El Tribunal Superior de Justicia ha echado por tierra los argumentos con los que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha justificado en los últimos años las obras para duplicar la M-501, la carretera de los pantanos, en su tramo entre la intersección con la M-522 y Navas del Rey.

Una sentencia de este tribunal fechada el pasado jueves dictamina que es "nulo de pleno derecho" el acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2005, en el que éste declaró "el interés general, por razones imperiosas de seguridad vial" del proyecto de duplicación de la carretera. Según este fallo, no cabe el argumento utilizado por el Gobierno regional de que el objetivo de reducir la supuesta inseguridad de la carretera justificaba los trabajos, pese a contar con una declaración de impacto ambiental negativa, encargada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2000 por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Y ello porque, según el Ejecutivo de Aguirre, existía un interés general superior a las posibles consecuencias ambientales de la obra.

El acuerdo ahora declarado nulo sustentaba la inseguridad de la vía en un aumento del tráfico en "casi un 40%" y cifraba la mortalidad por accidentes en 2,86 muertes por cada 10 millones de vehículos por kilómetro, en el tramo no desdoblado, frente a los 0,98 del tramo duplicado, entre la M-40 y la M-522.

La tesis de CODA-Ecologistas en Acción, la organización que presentó el recurso, ha sido siempre que la seguridad vial no podía estar por encima del medio ambiente, porque la carretera discurre por una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y es también Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Eso lo convierte en espacio de alto valor ecológico, con hábitats y especies protegidas por las leyes comunitarias.

El tribunal hace hincapié en que se incumplió la obligación de "la consulta previa a la Comisión Europea" acerca de "la concurrencia de las razones imperiosas de interés público". Según el tribunal, esto es un "vicio sustancial" porque impide el control de la Comisión Europea. Por eso, la sentencia declara nulo el acuerdo y obliga a reponer "el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior" y agrega que deberá "en su caso" restituirse a su estado anterior la zona afectada.

Además, considera que debía haber intervenido la Consejería de Medio Ambiente, al menos para "determinar si era preciso o no ampliar o corregir la antigua declaración de impacto ambiental", sin que se admita delegar este trámite en la Consejería de Transportes, "las entidades privadas que realizan el proyecto" o en el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo regional anunció ayer, a través de un comunicado de la Consejería de Transportes, que recurrirá la decisión judicial. Además, asegura que el vicio que le atribuye el tribunal al no haber consultado a la Comisión Europea es "un mero fallo formal y administrativo".

El comunicado de Transportes también afirma que "la Comunidad de Madrid ya se ha adelantado en la corrección y subsanación de este error de forma y desde el pasado verano ha venido informando puntualmente a este organismo europeo de todo lo que respecta al proyecto de desdoblamiento" de la M-501.

En realidad, lo que ha ocurrido es que la Comisión Europea abrió un expediente contra el Gobierno de Aguirre, después de que 168 científicos españoles alertaran en el verano de 2006 de los daños que causaba la obra. En octubre de ese año, el órgano europeo dio a Aguirre un plazo de dos meses para presentar una declaración de impacto ambiental.

Al no recibirla, llegó a acordar un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en agosto del año pasado por violación de las leyes europeas. Pero el pasado otoño, el Ejecutivo regional se puso en contacto con la Comisión para solventar la situación y ésta le ha dado una segunda oportunidad de cumplir la normativa.