abierto la investigación
en el Ayuntamiento del municipio, ha recibido una carta en la que el
interventor de la concejalía de Hacienda asegura que “no tiene
información ni antecedentes al respecto, por lo que no le es posible
responder a la solicitud de información cursada”.
El portavoz socialista de Majadahonda, Ricardo Núñez, declaró aque
en el grupo “hay mucha preocupación” porque no saben como pueden
seguir investigando el tema. “Ya no nos sorprende nada de lo que
pasa en el ayuntamiento, este tipo de negligencias son el pan de
cada día”, subrayó, y puntualizó que el PSOE seguirá adelante con la
investigación por todas las vías que sean posibles.
Por su parte, el concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel
Galindo, manifestó su estupefacción por la carta recibida en la que
el propio alcalde del municipio, que participó directamente en el
nombramiento de Galeote como gerente del Consorcio Deportivo, afirma
que no es a él a quien debe dirigirse para pedir información sobre
el caso. Para Galindo, es una “enorme contradicción” que quienes
nombraron al ex edil popular gerente de su empresa no puedan
informar sobre dicho puesto.
No obstante, ambos grupos mantienen abiertas todas las vías de
investigación y aseguran que no cesarán en su empeño por destapar
las actuaciones irregulares de Galeote, que ya ha compatibilizado
cargos de manera irregular en otras ocasiones. Los socialistas de
Pozuelo, por su parte, aún no han comenzado a investigar el caso,
aunque no descartan hacerlo en los próximos días.
7. COMUNIDAD DE MADRID: NUEVE DE CADA 10 INFRAVIVIENDAS DE LA REGIÓN
SIGUEN SIN SER REHABILITADAS (19/02/07)
La rehabilitación de viviendas deterioradas avanza a ritmo lento.
Eso es lo que denuncia el PSOE, que asegura que el Plan de Vivienda
Regional 2005-2008 maneja datos erróneos. Mientras que la Comunidad
cifra las viviendas arregladas en los últimos dos años en 33.000 -de
un total de 180.000-, el portavoz socialista de Vivienda en la
Asamblea, el diputado Antonio Fernández Gordillo, asegura que entre
1995 y 2005 sólo se han calificado 17.874 para rehabilitarlas.
"Entre 1995 y 2005 se declararon 53.051 viviendas como zona de
rehabilitación integral, pero sólo se actúa en aquellas que hayan
sido calificadas. Es decir, sólo 17.874 viviendas en 10 años; la
cifra de 33.000 anunciada por el PP es imposible", asegura Fernández
Gordillo. A este ritmo, dice el diputado, "se tardarían 40 años en
rehabilitar el actual parque inmobiliario de la región
En la Comunidad hay más de 180.000 viviendas deterioradas o
infraviviendas. De ellas, 124.000 están en la capital, la mitad en
los distritos de Tetuán, Puente de Vallecas, Arganzuela, Villaverde
y Centro. El Plan de Renovación Urbana del PSOE, explica Fernández
Gordillo, "contempla una inversión anual de 538 millones durante
ocho años para eliminar la infravivienda en 2014".
8. COMUNIDAD DE MADRID: IRA SINDICAL CONTRA AGUIRRE (20/02/07)
Las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno de la Comunidad de
Madrid nunca habían sido peores. La espiral de descalificaciones que
abrieron el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo
Martínez, y el vicepresidente regional y portavoz, Ignacio González,
llegó a su culmen con un asalto, un encierro y unas gruesas
palabras contra la consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, a
cuento de los sabotajes del Metro.
Por la mañana, cerca de un centenar de trabajadores públicos de la
Administración regional se encerraron, convocados por UGT y CCOO, en
la sede de la Consejería de Presidencia, en la plaza de Pontejos.
Los sindicalistas boicotearon una presentación y tenían previsto
quedarse a dormir en la Consejería hasta hoy, cuando abandonarán su
encierro. Con este acto, piden que se aplique a todos los
trabajadores de la Comunidad de Madrid el acuerdo firmado con el
personal sanitario.
