El juzgado número 1 de Cangas imputa al ex alcalde de la localidad un delito de falsedad documental. Acreditó oficialmente la solvencia técnica de una empresa que ganó el concurso de parquímetros de Madrid. El apoderado de la adjudicataria es amigo del delegado de Movilidad
El juzgado de Instrucción número 1 de Cangas Do Morrazo (Pontevedra) dictó el pasado día 8 un auto por el que se cita a declarar el próximo 11 de octubre en calidad de imputado al ex alcalde de la localidad, José Enrique Sotelo (PP), por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación.
Hasta aquí, el asunto no tiene mucho que ver con Madrid, pero la figura de Sotelo es importante para dilucidar el destino de 144 millones de euros de las arcas municipales. En concreto, los que se han ido a la adjudicación de la explotación durante 11 años de la Zona VI del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). El contrato permite que las partes prorroguen el acuerdo por otros 14. En una de las dos empresas beneficiarias trabaja como apoderado Juan Manuel Casares González, un ex alto cargo del PP y amigo del delegado de Movilidad, Pedro Calvo.
La adjudicataria fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Sufi S.A. (60%) e Hixiene's (40%). La primera pertenece a Sacyr y tiene acreditada su experiencia en la gestión de este campo; la segunda, aportó un documento firmado por Sotelo, con sello municipal, con el que se acreditaba que la empresa desempeñaba esta labor en su municipio desde febrero de 2001. En esta ecuación hay que introducir a Casares González, ex diputado del PP en el Parlamento gallego, ex presidente de Nuevas Generaciones (NN GG) de Galicia y, por lo tanto, ex miembro de la Junta Directiva Nacional del PP. Además de amigo de Calvo, lo es de Javier Conde, hasta el momento director general de Movilidad. Ambos fueron los responsables políticos de la adjudicación. Casares González fue el encargado de sustituir a Calvo al frente de NN GG y el delegado madrileño reconoció a este periódico, tal y como publicó el 8 de marzo de 2006, que eran amigos y que recibió una llamada suya anunciándole que se presentaría al concurso.
Para rizar el rizo, un edil del Consistorio pontevedrés, Mariano Abalo, perteneciente al Frente Popular Galego, denunció al entonces regidor por falsedad documental, ya que en Cangas «nunca ha habido parquímetros», según explicó ayer a este periódico. Además, en la denuncia se asegura que el aval técnico del regidor, «a pesar de llevar la firma del alcalde y el sello del Ayuntamiento, no figura ni existe en el Ayuntamiento de Cangas ni en el acuerdo por el que fuese encargado ni pasó por el Registro de Salida ni fue visado por el secretario». En el escrito, el edil destaca la «amistad personal» entre el dueño de la empresa que concurrió al concurso y el regidor, ya que «fueron compañeros en el Parlamento gallego entre 1997 y 1999».
El proceso de la capital ha estado jalonado por las dudas. De hecho, una de las empresas rivales de la UTE, Dornier, presentó en el registro municipal un recurso cuestionando todo el proceso, concretamente el de la Zona VI. Este área engloba ocho barrios del sur de la capital como son: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella. «No se conoce experiencia alguna de la otra empresa integrante de la UTE, Hixitel Hixiene's, en el sector del estacionamiento regulado», denunciaba Dornier. El Consistorio contestó: «Respecto del cumplimiento de la solvencia técnica por parte de la segunda integrante de la UTE, la mercantil Hixiene's, se comprobó la existencia de informe suscrito por el alcalde-presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) de fecha de 14 de noviembre de 2005, donde se recoge literalmente 'que la sociedad Hixiene s S.L. viene realizando desde febrero de 2001 servicios para este Ayuntamiento [de limpieza y mantenimiento de edificios públicos] y de gestión de aparcamiento de vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento público (zona azul)'». Es decir, que el Consistorio le dio todo el crédito y el visto bueno.
Los documentos que componen el expediente de este concurso demuestran que la Casa de la Villa exigió en el pliego de condiciones a todas las empresas participantes, ya concurrieran solas o junto con otras, la acreditación de su solvencia técnica. El juzgado ha pedido también al Ayuntamiento de Madrid que remita «el original del informe» relativo a la «certificación expedida» por el propio Sotelo, que está en el expediente de adjudicación.
