La constructora Vemusa ha fichado como consejero independiente al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid Ignacio del Río, del PP, que entrará en su Consejo de Administración. Del Río fue edil dos legislaturas, con José María Álvarez del Manzano como alcalde. La primera, entre 1995 y 1999. En la segunda, de 1999 a 2003, repitió como concejal de Urbanismo y fue nombrado consejero delegado de la sociedad Madrid 2012.
No existen incompatibilidades que impidan el camino seguido por Del Río. También lo hicieron Sigfrido Herráez, edil de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, que dejó el cargo en 2005 para entrar en el grupo inmobiliario Rayet. También Luis Eduardo Cortés abandonó la Consejería de Obras Públicas para presidir Vallehermoso Inmobiliaria. El Gobierno central quiere reformar la ley para que los ex ediles no puedan trabajar en empresas relacionadas con su área hasta dos años después de dejar el cargo.
www.elpais.es 27.10.07
El fichaje
de un ex concejal por una constructora vulnera la ley
El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid y miembro del comité electoral del PP
regional Ignacio del Río vulnera la
legislación al compatibilizar su función como
registrador de la propiedad en San Fernando
(Cádiz) y su puesto como consejero independiente
en el grupo constructor Vemusa, del que forma
parte desde esta misma semana.
Registradores y notarios están sometidos a una
"incompatibilidad absoluta en el desempeño de
funciones públicas y actividades privadas",
según la sentencia 68/1990 del Tribunal
Constitucional, que estudió un recurso contra la
Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas. El
recurso fue presentado por otro registrador que
quería ejercer como abogado. Las únicas
excepciones que contempla la ley son la docencia
universitaria y la pertenencia a empresas
familiares.
La
opción que Del Río tenía para cumplir la ley,
según los registradores de la propiedad
consultados, era solicitar la excedencia al
Ministerio de Justicia. Fuentes de este
departamento confirmaron que "el señor Del Río
no ha solicitado la excedencia". El registro de
San Fernando seguía ayer funcionando con
normalidad, según comprobó este diario.
Del
Río tampoco abandonó su función como registrador
cuando ocupó el cargo de concejal de Urbanismo
entre 1995 y 2003, lo que ya fue denunciado en
su momento por el PSOE.
Un
portavoz del Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España mostró su
"sorpresa" por la nueva actividad privada de Del
Río, aunque rehusó valorar el caso: "El Colegio
no opina sobre las actividades extrarregistrales
de sus colegiados. Las cuestiones sobre posibles
situaciones de incompatibilidad corresponden al
Ministerio de Justicia a través de la Dirección
General de los Registros y del Notariado".
Preguntado sobre el desempeño de su nuevo cargo,
Del Río afirmó que "la ley es interpretable y
contempla excepciones", y añadió que "hay otros
registradores que forman parte de consejos de
administración". El fallo del Constitucional,
sin embargo, establece con rotundidad que los
"funcionarios públicos retribuidos con arancel"
-notarios y registradores- están sometidos al
régimen más estricto de incompatibilidades entre
las limitaciones existentes para los
funcionarios.
Ignacio del Río, madrileño de 51 años y
licenciado en Derecho, fue tercer teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo en los mandatos
de José María Álvarez del Manzano como alcalde
de Madrid. Del Río gestionó como edil
operaciones que afectaban a 12.500 hectáreas y
100.000 viviendas, además de la ampliación del
aeropuerto de Barajas y la construcción de los
cuatro rascacielos en la antigua Ciudad
Deportiva del Real Madrid.
El
Grupo Vemusa tiene negocios en la promoción
inmobiliaria, la hostelería y los campos de golf
en España y Polonia. Entre ellos destacan dos
promociones de viviendas situadas en las calles
de Embajadores y en Méndez Álvaro.
(www.elpais.com, 03/11/07)
Imputado el edil de Urbanismo
por una polémica recalificación
El
empresario Lorenzo Sanz también está encausado
El
juez que investiga supuestas irregularidades
urbanísticas en Arroyo del Fresno,
Fernando Grande-Marlaska, ha citado como
imputados para el próximo 17 de junio al
concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del
Río, y al gerente municipal de Urbanismo,
Luis Armada. Este juez, recientemente
incorporado al Juzgado 36, también ha citado
como imputado en esta operación al ex
presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.