Durante el asalto, los representantes laborales trataron de
boicotear la presentación del libro Arquitectura deportiva de la
Comunidad de Madrid 2000-2005, un acto que dio comienzo a las 13.00
horas y en el que estaba previsto que participase la presidenta
autonómica, Esperanza Aguirre, si bien ésta, dado el desarrollo de
los acontecimientos, al final no asistió. Como explicaron desde la
Consejería, los trabajadores “arrollaron” a los guardias de
seguridad de la entrada, que eludieron enfrentarse a ellos por la
fuerza para evitar males mayores. “Eran 80 contra tres y finalmente,
les dejaron entrar”, explicaron fuentes de Presidencia.
Así las cosas, en el acto sólo intervinieron el arquitecto Fernando
Alvarez Cienfuegos, participante en la publicación, y el consejero
de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, quien tuvo que hablar a
gritos ante la pitada de los funcionarios, que coreaban consignas
como “Esto nos pasa por un gobierno facha” y “Fuera, fuera”. Según
explicó el secretario de Política Sindical de UGT-Madrid, Juan Luis
Martín Sierra, el encierro, que comenzó sobre las 12.45, continuará
hasta el mediodía de hoy, cuando está convocada una concentración
para protestar por este mismo motivo, con lo que durará algo más de
24 horas.
Con esta medida, los delegados quieren que el Gobierno regional
“homologue las condiciones de trabajo a todos los trabajadores” de
la administración. El detonante de la situación fue la firma, el
pasado 28 de noviembre, de un acuerdo sobre la carrera profesional
del personal facultativo y de Enfermería de la Consejería de
Sanidad. Ahora, otros 45.000 empleados públicos (todos menos los de
Educación, que tienen sus propias condiciones) quieren las mismas
ventajas en cuanto a formación y promoción.
Martín dio “la bienvenida a esos acuerdos” alcanzados en Sanidad,
pero exigió que su aplicación tenga un “alcance general, que afecte
a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid”.
Por su parte, el coordinador del Area Pública de CCOO de Madrid,
Manuel Rodríguez, dijo que el deseo de los manifestantes era ser
recibidos por el consejero de Presidencia, Francisco Granados, y que
el encierro es la “antesala” del paro de cuatro horas que ambos
sindicatos han convocado. Tras apostar por dotar de
infraestructuras deportivas a toda la región y destacar el
“esfuerzo” del Ejecutivo autonómico en esta materia, el consejero
manifestó que “nosotros trabajamos, no chillamos”, de nuevo en clara
alusión a los manifestantes. “Unos pocos que chillan no van a
impedir que volvamos a ganar las elecciones y que sigamos
invirtiendo en favor del deporte”, concluyó Fisas, quien
anteriormente se había preguntado que “si esto es democracia, que
venga alguien aquí y lo vea”.
Poco después de concluir el acto, un grupo de agentes del Cuerpo
Nacional de Policía, desplazados en cuatro coches, acudieron a las
puertas de la Consejería de Presidencia. Allí identificaron a los
encerrados y preguntaron a los responsables de la Consejería si
querían que les desalojaran. El consejero, Francisco Granados, dijo
que no.
En cuanto llegó la policía y concluyó el acto, la Consejería se
cerró para evitar que entraran más sindicalistas. Por eso por la
tarde -sobre las 16.00 horas- los trabajadores rompieron una ventana
para que sus compañeros les pasaran bocadillos. Como explicaron
desde el departamento que dirige Francisco Granados, cuando acabe el
encierro se evaluarán los posibles daños a las instalaciones
públicas y se estudiará interponer una denuncia.
Francisco Granados dijo que el encierro es “una excusa del PSOE para
hacer campaña electoral desde los sindicatos”. “Ésta es la forma
del PSOE de irrumpir en la campaña electoral, manejando a los
sindicatos con el único objetivo de desgastar al Gobierno de la
Comunidad”, señaló Granados, quien añadió que “al parecer
reivindican que se les reciba”. “No les voy a recibir en estas
condiciones”, concluyó.