Desde la Casa de la Villa el coordinador de Movilidad, Fernando Autrán, tiene claro que el procedimiento abierto contra Sotelo «no afectará a la adjudicación». Vamos, que no se suspenderá. «Se trata de un procedimiento Penal que nada tiene que ver con el Administrativo», aclaró.
Preguntado por los filtros que estableció el Consistorio para verificar la información, dijo que se aplicaron los propios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los del pliego de condiciones. Según Autrán, no es necesario que todas las empresas que conforman una UTE tengan experiencia, con que la aporte una de ellas es suficiente. ¿Por qué se precisa entonces en el pliego que se acredite esa solvencia? «Para poder identificarlas», según el coordinador de Movilidad.
Sotelo no quiso hacer declaraciones ayer y tan sólo dijo sobre el asunto del informe: «Hice lo que tenía que hacer en ese momento». En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se ha citado a declarar, también, aunque en calidad de testigo, al propio Casares González y al interventor municipal de Cangas.
www.elmundo.es, 27/06/07
UNA ADJUDICACIÓN POLÉMICA
La polémica adjudicación de la gestión de una de las zonas de parquímetros a un empresa vinculada a un ex diputado regional del PP de Galicia, José Luis Casares González, sigue coleando, más de un año después de producirse, ahora en los juzgados.
La empresa Hixiene's, de la que es apoderado Casares González, se presentó en UTE con Sufi y ganó la gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en ocho de los nuevos barrios de la capital en recibir a los parquímetros con la última ampliación.
Días antes de la resolución del concurso, el propio Casares González telefoneó al concejal de Movilidad, Pedro Calvo, responsable político de la licitación para comunicarle su decisión de presentarse en Madrid. Entre ambos existe, según los propios implicados, una vieja amistad ya que Casares González sustituyó a Calvo como presidente de Nuevas Generaciones del PP hace años.
El concejal de Movilidad insistió durante el proceso que él ni estuvo presente ni intervino en la adjudicación, porque «de haberlo hecho, sería considerado prevaricación». Sin embargo, algunos aspectos del concurso han sido denunciados por otra de las empresas que se presentó al concurso y por el grupo municipal socialista.
Por ejemplo, que Hixiene's modificara su objeto social el 1 de septiembre de 2005, unos pocos meses antes del concurso, para dejar de estar dedicada a la limpieza industrial e incluir en este apartado actividades diversas, entre ellas, «la gestión y el control del estacionamiento regulado en las vías públicas».
En ese momento, el capital social de la empresa del ex diputado gallego del PP era de 3.005,06 euros y disponía de 19 empleados fijos. Con estas cifras, la fuerza en la UTE la asumió Sufi.
Con La Almudena por medio
La adjudicación de este concurso fue estudiada en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del Ayuntamiento de Madrid donde PSOE e IU pidieron, entre otras cosas, la comparecencia de Casares González y del ex regidor de Cangas (Pontevedra). Sin embargo, la mayoría absoluta del PP impidió hasta que se formara una comisión de investigación para estudiar el concurso. Simplemente pasó por esta Comisión, en la que se escucharon las explicaciones del concejal de Movilidad y de sus responsables más directos.
A los socialistas les huele a cuerno quemado varias cuestiones. La primera, que el propio concejal firmase la autorización del expediente de adjudicación el 22 de septiembre y que lo adjudicase por razones de urgencia al tener que dar desarrollo a lo establecido en el artículo 63.2 de la Ordenanza de Movilidad «cuando este texto no se aprobó definitivamente hasta el Pleno del 26 de septiembre de 2005», según precisaron fuentes del PSOE. Tampoco les gusta que el contrato cuente con una prórroga de 15 años y que el concurso se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid un sábado, 5 de noviembre, y se den 10 días naturales, con la fiesta de La Almudena de por medio para presentar ofertas. Finalmente, el procedimiento de urgencia haría que se fijase un plazo máximo de dos meses para que arrancase el servicio. Este plazo se superó.
El PSOE insiste en que en el pliego de condiciones se establece que todas las empresas tienen que justificar su trayectoria en el mundo de los parquímetros, mientras que el Ayuntamiento asegura que con que lo haga una de las dos empresas es suficiente.
www.elmundo.es, 27/06/07