Una denuncia anónima decía que en el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) se habían podido practicar 400 eutanasias mediante sedaciones indebidas o irregulares a enfermos terminales. Eso sirvió al ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), para elevar a los tribunales un asunto que ha tenido soliviantados a enfermos y sanitarios de este hospital madrileño desde 2005. Tras dos años, el juez ha archivado el caso.

El Derecho Penal exige "certezas más allá de las presunciones", señala el juez Rafael Rosel en el auto en el que ordena archivar las diligencias. "Se ha practicado mal la Medicina, pero no consta que las muertes sean consecuencias de ello", destaca. Y asegura que no ha encontrado elementos para determinar si los fallecimientos se debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad inicial". El juez sostiene que "varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles", aunque no hay pruebas de que ello se deba "exclusivamente a los fármacos prescritos por los doctores".

El caso de las sedaciones de Leganés ha suscitado un gran debate. Desde sectores conservadores se jaleaba la denuncia como un intento de frenar tendencias partidarias de la eutanasia. Tendencias que algunos veían en un grupo de médicos de Leganés a los que se tildaba de "rojos" y "progres". Desde otros sectores, en cambio, se consideró una ligereza que un organismo oficial como la Consejería de Sanidad de Madrid denunciase y airease sin fundamento un asunto que podía frenar a muchos médicos a la hora de aplicar la sedación a enfermos agónicos.

Aviso al fiscal

En 2005, Lamela habló con el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, y le comentó que le iba a elevar la denuncia anónima que le habían hecho llegar. Tras el aviso de Lamela, Moix pidió los historiales de los casos de posibles homicidios. La criba llegó rápido. Concluyó que sólo 13 de ellos eran susceptibles de ser investigados en la vía penal. Para asesorarse, reclamó un dictamen a expertos de la Clínica Medico Forense de los juzgados de Madrid. Los peritos dictaminaron que no cabía establecer una relación entre la sedación aplicada y los fallecimientos de esos 13 enfermos, todos ellos terminales.

Cuando los fiscales iban a archivar el asunto, el ex consejero de Sanidad dio otra vuelta de tuerca y presentó una denuncia dando cuenta de sedaciones irregulares en 73 de los 400 casos iniciales. La idea era arrebatarle el caso a la fiscalía. Lo logró, y también que la fiscalía se abstuviese de acordar el archivo de las pesquisas.

Fue entonces cuando el juez, Rafael Rosel, del Juzgado de Instrucción 7 de Leganés, se hizo cargo del asunto. Rosel encomendó al Colegio de Médicos de Madrid que eligiera a un grupo de expertos para que analizase esos 73 casos. La elección de los expertos cosechó críticas por las tendencias conservadoras de algunos de ellos. Los expertos detectaron 34 casos de supuesta mala práctica médica por sedaciones indebidas, excesivas o contraindicadas. Explica el juez al respecto: "Se sedó terminalmente a cuatro pacientes (...) que contaban con posibilidad de serles ofrecido tratamiento médico". Según el juez, en otros 11 casos de enfermos, todos ellos terminales, las sedaciones fueron aplicadas "de tal manera y con tales dosis que sugirieron una posible relación directa con su muerte o, cuando menos, una contribución muy notable al acortamiento de la vida". El juez también ve que a una veintena de pacientes se les aplicó sedación pese a encontrarse éstos en coma profundo, "lo que constituye una mala práctica médica", señala en el auto. Por este motivo, el juez citó como imputados a los médicos del servicio de Urgencias, entre ellos, Luis Montes.

Con este criterio, el juez asume las conclusiones del peritaje del Colegio de Médicos de Madrid y de otro informe hecho por una comisión nombrada a dedo por Lamela: que el tratamiento era innecesario, no se registró en la historia clínica y, sobre todo, que las dosis de calmantes eran excesivas. Los expertos en cuidados paliativos rebaten este punto, ya que no hay una dosis de calmante máxima fijada en ningún protocolo ni, mucho menos, en una ley.

Concluidos los interrogatorios y demás pesquisas, el juez ha decidido archivar las diligencias "al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito" ni hay "elementos para responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones". El juez deja claro en su auto que, "por más confusión que se haya querido generar por parte de algunos", lo que él ha juzgado no es el hecho de si se debe sedar o no a un paciente terminal, ni la forma de proceder de los médicos de Leganés.