9. COMUNIDAD DE MADRID: EL PARO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUE
SEGUIDO POR EL 74% DEL PERSONAL, SEGÚN ESTIMAN LOS SINDICATOS
(21/02/07)
El paro de cuatro horas convocado ayer por CC.OO. y UGT en los
servicios públicos de la Comunidad de Madrid (a excepción de
personal docente y estatutario) fue apoyado por casi el 74 por
ciento de los aproximadamente 45.000 empleados que estaban llamados
a secundarlo, de acuerdo con la estimación inicial facilitada a
Europa Press por ambas organizaciones sindicales.
El secretario de Política Sindical de UGT-Madrid, Juan Luis Martín,
aseguró que la protesta transcurrió sin "incidencias" más allá de
las complicaciones derivadas de la "tardanza" con que la
Administración fijó los servicios mínimos, los cuales se dieron a
conocer "a las dos de la tarde de ayer” (por el lunes), relató.
En la misma línea, el coordinador de Acción Pública de CC.OO. de
Madrid, Manuel Rodríguez, indicó que la jornada se desarrolló "con
normalidad absoluta" y cifró en cerca de 2.000 las personas las
asistentes a la concentración organizada en la Puerta del Sol a las
14.00 horas (foto) en el marco del calendario de movilizaciones que
ambos sindicatos han diseñado para exigir al Gobierno regional que
homologue las condiciones laborales de todos los trabajadores
públicos, no sólo de los sanitarios, como ha hecho recientemente. A
esta huelga parcial, que abarcó las dos últimas horas del turno de
mañana y las dos primeras del turno de tarde, estaba convocado el
personal empleado en los servicios públicos de la Comunidad de
Madrid, a excepción de docentes (de todos los niveles, universidades
incluidas) y trabajadores de régimen estatutario.
10. COMUNIDAD DE MADRID: LOS INFORMÁTICOS DE SANIDAD EN HUELGA
(19/02/07)
Los informáticos de la sanidad pública madrileña comienzan una
huelga que durará hasta el viernes. La Asociación de Profesionales
de Informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid (Apiscam)
reclama que la administración les reconozca su categoría
profesional. "Estamos contratados como administrativos. Nuestra
categoría profesional no se reconoce", explicó Fernando Ávila,
portavoz de los informáticos.
La huelga afectará a 16 hospitales de la Comunidad y a prácticamente
todos los centros de salud de la región. Las listas de pacientes,
analíticas e incluso los recibos de las nóminas podrían verse
afectados por el paro de los informáticos. Habrá servicios mínimos,
que Ávila estima en alrededor de un 30% del personal, compuesto por
230 trabajadores. Sanidad, por su parte, ha propuesto que los
informáticos se integren en Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM). Esta oferta no gusta a los informáticos.
"Perderíamos nuestra condición de trabajadores de la Sanidad",
asegura Ávila.
11. COMUNIDAD DE MADRID: EL PRESENTADOR ESTRELLA DE TELEESPERANZA
Sánchez-Dragó llama sucios a los emigrantes y se reconoce fumador de
porros en el desayuno. El falangisto-esperanzista Sánchez-Dragó nos
tiene habituados a los más sorprendentes y pintorescos
pronunciamientos, desde sus teorías sobre el sexo tántrico y la
retroeyaculación hasta la reivindicación del LSD, pasando por evocar
a Primo de Rivera o maldecir de la televisión mientras se gana la
vida haciendo programitas en la cadena de Doña Esperanza.
Como presentador del informativo de medianoche, disfruta de la
tribuna arrebatada a Germán Yanke para prodigar su egolatría y
ejercitar su desdeñosa vanidad. Todo bastante patético y ridículo,
pero nada alarmante a efectos de audiencia.
Dicho lo cual, no es menos cierto que algunas cosas no deberían
consentirse a este sujeto, en tanto que beneficiario de un tramo de
programación en una cadena pública de televisión. Así, en la edición
del martes 20 del diario gratuito 20 Minutos se publica una
entrevista con Sánchez-Dragó que contiene algunas afirmaciones que
debería aclarar su mentora y protectora, Doña Esperanza Aguirre.
