Miguel Barrachina, entonces director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo bajo el mandato de Eduardo Zaplana, envió en marzo de 2003 un informe al Imefe (Instituto Municipal para el Empleo y la Formación) de Madrid, ayuntamiento entonces presidido por el popular José María Álvarez del Manzano, en el que cifraba el fraude de dicha institución en 12 millones de euros, de los que exigía el reintegro de 5,3 millones en tanto que fondos europeos -el resto era municipal-, cifra que supera en tres millones la cantidad acreditada por Anticorrupción.

La oposición nunca llegó a conocer este informe oficial del Ministerio de Trabajo que suponía la cifra definitiva de un fraude descomunal tejido por los directivos del Imefe -Ricardo Peydró, hoy flamante teniente de alcalde popular en Las Rozas pese a su imputación por Anticorrupción, y José Luis Solana Blázquez- en torno a empresas fantasmas o poco cualificadas cuya única virtud pareció residir en la militancia en el PP de sus gestores. Anticorrupción cifró en su reciente escrito de calificación el monto de los cursos falseados en nueve millones, por tanto, tres millones menos que los admitidos en 2003 por el Gobierno del PP, que como su ayuntamiento correligionario, nunca denunció judicialmente esa suma. Ni el resto.

El fiscal Anticorrupción pide nueve años de prisión para el ex director gerente del organismo, Ricardo Peydró Blázquez, y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate, por el escándalo de las adjudicaciones de cursos de formación de empleo que no fueron impartidos y en los que fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes. Anticorrupción pide dos años para otros seis responsables de las empresas adjudicatarias. En total reclama 30 años de cárcel para ocho acusados.

Trabajo, bajo Eduardo Zaplana, se limitó a comunicar que el importe a reintegrar se efectuaría mediante deducción de la suma en los futuros libramientos que se realizasen por cuenta del Fondo Social Europeo. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid, amén de haber tirado todos los fondos municipales que regaló a las empresas agraciadas, 6,6 millones de euros, perdió otros 5,4 con cargo a las subvenciones que debía haberle dado en años sucesivos la Unión Europea. El recorte se materializó en la liquidación del programa presupuestario de noviembre de 2004.

Todo esto choca con la tesis de la concejala popular Ana Botella, responsable del organismo heredero del Imefe, la Agencia para el Empleo, quien no ve quebranto o responsabilidad patrimonial en este fraude ni necesidad de que el Ayuntamiento se persone para intentar que los artífices de esta estafa municipal devuelvan el dinero esquilmado al contribuyente. Lo grave del caso es que la inacción del Ayuntamiento frena que la investigación presione a los empresarios para que opten entre devolver el dinero o revela cuál fue el destino final de estos millones regalados. Se abonaban cursos inexistentes. Y tal favor a los empresarios implicados, que debe cifrarse en más de los 12 millones oficializados por Trabajo -las auditorías en que se basó nunca analizaron todos los cursos, sino sólo diversas muestras aleatorias, que no sobrepasaron ni el 8% del monto de las subcontrataciones- no puede explicarse por unos regalos en contraprestación hacia los directivos del Imefe de apenas 272.000 euros, que son los acreditados por Anticorrupción. Nadie regala 12 millones de euros a cambio de 272.000 euros. De ahí la pregunta que formula la concejal socialista Isabel Vilallonga: "¿Acaso protege la señora Botella los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Madrid, o los del Partido Popular?".

Sorprendentemente, el Ministerio de Trabajo, que tampoco entabló acciones judiciales por este fraude, en agosto de 2003 solicitó información a Anticorrupción sobre el estado de sus diligencias secretas sobre el caso Imefe. Intentaba averiguar si se había ordenado su archivo o había derivado en un proceso judicial, la cuantía de las ayudas europeas implicadas y qué proyectos estaban afectados. Todo ello para, supuestamente, remitir tal información a la UE. El fiscal anticorrupción del caso rehusó dar tales datos. Formaban parte del secreto de la investigación, que derivaron semanas atrás en un contundente escrito de calificación provisional contra los actores públicos y privados de esta estafa.