"Algo falla cuando no se detectan casos como éste". El defensor del menor, Arturo Canalda, advirtió ayer que Educación debe mejorar sus inspecciones en las guarderías para detectar casos como el grabado por Tele 5 en un jardín de infancia donde supuestamente se obligaba a menores a comerse sus propios vómitos. Canalda también considera que él mismo "podría haber hecho más". Educación asegura que los centros para niños de 0 a 3 años -750 privados y 350 públicos- se inspeccionan "cuatro veces" al año. Profesionales del sector, CC OO y la oposición sostienen que el control es menor.
El Borreguito Azul, la guardería que investiga el fiscal por un presunto caso de maltrato, desató ayer nuevas críticas. "No hay sistemas de alerta" para detectar errores en las escuelas infantiles, aseguró el defensor del Menor, Arturo Canalda. "La inspección actúa después de recibir una denuncia, pero necesitamos un sistema para detectar casos por nuestra cuenta y con agilidad".
Canalda compareció ayer en la Asamblea de Madrid para hacer un balance de sus primeros cuatro meses de gestión. Centró gran parte de su intervención en el caso destapado por el programa Diario de, de Tele 5. Una periodista grabó con cámara oculta una guardería en la que una menor era obligada a comer su vómito, entre otro tipo de castigos, que han provocado el cierre cautelar del centro. Canalda reconoció en la Asamblea que "fallaron los sistemas de control", informa Servimedia.
También hubo autocrítica. El defensor admitió que "a lo mejor" debió hacer "algo más" para seguir la denuncia, como incluir en el sistema de seguimiento de expedientes de la institución "alguna alarma" que avisara de que el video aún no les había llegado. Canalda, que vio las imágenes en diciembre, sostiene que pidió entonces el video a Tele 5 para denunciar ante la fiscalía. La cadena lo niega.
El Defensor reclama "más inspecciones y medios". Según datos de la Consejería de Educación, cerca de 180 funcionarios vigilan todos los centros educativos de Madrid. Los inspectores visitan las escuelas infantiles de primer ciclo -con niños de 0 a 3 años-, "cuatro o cinco" veces por año lectivo, según el consejero de Educación, Luis Peral.
"Auditoría específica"
La oposición, los sindicatos y portavoces del sector rechazan ese dato. "No existe un plan sistemático de inspección en guarderías privadas como en otro tipo de centros, como residencias de ancianos", sostiene el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas. Los socialistas piden "una auditoría específica y sistemática" de las guarderías.
"La inspección educativa es muy escasa, no sólo en infantil", considera el diputado de IU, Jorge García. Éste critica la privatización "a toda costa" de la Comunidad. Según Educación, en Madrid existen 750 escuelas infantiles privadas frente a 350 públicas.
Desde CC OO critican el "descontrol". "No se producen cuatro inspecciones anuales ni en la privada ni en la pública", sostiene el portavoz de Escuelas Infantiles del sindicato, Bernardo Fuentes. Éste pide a Educación que vigile especialmente "las matrículas reales de alumnos en los centros privados, el número de profesionales que tienen y su nivel de cualificación". Su sindicato advierte en un comunicado que "el negocio de las guarderías privadas medra de la mano de la falta de escuelas públicas".
"Los centros de educación infantil pasan inspecciones periódicas de los inspectores de la administración", asegura por su parte Jesús Núñez, presidente de Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), que representa al 90% del sector privado en España. "Queremos transmitir tranquilidad y confianza a los padres", añade. El sector "está indignado" por lo que se muestra en el reportaje de Tele 5, que consideran "una excepción" que daña su imagen.
Para los representantes del sector público, "el fondo del problema" es la falta de plazas de 0 a 3 años. Carmen Ferrero, miembro de la junta de portavoces de las escuelas públicas, critica la "dejadez" de Educación en el seguimiento de "los 25.000 niños" que cada año se quedan sin plaza pública.
"Hace muchos años que nosotros denunciamos al Defensor y a Educación la escasez de plazas y las malas condiciones", añade Ferrero. La junta de portavoces está formada por 23 miembros de centros públicos elegidos por votación. "No tenemos datos para rebatirlo pero ni se hacen todas las inspecciones ni se hacen bien", añade Ángela Solano, directora de una escuela infantil municipal en Móstoles y miembro de la junta, con 27 años de experiencia.
