El juez Santiago Torres ha imputado al director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora (mano derecha del concejal de Seguridad, Pedro Calvo), un presunto delito de prevaricación y falsedad documental por el contrato que realizó con una empresa para el reparto de una revista de seguridad que distribuyó a las casas particulares de los 7.000 policías municipales de Madrid. El caso fue denunciado por el sindicato UPM al considerar que se habían cometido graves irregularidades en la contratación de las empresas que editaron y distribuyeron los ejemplares. Además, UPM estimó que se había producido una cesión ilegal a una empresa privada de los datos personales de todos los miembros del Cuerpo de Policía Municipal. Por eso también interpuso otra denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid en la Agencia de Protección de Datos.

Jesús Mora ya ha prestado declaración ante el juez Santiago Torres así como Rafael Torres Ruiz, responsable de la sociedad Taket Corporate, que ha gestionado la distribución de la revista. Ambos están imputados.  

Todo comenzó cuando el director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, decidió divulgar entre todos los agentes de la Policía Municipal de Madrid una revista denominada Madrid Seguro. El objetivo de Jesús Mora “era dar a conocer a todos los agentes las iniciativas, proyectos, planes y programas en el Cuerpo de la Policía Municipal”. Mora encargó a una empresa la elaboración y la difusión de la revista. El Ayuntamiento contrató a dos empresas, una para la edición y otra para la distribución. Pero en ambos casos la adjudicación se hace a dedo basándose en que ninguno de los dos encargos supera los 12.000 euros y con alguna irregularidad, según las primeras investigaciones.  

Según UPM, ya se comete una primera infracción grave al mandar la revista al domicilio privado de cada agente sin garantizar la confidencialidad de los domicilios de los agentes. UPM denunció el caso ante la Agencia de Protección de Datos al tratarse de una publicación propagandística de un determinado modelo de gestión y al remitirse a los domicilios particulares sin usar el correo interno para su distribución.  

La Agencia de Protección de Datos abre una investigación que concluye con el archivo del caso. Sin embargo, Jesús Mora incurre en contradicciones y no aclara ni cómo ni cuándo contrató a la empresa distribuidora. Finalmente, UPM ve que hay un presunto delito y denuncia el caso en el juzgado. El pasado septiembre Santiago Torres decidió iniciar una investigación e imputarle por prevaricación y falsedad documental. La investigación judicial se basa en que Jesús Mora declaró que el contrato con la distribuidora de la revista se envió por fax a Bilbao y que Take Corporate lo devolvió. Sin embargo, el gerente de Take Corporate no dice lo mismo y afirma que sólo se acordó por contrato no hacer un “uso indebido de los datos de los agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid”. Posteriormente, el dueño de Take Corporate señaló ante el juez que el único papel que firmó no era un contrato y que solamente acordó por escrito respetar la confidencialidad de los domicilios privados de los agentes tras cenar una noche en Madrid con Mora.  

Denuncias

El secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez, se mostró ayer sorprendido porque se siga manteniendo en el puesto pese a que está su trabajo bajo sospecha. Según UPM, Mora ha eludido el cumplimiento de la ley. “A raíz de estas denuncias ya ha contratado a otras empresas y lo ha hecho legalmente”, añadió Pérez.  

El juez Santiago Torres ha ordenado que se hagan pruebas periciales para comprobar si los contratos que presentó Mora corresponden a su firma.  

(www.elmundo.es, 09/01/08)