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PPOPULARES de los
Genoveses MADRILEÑOS, SA
( Del 02 AL 15 DE DICIEMBRE dEL 2006 )
1. GALLARDÓN DICE QUE NO CONOCÍA DE ANTEMANO EL TAMAYAZO, COMO DICE EL LIBRO DE ESPERANZA AGUIRRE
2. EL SUELDO DE AGUIRRE, EN EL 'FINANCIAL TIMES'
3. La Comunidad de Madrid se sitúa en el furgón de cola del gasto autonómico por habitante
5. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE HOSPITALES PREVISTO POR AGUIRRE, CUESTIONADO EN REINO UNIDO
6. LA COMUNIDAD REDUCE UN 20% LAS NUEVAS INVERSIONES EN LOS CENTROS SANITARIOS
7. LAMELA ADMITE QUE LA LISTA DE ESPERA ES DE 42 DÍAS, 12 MÁS DE LA PROMESA DE AGUIRRE
8. AGUIRRE ANUNCIA 7.900 NUEVOS PISOS PROTEGIDOS CUANDO PROMETIÓ LEVANTAR MÁS DE 79.000
10. LA COMUNIDAD, TIERRA DE ACOGIDA PARA DIRIGENTES DEL PP EN PARO
11. TELEMADRID, EN HUELGA CONTRA LA "MANIPULACIÓN INFORMATIVA"
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado en la Cadena SER que el PP siempre ha ofrecido su colaboración al Gobierno en materia antiterrorista, que el Gobierno se ha equivocado al prescindir del PP y que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "rectificará". También ha reiterado que no conocía de antemano el movimiento político que frustró el Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid.El alcalde de Madrid, el ‘popular’ Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que "el Gobierno se ha equivocado profundamente prescindiendo del PP" en materia antiterrorista y ha pronosticado que "rectificará". Gallardón ha explicado que Mariano Rajoy siempre ha tendido la mano al Gobierno en materia antiterrorista, también en el proceso abierto tras el anuncio de alto el fuego indefinido de la banda terrorista ETA, y que el Ejecutivo de Zapatero deberá rectificar y contar con el PP.
El alcalde madrileño también ha negado conocer de antemano el ‘tamayazo’, el movimiento de dos tránsfugas en la Asamblea de Madrid que acabó por impedir un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. "No, rotundamente, no", ha respondido a la pregunta de "si conocía el tamayazo". En la biografía autorizada de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se asegura que Gallardón comentó en una comida un día antes del ‘tamayazo’ que "algo gordo" iba a suceder al día siguiente.
2. EL SUELDO DE AGUIRRE, EN EL 'FINANCIAL TIMES' (04/12/06)
La afirmación de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de que no podía llegar a final de mes ha sido recogida o por el Financial Times en su edición de . "Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno regional de Madrid, por fin puede dormir tranquila. En su biografía autorizada, titulada La presidenta publicada la semana pasada, Aguirre se queja de tener problemas para llegar a fin de mes con el sueldo que gana. Calentar el palacete que tiene en pleno centro de Madrid es una pesada carga debido a que 'los techos son muy altos... ¡una pesadilla!', la han oído decir", dice el periódico económico.
"Pero la ayuda ya está en camino. Una página en Internet, www.1europaraespe.es, está recaudando donaciones para ayudarla en los 8.000 euros de gastos que tiene al mes y que su salario no cubre, según ha declarado la presidenta. La web pide a los donantes que den lo que puedan, porque "mañana puede ser demasiado tarde". Quizás la generosidad de sus ciudadanos puede ser la única esperanza de Esperanza", concluye.
Pero ésta no ha sido la única reacción a los supuestos problemas económicos de Aguirre. La Plataforma por la Dignidad de los Madrileños, formada por una treintena de asociaciones, redactó un manifiesto contra Esperanza Aguirre, en el que expresan su malestar por las declaraciones realizadas por ésta en las que asegura tener problemas para "llegar a final de mes". Los firmantes, entre los que hay asociaciones de estudiantes, vecinales, deportivas y de mujeres, califican de "irresponsabilidad y frivolidad" la afirmación de la presidenta. "Las organizaciones y asociaciones que suscriben este manifiesto, y que componen la Plataforma por la Dignidad de los Madrileños y de las Madrileñas, quieren expresar el profundo malestar provocado por las declaraciones de la presidenta Aguirre, en las que afirma tener dificultades para llegar a fin de mes", dice el escrito.
Y añade: "La presidenta regional, en un ejercicio de irresponsabilidad y de frivolidad, ha ofendido a los ciudadanos y a las ciudadanas que sí padecemos problemas reales para cuadrar mensualmente nuestras cuentas, un difícil equilibrio que logramos aplicando cada día a nuestra economía elevadas dosis de sacrificio y de dignidad".
Los firmantes aseguran: "Tenemos que estirar nuestros ingresos -que en el mejor de los casos, no llegan a la cuarta parte del salario de la presidenta- para poder pagar las guarderías privadas a las que tenemos que llevar a nuestros hijos por falta de plazas públicas, para pagar también la elevada letra del elevado precio de una vivienda de mercado libre porque no hay casi vivienda protegida, para hacer frente a las matrículas universitarias de nuestros hijos, que no tienen beca; para contratar a una persona que se ocupe de nuestros mayores mientras que nosotros vamos a trabajar".
Miguel Ángel González, portavoz del club Alegatos, uno de los firmantes declaró: "Nos hemos adherido porque Aguirre con sus palabras demuestra un gran desconocimiento de la realidad madrileña".
La Comunidad de Madrid está en el furgón de cola en cuanto a gasto por habitante. Pese a que los presupuestos generales de 2007 -de 18.169 millones de euros, aprobados en la Asamblea regional hace dos semanas con la mayoría del PP y que mañana comienzan a discutirse en comisión las enmiendas de la oposición- han subido un 9,6% respecto al año pasado, el Gobierno de Esperanza Aguirre invertirá 3.083 euros por madrileño. Sólo las islas Baleares (2.934 euros por habitante) y la Comunidad Valenciana (2.747 euros) están por detrás de Madrid en inversión. Las otras 14 comunidades tienen un gasto medio por habitante mayor y la inversión del Ejecutivo autónomo de Navarra duplica de largo la proporción de gasto de la región: 6.500 euros.
Esperanza Aguirre repite una y otra vez que sus presupuestos son sociales, porque gasta uno de cada tres euros en este tipo de políticas. "Y el cuarto euro también, porque va dirigido a las infraestructuras del transporte. ¿Y hay algo más social que el metro?", ha dicho varias veces.
