La región es la única, junto a Murcia, que no ha aportado los datos de ningún dependiente
Manuela Miguélez, de 66 años, ha dejado de arreglarse, de salir, de relacionarse, de pensar. Dice, para ir al grano, que ha dejado de vivir. Desde hace cinco años, cuando tuvo que prejubilarse para cuidar a su tía y a su madre -ambas dependientes graves- lo ha tenido que ir vendiendo todo y tirar del falso fondo de la maleta de sus ahorros.
Su tía murió en junio. Ahora sólo se encarga de su madre, que tiene 84 años, padece trastorno bipolar desde hace 20 y está en estado vegetativo. Recibe una pensión de 782 euros al mes y unos 500 más de la de su madre. Pero sus gastos, incluidos los 700 euros que paga a una persona para que la ayude cada día, superan con creces sus ingresos. "Necesito silla de ruedas, cama articulada, cremas especiales, colchones antiescaras... Y hasta hace poco, lo he comprado todo por duplicado", enumera.
Manuela tiene el perfil ideal para celebrar la aprobación el pasado diciembre de la Ley de Dependencia. Para dar saltos. Pero no. Su vida no ha cambiado. La ley le parece "una gran desilusión", "una decepción profunda", "el timo de la estampita". Y eso que la recibió como agua de mayo. Lleva solicitando la evaluación del grado de dependencia de su madre desde el pasado mayo ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y todo lo que ha recibido por respuesta es un "ya la llamaremos". Así que, más de nueve meses después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia no existe para Manuela.
Pero tampoco es palpable para el resto de las familias de los 23.000 madrileños dependientes de grado tres, el más alto y por el que supuestamente, según denuncia el PSOE, debiera empezar la aplicación de la norma. El Estado tiene apartados 23,5 millones de euros para ellos. Pero, según el Ministerio de Trabajo, Madrid es la única región que no ha desarrollado el reglamento para aplicar la ley. El departamento señala también que Madrid y Murcia son las únicas regiones que no han aportado ni un sólo dato de evaluación de los dependientes. Un requisito ineludible para recibir las ayudas. Por eso, Manuela mandó su solicitud en mayo. La Comunidad le contestó por carta en julio reconociendo el grado de dependencia de su madre pero instándola a la futura y definitiva valoración por parte de uno de los equipos de evaluación. "Hemos protestado varias veces, pero te mandan de un teléfono a otro", denuncia. "Y todavía no ha venido nadie". La última vez que habló con ellos fue en agosto.
La Comunidad cuenta con un equipo de 64 expertos para la evaluación de las personas que no pueden valerse por sí mismas. En la región hay unas 200.000 dependientes. Así, con estos datos, cada evaluador tendría que examinar a 3.125 personas. Si cada uno viera a cinco dependientes al día, tardaría 625 días en terminar su trabajo. Muchos, como la tía de Manuela, probablemente no resistirían la espera.
La consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid asegura que de las 9.000 solicitudes que ha recibido ha evaluado ya a 3.600 personas. Dicen que están cumpliendo escrupulosamente con los plazos de la ley y que si los ciudadanos no han visto ni un euro del Estado es porque éste no ha terminado de desarrollar la norma. Pero el ministerio replica que Madrid es la única región que no ha presentado ninguna medida de desarrollo de la norma ni proyecto de financiación. Y que eso es el comienzo de todo. Y que, en definitiva, hoy siguen sin tener noticias de Madrid.
Si Manuela pudiese acogerse ya a la Ley de Dependencia de una vez por todas recibiría hasta 780 euros mensuales que aflojarían el nudo en el cuello que cada día le aprieta más. "Lo que más me cabrea es que otros colectivos, como el religioso, reciban ayudas sin haber hecho nada por este país", dice excusándose por usar el verbo "cabrear".
www.elpais.es 11.09.07
MADRID NO APLICA LA LEY DE DEPENDENCIA POR "DISCRIMINATORIA"
Por fin ayer se vio el tapón que mantiene congelada en la Comunidad de Madrid la aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada en el Congreso el pasado enero. Por fin la consejera de Asuntos Sociales, María Gádor Ongil, dijo a las claras cuáles son las razones por las que no firma el convenio con el ministerio, que conllevaría la ayuda automática de 250 euros a los llamados "grandes dependientes" y el desembolso de 23 millones de euros para atender (con distintos tipos de prestaciones) a los 23.400 que se calcula que existen en la región. "Nosotros queremos que computen a los que ya están siendo atendidos, que se reconozca a todos los dependientes que ya estamos atendiendo con algún tipo de prestación porque si no es discriminatorio y parece que se quiera premiar a las comunidades que no han cumplido anteriormente".