"La vigilancia está en manos de los mismos inspectores de primaria, que no tienen formación suficiente para entrar en los proyectos de la educación infantil", explica. Solano considera que hay "una falta de conciencia social" sobre los derechos de los niños. "Luego nos quejamos de los problemas de los adolescentes, parece que sólo importa el bulling o si se debe dar o no religión, pero se nos olvida trabajar bien con los chavales desde que son pequeños", concluye.
Los afectados creen que Educación debió actuar antes
A la salida del encuentro, la portavoz de los afectados, Sonia Sánchez, aseguró que Educación "podía haber actuado antes o haber interceptado" las imágenes de los hechos que en diciembre le mostró Tele 5 y que fueron emitidas la semana pasada. "Esperemos que esto siente un precedente y no haya que esperar como mínimo 60 días para que actúen las autoridades", advirtió.
El consejero se mostró "arrepentido" por no haber pedido a la cadena una copia del vídeo que recoge los supuestos malos tratos como condición previa para conceder la entrevista, y anunció su disposición a pedir disculpas a los padres. Tanto él como el defensor del Menor, Arturo Canalda, vieron las imágenes en diciembre, dos meses antes de su emisión, pero no lo comunicaron a los familiares. Ambos sostienen que solicitaron el video a Tele 5 para llevarla a la fiscalía. La cadena lo niega.
Vigilancia con 'webcam'
La Consejería dispone de "plazas suficientes" para los escolares en diferentes centros del distrito de San Blas. Los padres plantearon otras posibles soluciones al consejero, como que la Comunidad busque un gestor que se ocupe del centro denunciado o la instalación de cámaras web en la escuela infantil para poder vigilar a los niños desde su lugar de trabajo o desde sus casas. Peral les prometió que estudiará ambas opciones.
Sonia Sánchez dijo que los afectados habían entregado sus peticiones mediante "54 cartas" (de todos menos uno), en las que piden que los niños sean reubicados juntos. Los familiares aún no han decidido si emprenderán acciones legales contra el centro. Según Sánchez, "dos padres están de acuerdo con las técnicas de El borreguito azul".
Uno de ellos manifestó a Europa Press que es contrario "al linchamiento popular". El familiar defiende la presunción de inocencia de las gestoras de la guardería y asegura que hay "otras diez familias" que "piensan de la misma forma". Su hija se encuentra entre los niños "problemáticos" a la hora de comer.
El padre discrepante pide también un análisis exhaustivo de "la totalidad de los metros de cinta grabados sin cortes ni montajes. Así, con el resultado de estas averiguaciones procederemos en consecuencia", concluyó.
Un juez impide a Tele 5 volver a emitir el vídeo de maltratos
Un juez decretó el domingo, poco antes de la hora en que estaba programada, la suspensión cautelar de la emisión de Diario de... Maltrato en la guardería, reportaje que Tele 5 pensaba reponer tras su estreno el martes de la semana pasada. El programa conducido por Mercedes Milá denuncia un supuesto caso de malos tratos sobre los alumnos de una escuela infantil madrileña.
El auto del juez, según Alberto Carullo, director de Antena de la cadena, ordenaba que se cortasen las imágenes en las que aparecen los menores mientras son compelidos a comerse sus propios vómitos o se les castiga en un cuarto oscuro. Obligados a editar el reportaje, "decidimos que preferíamos no emitirlo", explicó Carullo, para quien esta medida judicial "va en contra del derecho a la información". Tele 5 argumentó mediante una nota que volvió a programarlo "por la inquietud generada en la opinión pública".
La cadena considera que los espectadores habrían podido comprobar "cómo la propia Mercedes Milá visionó personalmente" las imágenes con el consejero de Educación y el Defensor del Menor. Ambos han acusado a Tele 5 de no querer facilitarles las imágenes para llevarlas al fiscal, mientras la cadena sostiene que no se las pidieron.
El Defensor del Menor, Arturo Canalda, se mostró ayer de acuerdo con el juez, que actuó tras el requerimiento de los padres. "Debemos evitar la doble victimización de esos niños", según Canalda, que recriminó a las cadenas de televisión la emisión "continua" de las imágenes "durante cinco días sin parar". El Defensor pide sensibilidad para evitar "que la imagen de la menor comiendo su propio vómito se convierta en un clásico para ilustrar los malos tratos porque nadie ha prohibido que se difunda ese episodio".
"Mi hija no es un mono de feria", consideró ayer uno de los padres afectados que solicitó la suspensión de la emisión. "No quiero que vuelva a salir en la televisión porque mi familia sufre", zanjó.