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Gallardón pierde 73 millones al adjudicar los chirimbolos
 

El Consistorio concede la publicidad callejera a una firma que ofrecía un 30% menos que su rival con propuestas similares

Habrá 890 por todo Madrid y nos venderán cosas. Son los nuevos chirimbolos publicitarios que ya han empezado a colocarse por toda la ciudad. Un buen negocio para la capital. Aunque quizá no tanto como podría haberse esperado. La Concejalía de Medio Ambiente, que entonces dirigía Paz González, adjudicó el 20 de diciembre de 2006 el contrato de gestión de los soportes publicitarios, chirimbolos, a la unión temporal de empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa, por 160 millones de euros. Una cifra 73 millones inferior a la que ofertaba su principal competidora, la sociedad Viacom. Además, el Ayuntamiento ni siquiera valoró el diseño e impacto medioambiental de la perdedora. Expertos consultados aseguran que este tipo de pliegos no son habituales, porque excluyen empresas sin valorar todos los aspectos de la oferta. El 15 de junio de 2006 se presentaron cinco empresas al concurso para la "comercialización y explotación publicitaria de obras en vía pública, terrenos e instalaciones deportivas municipales y mobiliario urbano de gran formato": La UTE Clear Channel-Cemusa, Viacom. JCDecaux (la anterior adjudicataria), la UTE Iepe-Imprusa y Zeta Gestión de Medios.

"Puede haber irregularidades en el concurso", dice el portavoz socialista

El concurso tenía tres fases: la que juzgaba la oferta económica, la comercial y, finalmente, el impacto medioambiental de los soportes. Sin embargo, el criterio de puntuación otorgaba de forma lineal en cada fase la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Algo poco habitual en un concurso con un número tan reducido de aspirantes, según expertos consultados.

La máxima puntuación en la primera fase era 45 puntos, y era necesario obtener 20 para pasar a la siguiente. Viacom -una multinacional filial de CBS y propietaria de canales como MTV- fue la mejor valorada porque era la que ofrecía más dinero (233 millones de euros), con 45 puntos. La segunda fue Clear Channel-Cemusa (160 millones), con 27,52 puntos. El resto quedaron descartadas.

En la segunda fase, la que valoraba la propuesta comercial, estaban en juego 30 puntos. Pero de nuevo se otorgaba la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Pero ya sólo quedaban dos y era imprescindible obtener 15 puntos como mínimo para seguir. Una de las dos propuestas quedaría automáticamente descartada para la tercera fase.

Y así fue. En el veredicto de esta segunda fase, a pesar de considerar el Ayuntamiento que ambas propuestas eran "coherentes", Clear Channel-Cemusa se llevó todos los puntos y Viacom quedó eliminada y sin opción de que el diseño y el impacto medioambiental de sus soportes fueran valorados.En la tercera fase, la ganadora se llevó todos los puntos al ser la única finalista. Así, ni la oferta económica, ni el diseño de los chirimbolos ni su impacto ambiental fueron decisivos en la adjudicación de la concesión por 10 años de su explotación.

"Este tipo de pliegos no es normal. Diseña un proceso de toma de decisiones poco objetivo que margina los elementos más importantes, como eran el impacto medioambiental y el canon por la explotación de la publicidad exterior", explica Guillermo Aguillaume, abogado experto en concursos públicos.

Precisamente, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid considera que los nuevos soportes, instalados por la empresa ganadora, son invasivos y que provocan un "efecto lamentable" en el paisaje urbano, según su decana, Paloma Sobrini. "Medio Ambiente jamás habría instalado algo así dentro de El Retiro, pero no muestra la misma sensibilidad con el patrimonio urbano", asegura.

Otro experto en contratos públicos consultado por este periódico insiste en que el procedimiento de baremación no es el más adecuado: "No es habitual no valorar alguno de los capítulos y excluir las ofertas sin analizarlas globalmente. Este tipo de concursos está diseñado para que se presenten varios concursantes, no para que lo hagan sólo unos pocos. De esta forma, excluyes a la mayoría antes de evaluar todas las propuestas".

Viacom trasladó su inquietud por el resultado del concurso a la Concejalía de Medio Ambiente, que dirigía entonces Paz González. Incluso le remitió una carta manifestando "la extrañeza y sorpresa que le produce el hecho de que resultara finalmente adjudicataria del concurso nuestra competidora, máxime cuando la propuesta económica de Viacom resulta más beneficiosa para el Ayuntamiento". Además, el 23 de mayo, Viacom presentó un recurso contencioso-administrativo para que le fuera entregado el expediente completo de la adjudicación. Petición rechazada por el Consistorio. El Ayuntamiento no quiso ayer pronunciarse y se remitió a la respuesta que piensa dar hoy durante el pleno. Tampoco quiso hacerlo Clear Channel ni Viacom. "Esperamos para ver como transcurre el proceso", dijeron en esta última compañía.

