La Confederación Hidrográfica del Tajo no garantiza el agua a 22
nuevos desarrollos urbanísticos de la región. Este organismo,
que depende del Ministerio de Medio Ambiente, considera que los
proyectos no justifican suficientemente la procedencia de sus
recursos hídricos, y por eso a lo largo del último año ha
elaborado sucesivos informes en contra. El Gobierno regional
replica que la posición del ministerio no condicionará la
tramitación de los planes urbanísticos, porque "quien tiene que
garantizar el agua es el distribuidor, en este caso el Canal de
Isabel II".
La Ley de Aguas establece que, cuando los planes de las
comunidades o ayuntamientos comporten nuevas demandas de
recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica
"se pronunciará expresamente sobre la existencia o no de
recursos suficientes para establecer las demandas". El
ministerio sostiene que ese informe debe ser determinante a la
hora de aprobar o tumbar un proyecto de urbanización,
mientras que la Comunidad de Madrid interpreta que el dictamen
es preceptivo, pero no vinculante.
En poco más de un año la Confederación del Tajo ha informado
negativamente sobre 22 desarrollos urbanísticos de la región, al
considerar los técnicos que el suministro de agua no está
garantizado. Es el caso, por ejemplo, del proyecto Camino de la
Dehesa, en Madrid, o de los planes parciales presentados por
Torrejón de la Calzada y San Martín de Valdeiglesias.
La Confederación tampoco garantiza el agua a 5.431 nuevas
viviendas en Fuente de El Saz de Jarama; a 14.170 en
Ciempozuelos; a 17.138 de Colmenar de Oreja; a 420 de
Villamantilla, a 15.007 de Móstoles; a 3.766 de Alcorcón; a 66
de Villa del Prado y a 8.100 del Molar. E igualmente critica
otros desarrollos (sin cuantificar) en Villanueva de Perales,
Alcalá, Aranjuez, Pinto, Los Molinos, Pozuelo de Alarcón, Las
Rozas, Cubas de la Sagra, Paracuellos del Jarama, Perales de
Tajuña y Moralzarzal.
"Carácter
consultivo"
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad no ve obstáculo en las pegas del ministerio a la
hora de seguir adelante con los 22 planeamientos, aún en
tramitación. "La posición de la Confederación queda supeditada
al informe del Canal de Isabel II. Si éste también es negativo,
en ningún caso se aprueba el desarrollo", sostiene un portavoz.
Y añade: "El informe de la Confederación tiene carácter
consultivo, aunque siempre es tenido en cuenta".
El Gobierno regional insiste en que, "con carácter general, la
garantía de suministro de agua, gas o electricidad la acreditan
los distribuidores"; en este caso, el Canal de Isabel II,
dependiente de la Comunidad. Pero ahora la Confederación ha
pasado a la acción para evitar el desarrollo urbanístico feroz y
así, desde finales de 2005 incluye en su informe una cláusula
que dice: "Deberán justificar la existencia de agua suficiente
para satisfacer las nuevas demandas; en tanto esta justificación
no se produzca, el presente informe deberá considerarse
desfavorable".
"Es necesario un gran pacto por el agua", advierte Andrés Rojo,
secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid.
"Hay que elaborar un plan estratégico para estudiar el
crecimiento de la región y conocer las necesidades básicas. Es
mejor este pacto que tener que hacer lo que en Valencia: que la
Confederación vaya a los tribunales para parar los desarrollos
urbanísticos desaforados", dice.
Según un informe de 2006 de la Cámara de Cuentas, el desarrollo
urbanístico previsto en la región provocará a medio y largo
plazo que no haya agua suficiente. La demanda estimada para 8,5
millones de personas -población prevista para 2020- sería de
1.079 hectómetros cúbicos al año. Hoy es de unos 600
hectómetros.