Es cierto que la mayor parte del dinero de las arcas regionales se destina a las consejerías sociales: Educación, Sanidad y Familia y Asuntos Sociales (11.363 millones de euros). Pero no por la voluntad de la presidenta regional, sino porque son las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid. Si el Ejecutivo de Aguirre tuviera la gestión de la Defensa, probablemente serían unos presupuestos bélicos.
Para saber en qué medida son sociales los presupuestos de Aguirre hay que analizar el fondo (dónde va dirigido el gasto) y la comparación con otras comunidades no sería real, porque no hay autonomías iguales. Por eso, el análisis más idóneo implica hacer la comparación con las cuentas del anterior Gobierno regional, que también era del PP.
Los últimos presupuestos del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, los de 2003 (12.517 millones), destinaban un porcentaje mayor a las áreas sociales: 69,1 euros de cada 100, frente a los 66,9 que dedica el Ejecutivo regional actual. "Explíqueme cuál es ahora la prioridad de los presupuestos de Aguirre", ironiza el diputado socialista Adolfo Piñedo, sobre este análisis.
La educación no universitaria suponía 20 de cada 100 euros en los presupuestos de 2003, mientras que en 2007 se llevará 18,5. La educación universitaria ha pasado de siete de cada 100 euros a seis. Para hacer este cálculo se han desglosado de la consejería los departamentos de Investigación y Juventud, para tener estrictamente el gasto social.
En Sanidad (sin el área de Consumo), Gallardón invertía 36,5 euros de cada 100 y el Gobierno de Aguirre prevé invertir 36 millones. Sólo sube el gasto en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que ha pasado de 5,6 euros a 6,4 de cada 100. En este cálculo está incluida la Consejería de Inmigración, creada por el Ejecutivo regional actual en 2005. El plan presupuestario para 2007 de la Comunidad de Madrid incluye además los siguientes proyectos por áreas:
- Sanidad y Consumo. Una gran parte del presupuesto (6.571 millones) va destinado a infraestructuras sanitarias: 156 millones van a terminar en los 56 centros de salud prometidos y otros 190 millones estarán dedicados a poner en marcha los ocho nuevos hospitales. Pero la cantidad mayor (3.780 millones) irá a la atención médica especializada.
- Educación. También esta área incluye infraestructuras que ya se han vendido otros años. De los 4.615 millones de presupuesto, 230 irán a terminar los 87 colegios públicos prometidos. Otros 53 millones se repartirán en becas de comedor y subvenciones a plazas de educación infantil.
- Familia y Asuntos Sociales. Con 1.079 millones de euros para invertir, esta consejería destina el 77% (529 millones) a la atención a personas mayores y dependientes. Como novedad, se ha creado una ayuda de 100 euros por cada nuevo niño nacido en la región.
- Inmigración. Esta consejería sólo cuenta con 85 millones para gastos. En el apartado de inversiones, incluye planes con duración cuatrienal (el Plan de Integración o el de Cooperación).
- Justicia e Interior. De los 603 millones de euros de presupuesto, esta consejería destinará una sexta parte a financiar los 2.500 agentes de las Bescam. También dedicará 11,4 millones a modernizar los parques de bomberos.
- Cultura y Deportes. La conservación y construcción de nuevas bibliotecas se lleva este año 11,1 de los 335 millones de euros con los que se sufraga esta consejería. También dedicará 19,5 millones a celebrar ciclos y festivales de cine y otros 13,5 millones a organizar los campeonatos escolares y universitarios de deporte.
- Transportes e Infraestructuras. El grueso de los 1.782 millones de euros va destinado a promover y desarrollar el transporte público (1.203 millones, de los que 962 son para subvencionar la tarifa). Además, 297 millones van a las carreteras. Hay amplio espacio para actuaciones que vienen de otros años, como la ampliación del metro.
- Economía e Innovación Tecnológica. De sus 308 millones, esta consejería invertirá 65 millones en fomentar nuevas empresas. En general dedica gran parte de su presupuesto a planes plurianuales, como el de innovación tecnológica, el plan renove o el de ayuda a los autónomos.
- Empleo y Mujer. Según esta consejería, destinará gran parte de sus 619 millones en avanzar hacia el "pleno empleo" y en fomentar las políticas de conciliación entre la vida personal y laboral.
- Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La vivienda joven es el gran objetivo de esta consejería (789 millones de presupuesto), a la que dirige 360 millones. También invierte 152 millones en la protección y calidad medioambiental.
4. La región 'alquilada' (10/12/06)
La Comunidad de Madrid no puede endeudarse más. En el segundo trimestre de 2006, el último computado por el Banco de España, la deuda del Gobierno regional ascendía a 9.929 millones de euros, 870 más que cuando la presidenta regional, Esperanza Aguirre, asumió el cargo. Pero la Comunidad está obligada a pagar en las próximas décadas muchos miles de millones más. Son los que recibirán las empresas privadas que ofrecen a los ciudadanos servicios públicos privatizados por Aguirre, como los nuevos hospitales. Para no asumir la inversión de construirlos (y no aumentar así la deuda), el Gobierno regional se ha comprometido a pagar un alquiler durante 30 años a las empresas privadas que sí estaban dispuestas a edificar los centros sanitarios.
Aguirre ha extendido esta fórmula, con matices, al metro, las carreteras y las viviendas del Ivima. La suma de todos estos alquileres (técnicamente denominados cánones) constituye una deuda oculta que no figura en los presupuestos. El pago de los alquileres está incluido como un gasto, como el pago del alquiler del servicio contratado.
En los presupuestos de 2007, el Gobierno regional pagará 776 millones a cuenta de todos estos cánones. "Los presupuestos ahondan en esta política de privatizaciones emprendida por Aguirre", afirma el secretario de Política Institucional de CC OO, Jaime Cedrún. Los cálculos del sindicato muestran que en 2007 las inversiones en servicios públicos crecen un 7%, mientras las transferencias al sector privado lo hacen casi el doble, un 12,4%.
Aguirre consigue con esta fórmula dos objetivos. El primero, seguir cediendo servicios al sector privado, que los gestiona "de forma más eficiente que el público", según ha defendido en la Asamblea. El segundo es, pese a presentarse a sí misma como defensora de la estabilidad presupuestaria, ocultar una deuda inasumible para la Comunidad.
Pero el gasto regresa (y lo hará durante 30 años) al presupuesto en forma de canon. El canon a pagar en 2007 por los nuevos hospitales es de 53,98 millones. A partir de 2008 será más del doble. "No computa a efectos oficiales, pero hay que pagarlo igual", apunta el diputado socialista Adolfo Piñedo. Los siguientes son los otros ejemplos de privatizaciones, con una deuda oculta total de más de 776 millones.
