EL PP INTENTA FRENAR UN VIAJE DE EURODIPUTADOS PARA COMPROBAR DENUNCIAS URBANÍSTICAS

Los eurodiputados por el Partido Popular Carlos Iturgaiz y Salvador Garriga pidieron que la delegación del Parlamento Europeo que viajará esta semana a Almería, la Comunidad Valenciana y Madrid suspenda la visita a esta última comunidad por las "irregularidades" que han incurrido en el caso. La visita de diputados europeos había sido solicitada por diversas asociaciones de ciudadanos de varias localidades de estas comunidades para que las instancias europeas tomaran medidas ante los casos de infracciones urbanísticas que se estaban produciendo.

En la región, la Comisión tiene previsto visitar especialmente Galapagar, pero también Torrelodones, Moralzarzal, Las Rozas y Rascafría.

El vicepresidente de la Comisión de Peticiones, el diputado laborista británico Michael Cashman, manifestó ayer a EL PAÍS que estaba "muy triste, porque el PPE [Partido Popular Europeo] ha intentado impedir que se realice esta visita". El parlamentario europeo señaló que "ya se habían concertado encuentros con funcionarios, políticos y miembros de asociaciones civiles" para recoger sus preocupaciones, y que no tenía sentido el aplazamiento.

Cashman censura los retrasos que ha promovido el PPE, y se pregunta: "¿Qué tienen que esconder? ¿De qué tienen miedo?". Y precisó que la misión se efectuará igualmente, porque ha sido "aprobada por el Buró y el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Poettering".

La puesta en marcha de la misión, que venía registrando numerosos obstáculos y atrasos, se desatascó por la intervención del eurodiputado socialista, Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento, en la reunión de la mesa del mismo. El PPE ha rechazado participar.

Salvador Garriga, eurodiputado por el PP, manifestó ayer que existían varias razones que justificaban la petición de suspensión de la visita en Galapagar. "El asunto no ha sido discutido en la Comisión de Peticiones; en segundo lugar, el plan general de Galapagar no está aprobado y, en tercer lugar, tampoco se precisan las otras áreas donde se debe realizar la visita".

Garriga añadió que en el caso de Madrid, la Comisión sólo iba a estar formada por un diputado, Michael Cashman, debido a que su presidente, el polaco Marcin Libicki, del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, no podía asistir a la visita prevista para el sábado, que es "además cuando las oficinas de la Administración están cerradas".

Carlos Carnero, eurodiputado socialista madrileño, señaló que precisamente el sábado es "el día que los miembros de las asociaciones de vecinos, entidades cívicas y partidos políticos como el PSOE tienen más facilidades para participar en estas actividades".

Carnero recordó que en Galapagar se había convocado una asamblea de afectados para exponer sus inquietudes y facilitar toda la información disponible a los representantes de la Eurocámara sobre la situación del "urbanismo salvaje". "Con su oposición, el PP está torpedeando el derecho de petición de los ciudadanos madrileños. Si no tuvieran nada que ocultar, recibirían a la Comisión con los brazos abiertos", criticó el eurodiputado socialista. Antes de ir a Madrid, la misión visitará primero Albox y el valle de Almanzora, en Almería, y, después, Jávea, Benicàssim, Torrevieja y Oropesa, entre otras localidades, en la Comunidad Valenciana.

El informe que realice la misión puede contribuir a acelerar la actuación de la Comisión Europea, que deberá pronunciarse sobre el caso y abrir expedientes si se detectan irregularidades.

LA RUTA DE LOS 'PELOTAZOS' INMOBILIARIOS

Una comisión del Parlamento Europeo visitará el próximo 3 de marzo el municipio serrano de Galapagar para comprobar in situ las denuncias de ciudadanos y partidos políticos sobre crecimientos urbanísticos excesivos. También tienen intención de recorrer Torrelodones, Alpedrete, Moralzarzal, Rascafría y Las Rozas, aunque todavía no está confirmado. 

-Galapagar. Esta localidad, situada a 35 kilómetros de Madrid y con el 72,56% de su término protegido, aprobó de forma inicial en julio de 2005 un nuevo ordenamiento urbano. En él se prevé la construcción de 8.910 viviendas y un techo poblacional de unas 60.000 personas. En la actualidad, el pueblo tiene 32.096 habitantes. El plan impulsado por el PP ha suscitado el rechazo de los vecinos y de la oposición municipal (PSOE, IU y Foro Verde). 

- En Torrelodones los escándalos urbanísticos rompieron el partido popular. El alcalde, Carlos Galbeño, del PP, expulsó a dos de sus concejales que habían denunciado supuestas corrupciones. Una de las cuestiones urbanísticas que más críticas vecinales ha levantado en el municipio es la intención del PP de recalificar el Área Homogénea Norte, una zona de 128 hectáreas, considerada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de gran valor ecológico. El Ayuntamiento pretende edificar en este entorno 1.536 viviendas y un campo de golf municipal. 

- Alpedrete. El municipio, gobernado por el PP, está tramitando un plan general que, caso de ser aprobado, duplicará la población actual de 13.100 habitantes. Los vecinos se han unido en una plataforma y han recogido firmas en contra de los planes municipales. Denuncian que con el plan urbanístico que pretende aprobar el gobierno local se multiplicará la población del municipio. 

- En Moralzarzal, el regidor, José María Moreno, del PP, ha vuelto a resucitar un viejo proyecto: el desarrollo urbanístico de Los Praderones. Esta finca fue declarada hace tres años suelo no urbanizable de especial protección. La Comunidad de Madrid ha rechazado los planes municipales para una zona conocida como Los Praderones en tres ocasiones. 

- Rascafría. La alcaldesa de Rascafría, Yolanda Aguirre, del PP, se vio obligada a reducir a la mitad el número de viviendas previstas para su municipio. Pasaron de 1.600 a 900 debido al fuerte rechazo que provocó entre los vecinos y los socialistas, en la oposición, sus planes para el municipio.

- Las Rozas. El municipio, gobernado por el PP, prepara un plan urbanístico que elevará la población a 110.00 habitantes, el 47% más que la actual. La propuesta municipal prevé un límite de 7.556 nuevas viviendas y agota el suelo edificable de la localidad. Para el PSOE local, los cálculos del equipo de gobierno se quedarán cortos y según sus propias estimaciones alcanzarán los 130.000 habitantes en 10 años.

www.elpaís.com  27/02/07