Pasar el muerto a otro. Es lo que hizo ayer el que fuera concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Madrid, Simón Viñals, del PP, en una nueva jornada del juicio por el caso Funeraria. El antiguo edil, presidente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, señaló al ex gerente Francisco Yáñez, como principal responsable de las decisiones de la privatización (por sólo 100 pesetas) de la compañía pública en 1992.
"Presenté a Yáñez y Rodrigo, porque éste era un experto que le podría orientar. A partir de ahí, lo que ambos hicieran era responsabilidad suya", dijo Viñals, que como responsable de Sanidad también era presidente de la Empresa Mixta. José Ignacio Rodrigo fue el asesor que contrató el Ayuntamiento para que valorase la situación de la funeraria municipal y aconsejase qué hacer con la misma, dada la pésima situación económica que atravesaba. "No se podía dejar de enterrar una media de 76 personas al día", señaló Viñals.
Según las acusaciones, Rodrigo se aprovechó de sus conocimientos acerca de la empresa para comprar acciones de Funespaña (la sociedad que acabó haciéndose con el control de la funeraria) y terminar en lo que es hoy día, el presidente de la empresa. Lo hizo, supuestamente, con el apoyo de tres responsables políticos de la época. Éstos eran (además de Viñals) Luis María Huete, teniente de alcalde, y Francisco Moreno, concejal de régimen interior y personal.
Pero Viñals se sacudió de encima esa imputación y señaló continuamente a Yáñez como el responsable de los eventuales acuerdos con Rodrigo. Yáñez, que no está imputado, declarará como testigo. Respecto a un contrato firmado en 1991 con Funespaña para una prestación de servicios (antes de la privatización) Viñals también despejó al córner de Yáñez: "Ni siquiera me enteraba cuándo contrataban a los floristas, los marmolistas o los ataúdes. Eso lo hacía el gerente".
En otro momento del juicio Viñals declaró: "Cuando me enteré que Rodrigo tenía intereses en Funespaña pensé: 'pues allá él, me parece muy bien". El ex de Sanidad insistió, además, en la necesidad que había de privatizar la Empresa Mixta. "La gran espada de Damocles era que nos intervinieran la empresa, que declararan la quiebra y que tuviéramos que responder con nuestro patrimonio personal", aseguró. Viñals se enfrenta a una pena de seis años de cárcel.
www.elpais.es 08.06.07