- Peajes en la sombra. Con este sistema, Transportes ha construido la carretera M-45 y el tramo de la M-511 a la M-501. A cambio de sufragar las vías, las concesionarias las gestionan y reciben un canon según los coches que circulan. Los presupuestos de 2007 les abonan 76,91 millones.
- Capital para Mintra. Ésta es la empresa encargada de la construcción de las nuevas líneas de metro. Para que haga frente a sus obligaciones, cada año hay que hacer una aportación de capital. En 2007 será de 232 millones.
- Concesión de metro ligero. La Comunidad privatizó el año pasado las nuevas líneas de metro en superficie a Boadilla, Pozuelo y los barrios del norte. A cambio, la constructora que se adjudicó el concurso recibe una cantidad por viajero. Piñedo explica que en el caso de Boadilla y Pozuelo se pagan cinco euros por viaje.
- Canon del metro. Metro de Madrid arrienda a Mintra los túneles. Como inquilina, la empresa del suburbano pagará 226 millones. A su vez, la Comunidad subvenciona a Metro por el Consorcio Regional de Transportes.
- Alquiler de trenes. Ya ni los trenes pertenecen a Metro. Los nuevos vagones han sido alquilados a una empresa. En 2007 habrá que pagar 28,43 millones por el arrendamiento y otros 80,14 millones para afianzar la opción de compra, a ejecutar en 17 años.
- Tren de Arganda. La ampliación de la línea se hizo mediante una concesión a 30 años. El pago anual es de 14,47 millones.
- Hospital de Valdemoro. Con este centro sanitario privado, la Comunidad de Madrid suscribe un concierto por el que en 2007 pagará 13,24 millones de euros.
- Viviendas del Ivima. La empresa de la vivienda tiene una modalidad de construir pisos por la que el promotor los alquila. El año que viene este casero recibirá 51,59 millones
5. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE HOSPITALES PREVISTO POR AGUIRRE, CUESTIONADO EN REINO UNIDO (13/12/06)
La Comunidad ha elegido un modelo de gestión mixto (mezcla de privado y público) para los nuevos hospitales que está construyendo. Este modelo ya ha sido duramente cuestionado en Reino Unido, el país que introdujo el sistema en Europa hace 10 años. Al menos, una decena de grandes centros británicos gestionados de esta manera se encuentran al borde de la quiebra, mientras que en otros el Gobierno ha obligado a las empresas concesionarias a subsanar las deficiencias. El PSOE cree que el PP ha cometido un gran error, mientras que el Gobierno regional sostiene que los hospitales estarán mejor gestionados.
El periódico inglés The Guardian abrió su edición del pasado lunes con la noticia de que 13 grandes hospitales de aquel país están "técnicamente en quiebra". El problema que les ha llevado a esta situación es "el contrato de financiación privada, que encarece cada año en nueve millones de libras [13,3 millones de euros] sus costes en comparación con un hospital público", afirma el diario, que basa su información en datos oficiales del Gobierno.
El contrato de financiación privada (PFI, en sus siglas en inglés) es el que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha elegido para la construcción de siete nuevos hospitales en la región: Majadahonda, Vallecas, Aranjuez, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda y Parla.
En este sistema, una empresa privada construye y gestiona el hospital, mientras la Consejería de Sanidad aporta los médicos y enfermeros y paga durante 30 años un alquiler a la empresa por el uso del edificio y servicios auxiliares (mantenimiento, administración, cocina, limpieza, archivo de historias clínicas...).
"Es un modelo que ha recibido muchas críticas porque ha demostrado ser más caro y muchas veces menos eficaz que el público", afirma José Martín Martín, director del Máster en Economía de la Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública. "La Comunidad de Madrid inaugurará el año que viene siete hospitales nuevos sin haber pagado un céntimo. Eso le viene bien al Gobierno, porque llegará a las elecciones con unos resultados visibles", comenta Martín.
"Pero la factura que quedará por pagar durante 30 años es enorme. La empresa avanza el dinero para construir el hospital, pero luego se lo cobra a Sanidad y le suma el interés que a ella le cobra el banco y el beneficio que la propia empresa quiere sacar. El PFI es pan para hoy y hambre para mañana", concluye Martín.
6. LA COMUNIDAD REDUCE UN 20% LAS NUEVAS INVERSIONES EN LOS CENTROS SANITARIOS (15/12/06)
El aumento de inversiones de la Consejería de Sanidad al sector privado empieza a pasar factura a las infraestructuras públicas, según reflejan los presupuestos de 2007. La Comunidad de Madrid invertirá el año que viene 156,7 millones de euros en la construcción y reforma de centros sanitarios públicos, un 19,7% menos que los 193,8 millones que ha invertido este año. La disminución de 37,1 millones en las infraestructuras contrasta con el incremento de 47,2 millones destinados a conciertos con el sector privado. La empresa propietaria de la Fundación Jiménez Díaz pasará de embolsarse 140,2 millones este año a 187,3 en 2007.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, llegará a las próximas elecciones con una sanidad pública muy distinta de la que encontró cuando llegó al cargo. En 2003, la salud de la práctica totalidad de los cerca de 5,8 millones de madrileños que vivían entonces, en 2003, en la región dependía de hospitales públicos. Los 200.000 pacientes que eran atendidos por la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de una multinacional sueca que ha sido comprada por un fondo de capital riesgo) eran entonces la excepción.
Tras las decisiones tomadas en los últimos tres años, la salud de un millón y medio de madrileños estará a partir del próximo año al cuidado de hospitales enteramente privados o con un modelo de gestión mixto público y privado. En este modelo (PFI, en sus siglas en inglés), empresas privadas construyen y gestionan los hospitales y sus servicios no médicos -mantenimiento, administración, archivo de historias clínicas, limpieza, restauración...-, mientras Sanidad aporta el personal médico y de enfermería y paga a la empresa un alquiler anual por el uso del centro.
La apuesta de Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por la entrada de capital privado en la sanidad pública se deja notar en los presupuestos del Gobierno regional para el próximo año.
En los presupuestos existe cada año una partida, la 728, destinada a "Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios". Esta partida, según las cuentas públicas, recoge todos los programas de "construcción de nuevos centros de atención primaria y especializada", como los hospitales. También las "obras de reforma o ampliación" y la "elaboración de planes de mejora de las infraestructuras".
En los Presupuestos de 2006, la partida 728 (Infraestructuras) ascendía a 193,8 millones destinados a la construcción de 36 centros de salud, 10 consultorios locales, tres centros de especialidades y la reforma de cuatro ambulatorios y 13 hospitales.
