La Comunidad de Madrid se encuentra a la cola de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras la mayoría de las comunidades autónomas han puesto en marcha espacios de concertación con los agentes económicos y sociales, han creado los correspondientes comités consultivos, han aprobado normas que regulan procedimientos, han establecido dispositivos y se han dotado de profesionales para la valoración y determinación de las situaciones de dependencia, "la situación en Madrid se caracteriza por la absoluta parálisis y desconcierto generalizado", según ha denunciado Ana González (foto), secretaria de Política Social de CCOO de Madrid

A pesar de que la Administración Autonómica recibió 23 millones de euros procedentes de la Administración Central para acometer su puesta en marcha, hasta el momento sólo se ha creado una Dirección General y se ha contratado un equipo de 60 profesionales (trabajadores sociales) para la valoración y baremación de las solicitudes. CCOO estima que hay un mínimo de 50.000 personas grandes dependientes que tendrían ya derecho, en este año, a ser atendidos a través del sistema de atención a la dependencia. Sin embargo, tras más de 6 meses de entrada en vigor efectiva de la Ley, tan sólo 10.000 madrileños han solicitado su derecho de reconocimiento y de ellos más del 60% están pendientes de que su situación sea valorada.

Por establecer una comparación, en una Comunidad como la valenciana se han presentado 25.000 solicitudes, 16.000 en Castilla y león, 3.800 en Alava, 16.000 en las cuencas mineras de Asturias, 11.500 en Murcia. Además, en Madrid se está baremando sin el amparo de un Decreto que regule los procedimientos, los dispositivos para la aplicación de la cartera de servicios y prestaciones que por derecho pudiera corresponderles.

Un Decreto es imprescindible para que se materialicen las transferencias económicas necesarias para la financiación del sistema y se concreten los acuerdos de colaboración con los municipios, piezas clave en la atención de las necesidades sociales de la población.

El sindicato recuerda que la Ley de Atención a la Dependencia "no puede ser objeto de confrontación política sino de cooperación y su aplicación es una obligación". El consenso y apoyo que alcanzó la Ley en el marco parlamentario debe ser el elemento que caracterice su desarrollo en Madrid sobre la base de la colaboración y la lealtad entre las Administraciones implicadas.

CCOO considera que la escasez de solicitudes de reconocimiento tiene que ver "con una gran falta de información". A su juicio, el Gobierno regional llevó a cabo una importante campaña publicitaria y de propaganda en el marco de las elecciones y dentro de su estrategia de enfrentamiento con el Gobierno central, "pero no se ha puesto en marcha ninguna campaña informativa dirigida a que los madrileños susceptibles de derecho sepan lo que deben hacer y dónde deben acudir".

(www.madriddigital.info, 15/10/07)