Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid ya están en pie de guerra contra el proyecto de ley de Esperanza Aguirre que les quita la consideración de «agentes de la autoridad» que les otorgaba la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y que les impedirá inspeccionar los montes privados de la región, el 74% de todos los existentes.

Según denuncian, los efectos inmediatos de la norma, que el Ejecutivo de Madrid quiere aprobar con urgencia y antes de agosto, serán «la desprotección» de la mayoría de las zonas verdes de Madrid. Como destacó Miguel Angel Hontoria, de UGT, «la presidenta no está interesada en que se cumpla la Ley porque, de esta manera, las construcciones ilegales, las infracciones urbanísticas y los especuladores, que en muchos casos son sus amigos, camparán a sus anchas».

Ayer, casi la mitad de la plantilla de los agentes -más de 100- se reunieron en la Consejería de Medio Ambiente, que ahora dirige Beatriz Elorriaga, para acordar las movilizaciones que piensan llevar a cabo. Sin embargo, al equipo de la Consejería no le gustó la reunión -dijeron que no estaba autorizada- e impidió el paso a la prensa y a los responsables sindicales, a pesar de que los sindicatos habían convocado un encuentro con los medios de comunicación. Un portavoz de Medio Ambiente explicó que la asamblea de trabajadores no estaba autorizada y que la rueda de prensa, por tanto, no se podía celebrar. «Cuando los agentes empezaron a entrar en la Consejería usando la fuerza», aseguró el mismo portavoz, «se decidió llamar a la policía por seguridad».

En efecto, antes de las 13.00 horas, varias unidades de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el edificio (en Princesa, 3) a petición de la Comunidad, aunque sin llegar a intervenir.

El problema de fondo, como denunció José Luis Díaz, de CCOO, es que «la Comunidad de Madrid quiere tomar al asalto el medio ambiente en la región» y los agentes «son un impedimento y un obstáculo para ello». El proyecto de ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid modifica el artículo de la Ley Forestal que establece que los agentes forestales «tendrán consideración de agentes de la autoridad y podrán acceder a los montes o terrenos forestales, con independencia de quién sea su titular».

Hasta ahora, los guardabosques madrileños ejercían su labor preventiva y de inspección en defensa de la naturaleza en toda la región. La nueva ley dice que «los agentes forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada». Sólo hay una excepción a esta nueva regla y es que «el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales». Los profesionales acordaron que realizarán varios actos de protesta que culminarán con una concentración para el jueves 25 en Sol, cuando el PP tiene previsto aprobar la norma que les despoja de autoridad.

Ante la nueva norma, las tres centrales del sector -UGT, CCOO y el Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos Ambientales (Saftam)- han unido sus fuerzas a pesar de las discrepancias que tuvieron por problemas anteriores.

El Saftam en concreto avanzó que está estudiando acudir a los tribunales para impedir que la normativa salga adelante ya que «no se pueden cambiar leyes a base de decretos». De hecho, la propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya ha advertido de que el Gobierno de España podría interponer varios recursos de inconstitucionalidad contra la norma porque adolece, ha dicho, de «serios indicios de inconstitucionalidad» (ver el texto de apoyo).

Desde Medio Ambiente no supieron explicar si la nueva norma despojará de su condición de «agentes de autoridad» a los forestales. Y en cuanto a la exigencia de que tengan una orden judicial para entrar en los montes privados, dijeron que responde a que profesionales « tengan más seguridad jurídica» a la hora de hacer su trabajo.

(www.elpais.com, 17/07/07)