Sería deseable conocer la opinión de la presidenta de la Comunidad
de Madrid respecto a la bondad de los porros como desayuno, pues
ésta era la dieta matutina de su presentador estrella, cuando
confiesa que desayuna con porras y antes también con porros. Muy
edificante para los lectores del gratuito de más difusión en España.
Más grave, por intolerablemente xenófoba y despreciable, es la
siguiente respuesta referida a los emigrantes. Preguntan a
Sánchez-Dragó: ¿Cuál fue su último viaje en Metro? Responde: “Lo
cojo a menudo. Da asco. Los españoles son uno de los pueblos más
sucios de la tierra y los madrileños ni te digo. Y los emigrantes
aún peor”.
Mucho nos tenemos que como ocurrió con Amando de Miguel, también
Sánchez-Dragó será justificado y eximido. Confirmándose así que D.
Esperanza parece sentirse reconfortada y cómoda entre estos
auténticos frikis. Ah, y lo del metro asqueroso suponemos que
también habrá hecho bastante gracia a la Comunidad de Madrid.
12. COMUNIDAD DE MADRID: LOS DATOS PERSONALES DE LOS MADRILEÑOS, EN
MANOS DE UNA MULTINACIONAL QUE VENDER ESTE TIPO DE DATOS A LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA (20/02/07)
El sistema informático de los 400 centros de salud y consultorios
locales de la Consejería de Sanidad -que contiene los datos
personales de seis millones de madrileños, sus enfermedades, los
medicamentos que toman y los médicos que se los han recetado- estará
bajo control hasta 2010 de una multinacional francesa especializada
en almacenar, elaborar y vender este tipo de datos a la industria
farmacéutica.
Esta es la situación a la que se ha llegado tras la compra por esta
multinacional -llamada Cegedim- de la empresa española Stacks, que
ganó por 6,3 millones de euros el concurso de gestión del sistema
informático de sus centros de salud convocado por Sanidad. El nuevo
sistema está a punto de entrar en funcionamiento y su desarrollo se
prolongará durante cuatro años. Entre las novedades que aporta está
la creación de una base de datos única para toda la red de atención
primaria (hasta ahora cada centro de salud tiene la suya
independiente) y nuevas herramientas como la receta electrónica.
La adjudicación del contrato a Stacks, según fuentes técnicas de la
Comunidad, tampoco está exenta de polémica: según documentos
internos de Sanidad, la consejería y Stacks trabajaron codo a codo
desde marzo de 2005 en el desarrollo del sistema informático y
elaboraron conjuntamente el pliego de prescripciones técnicas del
concurso público, convocado en abril de 2006, que acabó ganando
Stacks.
Una de las principales áreas de negocio de Cegedim, según su página
web corporativa, es prestar servicios especializados a las empresas
farmacéuticas para mejorar sus acciones de mercadotecnia y
estrategias comerciales. "Para una empresa de este tipo, el sistema
informático de un sistema sanitario público de seis millones de
personas es oro puro", explica un técnico informático cercano a la
adjudicación del contrato.
"Las multinacionales farmacéuticas gastan miles de millones de euros
en campañas de promoción. Les interesa saber qué fármacos prescriben
los médicos de la sanidad pública, en qué áreas son más fuertes sus
productos y en cuáles deben reforzar sus fuerzas de ventas. Manejar
el sistema informático público revaloriza a Cedegim de forma muy
importante ante sus potenciales clientes", añade este técnico.
Fernando Bezares. director general de Informática de Sanidad, admite
que "esto puede haber despertado el interés de Cedegim por Stacks".
"Pero eso son razones de mercado en las que no podemos entrar.
