El proyecto para reformar el eje Prado-Recoletos supone en la práctica la transformación del "corazón urbano" de la capital. Con esta premisa, el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre (PP), ha decidido asumir un férreo control del plan desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid. Y lo hará con el argumento de sus competencias en materias medioambiental y de patrimonio histórico-artístico, sobre las que tiene la última palabra.

En realidad, no es nada que no hubiera avisado ya Esperanza Aguirre que haría en relación al proyecto estrella para esta legislatura de su adversario número uno, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, también del PP. La novedad es que esta vez no es una amenaza, sino que lo deja patente y por escrito, y echa por tierra el proyecto tal y como lo ha presentado el Ayuntamiento. A menos que se hagan serias modificaciones en lo que afecta a la futura distribución del tráfico en la zona, los residuos que generarán las obras y la preservación del arbolado y el patrimonio histórico.

Antes de someter su proyecto al examen del Gobierno regional, Ruiz-Gallardón se procuró el aval de los grupos de la oposición (PSOE e IU) en el pleno municipal, que le dieron el visto bueno el pasado 31 de enero. Votaron a favor de las nuevas modificaciones sobre el proyecto original, que habían acordado antes el Consistorio y la Fundación Thyssen con la mediación del Ministerio de Cultura. Incluían mayor reducción del tráfico en Prado-Recoletos y un carril-bus más en Alfonso XII.

Pero están lejos los tiempos en que la presidenta Aguirre se alineaba con la baronesa Thyssen para proteger los árboles del salón del Prado ante Gallardón. Ahora Aguirre va por libre. Y la tesis que maneja el Gobierno regional es que el plan del eje Prado-Recoletos no es la simple rehabilitación de una calle, sino que modificará una superficie de 160 hectáreas de suelo urbano a lo largo de los distritos de Arganzuela, Centro, Retiro y Salamanca. No se trata tampoco de cualquier lugar, porque está incluido el paseo del Prado, protegido como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento -fue el propio Ruiz-Gallardón quien lo declaró así en 1999, cuando presidía la Comunidad de Madrid-, y además afectará a uno de los principales ejes de circulación de la capital y, por tanto, modificará el tráfico con efectos en toda la ciudad y sobre todo en el Retiro, que recibirá más contaminación. Y ahí entran las competencias regionales.

Por eso, la Consejería de Medio Ambiente envió el pasado miércoles al Ayuntamiento una resolución, fechada ese mismo día, en la que le comunica que abrirá un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario. En la resolución, de 13 páginas, Medio Ambiente advierte de que con la documentación recibida y en la fase actual del proyecto su evaluación no podrá finalizar con un visto bueno.

"Las actuaciones previstas implican una serie de impactos ambientales, debidos a la redistribución en gran escala del tráfico rodado, el notabilísimo volumen de residuos de construcción y demolición que generará, la producción de ruidos y polvo, las molestias a la población, el consumo de agua en la dosificación de hormigón y producción de vertidos y la generación de grandes flujos de vehículos pesados", advierten los técnicos de la consejería.

Y eso que el propio Álvaro Siza, el arquitecto artífice del proyecto al frente del grupo Trajineros, auguraba el pasado martes -un día antes de que se dictara la resolución- que las últimas reformas del proyecto conseguirían acabar con la polémica.

Entre las principales objeciones de Medio Ambiente al proyecto, está la gestión de los residuos de la obra. El propio Ayuntamiento los ha calculado en 1,75 millones de toneladas, "pero no especifica cuál será el destino final de los residuos", según la resolución. Además, ésta recuerda que en la zona de actuación del proyecto hay 113 ejemplares preservados por el Catálogo de árboles singulares del municipio de Madrid y, de ellos, seis también están bajo la protección del Catálogo regional de especies amenazadas de flora y fauna Silvestres, dentro de la categoría de Árboles singulares. Pero consideran que el Consistorio no ha valorado "los posibles daños que pudieran sufrir a causa del trasiego provocado por las obras", ni ha contemplado medidas para protegerlos.

Con todos estos argumentos, Medio Ambiente concluye que es "imprescindible estudiar en mayor profundidad tanto cada uno de los proyectos individuales como el conjunto de las actuaciones previstas en el Plan Especial para valorar los posibles efectos ambientales". Para ello, reclama al Ayuntamiento una memoria resumen del conjunto del plan, que incluya también cada una de las 20 actuaciones individuales.

Pero sobre todo el Gobierno de Aguirre exige en la resolución "al menos una alternativa global en relación con la movilidad". Es decir, impone el estudio de una fórmula alternativa que contemple el paso del tráfico que va a ser retirado del eje Prado-Recoletos y que calcula en el 40%. Porque, de lo contrario, estima que aumentará la circulación por las calles de Alfonso XII, Doctor Esquerdo, Menéndez Pelayo, Toledo y la vía de circunvalación M-30, lo que puede provocar su colapso.

El Ejecutivo regional deja abierta así la opción de que el Ayuntamiento vuelva a estudiar la propuesta de abrir un túnel bajo el eje Prado-Recoletos para el tráfico, una opción que Aguirre ha señalado siempre como la mejor solución. Fuentes del Gobierno regional ponen como ejemplo la reforma de la M-30, donde se transformó el entorno del río Manzanares, pero se soterró el tráfico con un túnel. "En el eje Prado-Recoletos se minimiza la circulación, pero no hay alternativas de paso", explican.

Ante estas exigencias, al Ayuntamiento sólo le quedan dos alternativas: la paz, si se aviene a lo impuesto por Aguirre, o la guerra, si decide batirse en los tribunales, con un recurso de alzada contra la decisión de su rival.