Las
subvenciones para los centros de
intermediación laboral del Gobierno de
Esperanza Aguirre (PP) están paralizadas
desde el pasado febrero. El dinero lo
aporta el Fondo Social Europeo y llega a
la Consejería de Empleo y Mujer, vía
Ministerio de Trabajo.
Para los
distintos proyectos, el montante
asciende a 513 millones de euros y
abarcaría hasta 2013. Este año la
inversión prevista es de 35,5 millones.
Estos centros se ocupan de adecuar los
currículos de los desempleados y de
ponerlos en contacto con empresas
interesadas en su perfil.
Cerca de 50
asociaciones y ayuntamientos se han
quedado sin un euro hasta este mes de
julio para sostener sus programas de
inserción en el empleo. Pilar Ortiz de
Urbina, que atiende a 300 inmigrantes en
la Asociación Centro de Solidaridad,
integrante del programa puesto en marcha
por el Gobierno regional en 2006, lo
confirma: "Llamo todos los días para
preguntar cuando se sabrá algo, y me
dicen que esté atenta a Internet".
En Madrid hay,
en este momento, 266.936 personas
apuntadas al paro. En junio, el
incremento en las listas fue de 4.276.
Los centros
asociados se renuevan anualmente
mediante concurso público. Un proceso
que comenzó con la publicación de las
bases en el BOCAM el 20 de febrero
pasado (ya con retraso). Las
adjudicatarias contaban con haberlo
sabido en torno al mes de mayo, aunque
el procedimiento admite que la
resolución sea hasta el 8 de agosto.
"Tenemos mucha incertidumbre, pero
nosotros hemos mantenido el servicio
porque no podemos dejar colgada a la
gente", aseguran.
No ha sido así
en todos los casos. Una asociación de
ayuda a discapacitados que prefiere que
no figuren sus siglas por miedo a
represalias de la consejería ha reducido
su plantilla de cuatro a una sola
persona encargada de la inmersión
laboral. "Eso también significa que hay
cientos de usuarios a los que no se ha
podido ayudar y un montón de empresas,
como Pascual o Traxa, que no han podido
usar nuestros servicios", comenta una de
las trabajadoras despedidas.
En otros casos,
como la Asociación de Vecinos de Madrid
Sur, directamente, han clausurado los
cursillos y la intermediación laboral,
según desliza uno de sus miembros. No
hay dinero para sostenerlos. "Lo hemos
cancelado por el retraso en la ayuda",
justifica. Se paga por contrato firmado
a los trabajadores y sólo a partir de
los 80 formalizados. Los ayuntamientos
sí mantenían los programas, pero
costeados por sus arcas municipales.
"Lo peor es que
las asociaciones cobran por contrato
firmado y sólo a partir de los seis
primeros meses del programa", insiste
una de las damnificadas. En este caso no
verán ni un euro hasta, al menos, marzo
de 2009. "Y eso si dan algo, porque al
final pueden denegar la subvención",
agrega. Una circunstancia que ha hecho
que estas organizaciones actúen a
ciegas, sin saber si podrán recuperar su
inversión.
Los afectados
pertenecen a tres categorías diferentes.
Los CAIL (Centros de Ayuda a la
Inserción en el Empleo), los POPI
(Programas de Orientación a la Inserción
Laboral de Inmigrantes) y los OPEA
(Orientación Profesional para el Empleo
y el Autoempleo). Aunque estos últimos
vieron desatascada su situación el
pasado 5 de julio, el resto sigue sin
saber su futuro.
"Todo está
congelado y a estas alturas no creo que
la cosa se ponga en marcha hasta
septiembre", insiste Ortiz de Urbina,
que describe una de las consecuencias
del parón: "Los demás centros están
todos cerrando o disminuyendo sus
servicios y eso hace que el grueso de
los inmigrantes acaben en nuestro
programa". Doble dificultad: menos
recursos y "más clientela".
Desde la
Consejería de Empleo y Mujer, se
justifica el retraso apelando a la
complejidad del proceso y advirtiendo de
que "todo está en plazo legal". Según un
portavoz, las subvenciones están en fase
de "fiscalización", pero la publicación
"es inminente".
(www.elpais.com,
28/07/08)