Nosotros debemos velar para que no haya ninguna fuga de información
y eso lo garantiza el sistema. Además, Stacks incurriría en un
delito si usara con fines comerciales los datos". Francesc Orri,
directivo de Stacks, asegura que su empresa "ha vendido a Sanidad un
sistema informático de calidad". "Nosotros les vendemos el entorno
informático en el que se almacenan y procesan los datos, pero no
accedemos al contenido".
Sobre la adjudicación del contrato a Stacks, Bezares admite que
Sanidad quería otorgárselo de forma directa y sin concurso público:
"Así iniciamos el trámite y superó todos los pasos internos hasta
que el Consejo de Gobierno decidió pararlo por ser un contrato
importante".
Tras el rechazo del Consejo de Gobierno, Sanidad reinició todo el
proceso como si se tratara de un concurso público, en el que todas
las empresas aspirantes deberían acceder en igualdad de condiciones.
"Es cierto que Stacks tenía una ventaja enorme, porque ya conocía el
proyecto. Pero también lo es que su proyecto era el que queríamos,
el que más nos interesaba y el que más avanzado estaba", añade
Bezares.
Preguntado sobre si esta situación de privilegio no vulneraba la
normativa que regula los concursos públicos, el director general de
Informática respondió: "Todo el proceso ha sido distinto de lo
habitual porque ya de entrada sabíamos lo que queríamos y quién nos
lo podía ofrecer".
Sobre los documentos internos, que muestran que Sanidad y Stacks
prácticamente diseñaron juntos el concurso público que benefició a
la empresa, Bezares informó de que "podrían estar manipulados".
"Hace seis meses sufrimos un robo de la información contenida en un
ordenador, que denunciamos ante la Unidad de Delitos Informáticos.
No nos podemos hacer responsable de lo que dicen esos documentos ni
si son originales o no", añadió.
Cinco empresas se interesaron por el concurso público en sus
primeras fases, pero tres se retiraron posteriormente. Sólo Isoft se
mantuvo hasta el final. Antonio Castillo, responsable de los
contratos públicos de la compañía, afirmó que "nos sorprendió mucho
cómo se desarrolló el concurso". "Buena parte de las prescripciones
técnicas, en lugar de estar incluidas en el pliego de condiciones,
había que solicitarlas en un CD a Stacks, que se suponía que era
otras aspirantes como nosotros. Hicimos lo que pudimos, pero estaba
claro este no era nuestro concurso", concluyó sin entrar en más
detalles.
13. COMUNIDAD DE MADRID: SANIDAD CONVOCÓ UN CONCURSO PARA UN SISTEMA
INFORMÁTICO QUE YA HABÍA RECIBIDO (21/02/079
La Consejería de Sanidad convocó y adjudicó un concurso público por
6,3 millones de euros cuando había recibido meses antes el producto
informático (para centralizar los datos médicos de los seis millones
de madrileños en los centros de salud) que aparentaba comprar. Así
se desprende de documentos e informes de Sanidad que demuestran que
la empresa Stacks, ganadora del concurso en julio de 2006, ya había
entregado las primeras versiones del sistema en marzo. Además,
técnicos de Stacks y Sanidad trabajaban codo con codo para
desarrollar el sistema desde 2005.
El objeto del concurso tenía que servir para la "Dotación de
software a medida, implantación y puesta en marcha del sistema de
información centralizado para atención primaria de la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid", según sus bases. El
proyecto quería unificar las bases de datos de los 400 centros de
salud de la región, que hasta ahora no están conectados.
Él precio de licitación era de 8,5 millones de euros, aunque
finalmente Stacks se lo adjudicó por 6,3 y derrotó a una segunda
empresa. La convocatoria del concurso fue hecha el 7 de abril y la
adjudicación el 21 de julio, aunque no fue publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid hasta 20 días más tarde. Stacks es
una compañía posteriormente absorbida por una multinacional francesa
que vende datos clínicos al sector farmacéutico.
Pero mientras Sanidad aparentaba cumplir todos los requisitos
formales que exige la ley de adjudicación de contratos públicos -que
establece que todas las empresas deben estar en igualdad de
condiciones al aspirar a los contratos públicos-, trabajaba con
Stacks en el desarrollo del sistema y realizaba pruebas sobre las
primeras versiones.