"Ambas ofertas están bien estudiadas y planteadas siendo por tanto coherentes", señalaron los técnicos municipales en el expediente del concurso de publicidad callejera. En el mismo documento aseguran que Viacom desconoce el mercado de publicidad en grandes formatos. "Gestionamos este tipo de publicidad en toda España", replica un portavoz de la compañía.

Además, el Ayuntamiento consideró poco realista la estimación de Viacom de mantener una ocupación del 90% del espacio publicitario. En cambio, si le pareció más razonable el cálculo de Clear Channel-Cemusa que presentó una explotación del 70%.

"Exigiremos una información exhaustiva del expediente de adjudicación de este contrato", anunció David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista, que hoy preguntará en el Pleno del Ayuntamiento. "Puede haber irregularidades en la adjudicación de esos espacios. Pediremos que se paralicen las actuaciones hasta que se aclare lo ocurrido y exigiremos garantías de que todo se ha hecho conforme a la legislación y que no ha habido trato de favor", insistió.

Una firma con pérdidas

La unión temporal de empresas (UTE), que se ha adjudicado el contrato de publicidad exterior del Ayuntamiento de Madrid, está formada por Clear Channel España y Cemusa. Esta última es una filial de la compañía constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Esta firma tiene adjudicado, además, la limpieza de la capital a través un contrato que le reporta 400 millones de euros al año. Y ha realizado varios tramos de la nueva M-30.

Clear Channel España es una sociedad dedicada a la publicidad exterior, con actividad en varias ciudades. Esta empresa fue constituida en 2002 por una multinacional estadounidense y desde entonces está en números rojos. En 2005, la compañía obtuvo unas pérdidas de 9.412 euros. El año anterior la firma auditora que revisa sus cuentas, Ernst&Young, advirtió sobre la viabilidad de la compañía.

La sociedad presentaba en 2005 unos fondos propios negativos (la suma del capital social, las reservas y los resultados acumulados). Una situación peligrosa para su evolución financiera. Esto llevó a la empresa a ampliar capital en septiembre de 2005. La sociedad matriz de Clear Channel aportó 47.000 euros para sanear su filial.

www.elpais.es 26.10.07

Un pliego creado sólo para este concurso

El modelo de pliego de condiciones y puntuación que decidió el concurso de los chirimbolos era la primera vez que se usaba en un proceso de adjudicación del Ayuntamiento de Madrid. Así lo admitieron ayer fuentes municipales al ser preguntadas acerca de si el diseño del pliego, y no la calidad de las ofertas, podía haber sido el aspecto más decisivo en la concesión de la publicidad exterior a una empresa que ofrecía 73 millones de euros menos que su principal competidora.

El criterio de puntuación empleado era una novedad en este tipo de concurso. En cada una de las tres fases se otorgaban todos los puntos a la mejor propuesta y 0 a la peor; el resto se repartían de forma lineal. Además, se exigía un mínimo de puntuación para pasar al siguiente nivel. Por ello, a la segunda fase sólo llegaron dos de las cinco propuestas y a la tercera, la que valoraba el impacto medioambiental de las propuestas, sólo llegó una.

El Consistorio considera que el pliego no estaba mal diseñado. "El problema es que la oferta de Viacom era demasiado elevada. Y quizá poco realista. Rompió el mercado al alza", explican. Según estas fuentes, el elevado importe que ofreció Viacom hizo que tres de las cinco propuestas quedaran descartadas en la primera fase. La tesis para la eliminación de Viacom es que "difícilmente" hubiera podido cumplir con su suculenta oferta.

A pesar de que la empresa que ofertó más dinero no pudo mostrar su propuesta de impacto ambiental ni de diseño, las mismas fuentes creen que el concurso "se produjo de forma regular y que no debería haberse repetido".

www.elpais.es 27.10.07

Los 'chirimbolos' no respetan la distancia que recoge la norma

"No nos han informado", protesta un afectado al que un soporte tapa la fachada

Los nuevos chirimbolos publicitarios de Madrid proliferan a lo grande. Sus dimensiones son mayores de lo que recoge la normativa -el Ayuntamiento de Madrid se escuda en un epígrafe que establece que las medidas se aplican "salvo en casos especiales"-, invaden las aceras y no guardan las distancias reglamentarias entre ellos.

