Nueve meses después y tras una lista de 42 imputados desde que explotó el caso Guateque, la mayor trama de corrupción detectada en el Ayuntamiento de Madrid (PP), el juez ha imputado al primer concejal por este asunto. Íñigo Henríquez de Luna, edil del PP del distrito de Salamanca y reciente impulsor fallido del sistema de elecciones primarias en su partido, ha sido el elegido por el magistrado Santiago Torres. 

A Henríquez de Luna, junto a tres funcionarios municipales -ya imputados por este caso-, se les relaciona con un caso de presuntas licencias irregulares concedidas a una tienda de decoración de la calle de Juan Bravo. 

Según consta en la demanda que ha dado pie a la imputación, presentada por dos vecinos de la finca, la empresa BZ Asuntos de familia, SL, adquirió en 1998 y 1999 el local bajo y los cuatro pisos de la planta primera de Juan Bravo, 18. El espacio, posteriormente unificado, iba a ser un local para Becara, una tienda especializada en muebles y decoración de la familia Aranguren Zunzunegui. Una de las hijas de dicha familia, Amalia Aranguren, es la esposa del abogado y ex diputado nacional del PP Jorge Trías Sagnier. Éste, en una reunión de la comunidad de propietarios de Juan Bravo, 18, "se jactó de su amistad con Íñigo Henríquez, llegando incluso a ofrecer a un vecino su ayuda para un asunto dada la gran amistad que les unía", se señala en la denuncia. "Igualmente, en distintas ocasiones se jactó también de su amistad con los señores Álvarez del Manzano [ex alcalde de Madrid] y [Alberto] Ruiz-Gallardón [actual regidor de la capital]". 

La Junta de Salamanca, entonces presidida por el edil Fernando Martínez Vidal, no concedió la licencia de obras a la empresa porque el proyecto no cumplía con las ordenanzas. Pero los solicitantes acudieron a la Gerencia de Urbanismo, entonces dirigida por el también imputado Luis Armada, y lograron la aprobación. Los demandantes adjuntan un documento, anterior a la solicitud de la licencia por BZ Asuntos de Familia, en el que el Ayuntamiento informaba de que "en el local en cuestión no se admite la transformación o cambio de las actividades existentes hasta que no se produzca la demolición del edificio". Dichas actividades eran la "compraventa de automóviles usados". O sea, nada de decoración. Poco después, Íñigo Henríquez de Luna se hizo cargo de la Junta de Salamanca. Pese a que varias sentencias señalaron irregularidades en la licencia del establecimiento, éste permaneció abierto.Se enteró por la prensa y, dos horas después, Íñigo Henríquez de Luna, el concejal más popular del Ayuntamiento gracias a su fallida campaña a favor de las primarias en su partido, quiso dar una rueda de prensa para ofrecer su versión y criticar que el juez, pese a que el auto está fechado el 26 de junio, no le ha notificado todavía la imputación. Estaba triste, "nada tranquilo" e "indefenso" ante lo que calificó de "daño personal y moral muy grande". Dijo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, le ha transmitido su solidaridad y que le ha pedido que no se preocupe. Fuentes municipales dijeron ayer que no va a ser destituido, ni se tomará ninguna decisión hasta que haya sentencia. 

"La denuncia es falsa y se fundamenta en mi participación en una licencia que no he firmado, porque es de antes de que yo estuviera y siempre la ha llevado Urbanismo", explicó Henríquez de Luna, mostrando una carpeta de expedientes firmados desde la Gerencia de Urbanismo. 

"Esto es una venganza", expuso el edil, cada vez más enfadado. "La familia Goyeneche [los denunciantes] fue objeto de un precinto de una oficina ilegal que tenían en una vivienda. Poco después, Goyeneche vino a mi despacho y me dijo que, ya que toleraba las irregularidades en Becara [la tienda de Juan Bravo], le permitiera a él tener el despacho. Lo eché inmediatamente y, días después, se querelló contra mí por tráfico de influencias". Esa primera denuncia fue rechazada, pero "ahora", dijo, "la querella ha sido aceptada por el juez Torres". 

Curiosamente, la Junta Municipal de Salamanca no tiene competencias sobre la lujosa tienda, según el edil, pero sí las tiene para precintar el despacho ilegal de los Goyeneche, ubicado en la misma finca. Otra de las irregularidades que constan en la denuncia es el presunto aumento de espacio que consiguió la tienda tras las obras y que prohibía expresamente Urbanismo.

La empresa que se quedó con el local pasó de tener autorización para utilizarlo como garaje y cuatro pisos sin licencia de actividad, a un establecimiento comercial de más de 1.200 metros cuadrados en Juan Bravo, 18. La tienda estaba ayer abierta y llena de compradores. Un encargado rehusó hacer declaraciones. El negocio también ocupa parte del patio de la manzana, hecho que figura en la denuncia. 

