Las obras del palacio de Justicia de Navalcarnero se encuentran paralizadas desde el pasado verano porque la empresa adjudicataria, Mazotti, se encuentra en quiebra y controlada por un administrador nombrado por un juez. Según una denuncia presentada por el PSM, esta quiebra es la consecuencia de la detención del director gerente de la empresa, Alejandro Navarro Miñón, por su implicación en casos de corrupción como el de Telde (Tenerife).  

Recordamos que este empresario fue arrestado en marzo de 2006 por dicho caso, mes en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid licitó la obra del Palacio de Justicia de Navalcarnero, proceso que culminó con la adjudicación definitiva en junio de 2006 a la empresa Mazotti. El portavoz socialista de Justicia, diputado regional Javier Gómez, criticó la “falta de control” del Gobierno regional en este proceso, y criticó que esta infraestructura “evidentemente no estará lista en la fecha prevista de febrero de 2008”, sin que el Gobierno regional haya adoptado medidas para subsanar dicha situación. 

Gómez señaló que los nueve palacios de Justicia que figuran en el programa electoral del Partido Popular “no son ninguna novedad, son compromisos adquiridos por el Gobierno regional la pasada legislatura que, debido a la gran lentitud de su ejecución, no estarán en funcionamiento antes de 2009, incluso algunos no estarán en uso antes de la próxima legislatura”. Dio el ejemplo del Palacio de Justicia de San Lorenzo de El Escorial, cuyo proyecto arquitectónico fue presentado recientemente a pesar de que ya figuraba su construcción en los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2003. 

Otro ejemplo “de retraso flagrante” es el de la infraestructura judicial más ambiciosa del Gobierno regional, el Campus de la Justicia, cuya finalización, según el diputado, no será realidad hasta 2011. “Todo esto demuestra que la construcción de infraestructuras judiciales no es ninguna prioridad para Esperanza Aguirre, que es capaz de terminar otras infraestructuras en una legislatura, mientras los palacios de Justicia van a un ritmo excesivamente lento, con lo que demuestra que no tiene ninguna prisa, que la mejora de las instalaciones de la administración de Justicia no son una prioridad, a pesar de que es una de las competencias en esta materia que tiene”, asegura Gómez. 

Retraso por caso de corrupción

Sin embargo, el caso más flagrante es el del Palacio de Justicia de Navalcarnero -que también aparecía en el programa del PP de 2003- cuyas obras están paralizadas desde el pasado verano porque la empresa adjudicataria, Mazotti, se encuentra en quiebra desde esas fechas, siendo administrada desde el pasado mes de septiembre por un administrador nombrado por un juez. 

Esta quiebra está relacionada con la implicación del director gerente de Mazotti, Alejandro Navarro Miñón, con el caso de cobro de comisiones ilegales en el municipio tinerfeño de Telde. Esta persona fue detenida el pasado mes de julio por este asunto, arresto que estuvo precedido por otro con la misma causa en marzo de 2006. “Es precisamente en ese mes cuando la Comunidad de Madrid licita las obras de la sede judicial de Navalcarnero por valor de 6.793.558,56 euros, proceso que culminó con la adjudicación definitiva de la obra el 19 de junio de 2003 a Mazotti por valor de 5.335.660,89 euros”, informa Gómez. 

Según el pliego de condiciones de la adjudicación, las obras deberían estar finalizadas en 20 meses, es decir en febrero de 2008, “pero están paralizadas por la falta de control del Gobierno regional y del consejero Alfredo Prada, que no reaccionó ante un caso de corrupción de alcance nacional, no hubo cautelas en el proceso de adjudicación de la obra cuando la empresa ya estaba envuelta en los escándalos, con las consecuencias que podrían derivarse de esta situación, como la quiebra de la empresa, hecho que finalmente ha ocurrido”, denuncia el diputado Javier Gómez. 

El gobierno reconoce

El legislador socialista recuerda que el Director General de Modernización de Infraestructuras de la Administración de Justicia, Miguel Jiménez de Córdoba, reconoció el pasado 3 de octubre, durante una comparecencia en comisión parlamentaria, que el contrato con Mazotti no se había rescindido a pesar de sus implicaciones con el caso de corrupción de Telde y su quiebra, y que el Gobierno regional continúa a la espera de la decisión del juez sobre esta empresa. 

“Esto demuestra lo poco que les importa dotar a los ciudadanos de la región de las infraestructuras judiciales necesarias”, apostilló Gómez. Por ello, el diputado socialista planteará esta cuestión en el próximo pleno de la Asamblea al consejero Alfredo Prada, al que requerirá que explique “cómo es posible que permita la desidia de su departamento a la hora de construir nuevos juzgados, siendo esta una de las competencias más importantes de su Consejería”. (Redacción)