Varapalo
judicial a la obra estrella del
alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, en la
legislatura pasada. Tras cuatro
años justificando la legalidad
de la reforma de la M-30, el
Ayuntamiento recibió ayer una
mala noticia. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea,
con sede en Luxemburgo, emitió
una sentencia que establece que
la reforma de esta
circunvalación debió someterse a
una evaluación de impacto
ambiental previa a los trabajos,
como exige la legislación
comunitaria sobre vías urbanas.
La
sentencia del tribunal de
Luxemburgo es la respuesta a la
consulta que le planteó el
Juzgado número 22 de lo
Contencioso-Administrativo de
Madrid, encargado del recurso
que había interpuesto
Ecologistas en Acción contra las
obras de la M-30 por no contar
con declaración previa del
impacto ambiental. El magistrado
quería aclarar el contenido de
la normativa comunitaria. Los
jueces europeos le dicen ahora a
su colega español que la obra sí
requería ese informe, pero le
dejan la patata caliente de
decidir si los trabajos se
ajustaron o no a la normativa
europea.
Los
esfuerzos municipales por
ampararse en la letra pequeña de
la legislación nacional y
europea quedan ahora en
entredicho. El Consistorio
siempre negó la necesidad de la
evaluación, porque sostenía que
se trataba de una vía urbana.
Además, para eludir la ley
autonómica, dividió los 56
kilómetros de la vía en 15
tramos, para acometer las obras
como proyectos
independientes.Con la
fragmentación de la obra, el
Ayuntamiento de Madrid logró que
ningún tramo tuviera más de
cinco kilómetros, lo que le
hubiera obligado a superar un
informe ambiental, según la
normativa autonómica. Y también
los mantuvo por debajo de los 10
kilómetros que la normativa
nacional y europea establece
como límite.
Las obras,
con un coste de más de 3.600
millones, se realizaron en 30
meses. Culminaron días antes de
las últimas elecciones
municipales, en mayo de 2007. Un
año y medio después de su
finalización, el tribunal
europeo ha echado por la borda
todos los argumentos del
Consistorio. La sentencia deja
claro que el examen
medioambiental "no puede
eludirse mediante el
fraccionamiento de un proyecto".
Y, además, precisa que cualquier
plan relativo a una vía urbana
debe someterse a la declaración
ambiental. Este periódico
intentó ayer, sin éxito, conocer
la opinión de algún responsable
municipal sobre la sentencia
europea.
"El texto
marca un precedente. Se acabó
eso de meter la tuneladora y
preguntar después", asegura
Carlos Carnero, eurodiputado
socialista. Esta resolución
permite a un juez paralizar
cualquier obra que no cumpla con
la evaluación ambiental, según
Jaime Doreste, abogado de
Ecologistas en Acción, que prevé
que el juzgado madrileño emitirá
su sentencia en septiembre.
Los
desencuentros judiciales entre
Ecologistas en Acción, impulsor
del recurso contra las obras, y
el Ayuntamiento se remontan al
17 de enero de 2005. La
Concejalía de Urbanismo aprobó
entonces varios proyectos
relacionados con la reforma de
la M-30. La organización
ecológica tomó cartas en el
asunto y presentó un primer
recurso contra esta resolución
del Ayuntamiento que fue
desestimado. No bajaron los
brazos y contraatacaron con el
recurso
contencioso-administrativo aún
pendiente de decisión. Su
caballo de batalla era que las
obras infringían tanto la
normativa nacional como la
directiva europea en materia de
evaluación ambiental.
En el
mismo barco que los ecologistas
se situaron asociaciones
vecinales y la oposición (PSOE e
IU). A raíz de una pregunta de
Carnero en 2004, la Comisión
Europea inició un expediente
sancionador, aún abierto, contra
España en 2006 porque las obras
de la M-30 vulneraban la
legislación medioambiental
comunitaria. El Consistorio
ralentizó este procedimiento
tras llegar a un acuerdo con el
Ejecutivo europeo: Bruselas no
paralizaría las obras si el
Ayuntamiento se comprometía a
realizar la evaluación de
impacto una vez finalizada la
reforma de la M-30.
"La
declaración ambiental es una
medicina preventiva que debiera
servir para evitar que el
paciente enferme. Ahora se ha
convertido en un medicamento
paliativo que no cura las
dolencias", afirma Carnero.
Le toca
mover ficha al Ayuntamiento y
cumplir su parte del pacto con
la Comisión: deberá presentar un
estudio sobre las obras hechas
en la M-30. La Consejería de
Medio Ambiente tendrá que
elaborar la declaración de
impacto ambiental.
Una
obra faraónica
- Coste. El
soterramiento de 56
kilómetros de la vía
de circunvalación
M-30 costó más de
3.600 millones.
- 'Rally'.
Durante 30 meses,
los conductores
sufrieron cortes y
continuos cambios en
la circulación de la
M-30, que
ocasionaban atascos.
- A pedazos.
La obra se dividió
en 15 tramos para
evitar la evaluación
de impacto
ambiental.
- Incumplimiento.
El Consistorio no
realizó el informe
ambiental que le
solicitó Bruselas en
2006.
www.elpais.es
26.07.08
