El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre (PP) calcó a finales de 2006 la iniciativa adoptada tres años antes por el Gobierno balear: prohibir a sus agentes forestales presentar directamente sus denuncias por delitos urbanísticos ante la justicia (fiscales o jueces). UGT y CC OO denunciaron que esta prohibición supone "intentar ocultar intereses espurios y posiblemente de connivencia con actuaciones urbanísticas, tal como ocurrió con el Gobierno balear en Andratx". La Fiscalía General del Estado estudia una respuesta común a estos vetos. 

El director general de Medio Natural de Madrid, Miguel Allué-Andrade, el 29 de noviembre de 2006, ordenó que "hasta la entrada en vigor del protocolo de tramitación de denuncias pendiente de elaborar, cualquier presunto ilícito penal no podrá remitirse directamente por los agentes forestales, en nombre o como miembro del cuerpo de agentes forestales, a los juzgados o a la fiscalía, debiendo poner la denuncia en conocimiento de la jefatura del cuerpo, la cual actuará conforme a la normativa y cauces vigentes establecidos al efecto". 

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente -cuyo director general de Urbanismo, Enrique Porto, dimitió por favorecer presuntamente sus intereses, asunto que investiga Anticorrupción- justifica la orden. "Tal instrucción vino dada a sugerencia del fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, que entendía que si denunciaban directamente los forestales se producían dos efectos negativos: la consejería no le enviaba toda la documentación posible, porque desconocía la denuncia, y se perdía la posibilidad de que la consejería tramitara un expediente sancionador si el hecho no era delito, lo que daba impunidad al infractor. Por eso, hemos implantado que sea la dirección general de Disciplina Ambiental la que estime si la denuncia reviste indicios de delito o no y la tramite como corresponda, falta o delito. Los agentes, en general, están de acuerdo, salvo CC OO". 

Valerio matiza su postura: "Se está pendiente de un protocolo de actuación de la Fiscalía y la Consejería de Medio Ambiente, con relación a la emisión y admisión de denuncias. El borrador de protocolo se está haciendo por consenso. Hay que llegar a un procedimiento de formalización de estas cuestiones. Es obvio que las denuncias no pueden depender de una dirección política, pero sí es cierto que hay que profesionalizar y dar contexto jurídico a la emisión de esas denuncias. Los forestales realizan el 90% de las denuncias de viviendas ilegales. Pero hay que optimizarlo y hay que reglamentarlo". 

La Fiscalía General del Estado, según fuentes de dicha institución, ante la proliferación de estos vetos a los forestales estudia una respuesta global para este fenómeno, que, al menos, se da ya en Baleares y Madrid. 

El problema subyacente es si con estos filtros implantados por dichos Gobiernos regionales del PP las denuncias urbanísticas de los forestales ganan en rigor o, por el contrario, se entierran o atascan por intereses políticos durante meses y sólo afloran por la presión de sindicatos o fiscales, como en el caso Andratx, donde han reflotado con tal vigor que integran el sumario en curso. 

Los sindicatos de forestales madrileños (CC OO, UGT y SAFTAM) destacan el hecho de que desde que rige dicha orden no se les ha pedido ratificar ninguna de sus denuncias urbanísticas, de lo que se deducen que no se ha tramitado ninguna a la justicia. Todos ven ilegal este veto, y anuncian medidas jurídicas."A pesar de las trabas que la Administración autonómica [de Madrid] pone al trabajo de los agentes forestales, éstos no han dejado por un momento de ejercer sus funciones policiales, siendo en la actualidad los autores del 70% de las denuncias que se hacen. Éste es un dato más para entender el malestar generado por las denuncias de los agentes forestales, pues del diligenciamiento judicial de estos delitos urbanísticos salen a relucir con relativa frecuencia el nombre de alcaldes y secretarios municipales que son llamados a declarar en condición de imputados", reza un informe de CC OO. 

Su escrito concluye con una grave acusación para el Gobierno de Aguirre: "La implicación de personalidades de la vida pública ha llevado a que dichos delitos fueran silenciados y no trasladados a la administración judicial (...). Ante esta situación, los agentes forestales decidieron hacer uso del derecho reconocido en las leyes a denunciar por sí mismos los delitos ante los juzgados, con el resultado de que hechos silenciados por la Comunidad de Madrid (rara vez los transmitía a los juzgados) eran ahora duramente castigados por los jueces como delitos contra el medio ambiente". 

El informe da cinco ejemplos de sentencias condenatorias por sus denuncias y otros tres de sentencias absolutorias.

 www.elpais.es 11.03.07