La presidenta utiliza para cambiar
normativas una fórmula que elude el debate
parlamentario
Tres leyes al año.
Doce en total. Ésta ha sido la escasa
actividad legislativa del Gobierno de
Esperanza Aguirre durante esta
legislatura en la Asamblea regional -sin
contar los Presupuestos Generales ni las
llamadas leyes de Acompañamiento-. El
anterior presidente, Alberto
Ruiz-Gallardón, sacó adelante 51 normas
en su último mandato. Estos datos, sin
embargo, no significan que Aguirre
rehúya la actividad legislativa. La
presidenta ha modificado unas 50 leyes,
pero siempre mediante la aprobación en
bloque de las leyes de Acompañamiento,
que evitan el debate público.
Otros parlamentos
regionales tienen una media de leyes
aprobadas más alta. Al Parlamento de
Andalucía, el Gobierno de Manuel Chaves
(PSOE) ha llevado unas 30 normas y tiene
otras siete en tramitación. En las Cortes
Valencianas, el Ejecutivo de Francisco
Camps (PP) ha aprobado 55 leyes en el
mismo tiempo.
"La labor del
Gobierno regional no es sólo
legislativa", justificó el viernes un
portavoz de la Comunidad de Madrid. "Si
se considera que hay que modificar una
ley es porque, o bien hay un vacío
legal, o porque se debe hacer", añade.
Sobre el hecho de que
el Ejecutivo de Aguirre haya hecho poco
uso del debate parlamentario para
renovar la normativa regional, replicó:
"El Parlamento no está sólo para
legislar, sino para debatir". Y citó
como ejemplo el control al Gobierno que
se hace cada jueves. "Cada año no
necesariamente debe aprobarse un número
determinado de leyes", argumentó.
Sin embargo, los
grupos de oposición critican que apenas
pueden participar en materia
legislativa. Tanto el PSOE como IU
rechazan que se eluda el debate, en el
que se pueden mejorar las leyes y
debatir sobre los cambios. "El cuerpo
legislativo fundamental se hizo en las
dos primeras legislaturas, pero ahora la
función de la Asamblea es, sobre todo,
modificar leyes para adaptarlas a los
cambios y a las nuevas necesidades de la
sociedad", explica la portavoz adjunta
de IU, Marga Ferré, sobre el papel de la
Cámara.
Desde el PSOE
subrayan que es más difícil para la
oposición presentar sus propias
propuestas a debate, porque confeccionar
una ley es una tarea ardua. Y no
compensa si se sabe que va a ser
rechazada con los votos de la mayoría
del PP (57 diputados), que supera la
suma de los socialistas (45 escaños) e
IU (nueve). Por eso, en cuatro años sólo
ha habido cuatro propuestas de la
oposición, ninguna aceptada por los
populares.
Propuestas de la oposición
Los socialistas han
presentado una Ley de Calidad y Equidad
de la Educación y otra para modificar la
Ley Reguladora de la Hacienda. Los
diputados de IU plantearon la Ley de
Protección de los Animales Domésticos y
otra para modificar la Ley de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas.
El diputado
socialista Adolfo Piñedo se queja,
además, de que su propuesta para
modificar la Ley de la Hacienda la
retiró después de que el grupo del PP le
prometiera asumir sus propuestas en la
nueva regulación sobre la materia que
iba a presentar el Gobierno regional.
Nunca se hizo y, hace dos semanas,
Piñedo volvió a presentar su propuesta
en la Cámara regional, aunque no dará
tiempo a tramitarla en esta legislatura.
Sin pasar por la
Asamblea regional, la Ley de Hacienda ha
sido modificada tres veces en este
mandato por el Gobierno de Aguirre a
través de las leyes de Medidas Fiscales
y Administrativas, conocidas como leyes
de Acompañamiento. La última en
diciembre de 2005.
Pero lo más grave
para la oposición es que algunas de las
promesas electorales de Aguirre en este
tiempo no se han llevado a la Cámara
regional. La oposición hace hincapié en
la Ley del Suelo, que fue un compromiso
que la presidenta adquirió en el debate
de investidura, celebrado en noviembre
de 2003.
"La presidenta
ofreció un pacto para aprobar la ley y
no recibió una respuesta entusiasta",
explica el consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Mariano Zabía.
Además, recuerda que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto
presentar una ley estatal. "Lo lógico es
esperar a ver qué hace el Ministerio
para no cambiar la ley ahora y
modificarla después", agrega.
Sin embargo, el
Ejecutivo sí ha cambiado algunos
preceptos de esa normativa con la Ley de
Acompañamiento del pasado diciembre. De
nuevo, sin someterse al debate
parlamentario.
Hasta
12 leyes se han quedado
sin ser siquiera
presentadas en esta
legislatura, pese a que
eran compromisos
adquiridos en el
programa que el PP
presentó en las
elecciones de 2003. A
tres meses de los
comicios, es improbable
que sean presentadas.
Son
normas que corresponden
a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, a la de
Educación, a la de
Familia y Asuntos
Sociales y a la de
Cultura y Deportes. "En
la mayor parte de los
casos son leyes que
están en borrador o no
se pueden realizar hasta
que el ministerio
correspondiente realice
la normativa estatal",
explica un portavoz de
la Comunidad de Madrid.
Es el
mismo argumento que
utilizó el consejero de
Educación, Luis Peral,
para explicar por qué no
ha presentado la Ley de
Coordinación del Sistema
Universitario, que
figura en la página 137
del programa del PP.
"Cuando Esperanza
Aguirre hace el debate
de investidura gobernaba
el PP en el Gobierno
central; después
Zapatero propuso un
proceso de reforma
educativa que teníamos
que contemplar",
justificó. Además,
agregó Peral, "la
presidenta no es
entusiasta de la
inflación legislativa en
Educación".
La
Consejería de Familia y
Asuntos Sociales debería
haber presentado los
reglamentos de la Ley de
Servicios Sociales sobre
dependencia (página 82
del programa) y los de
Mejora de la Calidad en
los servicios sociales
(pagina 89).
Al
área de Medio Ambiente y
Ordenación del
Territorio le
correspondía el
reglamento de la Ley de
Residuos (página 154) y
el del Cuerpo de Agentes
Forestales (página 162),
la Ley del Suelo (página
209), la de Ordenación
del Territorio (página
207), la Ley de Caza y
Pesca (página 164) y la
de Espacios Naturales y
del Paisaje (página
165), así como la Ley de
Gestión Integral del
Agua (página 171). Y la
Consejería de Cultura
tenía que modificar la
Ley de Bibliotecas y la
Ley de Fomento del libro
y la lectura (página
246).
www.elpais.es 19.02.07
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