Todas estas cifras se reducen en los Presupuestos regionales de 2007. El montante de dinero cae hasta los 156,7 millones de euros, que servirán para construir 31 centros de salud (cinco menos), tres consultorios locales (siete menos) y dos centros de especialidades (uno menos). En cuanto a las obras de ampliación o mejora, Sanidad sólo tiene previsto reformar un centro de salud (tres menos que este año) y cuatro hospitales (nueve menos).
Los 37,1 millones de euros en que disminuye la inversión pública en nuevas infraestructuras cubren buena parte del aumento de dinero que el Gobierno regional destinará a los dos mayores contratos por conciertos privados que mantiene la sanidad pública.
El mayor contrato es el que recibe la Fundación Jiménez Díaz, que crece el año que viene un 24% al pasar de 140,1 a 170,1 millones de euros. Este aumento se debe a la mayor importancia que la Fundación asumirá a partir del año que viene en la sanidad pública regional.
Aguirre y Lamela anunciaron el pasado mes de julio que la Fundación pasará a ser hospital de referencia (hasta ahora lo era de apoyo al Clínico y al 12 de Octubre) para una población de entre 250.000 y 400.000 personas. Un portavoz de Sanidad declinó informar sobre la población asignada que recibirá este hospital privado, que pertenece a Apax, un fondo de capital riesgo norteamericano que hace cuatro meses compró a la multinacional sueca Capio que controlaba la Fundación.
La misma empresa recibirá otros 13,2 millones € por el concierto del nuevo hospital de Valdemoro. Este centro, el único enteramente privado de los ocho nuevos que ha promovido Sanidad esta legislatura, atenderá a una población de unas 100.000 personas del sureste de la región. Los Presupuestos 2007, en cambio, destinan el mismo dinero al concierto con clínicas privadas para la reducción de la lista de espera.
7. LAMELA ADMITE QUE LA LISTA DE ESPERA ES DE 42 DÍAS, 12 MÁS DE LA PROMESA DE AGUIRRE (12/12/06)
La contabilidad de la lista de espera quirúrgica en Madrid es tan compleja y tiene tantos matices que su creador, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, fue víctima de sus propios números. Lamela admitió, quizá en un desliz, que "la espera media" en Madrid para ser operado es de 42 días, desmintiendo así el mensaje repetido por el Gobierno regional durante toda la legislatura: "que nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad pública". La presidenta Esperanza Aguirre ganó las elecciones prometiendo que dimitiría si no reducía la lista de espera a un mes.
Aguirre afirmó en la campaña electoral en un debate en Telemadrid que iba a reducir la espera máxima para ser operado en la sanidad pública a 30 días. "Y miren si estoy segura de lo que digo que me comprometo a dimitir si no lo cumplo", afirmó entonces la candidata. Aguirre hizo su promesa con una normativa vigente: el Real Decreto 605/2003, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas y que establece una contabilidad común para las listas de espera de toda España.
Tras ganar las elecciones, sin embargo, Lamela y Aguirre aprobaron para Madrid una nueva norma -la Orden 602/2004- que cambiaba las reglas del juego. A su favor, claro. La Orden modifica el sistema de contar a los pacientes, lo que les permite reducir los días de espera oficiales.
El decreto estatal dice que un paciente será incluido en la lista de espera cuando su médico le prescribe la operación. Y que sólo será excluido de la lista si el anestesista, al hacerle las pruebas preoperatorias, concluye que la salud del enfermo podría ponerse en riesgo en caso de entrar en quirófano. En este caso el enfermo será considerado como "transitoriamente no programable" y volverá a la lista cuando su salud le permita afrontar una intervención quirúrgica con garantías de éxito. Aguirre y Lamela, en cambio, hacen lo contrario: consideran a todos los pacientes como "transitoriamente no programable" y los mantienen fuera de la lista de espera oficial hasta que el anestesista no da luz verde a la operación.
Las ventajas para Aguirre y Lamela son evidentes. Con las cuentas del Consejo Interterritorial, sólo un 7,8% de los pacientes constan como "transitoriamente no programables" y por lo tanto están fuera de la lista oficial. Con las que hacen Lamela y Aguirre, la cifra es cinco veces mayor: un 39,2%. La Ministra de Sanidad ilustró con otro dato los trucos de Lamela y Aguirre al señalar que la espera en el conjunto de España es de 72 días, pero que "sería de 20 días" simplemente con aplicar las cuentas de Lamela.
Entonces el consejero madrileño quiso replicar a la ministra con sus datos. Dijo que, según la contabilidad de Madrid, la espera en la región es de 9 días. Pero añadió que en caso de utilizar el sistema estatal, la espera sería de 42 días.
"El problema para Aguirre y Lamela es que el 'sistema estatal' es el que estaba vigente cuando Aguirre hizo su promesa. Y sigue estándolo, por lo que parece que no han cumplido su promesa", ironizó una fuente del Consejo Interterritorial. "Lo del sistema de contar a pacientes que se han inventado luego es como apostarte una cena al fútbol y luego, cuando ves que perderás, cambias las reglas y dices que no hay fueras de juego y que tus goles valen triple", añadió esta fuente.
El Consejo Interterritorial expulsó hace un año a Madrid del cómputo nacional de las listas de espera. Sus datos, dice el Consejo, no cumplen la normativa estatal y, por tanto, no son comparables con las del resto de comunidades. Ninguna otra comunidad, ni las gobernadas por el PP como Baleares, Valencia o Murcia, ha tenido que pasar el trago de verse expulsada.
Un portavoz de Sanidad matizó la afirmación de Lamela. "El consejero se refería a la demora media prospectiva", un concepto de gestión que mide el tiempo necesario para operar a todos los pacientes incluidos en la lista de espera. Como Aguirre en la última campaña electoral, Lamela habló con matices.
8. AGUIRRE ANUNCIA 7.900 NUEVOS PISOS PROTEGIDOS CUANDO PROMETIÓ LEVANTAR MÁS DE 79.000 (05/12/06)
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció la puesta en marcha de una promoción de 7.906 viviendas protegidas de promoción pública en siete municipios de la región. Estas viviendas suponen, según el Gobierno regional, la primera fase de una promoción pública que prevé levantar más de 45.000 pisos sociales en toda la región, con una inversión de casi 600 millones de euros. El PSOE replicó con algo de ironía al anuncio de Aguirre. "Ella va anunciando viviendas, lo que pasa después es que luego se olvida de construirlas", afirmó el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. "Prometió 79.000 viviendas para jóvenes en la campaña electoral y sólo ha empezado a construir 7.000, menos de una de cada diez. Del resto, más de 36.000 dice que se harán en suelo rústico aún pendiente de recalificar, así que con un poco de suerte las obras empezarán en 10 años. Aún debe empezar las obras en más de 60.000 viviendas prometidas". Las nuevas viviendas anunciadas por Aguirre serán desarrolladas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y las obras empezarán el año que viene.
