como tal en los presupuestos, sino que se incluye como un gasto, como si fuera el pago del alquiler del servicio. La justificación que repiten una y otra vez la presidenta regional y su equipo de gobierno es que las empresas privadas gestionan mejor los servicios públicos. Lo malo es que no sale más barato.

"Con esta política se sacan las inversiones del presupuesto administrativo y se incrementa el gasto corriente [el dinero que sirve para que funcione la Administración], que sí aparece reflejado en las cuentas y que supone ya el 86% de las cuentas", critica el diputado socialista Adolfo Piñedo. "Eso lleva a un problema de la propia sostenibilidad del presupuesto a largo plazo porque aumenta el gasto corriente desaforadamente". En los presupuestos de 2008, el Ejecutivo de Aguirre pagará como mínimo 704,65 millones de euros en cánones. Entre ellos están los siguientes:

- Viviendas del Ivima. La empresa pública de la vivienda (Ivima) tiene una modalidad de construir pisos según la cual el promotor de los pisos los alquila a la Administración. Este año, este casero cobrará 38 millones de euros en "derechos de superficie".

- Carreteras. La Consejería de Transportes ha dejado en manos privadas la construcción y explotación de carreteras como la M-45, la M-501 y la M-511 a cambio del denominado peaje en la sombra. En teoría, cobran según los coches que circulan por ellas. Este año recibirán 88,67 millones de euros de los presupuestos. Además, Transportes tiene en estudio construir otras dos carreteras privadas en este mandato.

- Intercambiadores. Por la explotación de la macroestación de la avenida de América, el Gobierno regional pagará 9,59 millones.

- Metro. El suburbano le costará a la Comunidad de Madrid el próximo año 423 millones en "arrendamientos y cánones". Esto incluye la aportación de capital que recibe la empresa Mintra, encargada de la construcción de nuevas líneas; las concesiones de líneas de tranvía (Sanchinarro, Boadilla y Pozuelo); el arrendamiento de los túneles de Metrosur, o el alquiler de los trenes (material móvil) que Metro arrienda a una empresa privada. Sólo este último concepto figura en los presupuestos regionales con 94,6 millones. Pero a él hay que añadir que, este año, hay que pagar un plazo de la opción de compra de estos trenes, que suponen 61 millones de euros.

- Hospitales. Con cada centro sanitario, la Comunidad de Madrid suscribe un concierto. Eso le va a costar 145,39 millones de euros en 2008. El hospital de Valdemoro, que es privado, se llevará 27 millones, pero también reciben alquiler el de Vallecas (16,77 millones), el del Sureste (10,76 millones), el del Sur (14,97 millones), el del Tajo (9,77 millones), el del Henares (16,24 millones) y el del Norte (19,38 millones). Al menos este año está previsto que abran escalonadamente, porque en 2007 se pagaron 53,98 millones sin que funcionaran.

www.elpais.es 24.12.07