Ignacio del Río, segundo teniente de
alcalde, y Luis Armada firmaron un convenio
urbanístico en 1997 con el también imputado
en esta causa Carlos Pinilla, y presidente
de la Junta de Compensación de Arroyo del
Fresno. Mediante ese convenio, los
responsables de Urbanismo recalificaban como
suelo residencial una zona destinada en el
Plan General de Ordenación Urbana a
equipamientos. Además, se aumentó la
edificabilidad de la zona con 539 nuevas
viviendas. Varios informes de la Dirección
General de Urbanismo de la Comunidad de
Madrid, que obra en poder del juez, revelan
que en esta operación se infringió el
ordenamiento urbanístico, ya que se obvió el
procedimiento legal adecuado: la
modificación puntual del plan general.
En
relación con estos informes, el juez también
ha citado a declarar, el 9 de junio, en
calidad de testigos, a Íñigo Sáenz de
Pipaón, director General de Urbanismo de la
Comunidad de Madrid, así como a los
funcionarios de su departamento Beatriz
Lobón y Ángel Dolla, autores de los informes
antes citados. Éstos declararán el 19 de
mayo como testigos. También ha sido citado a
declarar un mes más tarde, el 19 de junio, y
es la segunda vez, pero ahora en calidad de
imputado, el promotor inmobiliario y ex
presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En
su primera declaración, en octubre de 2002,
Sanz manifestó que la ganancia en un solo
día de 1,08 millones de euros en la
compraventa de una parcela destinada
inicialmente a construir 64 vivienda
sociales "era producto de la especulación"
del suelo.
Según fuentes jurídicas, Sanz y Pinilla
tenían firmado entre ellos un acuerdo,
anterior al convenio que suscribieron Del
Río, Armada y Pinilla, mediante el cual
ambos convinieron en repartirse tres de las
citadas seis parcelas. Pinilla edificó 231
viviendas en una de ellas y Sanz levantó 140
en otra. En la tercera, una cooperativa
presidida por Pinilla construyó 64 viviendas
de protección oficial. Esta parcela se la
compró a Sanz la cooperativa que gestionaba
Pinilla, por 1,08 millones más de lo que el
Ayuntamiento había recibido por ella al
venderla a la cooperativa. Las licencias de
estas seis parcelas recalificadas las otorgó
el gerente de Urbanismo mediante un decreto
que anteponía las estipulaciones del citado
convenio al planeamiento urbanístico.
Los
informes de la Comunidad de Madrid indican
que ese decreto del gerente "incumple lo
dispuesto en el Plan General de Ordenación
Urbana. Tres de las seis parcelas
recalificadas por el convenio eran de
propiedad municipal y estaban destinadas a
equipamientos. El gobierno municipal las
cedió por adjudicación directa, sin concurso
ni subasta, a los promotores de la Junta de
Compensación", según fuentes de las partes.
La acusación particular en este proceso
sostiene, además, que los responsables de
Urbanismo fijaron para las parcelas un
precio muy inferior a su precio de mercado,
lo que generó un beneficio especulativo para
las sociedades de Pinilla y Sanz superior a
los 8,1millones de euros (1.350 millones de
pesetas). También figura como imputada en
estas diligencias la directora de Servicios
para la Gestión Privada de Gerencia, Ana
Perpiñá Carrera, que declarará el 10 de
junio.
Perpiñá avaló supuestamente con varios
informes el convenio y las licencias. En
esta operación figura también como sexto
imputado el funcionario de Gerencia de
Urbanismo Julio César Santos. Éste firmó la
licencia de ocupación de una de las
parcelas, la número 42, en la que se levantó
un edificio y él adquirió uno de los pisos a
una sociedad de Pinilla por un precio
supuestamente inferior al del mercado.