Y ahí está el origen del bloqueo que mantiene a miles de personas, como a Lucila Domínguez, de 84 años, a la espera de una ayuda que no llega. Como 10.000 personas más, según los datos facilitados ayer por la Dirección General de la Dependencia, la hija de Lucila reivindicó en mayo el derecho que le daba la nueva ley y presentó su solicitud. Su madre, con un 83% de minusvalía reconocida por la Comunidad de Madrid hace ya años, sólo tenía derecho a que alguien la atendiera durante 50 horas mensuales, repartidas como a ella, prejubilada convertida en cuidadora, le viniera bien. "Obviamente", dice, "con una persona en un estado semicomatoso como mi madre, he necesitado contratar a otra por 750 euros para que me ayude, y sin poder hacerlo legalmente, porque no tiene papeles y no se los dan", explica.
Lucila es una de las 6.000 privilegiadas que ha recibido su valoración y forma parte del 40% de esos 6.000 que, según Ibarrola, han sido valorados como grandes dependientes. En julio recibió la primera respuesta de la Comunidad, en la que le reconocían un grado tres de dependencia con nivel dos (el más alto). La siguiente carta -presumiblemente redactada por alguna de las 66 personas que el Gobierno regional contrató para hacer las evaluaciones- la recibió anteayer: "Se pondrán en contacto con usted al objeto de darle audiencia previa para establecer de forma consensuada, entre las alternativas que se propongan, el servicio o prestación más adecuado a su situación". Aún no lo han hecho.
El de Lucila es un caso que representa perfectamente la situación actual. Según lo dicho ayer por Ongil, el desarrollo de la Ley de Dependencia (materializado en el citado convenio -y anexos- todavía por firmar), no permitiría que Lucila recibiese las nuevas ayudas, por tratarse de una "antigua" dependiente. Sin embargo, el propio escrito que le envió la Comunidad a Lucila y a su hija alude a la nueva legislación e incluso pormenoriza los tipos de ayudas a los que podría acogerse, entre ellos el más excepcional de todos: la dotación económica.
Porque lo que la nueva ley establece no es que "sólo puedan ser computados los nuevos grandes dependientes", como dijo la consejera, sino todos los que sean clasificados como tal a partir del momento en que entró en vigor (el pasado 23 de abril). A los ojos de los servicios asistenciales de la Comunidad de Madrid, Lucila era una persona con una minusvalía del 83%. Pero ahora, con la nueva nomenclatura y los nuevos parámetros (iguales para todo el Estado), tiene una nueva clasificación: es una "gran dependiente" y, en consecuencia, una de las españolas que tiene derecho este año a recibir las ayudas y servicios establecidos por la nueva norma.
"Es completamente falso que el Gobierno no quiera atender a todos los grandes dependientes; lo que el Gobierno quiere es que se les evalúe con arreglo a los parámetros actuales y se les destine la atención que necesitan, ni más ni menos", aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Sociales. "No se trata ni de nuevos ni de antiguos dependientes, se trata de evaluar a todos aquellos que cumplan los requisitos que establece la ley para garantizarles su derecho: un servicio adecuado", aclaran.
En el caso de Lucila tendrán que reconocer, como en el de muchas de las 137.139 personas que, según la consejería, reciben alguna asistencia de la Comunidad, que no es suficiente la atención que venía recibiendo (50 horas mensuales). Y deberán ofrecerle una prestación más ajustada a su situación (y a la de su hija).
El hecho de que Madrid haya dicho a las claras que, "para que no haya ciudadanos de primera o de segunda", quiere "que computen todos los dependientes", es algo que, de facto, ya están haciendo otras comunidades como Andalucía o Valencia. En ambos casos computan a "grandes dependientes" que ya estaban siendo atendidos de algún modo por los servicios sociales de esas comunidades sin que eso haya supuesto ningún problema más allá de valorarlos como tales.
(www.elpais.com, 08/11/07)