9. AGUIRRE DUPLICA EL GASTO EN ALTOS CARGOS (11/012/06)
En su último año de mandato, Esperanza Aguirre planea gastar en altos cargos más del doble de lo que destinaba a principios de legislatura. Si en 2003 los puestos de confianza de la Administración regional cobraban de una partida presupuestaria de 14,11 millones €, el próximo año los altos cargos se van a comer 29,49 millones. Los presupuestos distinguen entre altos cargos y personal eventual de los gabinetes, aunque ambos son puestos de confianza. Pero todos ellos han visto crecer mucho su sueldo en tres años, ya que mientras el dinero total destinado a pagar sus nóminas se ha doblado, el número de beneficiarios ha pasado de 179 a 207, apenas un 15% más. Las cuentas públicas no detallan el incremento de cada uno.
"Este crecimiento no se corresponde con el incremento de plantilla de la Comunidad de Madrid, que ha crecido un 13% a lo largo de la legislatura", denuncia el diputado socialista Adolfo Piñedo. La Comunidad de Madrid tiene actualmente 152.245 empleados. De ellos, 67.243 trabajan para la Consejería de Sanidad -el 79,9% de ellos son sanitarios: médicos, enfermeros, técnicos sanitarios...- y 56.869 para la de Educación, de los que un 84,1% son docentes.
Desde que Esperanza Aguirre llegó al Ejecutivo regional únicamente hay 13 altos cargos más (los presupuestos consideran 146 empleados en esta categoría para 2007), mientras que el personal eventual pasa de 46 a 61. Así que en total el personal de confianza del Gobierno regional aumentará en 28 puestos, según los presupuestos generales del último mandato de Esperanza Aguirre para el año que viene.
"Hay que añadir el personal directivo de instituciones sanitarias, del que la documentación presupuestaria sólo incluye el importe económico, pero no el número", apunta el diputado socialista Adolfo Piñedo, que explica que esta situación se produce porque el artículo 52 de la Ley de Presupuestos deja completa libertad al consejero de Sanidad, Manuel Lamela, para fijar la retribución que perciben los directivos sanitarios que gestionan su departamento o los hospitales públicos.
Sin embargo, la Consejería en donde los presupuestos generales de 2007 más aumenta el gasto para los puestos de dirección es la de Inmigración, que en cambio es una de las que tiene menor presupuesto total: 85 millones de euros. Según el plan presupuestario del próximo año, este área de gobierno destinará 435.209 euros a altos cargos y 105.623 a personal eventual de gabinetes. El año anterior, los empleados de alto nivel costaron 182.000 euros menos. Los de personal eventual, 76.934 euros menos que en 2007.
Un portavoz de Inmigración reconoció que hay un aumento de altos cargos, pero lo justificó en que se han creado puestos "imprescindibles para el funcionamiento normal de una consejería". Inmigración fue un área desgajada en 2005 de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Al frente colocó a Lucía Figar, ex secretaria de Estado de Asuntos Sociales en el Gobierno de Aznar y muy allegada a la familia de éste, ya que es madrina de su primer nieto.
"La única explicación posible es que esta consejería sirve para la recolocación de antiguos altos cargos descolgados, entre otras de la Administración de José María Aznar", afirma la diputada de IU, Caridad García, que recalca la paradoja de que cuando su grupo parlamentario propuso aumentar en 2007 el presupuesto para ayuda al desarrollo se pusieron trabas. "Hace falta menos esfuerzo en altos cargos y más en cooperación".
Los socialistas también explican el aumento de altos cargos en el papel de oficina de empleo que ha ejercido el Gobierno regional con los antiguos dirigentes de gobiernos del PP. "Hay que recordar que en esta legislatura no se han producido traspasos, lo cual implica que gestionamos exactamente las mismas competencias que en 2003. Sin embargo, sí que se ha producido un hecho que ha influido en este gasto: la pérdida de las elecciones de 2004 por el PP que se tradujo en un desembarco de amigos y conocidos de Aznar en el presupuesto de la Comunidad de Madrid", afirma Piñedo.
Entre esos nombramientos están, por ejemplo, el de la viceconsejera de Sanidad, Belén Prado Sanjurjo, ex consejera de Asuntos Sociales de Galicia, o el gerente de la Fundación Hospital Alcorcón, José Manuel González, ex consejero de Sanidad del Gobierno de la Xunta de Galicia.
Los socialistas recuerdan también que en este mandato han crecido exponencialmente los niveles más altos del funcionariado regional. Los denominados niveles 30 han pasado de 120 a 301, más del doble; y que los funcionarios de niveles 26 a 29 -que en su día fueron criticados duramente y calificados por el PP como los "nombrados a dedo", recuerda Piñedo- han pasado de 1.397 a 1.888.
10. LA COMUNIDAD, TIERRA DE ACOGIDA PARA DIRIGENTES DEL PP EN PARO (11/12/06)
Si en política hay que devolver los favores, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene un brillante porvenir en el futuro del PP: muchos dirigentes, sectores y familias del partido le deben uno. El PP perdió las elecciones generales de 2004 y el desconcierto se extendió en sus filas. La causa no era sólo la sorpresa de perder unas elecciones que creían ganadas, sino también el cómo dar salida a mucho alto cargo hasta entonces empleado en los ministerios u organismos controlados por el Gobierno de Aznar.
El candidato perdedor, Mariano Rajoy, resumió poco después la situación al pedir un "esfuerzo" a las administraciones controladas por los populares para que acogieran en sus filas a los dirigentes que se habían quedado sin trabajo. Algunos en el PP pueden reprochar a Aguirre que haya publicado su controvertida biografía a seis meses de las elecciones, pero nadie puede decir que la presidenta no ha cumplido el encargo.
Ayudada por su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, Aguirre ha ido encontrando en los últimos tres años un hueco en la Comunidad de Madrid a al menos 24 personas con un alto perfil político que hoy copan dos consejerías, dos viceconsejerías y ocho direcciones generales o cargos similares del mismo rango del Gobierno regional. Además, seis hospitales públicos y otros seis organismos de la región también han dado acomodo a ex altos cargos populares.
La primera gran oleada de dirigentes del partido sin trabajo se produjo en los meses que siguieron a la derrota en las elecciones generales, en marzo de 2004. Cuando sólo habían transcurrido seis semanas del desastre electoral, Lamela llevó al frente de cinco hospitales públicos de la región a otros tantos altos cargos de los Gobiernos de Aznar.
