Los ex funcionarios del
Ayuntamiento de Madrid prolongan su protagonismo en
el caso Guateque (la trama de corrupción en la
concesión de licencias municipales). Carmelo García,
trabajador jubilado de la Gerencia de Urbanismo e
imputado en el caso, admitió ayer ante el juez
Santiago Torres, que instruye el caso, que falseaba
fotocopias para "tranquilizar" a los "clientes" que
solicitaban su mediación con el fin de obtener una
licencia para sus locales.
García está acusado de
delitos de prevaricación, tráfico de influencias
para la agilización del trámite de licencias de
locales comerciales y de ocio, cohecho y
falsificación documental, pero el juez Torres se
centró en este último. El antiguo funcionario contó
al magistrado que cogía fotocopias de licencias de
años anteriores, borraba algunos campos y los
rellenaba con los datos de sus clientes, según su
abogado Manuel Maza. "Esos papeles no sirven para la
tramitación de licencias y no constituyen falsedad
documental", aseguró el letrado.
El pasado 20 de diciembre,
Carmelo García reconoció que hacía trabajos para la
firma AC 93 -una de las empresas privadas implicadas
en la tramitación, presuntamente irregular, de
licencias-, de la que es directivo Santiago
Castillo, otro imputado en el caso Guateque y
presunto intermediario entre funcionarios y
empresarios, que declaró el martes.
La intervención del
funcionario Manuel Álvarez se enredó en torno a un
informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio,
que depende de la Concejalía de Urbanismo, sobre un
local situado en la calle de la Flor Baja, 1.
Álvarez aseguró al magistrado que dio vía libre a la
obra del local porque, en su opinión, el escrito
estaba equivocado, según fuentes jurídicas.
El maratón de funcionarios
que declaró ante el juez se cerró con Mario Mínguez,
de la sección de Disciplina Urbanística de la Junta
Municipal de Centro, que explicó que había trabajado
con Carmelo García.
(www.elpais.com,
24/07/08)
