Sacos de mortero
apilados. Obreros trajinando grandes bolsas de
color blanco llenas de escombros. Huecos enormes
donde antes había tabiques y el pavimento
completamente levantado. La tercera planta del
centro médico de especialidades de Pontones
(Puerta de Toledo) estaba ayer en obras. Obras
que carecen de la licencia preceptiva, según
confirma el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento, al que no le consta que esté ni en
tramitación ni concedida. Obras que lleva a cabo
una empresa privada para acondicionar un centro
público donde trabajarán sus médicos.
El ambulatorio de
Pontones, uno de los más grandes de la capital,
es el primero que ha empezado a privatizar la
Consejería de Sanidad. Hace algo más de un mes
que en la cuarta planta pasan consulta los
médicos de la multinacional Capio, la empresa a
la que la consejería ha cedido la asistencia
sanitaria. Cuando acabe la reforma, el personal
de Capio ocupará también la tercera. Una
portavoz de Sanidad y otro de Capio admitieron
ayer que las obras no tienen licencia, pero
adujeron que no las necesita al tratarse de una
"obra menor". Aseguraron que únicamente están
"adecentando" y "acondicionando" las
instalaciones.
Pero el edificio está
protegido arquitectónicamente. Si la reforma
implica algo más que pintar, cambiar alicatados
o sustituir las instalaciones de saneamiento,
electricidad o calefacción, la licencia es
necesaria, según recoge la normativa urbanística
del Ayuntamiento. Este periódico comprobó ayer
que se han eliminado tabiques y agrandado huecos
de puertas. "Pediremos al alcalde Gallardón que
precinte esas obras", aseguró ayer Carmen
Sánchez Carazo, concejal del grupo socialista.
Los obreros trabajaban
ayer casi a escondidas. "No nos está permitido
dejar pasar a nadie", murmura uno de ellos tras
una puerta que cierra con llave cada vez que
entra y sale uno de sus compañeros. En la calle,
ni rastro de los contenedores donde se depositan
habitualmente los escombros de las obras (y que
también requieren licencia). Los obreros meten
los cascotes en bolsas, las bajan en un ascensor
forrado con cartones y las sacan a la acera por
la puerta de atrás. Allí las cargan en una
furgoneta blanca con destino, según uno de los
obreros, "a la Fundación Jiménez Díaz" [que
pertenece también a Capio].
Los trabajadores de
Pontones se quejaban ayer del ruido, las
filtraciones de agua y la caída de escombros que
están provocando las obras. Una de esas
filtraciones obligó el jueves por la tarde a
colocar varios cubos para recoger el agua y a
desalojar a los pacientes de la sala de espera
de Dermatología, en la segunda planta, según
relataron varios empleados del centro. También
cayó agua en la consulta de Digestivo. Y
cascotes en el servicio de caballeros, que ayer
todavía lucía un boquete en el techo.
El delegado sindical de
UGT en el área sanitaria 11, José Povedano,
presentó ayer una reclamación ante la Junta de
Distrito de Arganzuela, a la que pertenece el
ambulatorio de Pontones. En ella expone que ayer
solicitó el permiso de obras y el plan de
prevención de riesgos laborales y que no se los
facilitaron. "Llamamos a la Policía Municipal,
que pidió la licencia, y tampoco se la
entregaron", afirmó. Una portavoz de Sanidad
aseguró que Capio realiza las obras con su
consentimiento.
(www.elpais.com,
31/05/08)