El PP ha hecho
valer su mayoría en la Mesa de la
Asamblea de Madrid para denegar la
solicitud de fiscalización urgente a
la empresa pública Hispanagua,
filial del Canal de Isabel II donde
se ha detectado una trama de
facturas falsas que se embolsó no
menos de 700.000 euros.
La petición,
rechazada el pasado día 5, había
sido formulada por un diputado del
PSOE, partido que insistirá para que
la Cámara de Cuentas autonómica
investigue la contabilidad de
Hispanagua. Fuentes del del PP en la
Asamblea aseguraron que la solicitud
se rechazó por un defecto de forma y
que, una vez subsanado, se dará luz
verde a la fiscalización.
Tras la
difusión pública del caso el pasado
28 de abril, el Canal de Isabel II,
que abastece de agua a la comunidad
de Madrid, admitió que conocía los
hechos desde un año antes. Y anunció
acciones penales contra los
trabajadores implicados. Ayer, una
portavoz de la empresa confirmó que
la denuncia no se ha formalizado
aún. “Se sigue preparando”, dijo.
Un incendio
destruyó el pasado 1 de abril el
almacén donde supuestamente se
archivaban las facturas. Para
entonces, la dirección del Canal de
Isabel II ya sabía que varios
empleados y contratistas estaban
inflando facturas o, directamente,
inventándolas.
Dos meses
antes, en febrero de este año,
había dimitido como presidente de
Hispanagua Ignacio González, número
2 en el Gobierno de Esperanza
Aguirre y máximo reponsable del
Canal de Isabel II. Lo relevó su
hombre de confianza en la empreas de
aguas, Ildefonso de Miguel. González
comparecerá el martes en la Asamblea
a petición propia. Y lo hará sin que
previamente la Cámara haya acordado
escrutar las cuentas de Hispanagua.
Para denegar
la fiscalización de Hispanagua, el
PP adujo que la solicitud no había
sido cursada por un grupo
parlamentario sino por un diputado,
en este caso el socialista Adolfo
Piñero. Pero hay un precedente que,
cuando menos, pone en cuestión la
versión del PP: en septiembre de
2004, el PSOE solicitó otra
fiscalización usando la misma
fórmula que ahora. Y los
conservadores dijeron sí.
www.publico.es 10.05.08