"Con el
PP la sanidad pública en Madrid está en peligro y la
salud de unos vale más que otros. Esto tiene que
cambiar. Una sanidad igual para todos es tu derecho
y es mi compromiso". Éste es el texto de la cuña
publicitaria, con la voz del candidato socialista a
la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, que el
Gobierno regional (PP) llevó a los tribunales el
pasado 14 de febrero para pedir que se suspendiera
la campaña. El Juzgado de lo Mercantil número 5
desestimó ayer la demanda porque no se le puede
aplicar al anuncio la Ley General de Publicidad, ya
que es electoral. Añade que el Ejecutivo regional
debía haber reclamado la protección del derecho al
honor. Éste recurrirá la decisión.
"Publicidad engañosa y desleal". Éstas fueron las
razones que alegó el Ejecutivo que preside Esperanza
Aguirre para reclamar ante el juzgado de lo
Mercantil que se suspendiera la campaña publicitaria
de Simancas, en forma de anuncios radiofónicos
(cuñas). En su demanda, el Gobierno regional alegó
que pretendía defender a los consumidores.
Según un
portavoz del Ejecutivo, éste acudió a la vía
mercantil porque los servicios jurídicos
consideraron que era más rápida que la civil y
permitiría que se suspendiera la campaña antes de
las elecciones del próximo 27 de mayo.
Durante
el proceso judicial, los socialistas reclamaron la
comparecencia del consejero de Sanidad, Manuel
Lamela, que acudió a declarar el pasado viernes, así
como de la presidenta regional, Esperanza Aguirre,
quien lo hizo por escrito. En su comparecencia,
Lamela consideró "inaceptable", que el secretario
general del PSM y candidato Rafael Simancas
utilizara publicidad "engañosa" para "minar la
confianza" de los ciudadanos en la sanidad pública.
Ese mismo día el diputado socialista Lucas Fernández
defendió ante el juez que "la gestión de Lamela es
peligrosa para los madrileños por las largas demoras
en las listas de espera, la saturación de los
centros de salud y la cesión de los nuevos
hospitales a la iniciativa privada".
En su
sentencia, fechada ayer, el juez desestima la
demanda porque considera que la publicidad de los
socialistas no es comercial, sino electoral. De ahí
que no pueda aplicarse la Ley General de Publicidad,
como pedía el Gobierno regional para reclamar la
retirada. El juez puntualiza que el anuncio no se
refiere a "actividad comercial, industrial,
artesanal o profesional" y que carece de la
finalidad "de promover la contratación de bienes,
servicios, derechos u obligaciones". En cambio, el
juez considera que la cuña de Simancas es una
"publicidad política con manifiesta finalidad
electoral". Pero justifica que, puesto que la
campaña electoral no se ha iniciado todavía
-comienza el próximo 11 de mayo-, tampoco se le
puede aplicar al anuncio la Ley de Régimen Electoral
General.
El
propio juez asegura en la sentencia que la
imposibilidad de aplicar la ley electoral no supone
que haya un vacío legal. Añade que el Gobierno de
Aguirre -"o las personas físicas o jurídicas que
puedan sentirse perjudicadas"- siempre están en
condiciones de acudir a la Ley de Protección Civil
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, "si estima que se han
excedido los límites del ejercicio de la libertad de
expresión".
Por eso,
el juez falla a favor del demandado y condena al
Ejecutivo regional a pagar el coste del proceso
judicial. Contra esta sentencia, añade, se puede
presentar un recurso de apelación. Un portavoz del
Gobierno de Aguirre aseguró ayer que recurrirán la
decisión y que los servicios jurídicos estudian ya
si en este caso cabe reclamar un perjuicio al
derecho al honor, "como el propio juez indica".
El
citado portavoz agregó que podría haber una
situación de "indefensión" para el Gobierno
regional, porque si hubiera presentado la denuncia
en plena campaña electoral, entonces habría
prosperado su reclamación. Esta fuente se felicitó
porque la sentencia alega problemas "más de forma
que de fondo".
Desde
las filas del PSOE, el candidato a la presidencia de
la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, se
congratuló de la decisión judicial, aunque afirmó
que "debe ser Aguirre y el PP
[y no el
Gobierno regional] quienes asuman los gastos
judiciales de la demanda". "Los madrileños no tienen
por qué pagar los platos rotos de una política
sectaria que sólo pretende agredir, intimidar y
amordazar la libertad de expresión", concluyó.
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
- 14 de febrero, la Comunidad presenta
la demanda contra el PSM
- 3 de febrero: el juez la admite a
trámite
- 23 de febrero: acuden a declarar el
consejero Lamela y el diputado Lucas
Fernández
- 26 de marzo: el juez desestima la
demanda
