El testimonio sorpresa ante el juez de uno de los funcionarios encarcelados por la Operación Guateque, la mayor trama de corrupción de la historia del Ayuntamiento de Madrid, ha originado la segunda fase de detenciones y encarcelamientos que está practicando el juez Santiago Torres.

Carmelo García, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, ya jubilado, pidió desde la cárcel al juez, la víspera de Navidad, prestar una declaración voluntaria sobre hechos que él conocía ocurridos en la Gerencia de Urbanismo. García dio al juez nombres de funcionarios que supuestamente han recibido comisiones a cambio de agilizar licencias. También facilitó nombres de despachos profesionales desde los que se habría sobornado a funcionarios. Tras la declaración de García, el juez ordenó registrar esos despachos. Allí, los investigadores hallaron documentación que también ha servido para las nuevas detenciones (las cinco que se produjeron la semana pasada).

El juez Torres tomó declaración a García el pasado día 26 de diciembre. Su testimonio, unido a documentos hallados en los registros a los citados despachos y una agenda encontrada al supuesto cabecilla de la trama, el funcionario Victoriano Ceballos Fernández, ha espoleado esta segunda fase de la Operación Guateque. Cuatro de los cinco detenidos la semana pasada ingresaron en prisión. Y eso no es todo: el juez Torres tiene previsto a lo largo de esta semana practicar una veintena de detenciones y nuevos registros en distintos departamentos del Ayuntamiento relacionados con el urbanismo madrileño.

Así pues, la investigación sobre la trama de las licencias del Ayuntamiento de Madrid se ha saldado, hasta el momento, con un total de nueve encarcelados y más de una veintena de detenidos. Uno de los nueve encarcelados, la funcionaria de Medio Ambiente Carmen Eulalia Ibáñez, ha sido liberada esta Navidad. Aunque sobre ella se mantienen cargos muy graves. Según fuentes cercanas a la investigación, García prestó ante el juez una declaración demoledora en la que detalla el pago de supuestas comisiones a cambio de agilizar licencias para locales. También alude a pagos a funcionarios para que éstos validen documentos que recogen obras ficticias en establecimientos y así lograr la licencia. Siempre según estos medios (las diligencias judiciales continúan secretas), García ha dado nombres concretos de empresarios y compañeros que han pagado o recibido comisiones.

La ley permite atenuar la pena a los reos que colaboran con la justicia para aclarar o investigar delitos. "Es posible que sea eso lo que le ha impulsado a prestar esta nueva declaración", señalan los citados medios. La primera vez que declaró negó los hechos que le imputaban el juez y los investigadores de la Guardia Civil. A García, que continúa preso, se le acusa de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de ocio.

Este funcionario de Urbanismo, ahora jubilado, ya tuvo problemas con la justicia por hechos parecidos. Pero entonces, en 2004, fue absuelto en la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. Se sentó en el banquillo por una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de sus locales. El fiscal le acusó junto a otros tres funcionarios de mediar a cambio de 12.000 euros para que el propietario de la sauna gay Paraíso obtuviera su licencia de funcionamiento.Si la primera fase de la Operación Guateque se centró en el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, la segunda afecta directamente a la Gerencia de Urbanismo. Si bien en algunos casos hay ramificaciones desde Urbanismo hacia funcionarios de varias juntas de distrito municipales.

A los cinco nuevos detenidos la semana pasada por la trama de las licencias del Ayuntamiento de Madrid (cuatro de ellos han acabado en la cárcel) se les atribuyen delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Se trata de Miguel Ángel García Jodar, técnico del área de Medio Ambiente; Manuel Sánchez, de la Junta Municipal de Chamartín; de Domingo Sánchez, de la de Salamanca, y Fernando Ruiz, de Gerencia de Urbanismo.

Fuentes jurídicas añadieron ayer que el juez ha decretado orden de busca y captura contra dos de los empresarios supuestamente implicados en la trama. Estaban en libertad con cargos y con obligación de presentarse periódicamente en el juzgado. Al no prestarse a las citas, el juez ha ordenado que se les busque. En fuentes jurídicas no se descartaba ayer que estos dos empresarios hayan huido en un intento de esquivar el peso de la justicia.

Entre los abogados defensores empieza a cundir cierto malestar contra el juez, ya que éste, según fuentes de las partes, ha incumplido lo que les comentó a comienzos de diciembre; es decir, que tenía intención de levantar el secreto del sumario antes de Navidad y dejar en libertad a casi todos los encarcelados. Una fuente se teme que la dilatación de los encarcelamientos obedezca a un interés del juez en forzar los arrepentimientos a cambio de libertades.

Es la misma queja que expresaron algunos abogados de la Operación Malaya (el caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Marbella).