La
citación del concejal de Urbanismo como
imputado por las supuestas irregularidades
habidas en la recalificación de terrenos en
Arroyo del Fresno se produce en un momento
especialmente delicado para Ignacio del Río:
una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ha anulado 28 desarrollos
urbanos previstos en el Plan General sobre
suelo protegido. Pero el edil de Urbanismo,
que ha recurrido la sentencia ante el
Supremo, tiene previsto presentar hoy en el
pleno municipal un decreto, firmado por Luis
Armada, para consolidar esos desarrollos
urbanos antes de que se pronuncie el
Supremo. Una actuación por la que que, según
PSOE e IU, podría incurrir en
responsabilidades penales. Del Río rechazó
ayer que la decisión del titular del Juzgado
número 36 suponga un nuevo revés para su
departamento. "Estoy tranquilo. Hay informes
técnicos que avalan la recali-ficación de
las parcelas en Arroyo del Fresno",
argumentó.
www.elpais.es
30.04.03
El ex edil Del Río
declara hoy como imputado por presunto delito urbanístico en
Arroyo del Fresno
El juez
Fernando Grande-Marlaska Gómez, del Juzgado de
Instrucción 36 de Madrid, interrogará hoy en calidad
de imputados, en relación con unas supuestas
irregularidades urbanísticas en el barrio de Arroyo
del Fresno, al ex concejal de Urbanismo y actual
consejero delegado de Madrid 2012, Ignacio del Río,
así como al ex gerente municipal de Urbanismo Luis
Armada.
Ambos
firmaron en diciembre de 1997 con el también
imputado en este proceso Carlos Pinilla, presidente
de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno, un
convenio urbanístico que permitió reclasificar como
residencial seis parcelas de equipamiento y uso
terciario. El convenio permitió levantar 539 nuevas
viviendas que carecían de aval en el vigente Plan
General de Urbanismo de Madrid.
Este juez
tomó declaración el pasado 19 de mayo, en calidad de
testigos, a dos técnicos de la Comunidad de Madrid,
quienes se ratificaron en el contenido de los
informes que emitieron en mayo y junio del 2000, y
en los que concluyen que las licencias otorgadas en
las seis parcelas afectadas por ese convenio
urbanístico infringían el Plan General, dado que se
eludió el procedimiento de realizar previamente una
modificación puntual del Plan General.
Para el
próximo jueves, día 19, también ha sido citado a
declarar, y ya es la segunda vez, pero ahora en
calidad de imputado, el promotor inmobiliario y ex
presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En su
primera declaración, en octubre de 2002, Sanz
manifestó que la ganancia en un solo día de 1,08
millones de euros en la compraventa de una parcela
municipal de esa zona destinada inicialmente a
construir 64 vivienda sociales "era producto de la
especulación" del suelo.
En estas
pesquisas ha declarado ya el director general de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Íñigo Sáenz de
Pipaón, quien ha reconocido que tuvo conocimiento en
2000 de las denuncias y de los informes de su
departamento que revelaban supuestas infracciones
urbanísticas en varias parcelas de este barrio de
Madrid. La acusación particular ha pedido que sea
imputado.
El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y miembro del comité electoral del PP regional Ignacio del Río vulnera la legislación al compatibilizar su función como registrador de la propiedad en San Fernando (Cádiz) y su puesto como consejero independiente en el grupo constructor Vemusa, del que forma parte desde esta misma semana.
Registradores y notarios están sometidos a una "incompatibilidad absoluta en el desempeño de funciones públicas y actividades privadas", según la sentencia 68/1990 del Tribunal Constitucional, que estudió un recurso contra la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El recurso fue presentado por otro registrador que quería ejercer como abogado. Las únicas excepciones que contempla la ley son la docencia universitaria y la pertenencia a empresas familiares.
La opción que Del Río tenía para cumplir la ley, según los registradores de la propiedad consultados, era solicitar la excedencia al Ministerio de Justicia. Fuentes de este departamento confirmaron que "el señor Del Río no ha solicitado la excedencia". El registro de San Fernando seguía ayer funcionando con normalidad, según comprobó este diario.
