El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la denuncia presentada contra los presupuestos municipales del Ayuntamiento popular de Boadilla del Monte, en los que se incluían subidas de sueldo del alcalde y sus cargos de confianza de hasta un 23 por ciento. El partido independiente Alternativa por Boadilla (APB) presentó esta demanda escudándose en que los aumentos vulneran la ley de Presupuestos Generales del Estado, que solo contempla subidas de hasta un 3 por ciento. 

La sala de lo Contencioso del TSJM estudiará la denuncia del grupo Alternativa por Boadilla (APB) contra los presupuestos municipales de Boadilla del Monte. Según el partido independiente, el Ejecutivo local, del PP, con Arturo González Panero a la cabeza, está vulnerando la Ley de Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a las subidas salariales del personal de la Administración.
Del 3 al 23 por ciento

Como ya informó El Plural, Panero, cuyo sueldo supera al de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, pagará a sus cargos de confianza hasta un 23 por ciento más de lo que ganaban el pasado año. Según la ley nacional, los cargos de la Administración solo pueden favorecerse de incrementos de hasta el 3 por ciento anual.
Sin intervención del PP nacional

El concejal de APB Ángel Galindo lamentó que la dirección nacional del PP no se haya pronunciado en contra de Panero ni haya intervenido en el caso. “En Boadilla podemos contarle de todo al señor Rajoy, pero parece que no quiere escucharnos, no parece interesarle lo que va a escuchar, y debería hacerlo”, apuntó, y destacó que en le municipio ya han perdido “la esperanza por Aguirre”.
Ayuntamiento endeudado

El grupo, que ha iniciado otro proceso paralelo ante el Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad contables del alcalde y pedir que los fondos sean reintegrados en el Ayuntamiento, lamentó que los incrementos salariales se hayan producido en la “situación de endeudamiento” que sufre la localidad. El consistorio popular se ha visto obligado a pedir un crédito de 20 millones de euros ante la falta de liquidez.

Otro proceso ante el Tribunal de Cuentas

El mismo tribunal ya encausó a Panero en 2003 por abonar complementos presuntamente ilegales durante tres años a los funcionarios municipales, un caso que actualmente se encuentra en fase de resolución y que tiene precedentes en Cataluña: los alcaldes de Oristá y Sant Feliz fueron condenados en 2006 por responsabilidad contable, siendo condenados a devolver íntegramente el perjuicio sufrido por los fondos públicos. 

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