Un documento interno, denominado Informe de Dirección y
Aseguramiento de la Calidad, fechado el 3 de abril (cuatro días
antes de la convocatoria del concurso) habla del sistema como
entregado y cita "las pruebas unitarias y del sistema que se han
llevado a cabo durante el proceso de desarrollo del sistema".
Además, Sanidad exige a la empresa que entregue "la versión 0 del
sistema totalmente operativa a finales del mes de mayo", es decir,
mientras el concurso aún está abierto y dos meses antes de que el
BOCM publicara su adjudicación.
Otros documentos, sin embargo, demuestran que la colaboración entre
Stacks y Sanidad había empezado mucho antes. Uno fechado en febrero,
por ejemplo, muestra como un técnico de Sanidad pide a Stacks que
confirme "que los datos correctamente cargados son los que hay a
continuación", y adjunta una tabla con datos de pacientes a
cumplimentar como nombre, apellidos y la fecha de la última visita.
En aquellas fechas -el 26 y 27 de abril- el director general de
Informática de Sanidad, Fernando Bezares, participó en Santander en
unas jornadas organizadas por Stacks para promocionarse. "La gente
se quedó alucinada", explica un asistente. "Era difícil entender que
el director general de Informática de la Comunidad promocionara a
una empresa que iba a aspirar a un concurso público que él mismo ha
convocado".
Sanidad afirmó que "es rotundamente falso que se haya producido
ninguna irregularidad". Argumenta que el nuevo sistema era "una
evolución" del anterior, por lo que "se trabajó inicialmente en un
procedimiento negociado sin publicidad con la empresa Stacks".
Posteriormente el Consejo de Gobierno decidió sacar el contrato a
concurso por su importante cuantía económica. Sanidad sostiene que
entonces convocó el concurso cumpliendo estrictamente la normativa.
"El hecho de que Stacks conociera algún contenido de los pliegos no
está vinculado, en ningún caso, con el concurso convocado, sino con
el procedimiento negociado llevado a cabo inicialmente".
Tres fuentes de Sanidad desmintieron esta versión. "Sanidad recibe
de Stacks las primeras versiones del sistema antes de convocar el
concurso. La empresa y la consejería trabajan juntos en la evolución
de estas versiones y cuando el Consejo de Gobierno detiene la
adjudicación directa, Sanidad ralentiza el desarrollo mientras se
cumplen los plazos formales. Luego vuelve a trabajar a partir del
punto en el que se había dejado el proyecto", explican estas
fuentes. "No es verdad que Stacks 'conociera algunos pliegos del
concurso' como dice ahora Sanidad. Stacks era parte protagonista del
sistema porque lo estaba desarrollando. Sin Stacks detrás, este
concurso no se podría haber convocado simplemente porque ella era la
que lo estaba desarrollando".
14. COMUNIDAD DE MADRID: EL MAYOR CONTRATO, EN LOS TRIBUNALES
(20/02/07)
No tiene suerte la Consejería de Sanidad en los contratos públicos
que convoca para la compra de material y programas informáticos. El
mayor contrato que ha convocado esta legislatura, el de compra de
ordenadores para siete nuevos hospitales, dotado con 44,6 millones
de euros, se encuentra recurrido ante los tribunales por la empresa
Hewlett-Packard (HP).
Su oferta fue seleccionada como la mejor de las presentadas en la
primera fase del concurso, pero quedó luego excluida del concurso
porque un certificado que había presentado estaba caducado. Siemens,
la segunda mejor oferta, fue la beneficiada de la exclusión de HP.
HP y Siemens habían presentado dos ofertas económicas casi idénticas
-les separaban menos de 500 euros-, pero la de HP fue considerada la
mejor técnicamente.
Cuando ya sólo quedaba la firma de la adjudicación, a finales del
mes de mayo de 2005, surgió un problema formal que le salió muy caro
a HP. Los técnicos de Sanidad se dieron cuenta de que la
Clasificación como contratista de servicios de HP, un certificado
del Ministerio de Economía, había caducado cuatro semanas antes, el
27 abril.