Del Río tampoco abandonó su función como registrador cuando ocupó el cargo de concejal de Urbanismo entre 1995 y 2003, lo que ya fue denunciado en su momento por el PSOE.
Un portavoz del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España mostró su "sorpresa" por la nueva actividad privada de Del Río, aunque rehusó valorar el caso: "El Colegio no opina sobre las actividades extrarregistrales de sus colegiados. Las cuestiones sobre posibles situaciones de incompatibilidad corresponden al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado".
Preguntado sobre el desempeño de su nuevo cargo, Del Río afirmó que "la ley es interpretable y contempla excepciones", y añadió que "hay otros registradores que forman parte de consejos de administración". El fallo del Constitucional, sin embargo, establece con rotundidad que los "funcionarios públicos retribuidos con arancel" -notarios y registradores- están sometidos al régimen más estricto de incompatibilidades entre las limitaciones existentes para los funcionarios.
Ignacio del Río, madrileño de 51 años y licenciado en Derecho, fue tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en los mandatos de José María Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid. Del Río gestionó como edil operaciones que afectaban a 12.500 hectáreas y 100.000 viviendas, además de la ampliación del aeropuerto de Barajas y la construcción de los cuatro rascacielos en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.
El Grupo Vemusa tiene negocios en la promoción inmobiliaria, la hostelería y los campos de golf en España y Polonia. Entre ellos destacan dos promociones de viviendas situadas en las calles de Embajadores y en Méndez Álvaro.
Imputado el edil de Urbanismo por una polémica recalificación
El empresario Lorenzo Sanz también está encausado
El juez que investiga supuestas irregularidades urbanísticas en Arroyo del Fresno, Fernando Grande-Marlaska, ha citado como imputados para el próximo 17 de junio al concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río, y al gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada. Este juez, recientemente incorporado al Juzgado 36, también ha citado como imputado en esta operación al ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.
Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, y Luis Armada firmaron un convenio urbanístico en 1997 con el también imputado en esta causa Carlos Pinilla, y presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno. Mediante ese convenio, los responsables de Urbanismo recalificaban como suelo residencial una zona destinada en el Plan General de Ordenación Urbana a equipamientos. Además, se aumentó la edificabilidad de la zona con 539 nuevas viviendas. Varios informes de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que obra en poder del juez, revelan que en esta operación se infringió el ordenamiento urbanístico, ya que se obvió el procedimiento legal adecuado: la modificación puntual del plan general.
En relación con estos informes, el juez también ha citado a declarar, el 9 de junio, en calidad de testigos, a Íñigo Sáenz de Pipaón, director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, así como a los funcionarios de su departamento Beatriz Lobón y Ángel Dolla, autores de los informes antes citados. Éstos declararán el 19 de mayo como testigos. También ha sido citado a declarar un mes más tarde, el 19 de junio, y es la segunda vez, pero ahora en calidad de imputado, el promotor inmobiliario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En su primera declaración, en octubre de 2002, Sanz manifestó que la ganancia en un solo día de 1,08 millones de euros en la compraventa de una parcela destinada inicialmente a construir 64 vivienda sociales "era producto de la especulación" del suelo.
Según fuentes jurídicas, Sanz y Pinilla tenían firmado entre ellos un acuerdo, anterior al convenio que suscribieron Del Río, Armada y Pinilla, mediante el cual ambos convinieron en repartirse tres de las citadas seis parcelas. Pinilla edificó 231 viviendas en una de ellas y Sanz levantó 140 en otra. En la tercera, una cooperativa presidida por Pinilla construyó 64 viviendas de protección oficial. Esta parcela se la compró a Sanz la cooperativa que gestionaba Pinilla, por 1,08 millones más de lo que el Ayuntamiento había recibido por ella al venderla a la cooperativa. Las licencias de estas seis parcelas recalificadas las otorgó el gerente de Urbanismo mediante un decreto que anteponía las estipulaciones del citado convenio al planeamiento urbanístico.
