Hace más de cuatro años que el Grupo
Independiente de Quijorna (GIQ) denunció los presupuestos aprobados
por el PP en este municipio madrileño, ya que incluían más de 70.000
euros que sirvieron de pago a varios concejales por acudir como
"invitados" a órganos de Gobierno donde no tenían voz ni voto. Al
fin la justicia les ha dado la razón y los concejales deberán
devolver al erario municipal los pagos recibidos entre 2003 y 2007.
El Ayuntamiento del municipio madrileño de
Quijorna, gobernado por el PP, pagó de manera ilegal a varios
concejales para que acudiesen como "invitados" a las Juntas de
Gobierno local durante los años 2003 al 2007. Así lo ha reconocido
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha dado la
razón al Grupo Independiente de Quijorna (GIQ), que denunció el caso
en 2003.
En aquel momento el PP gobernaba el municipio en
coalición con dos concejales socialistas, que, tal y como ya informó
El Plural, fueron expedientados por el Partido Socialista de Madrid
por no cumplir las directrices del partido. Estos dos concejales
cobraron unos 70.000 euros por asistir a reuniones en las que, según
indica explícitamente la sentencia, no tenían voz ni voto, y ni
siquiera podían participar.
Según la sentencia, que se hizo pública este
martes, la actitud municipal constituye una arbitrariedad al incluir
una remuneración destinada a "concejales invitados" a la Junta de
Gobierno local, ya que esto carece de toda base legal. La figura del
"concejal invitado", según la sentencia del TSJM, es una figura
"ficticia e ilegal", ni prevista en la Ley Básica Local ni en los
reglamentos municipales.
Pese a la tardanza de la resolución, el GIQ se
congratuló del resultado. Su portavoz, Florentino serrano, aseguró
que hay que "tener confianza en la justicia, pues ante tanto
atropello, es la única vía para corregir tanta arbitrariedad".
Este pequeño municipio de la sierra madrileña ha
protagonizado numerosos encuentros con la justicia, sobre todo en
temas referentes a la corrupción urbanística. Su alcaldesa, la
popular Mercedes García, se ha visto envuelta en varios asuntos de
esta índole, e incluso desató la polémica cuando pagó para su propia
defensa los servicios judiciales del magistrado Gómez de Liaño con
fondos públicos
(www.elplural.com, 08/02/08)