Un ejemplo que no resiste al metro es el pantallazo situado en la calle de Velázquez esquina con Jorge Juan. "Es un desastre arquitectónico", protesta frente al soporte Francisco Gómez, encargado de una tienda de muebles a la que la valla tapa la mitad de la fachada. "Estamos muy cabreados, hicieron un agujero sin informarnos de nada y un día nos encontramos esto". Se han quedado a la sombra, igual que el friso del edificio de viviendas que se levanta sobre el negocio. "El Ayuntamiento nunca ha permitido que se colgaran fuera aparatos de aire acondicionado y nos obligó a arreglar la fachada del edificio, pero cuando son ellos parece diferente", comenta el conserje del inmueble.

El Consistorio adjudicó en noviembre de 2006 la instalación de 899 nuevos soportes publicitarios. Cuando se instalen todos, la ciudad contará con cerca de 3.000, entre anuncios, contenedores de pilas y vidrio, paneles informativos y columnas. Pero no todos superan la prueba de su propia normativa.

La Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano indica que "no podrá autorizarse" un chirimbolo en una acera si no deja un espacio para pasar de "al menos" tres metros de ancho. El comerciante de Velázquez, metro en mano, constata que la normativa queda hecha añicos: 2,85 metros hasta su fachada. También incumple el artículo que establece que deben mediar 50 metros entre elementos de mobiliario urbano "de naturaleza diferente". Tiene un vecino demasiado cerca: un cilindro vertical para publicidad se erige en la mediana de la calle a menos de 30 metros de distancia.

La normativa municipal incluye otro apartado que indica que los chirimbolos "de la misma clase" tienen que estar a 300 metros de distancia. En Nuevos Ministerios, dos pantallas publicitarias aún por estrenar no guardan esa regla. Claro que, también para este caso, la ordenanza incluye una salvedad: "Salvo que exista un programa especial". Este periódico intentó sin éxito recabar ayer la versión de la Concejalía de Medio Ambiente.

Los viejos soportes instalados por el ex alcalde José María Álvarez del Manzano tampoco se salvan de la prueba del metro. En mitad de la calle de la Princesa, en apenas 40 metros, se alinean casi sin pausa un buzón, una farola con papelera, un panel publicitario, un banco para sentarse, un chirimbolo que sirve para reciclar pilas, una nueva papelera y otro banco.

www.elpais.es 27.10.07

El concurso... en los tribunales

El concurso de los superchirimbolos ha tenido una triste tradición en la ciudad de Madrid desde los años 90: la sospecha, y las denuncias oportunas, de realizar concursos no muy limpios.

El último que adjudicó el Consistorio de la capital en diciembre de 2006 para la colocación de esas pantallas gigantes en la vía pública no iba a ser diferente. La denuncia en el tribunal de una de las empresas que participó en la convocatoria y que no fue adjudicataria, Viacom, ha provocado que un juez solicite al Ayuntamiento todo el expediente del concurso.

La Concejalía de Medio Ambiente ha tenido que microfilmar el dossier porque el magistrado quería el informe original en sus dependencias. Fuentes municipales restaron importancia a este reclamo y aseguraron que es un trámite más en un contencioso administrativo que no tiene ningún significado especial.

Sin embargo, mientras el Ayuntamiento llena la ciudad de superchirimbolos, Viacom acudió a los tribunales porque considera que el concurso no ha sido justo. Ellos presentaban una oferta económica mayor que los ganadores, la Unión de Empresas Temporal (UTE) Clear Channel y Cemusa. Concretamente el Ayuntamiento hubiera ingresado 73 millones más de los que ha obtenido con la adjudicación.

Además, Viacom asegura que no se valoró la opción medioambiental ni el diseño ni la colocación de los chirimbolos que tenía. Fue, curiosamente, en la propuesta comercial donde se tiró para atrás a la última contrincante de la convocatoria.

El Ayuntamiento consideró que el proyecto económico de Viacom era inviable, porque se basaba en campañas de publicidad semanales y preveía una ocupación del espacio adjudicado de hasta el 90%. Según la opinión de los técnicos municipales, con este planteamiento se corría riesgo de no poder cumplir su nivel de ingresos y ante la perspectiva de que el Consistorio tuviera que romper el contrato por no cumplir todos sus términos, optaron por la propuesta de Viacom, más baja económicamente pero más «fiable».

El juzgado tendrá que decidir ahora si el concurso cumple la normativa o si ha habido alguna irregularidad en la adjudicación o en su tramitación. Por lo pronto, el próximo 14 de noviembre, el concurso se examinará por los grupos de la oposición en la Comisión municipal de Vigilancia de las Contrataciones.

La Concejalía de Medio Ambiente ya tuvo que rescindir el contrato de los famosos relojes por no cumplirse las condiciones de adjudicación. Entonces, ambas partes amenazaron con llevar el concurso a los tribunales. La oposición acusó al Consistorio de supuestas irregularidades como cambiar los informes técnicos previos a la adjudicación. Al final, se salvó con una indemnización económica por parte del Ayuntamiento

www.elmundo.es 02.11.07

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