Los informes de la Comunidad de Madrid indican que ese decreto del gerente "incumple lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana. Tres de las seis parcelas recalificadas por el convenio eran de propiedad municipal y estaban destinadas a equipamientos. El gobierno municipal las cedió por adjudicación directa, sin concurso ni subasta, a los promotores de la Junta de Compensación", según fuentes de las partes. La acusación particular en este proceso sostiene, además, que los responsables de Urbanismo fijaron para las parcelas un precio muy inferior a su precio de mercado, lo que generó un beneficio especulativo para las sociedades de Pinilla y Sanz superior a los 8,1millones de euros (1.350 millones de pesetas). También figura como imputada en estas diligencias la directora de Servicios para la Gestión Privada de Gerencia, Ana Perpiñá Carrera, que declarará el 10 de junio.
Perpiñá avaló supuestamente con varios informes el convenio y las licencias. En esta operación figura también como sexto imputado el funcionario de Gerencia de Urbanismo Julio César Santos. Éste firmó la licencia de ocupación de una de las parcelas, la número 42, en la que se levantó un edificio y él adquirió uno de los pisos a una sociedad de Pinilla por un precio supuestamente inferior al del mercado.
La citación del concejal de Urbanismo como imputado por las supuestas irregularidades habidas en la recalificación de terrenos en Arroyo del Fresno se produce en un momento especialmente delicado para Ignacio del Río: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado 28 desarrollos urbanos previstos en el Plan General sobre suelo protegido. Pero el edil de Urbanismo, que ha recurrido la sentencia ante el Supremo, tiene previsto presentar hoy en el pleno municipal un decreto, firmado por Luis Armada, para consolidar esos desarrollos urbanos antes de que se pronuncie el Supremo. Una actuación por la que que, según PSOE e IU, podría incurrir en responsabilidades penales. Del Río rechazó ayer que la decisión del titular del Juzgado número 36 suponga un nuevo revés para su departamento. "Estoy tranquilo. Hay informes técnicos que avalan la recali-ficación de las parcelas en Arroyo del Fresno", argumentó.
www.elpais.es 30.04.03
El ex edil Del Río declara hoy como imputado por presunto delito urbanístico en Arroyo del Fresno
El juez Fernando Grande-Marlaska Gómez, del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, interrogará hoy en calidad de imputados, en relación con unas supuestas irregularidades urbanísticas en el barrio de Arroyo del Fresno, al ex concejal de Urbanismo y actual consejero delegado de Madrid 2012, Ignacio del Río, así como al ex gerente municipal de Urbanismo Luis Armada.
Ambos firmaron en diciembre de 1997 con el también imputado en este proceso Carlos Pinilla, presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno, un convenio urbanístico que permitió reclasificar como residencial seis parcelas de equipamiento y uso terciario. El convenio permitió levantar 539 nuevas viviendas que carecían de aval en el vigente Plan General de Urbanismo de Madrid.
Este juez tomó declaración el pasado 19 de mayo, en calidad de testigos, a dos técnicos de la Comunidad de Madrid, quienes se ratificaron en el contenido de los informes que emitieron en mayo y junio del 2000, y en los que concluyen que las licencias otorgadas en las seis parcelas afectadas por ese convenio urbanístico infringían el Plan General, dado que se eludió el procedimiento de realizar previamente una modificación puntual del Plan General.
Para el próximo jueves, día 19, también ha sido citado a declarar, y ya es la segunda vez, pero ahora en calidad de imputado, el promotor inmobiliario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En su primera declaración, en octubre de 2002, Sanz manifestó que la ganancia en un solo día de 1,08 millones de euros en la compraventa de una parcela municipal de esa zona destinada inicialmente a construir 64 vivienda sociales "era producto de la especulación" del suelo.
En estas pesquisas ha declarado ya el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Íñigo Sáenz de Pipaón, quien ha reconocido que tuvo conocimiento en 2000 de las denuncias y de los informes de su departamento que revelaban supuestas infracciones urbanísticas en varias parcelas de este barrio de Madrid. La acusación particular ha pedido que sea imputado.
www.elpais.es 17/06/2003