El primer concejal imputado por el caso Guateque explicó ayer que ha hablado con la edil de Urbanismo, Pilar Martínez, y le ha dicho que no se preocupe, "porque todas las licencias son de Urbanismo". Henríquez de Luna también negó que tuviera ninguna relación personal con Jorge Trías [marido de una de las propietarias de la tienda, que se jactaba de ser amigo suyo]. "Tanto es así, que Trías tiene abierto un expediente disciplinario por otra oficina ilegal", reveló Henríquez de Luna. 

"Pusimos la denuncia, pero el juez estimó que no tenía conexión con el Guateque. Recurrimos y la ha aceptado", aseguraba ayer Javier Sotos, el apoderado de Juan Mariano Goyeneche, uno de los denunciantes. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, exigió a Gallardón la destitución del concejal. Según Lucas, con la imputación de un concejal "de su confianza", que preside la Junta Municipal de Salamanca, el alcalde de Madrid "no puede seguir mirando hacia otro lado y pensando que no pasa nada". 

EL JUEZ IMPUTA EN LA ‘GUATEQUE’ AL PROMOTOR DE LAS PRIMARIAS DEL PP 

Indignado. Íñigo Henríquez de Luna compareció a última hora de la tarde de ayer en la sede del distrito municipal de Salamanca, de donde es concejal, para mostrar su disgusto al haber sido imputado en el caso Guateque, la corrupción en la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. 

El impulsor de las primarias en el PP dijo que se había enterado por los medios de comunicación de que el juez instructor, Santiago Torres, le llamaba a declarar el próximo 29 de septiembre porque él no había recibido citación alguna. 

Unos vecinos habían denunciado al concejal por supuestas irregularidades en viviendas de un edificio de la calle Juan Bravo de Madrid. Se quejaban de que se le había dado un “trato de favor” a los propietarios de una tienda llamada Becara y pedían que se investigara. 

Los denunciantes también explicaron en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que el apoderado de la empresa, el ex diputado del PP Jorge Trías, actualmente presidente de la comunidad de propietarios de ese inmueble, “se jactaba de su amistad con Henríquez de Luna, Álvarez del Manzano y hasta con Ruiz-Gallardón”. 

Henríquez de Luna dijo que no tenía ninguna relación con Trías, de quien recordó que tenía abierto un expediente disciplinario por una actividad profesional no autorizada, y que era todo “falso” y que pensaba que este episodio respondía a “una venganza de la familia denunciante”. Anunció que, una vez reciba el auto, interpondrá un recurso de reforma porque la acusación es “errónea” ya que la Junta Municipal “no intervino en la concesión de esa licencia” puesto que esa competencia es de la Gerencia de Urbanismo. 

En su defensa, explicó que él ni siquiera era concejal en 1999, fecha de la primera licencia. Relató que los denunciantes estaban enfadados con él porque les había precintado una oficina en la segunda planta del mismo edificio porque era para uso residencial. Y que cuando se produjo la clausura, el denunciante fue a verle a su despacho para echarle en cara que a otros sí les hacía favores.  

El edil lo echó y este le respondió con una querella que el juez archivó en 2007. Entonces no quiso adoptar ninguna medida. Pero ahora estaba pensando seriamente en emprender acciones legales contra la familia porque afectaba a su “honestidad”.  

También contó que había recibido la llamada del alcalde de Madrid para decirle que estuviera tranquilo. No obstante dijo sentirse “indefenso”. Desde el PP de Madrid le mostraban su respaldo su apoyo “incondicional”. Esperanza Aguirre no se plantea ni siquiera retirarle de la redacción de la ponencia de Democracia.  

Henríquez de Luna no piensa cesar en su cargo. “No voy a asumir ninguna responsabilidad por un hecho en el que no he intervenido”, concluyó diciendo que tenía “la conciencia tranquila”. 

(www.publico.es, 16/07/08) 

UN ARISTÓCRATA AFICIONADO A LA CAZA DEL BARRIO DE SALAMANCA 

Íñigo Henríquez de Luna (Madrid, 1963), ojos achinados y sonrisa siempre a medio gatillo, se mueve por el barrio de Salamanca con la soltura que da el conocimiento del medio. Hijo de la marquesa de Villablanca, veterana activista de los populares en el distrito, ha circunscrito su vida política al triángulo de las calles de Velázquez, Goya y Serrano. 

Abogado, aficionado a la caza junto a setter inglés de cuidado pelaje y hombre de apariencia pulcra -con la camisa rayada siempre ajustada a los cánones-, Henríquez de Luna dio un paso adelante con su insistente propuesta de primarias en el PP. "Me la juego, tengo mucho que perder", decía rodeado de cientos de militantes, entusiastas, de su agrupación. De verbo cabal pero con tendencia a inflamarse, subrayaba con mucho énfasis que su partido "no tiene nada que ver con Franco". Hombre más cercano a Aguirre y menos a Gallardón, es uno de los encargados de la ponencia de estatutos en el próximo congreso regional de los populares, en septiembre.

Casado con una publicista y padre de tres hijos, Henríquez de Luna hunde sus raíces en el pueblo manchego de Campo de Criptana. Su padre fundó la agrupación del pueblo de la vieja AP de Fraga.