Algunos, como el gerente de La Paz, Rafael Pérez Santamaría, o la de Fuenlabrada, Ana María Sánchez, provenían de la estructura del Ministerio de Sanidad, pero el trabajo que venían desempeñando los otros tres poco tenía que ver con la sanidad pública. Rafael Catalá, nombrado director del Ramón y Cajal, era secretario de Estado de Justicia; Amador Elena, colocado en el hospital de Móstoles, venía de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas; y César Pascual, gerente del hospital para enfermos crónicos de Guadarrama, venía del Ministerio del Interior.
La respuesta de Aguirre y Lamela ante las críticas ha sido siempre la misma: "Es un privilegio para la Comunidad de Madrid poder contar con personas con tan elevada cualificación personal y profesional", han contestado con palabras muy parecidas cada vez que se les ha preguntado sobre el asunto.
Aguirre y Lamela también supieron echar un cable al partido cuando éste perdió su feudo gallego por un solo escaño en junio de 2005. Poco después, la Comunidad anunciaba el fichaje de dos consejeros del último Gobierno de Manuel Fraga: Belén Prado Sanjurjo, consejera de Asuntos Sociales en Galicia, pasó a ser viceconsejera de Sanidad en Madrid. Y José Manuel González, consejero de Sanidad con Fraga, se convirtió en el nuevo gerente de la Fundación Hospital Alcorcón.
La trayectoria de todos ellos en la sanidad madrileña ha sido desigual. Mientras alguno, como Rafael Catalá, duró apenas ocho meses y despegó en cuanto pudo a la empresa privada, otros, como Amador Elena, ya han conseguido un ascenso: pasó de ser gerente en Móstoles, un hospital mediano, a sustituir a Catalá en el Ramón y Cajal, uno de los buques insignia de la sanidad pública madrileña.
La consejería de Lamela también ha tenido hueco para otros tres pesos medios del partido, tuvieran o no relación con los hospitales o la medicina. Juan Ignacio Barrero, sucesor de Aguirre en la presidencia del Senado, fue nombrado Defensor del Paciente de Sanidad y Jaime Haddad, director de Planificación en el Ministerio de Agricultura, pasó a ser el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad.
José María Barahona, senador del PP por Salamanca y amigo personal de Aznar y de Aguirre, recibió la dirección técnica de la Agencia Laín Entralgo, organismo encargado de la formación e investigación sanitarias. Duró poco: al año tuvo que dimitir porque incumplía la ley de incompatibilidades al no haber cerrado o transferido su negocio privado de oftalmología.
Pero también el metro y las carreteras, los otros dos pilares de las políticas de Aguirre, han servido para echar una mano al partido. La ex secretaria de Estado de Interior, María Dolores de Cospedal, fue nombrada consejera de Infraestructuras y Transportes 8 meses después de la derrota del PP. Un año más tarde, el partido le encargó un nuevo reto: luchar por la presidencia de la comunidad de Castilla-La Mancha en las elecciones del próximo mayo.
Para sustituirla, Aguirre echó mano de otra mujer con larga trayectoria política: la ex ministra de Medio Ambiente con Aznar, Elvira Rodríguez. En la misma consejería, José Antonio Llanos, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, controla hoy la Dirección General de Carreteras.
Lucía Figar, en Inmigración, es la otra consejera de Aguirre que proviene de los Gobiernos de Aznar, en los que ocupó la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo.
La Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es otra de las que ha asumido su cota de "esfuerzo", en palabras de Rajoy. Uno de sus viceconsejeros, José Trigueros Rodrigo, fue director general de Costas con Aznar, y uno de sus colaboradores, Domingo Menéndez, que trabajó como comisionado en la catástrofe del Prestige, ha sido situado al frente del Ivima, el organismo que promueve la vivienda protegida de la Comunidad.
Otros nombramientos incluyen al ex director del Instituto Cervantes o a miembros del Gabinete de Aznar.
11. TELEMADRID, EN HUELGA CONTRA LA "MANIPULACIÓN INFORMATIVA" (05/12/069
Los trabajadores de Telemadrid comenzaron a medianoche una huelga de 24 horas contra la "descarada manipulación informativa" y la "ineficacia absoluta en materia de gestión". Es la enésima protesta de los profesionales del canal autonómico, que han llevado sus quejas al Parlamento Europeo. Los trabajadores responsabilizan a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de utilizar la cadena pública "como un cortijo".
Desde la llegada de Manuel Soriano- ex jefe de prensa de Aguirre- a la dirección de la televisión autonómica, hace tres años, los trabajadores han vivido en permanente tensión. Hace año y medio, justo después del primer aniversario del 11-M, la mayoría de los periodistas decidieron no firman las informaciones. En esas fechas, Soriano remitió a la Comunidad de Madrid, antes de su emisión, el vídeo de un documental sobre el atentado, con el siguiente mensaje: "Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e ideológicamente".
Los tres sindicatos representados en el comité de empresa (CGT, UGT y CC OO) explicaron durante la presentación del manifiesto Salvemos Telemadrid que la actual dirección ha protagonizado una "persecución política, una manipulación sin complejos, una propaganda exagerada en toda la programación y una caída de audiencia que ha llevado a Telemadrid a una situación crítica".
El presidente del Comité de Empresa, José Ángel Jiménez, sostuvo que durante el mandato de Soriano se ha producido "un secuestro total de un medio de comunicación público por parte del PP y de su ala más extrema". Según los sindicatos, Soriano ha puesto en marcha una operación de "limpieza en la redacción de informativos" que ha provocado la no renovación de contratos, el traslado y la condena al ostracismo de muchos periodistas, que han sido sustituidos por "trabajadores menos peligrosos y molestos".
Una de las salidas más polémicas fue la del director y presentador de Diario de la noche, el informativo nocturno de Telemadrid, Germán Yanke abandonó la cadena el pasado octubre por discrepancias sobre la manera de abordar las noticias del 11-M y por no avalar la "teoría conspirativa", según explicó el colaborador de Diario de la noche Pablo Sebastián. Telemadrid argumentó que la salida de Yanke obedeció a "razones presupuestarias".
Pero los trabajadores insisten en que ha desembarcado un ejército de "comisarios políticos" para controlar las noticias "retocando piezas, dictando textos y seleccionando las informaciones que pueden ir y las que no". Agregan que el dúo Aguirre-Soriano ha secuestrado un medio de comunicación público para destinarlo a "la propaganda y a la desinformación".