"Es un documento que las empresas deben presentar en los concursos
públicos. Lo expide Economía y sirve para demostrar que la empresa
es solvente", explicó entonces un portavoz de HP. "Es un simple
documento burocrático, que estaba en regla al presentar nuestra
oferta, pero que, como el proceso de valoración técnica se alargó
mucho, acabó caducándonos".
Sanidad fue tajante al aplicar la normativa, y ahora deberá ser el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el que resuelva el
entuerto. De momento, el TSJ ha desestimado la petición de HP de
suspender cautelarmente la adjudicación del concurso, y Siemens
sigue trabajando en la dotación de los nuevos hospitales, cuya
apertura está prevista a lo largo de este año.
15. COMUNIDAD DE MADRID: ASOCIACIONES DE VECINOS EXIGEN UN METRO
DIGNO CON 2.000 FIRMAS (21/02/07)
Asociaciones de vecinos de cuatro distritos de Madrid recogieron
por la tarde más de 2.000 firmas junto a cuatro estaciones de metro
correspondientes a las líneas 7, 3, 5 y 6. "¡Firmen para un servicio
público de calidad!", fue el reclamo de varios miembros de la
Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel entre las 18.00 y las
19.30, para la gente que salía de la estación de Oporto, en la que
se pueden coger las líneas 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo) y 6
(Circular). Esta última es la que ha sufrido la mayoría de la
veintena de averías registradas en lo que va de año. Enero tuvo una
media de una avería cada dos días y en febrero se han registrado al
menos cuatro.
"En la línea 6 hemos estado cinco minutos parados sin explicación,
espero que cambien ya los viejos vagones", comentó Ana María Molina
después de firmar. "Últimamente me tocan siempre averías", aseguró
otro usuario, Carlos Valverde, que usa la circular "al menos" dos
veces el día. En Oporto se recogieron "unas 500 firmas", según un
portavoz. En la salida de la parada de Lavapiés, firmaron unos 1.200
usuarios, según un portavoz de la asociación de vecinos La Corrala.
En la estación de Simancas, en San Blas, habían firmado cerca 300
personas la primera media hora. En Fuencarral, los vecinos que se
situaron en la parada de Peñagrande no disponían de datos por la
noche.
Según un comunicado conjunto de estas asociaciones, la consejera de
Transportes e Infraestructuras, Elvira Rodríguez, contestó el 19 de
enero a una carta de Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid (FRAVM) asegurando que su departamento "trabaja para
devolver la normalidad al servicio". Los vecinos le reprochan que
"las averías y retrasos no han remitido" y causan "una desconfianza
generalizada" en el metro. Los responsables de la iniciativa
lamentan también "la negativa del PP a la propuesta de celebrar un
pleno monográfico sobre las averías de metro" en la Asamblea de
Madrid y reprochan al Gobierno regional su "nula disposición a
informar de las causas" de las averías y de las medidas adoptadas.
16. COMUNIDAD DE MADRID: MÉDICOS PRIVADOS RECONOCERÁN A LOS NIÑOS EN
LOS COLEGIOS PÚBLICOS (22/02/07)
Las consejerías de Sanidad y Educación ultiman un convenio para que
los niños de tres, seis y 12 años que estudian en los colegios
públicos de la región sean sometidos a reconocimientos médicos. La
medida ha topado con el rechazo de las sociedades médicas, que lo
califican de "inútil" y "un despilfarro de dinero", porque la
Comunidad ha decidido que sean médicos privados y no de la sanidad
pública los que hagan las revisiones. Además, éstas no serán hechas
por pediatras sino por médicos de familia.
