La Comisión Europea ha dado un plazo improrrogable de dos meses a la Comunidad de Madrid para que presente en Bruselas un estudio de impacto medioambiental completo de las obras de la M-501, la carretera de los pantanos. Si para finales de mayo el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha respondido satisfactoriamente a lo exigido por el Ejecutivo comunitario, éste llevará a la Comunidad ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea no acepta que Aguirre haya fragmentado la información del proyecto para "minimizar" el impacto de la obra.

Bruselas sigue avanzando en el expediente abierto a mediados de octubre contra España -las relaciones de la Comisión con el Estado correspondiente, no con las autoridades subsidiarias, en este caso la Comunidad de Madrid- por la falta de un estudio sobre el impacto ambiental que las obras del desdoblamiento de la M-501 entre Quijorna y Navas del Rey pueden tener sobre aves y otras especies protegidas a su paso por los encinares del río Alberche y el río Cofio.

Esta zona es, según la propia Comisión Europea, de "gran valor medioambiental" y debe ser protegida por el Gobierno regional. Estudios científicos realizados por expertos y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han destacado el valor de la flora y la fauna de la zona e incluso se está investigando si una reducida población de lince ibérico puede haber sobrevivido allí.

Aguirre, sin embargo, ha intentado desde el primer momento evitar la realización del estudio que le exige Bruselas. Tras decidir llevar adelante el proyecto, lo declaró de interés general para no estar así obligada formalmente a realizar el estudio de impacto medioambiental.

Último aviso

La Comisión Europea no da su brazo a torcer porque considera que la declaración es obligatoria según la normativa comunitaria y ahora ha lanzado un último aviso a España en forma de dictamen motivado (última fase del expediente informativo) reclamando información y respeto a las normas.

"Comparto el deseo español de mejorar su sistema de carreteras, pero ese objetivo debe alcanzarse sin dañar espacios naturales de gran valor", señala en un comunicado el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, al anunciar el envío de un último apercibimiento escrito a la Comunidad de Madrid por las obras en la carretera de los pantanos.

El Ejecutivo comunitario mantiene desde el principio que España ha fraccionado las obras de la M-501 en cinco subproyectos y lo que exige es que se haga un estudio sobre el impacto combinado de los cinco. Constata, además, que sobre uno de los proyectos no se ha realizado ningún estudio de impacto.

El Gobierno de Aguirre tiene ahora dos meses para acomodarse al derecho comunitario conforme lo reclamado por la Comisión que, transcurrido ese plazo sin respuesta satisfactoria, tiene como último recurso elevar el caso de la carretera de los pantanos ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.

La posición de Bruselas contrasta con la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace dos meses desestimó el tercer recurso contencioso interpuesto por la organización Ecologistas en Acción que solicitaba la "adopción urgente de medidas cautelares" para paralizar el desdoblamiento de la M-501.

El recurso se basaba precisamente en las actuaciones de la Comisión Europea, que, a juicio de los ecologistas, "había modificado las circunstancias" que habían llevado al tribunal a desestimar dos recursos anteriores.

Según el Tribunal Superior, "no ha lugar a la adopción de la medida cautelar propuesta" porque "no cabe apreciar situación de especial urgencia" que hiciera preciso adoptar medidas diferentes a las adoptadas en los dos primeros recursos. Los jueces consideraron que había que esperar a que la Comunidad respondiera a las alegaciones de la Comisión Europea. Además, sostuvieron en su auto que debía ser Bruselas quien decidiera si "imponer" la paralización u otras medidas.