Una representante del Consejo Provisional de Redacción añadió: "Nos obligan a mentir,silenciar informaciones y manipular. En Telemadrid no se ven las noticias que ocurren sino las que pasan por el filtro de Soriano y sus talibanes".
La dirección afirmó que con este paro, los sindicatos "tratan de tergiversar la realidad de Telemadrid, que no tiene graves problemas laborales, financieros ni de ninguna otra índole que justifiquen recurrir a la medida de presión sindical más agresiva". Ante la huelga de hoy, los servicios mínimos (que afectan a 280 trabajadores) deberán garantizar la emisión de los debates Alto y claro, presentado por Curry Valenzuela, y Madrid opina, conducido por Ernesto Sáenz de Buruaga.
Madrid cuenta con una red de suburbano de 226,72 kilómetros repartidos en 12 líneas con 237 andenes. Por este trazado discurren 1.576 trenes en los que se montan cada día laborable 2,5 millones de personas. Metro además está ahora construyendo una ampliación de 90 kilómetros.
La Comunidad presenta este modo de transporte como el más veloz y, para ello, ha lanzado una campaña en la que muestra al suburbano como el transporte más rápido. Pero no opinan lo mismo los integrantes de la ONG Madrid Camina, que han realizado un estudio sobre el funcionamiento de estas líneas como continuación a otro que efectuaron en 2003. Madrid Camina está integrado por ingenieros, urbanistas, sociólogos y expertos en transporte."Hicimos dos tipos de mediciones: unas estáticas y otras dinámicas", explica Joaquín Fernández Otero, ingeniero de Caminos e integrante de este colectivo. "Los controles se hicieron entre el 1 y el 15 de septiembre y el 25 y el 26 de octubre en las líneas 3 y 7. Lo hemos hecho sobre siete líneas para comparar estos datos con los de 2003". Participaron 14 personas.
La conclusión es que el "metro no es tan veloz" como parece. "Los tiempos de espera en las estaciones han aumentado, la velocidad media no ha mejorado, a pesar de que los trenes son nuevos". El dato que ofrece Madrid Camina es concluyente: "Los viajeros de las siete líneas observadas pierden al año 5,6 millones de horas en relación con el estudio de 2003".
Según esta observación, la línea 7 es la peor, ya que el tiempo de viaje ha empeorado en ambos sentidos, siendo necesarios entre seis y ocho minutos más para ir de Peñagrande a Parque de las Avenidas y viceversa. Este alargamiento significa más de 1,9 millones de horas perdidas al año.
La velocidad media de los trazados observados ha empeorado en casi todas las líneas respecto de 2003, destacando precisamente la línea 7, que ha perdido siete kilómetros por hora hasta quedarse en unos 20 kilómetros por hora que, a juicio de los técnicos, resulta impropio de una línea de estas prestaciones.
El gerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pardillo, afirma que el suburbano está en periodo de adaptación por las obras. "Estamos en periodo de remodelación y la red actúa como una malla: todo repercute. Por eso, puede que en algún caso algunos datos aportados por Madrid Camina sean ciertos, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que el estudio lo han realizado en días concretos a horas concretas y tiene el valor que tiene".
Para el responsable de Metro de UGT, Fernando Andrés Chicharro, los datos de Madrid Camina se corresponden con la percepción que tienen los trabajadores. "Se está trabajando en ampliar el metro, pero no se está invirtiendo en reponer el material. Hay líneas donde faltan trenes".
"La velocidad ha descendido", asegura el responsable de Metro de CC OO, Ignacio Ramos. "Ello se debe a que la distancia entre andenes ha disminuido y los trenes son más largos, con lo que es imposible que alcancen la velocidad adecuada". Según Arribas, otros problemas son las averías: "Hay problemas con el material, que se ha quedado viejo en muchos casos".
La directora gerente de la Academia de Policía Local, María Belén Carratalá Couto, presentó su dimisión al consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. La responsable argumentó razones personales y cansancio para poner fin a sus tres años al frente de la institución. El PSOE ha pedido que Prada dé explicaciones de inmediato para aclarar esta dimisión, justo cuando quedan seis meses para las elecciones. Este partido ha denunciado que Carratalá mantenía "listas negras" de profesores vetados por no ser afines al PP y sueldos muy altos a algunos docentes.
Belén Carratalá fue nombrada el 11 de diciembre de 2003 en sustitución del anterior gerente del entonces Instituto Superior de Estudios de Seguridad (ISES). Alfredo Prada la encomendó una labor muy importante. Su trabajo consistía en formar a los futuros agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, más conocidos por Bescam. Eso suponía que cada año tenía que formar a más de 1.000 policías además de hacer frente a los cursos de ascenso para cabos, sargentos y suboficiales, entre otros mandos. Desde entonces ha formado a 2.060 agentes de la Bescam.
Durante este tiempo, la relación entre Carratalá y Prada ha sido "muy fluida", según fuentes del Gobierno regional. De hecho, la directora gerente también lideró el cambio de denominación a Academia de Policía Local, con su correspondiente logotipo, y se ampliaron las instalaciones para acoger a más alumnos.
La dimisión se fraguó, según fuentes regionales, en la recepción que ofreció el pasado lunes la delegada del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sede del Gobierno regional con motivo del Día de la Constitución. Carratalá presentó por la tarde una carta de dimisión en la que exponía que dejaba el cargo por problemas personales, entre ellos cansancio.
Según explicó a EL PAÍS el consejero Prada, Carratalá le presentó la carta en la que le pedía que le relevara del cargo. "Yo se la acepto porque entiendo que hay gente que no tiene una vocación política como podemos tener otros. Ahora nos toca buscar un gran director que siga con la gran labor realizada por Belén", concluyó Prada. En unos 10 días, será nombrado su sustituto.
El portavoz del PSOE para temas de Justicia e Interior en la Asamblea de Madrid, Rafael Gómez Montoya, discrepa de la versión ofrecida por Carratalá y Prada: "También nos dijeron que el director general de Urbanismo, Enrique Porto, dimitía por motivos personales y luego salieron un montón de irregularidades. Y sobre todo, cuando quedan seis meses para las elecciones de mayo". Por ello, Gómez Montoya exigió a Prada que explique de manera urgente las causas reales de la dimisión de la gerente de la Academia. En caso de que no lo haga, pedirán su comparecencia en el pleno de la Asamblea.
La dimisión de Carratalá se debía a que algunos profesores cobraban bastante más sueldo que otros. Fuentes de la Comunidad de Madrid negaron este hecho y mantuvieron en todo momento que la dimisión de la directora se debió a problemas personales. La responsable de Policía Municipal de CC OO, Manuela Oliva, calificó de "lamentable, caótico y vergonzoso" que unos docentes cobren más que otros. "En caso de que se confirme esta acusación, es un tema muy serio que debe ser investigado. Mal ejemplo se está dando a los futuros policías", explicó Oliva. Ésta denunció que, desde que dirige la academia Carratalá, no se ha reunido el consejo académico del centro.
El secretario general de la Unión de Policía Municipal (UPM, uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo), Demetrio Pérez, pidió que se nombre a una persona con capacidad, ya que hasta ahora ha reinado en la Academia "la improvisación, el mal hacer y la falta de profesionalidad".
La Fiscalía investigará de oficio a José Enrique Sotelo, alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra) del PP, como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en relación con su informe sobre los servicios que prestaba la empresa Hixienes en Cangas. El informe sirvió de aval a esta empresa para obtener la adjudicación de la explotación de los parquímetros en Madrid. La denuncia de un concejal del citado Ayuntamiento gallego señaló al juzgado la falsedad de dicho informe y un presunto delito de prevaricación relacionado con la misma empresa.
La denuncia judicial de Mariano Abalo, portavoz municipal de la Fronte Popular Galega (FPG) en el Ayuntamiento de Cangas do Morrazo, señala que el alcalde, José Enrique Sotelo firmó, con fecha 14 de noviembre de 2005, un informe en el que aseguraba que la empresa Hixienes "viene realizando desde febrero de 2001 en el municipio servicios de limpieza y mantenimiento de edificios públicos y de gestión de aparcamientos de vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento regulado".
En el Ayuntamiento de Cangas no hay constancia de que se emitiera este informe, según Abalo, quien cree que, sin embargo, fue determinante para adjudicar la gestión de los parquímetros madrileños a la empresa Hixienes.
El titular principal de esta empresa familiar es el ex diputado del Parlamento de Galicia Juan Casares, quien también fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Galicia. La adjudicación de la gestión de los parquímetros fue realizada por el departamento municipal que dirige Pedro Calvo, quien a su vez también presidió las NN GG del PP. Hixienes se había limitado en Cangas a realizar un informe sobre la viabilidad de un aparcamiento subterráneo en una plaza de la localidad y sobre la implantación de la zona azul en el entorno de dicha plaza.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Cangas contrató a una filial de Hixienes, Limpiezas Faro, la limpieza del auditorio municipal después de quedar desierto el concurso convocado al efecto. De hecho, no hubo ningún contrato, según la denuncia de Mariano Abalo, y la cantidad pagada por el Ayuntamiento superó el tipo de licitación del concurso público (36.000 euros), lo que llevaría a otra actuación ilegal tipificada como delito de prevaricación. A mayores, según Abalo, ante la inexistencia de los pertinentes contratos administrativos de servicios, el alcalde habría intentado demostrar la relación de Hixienes-Limpiezas Faro con el Ayuntamiento de Cangas a través de una facturación expedida por una entidad denominada Hixitel a Limpiezas Faro, con lo que se estaría produciendo otra derivación del presunto delito de falsedad en el documento que avaló la candidatura de Hixienes a la adjudicación de los parquímetros madrileños.
La investigación de oficio que ahora asume la Fiscalía deriva del requerimiento que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas hizo a Mariano Abalo para que, en lugar de denuncia, presentase una querella criminal, "supongo que para dilatar las cosas en el tiempo", señala el concejal.
La fiscal recurrió esa decisión por entender que el concejal sólo estaría obligado a hacerlo si pretendía constituirse en parte en el proceso penal. Y de todos modos, según la fiscal, los hechos denunciados por Abalo son perseguibles de oficio. "En el presente caso, constituyendo los hechos denunciados infracciones perseguibles de oficio", señala la fiscal, "basta para su persecución con que se ponga en conocimiento del juzgador la noticia criminis, cosa que hace el denunciante en el presente procedimiento (...) surgiendo desde este momento la obligación del instructor de practicar las diligencias de investigación que considere necesarias, si es que considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito".
Jesús María Pacios y Reyes Tintó volverán a la Fiscalía Anticorrupción después de que haya archivado su primera denuncia contra el alcalde Galbeño y el diputado Mario Mingo. Los dos concejales del PP en Torrelodones que denunciaron presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por altos cargos de la agrupación local de su partido anunciaron que aportarán más pruebas, tras la decisión adoptada de la Fiscalía Anticorrupción de archivar su primera denuncia.
Fuentes cercanas a estos concejales, Jesús María Pacios y Reyes Tintó, aseguraron a Efe que la Fiscalía deja una puerta abierta para ampliar la documentación que aportaron sobre algunas decisiones del equipo de Gobierno municipal, que preside el alcalde, Carlos Galbeño (PP). Ambos concejales, que fueron cesados el pasado julio por el regidor, acusaron a Galbeño y al diputado nacional y presidente del PP local, Mario Mingo, de intentar cobrar comisiones a promotores locales para desbloquear proyectos urbanísticos.
También culparon al responsable de Hacienda, Julián Nieto, de dar un trato preferente a una empresa del concuñado de Mingo, a la que concedió la gestión de la limpieza de las zonas verdes de la localidad, y denunciaron el presunto uso fraudulento de fondos y locales municipales por una Fundación privada presidida por el diputado nacional. Según una nota difundida por el Ayuntamiento, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia presentada por Pacios y Tintó por falta de pruebas. Las mismas fuentes recuerdan que la querella interpuesta por el alcalde y Mingo contra los díscolos por un presunto delito de calumnias sigue su curso y afirman que ambos declararon como imputados por esta causa en el juzgado 46 de Madrid.
Los cesados no tienen previsto entregar sus actas de concejales, a pesar de que el PP de Madrid se lo ha pedido, y aseguran que nadie les ha comunicado esta decisión de forma oficial. El Comité de Derechos y Garantías del PP les abrió un expediente disciplinario, por el que fueron suspendidos cautelarmente de militancia y cuya resolución se producirá en los próximos días.
Ambos fueron apartados de sus cargos el pasado mes de julio por el regidor de Torrelodones porque, según Tintó del Val y Pacios, su conducta resultaba molesta al alcalde por pedir información sobre determinados desarrollos urbanísticos, como el Area Homogénea Norte, donde un sobrino de Carlos Galbeño compró, al menos, 20.000 m2 de suelo protegido.
Entonces, fuentes municipales aseguraron que la expulsión de los dos díscolos estaba relacionada con la falta de disciplina de partido por obligar al alcalde a retirar un punto de un pleno, bajo amenaza de votar en contra de la expropiación de unas parcelas a un promotor inmobiliario para la construcción de un aparcamiento.
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