Sanidad sacará a concurso el proyecto por cinco millones de euros,
según las sociedades médicas. Pero no ha confirmado este dato a la
espera de la publicación del concurso. "Es un despilfarro que no
servirá de nada. ¿Qué podrán ver estos chequeos que no vean los
médicos de los niños en su centro de salud?", se pregunta Fernando
Sánchez Perales, de la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primara. Francisco José Sáez, de la Sociedad Española de Medicina
General, añade que "la iniciativa supondrá resucitar" los chequeos
que se hacían en España en las escuelas en los años cincuenta y
sesenta, cuando no había una red de Atención Primaria como la que
hay ahora. Sáez criticó que no se cuente con los médicos de la
sanidad pública y considera que es "un dinero público que se va a
malgastar".
Sanidad defiende la medida como una forma de reforzar la asistencia
sanitaria a los niños y que permita detectar precozmente algunas
dolencias. Los exámenes serán voluntarios y gratuitos y se llevarán
a cabo a partir de abril.
La plataforma 10 Minutos de Madrid, formada por médicos y pediatras
de atención primaria, reclamó a la Consejería de Sanidad que
incremente, "de manera inmediata", el presupuesto para atención
primaria. La plataforma cifró el alza en un 20% anual, para
duplicarlo en cinco años. Además, se muestra a favor de establecer
un límite máximo de 25 consultas al día con una media de 10 minutos
por consulta y un máximo de dos visitas domiciliarias como media.
(El País, 22/02/07)
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL PSOE DENUNCIA QUE 21.000 NIÑOS SE HAN
QUEDADO SIN BECA DE COMEDOR (22/02/07)
Cerca de 21.000 niños madrileños se han quedado este año sin beca de
comedor este curso, según denuncia el concejal del PSOE, Rafael
Merino, quien indica que la dotación para estas ayudas tendría que
aumentar en 13 millones de euros para poder abarcar las
solicitudes.
El concejal socialista señala que al 34 por ciento de los 61.178
alumnos de primaria y ESO de colegios públicos y concertados de la
capital que solicitaron beca de comedor, les ha sido denegada, un
hecho "especialmente preocupante" en el caso de algunos "hijos de
inmigrantes que se ven obligados a abandonar el colegio porque sus
padres no pueden costearles el comedor"."El número de solicitantes
de becas de comedor aumenta cada año en una proporción mucho mayor
que el dinero destinado a pagarlas, por lo que el número de becas
rechazadas es cada vez mayor", indica Merino.Un ejemplo de este
aumento es que las solicitudes no admitidas han pasado de 15.217 en
el curso 2005/6 frente a las 20.863 de 2006/7, lo que significa que
las becas rechazadas se han incrementado un 37 por ciento en sólo un
año, subraya el edil socialista.
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LOS CARNAVALES ANTI-PARQUÍMETROS
(22/02/07)
No enterraron sardinas. Ni lloraron por el fin de las fiestas de
Carnaval. Eso sí, iban de luto y sollozaban, aunque sólo para
escenificar "un año de resistencia" ante el Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER). Más de 100 personas, en
representación de las asociaciones de vecinos de los barrios de
Carabanchel Alto, Tetuán-Ventilla, la Paz, Fuencarral y del Pilar,
desfilaron anoche entre la puerta del Sol y la plaza de la Villa
para celebrar un entierro simbólico de los parquímetros que el
Consistorio empezó a instalar hace un año.
Alrededor de las siete de la tarde algo comenzaba a llamar la
atención de madrileños y turistas que pasaban cerca del kilómetro
cero: capas, mantillas, velas y, como en todo funeral tradicional,
decenas de plañideras vestidas de negro. "Ay, qué pena. Ay, Dios
mío. Ay, con lo que te queríamos", lamentaba, megáfono en mano, Mari
Cruz, del distrito de Fuencarral. Tres chicas de rasgos orientales
estaban desorientadas: "¿Qué está pasando? Esto no es un carnaval
normal, ¿verdad?", preguntaban sin renunciar a inmortalizar el
pasacalle con la cámara de su teléfono móvil.
Mientras, las típicas pancartas de compraventa de oro se mezclaban
con otras más reivindicativas: "Vampirón cobrón", rezaban decenas de
carteles, haciendo referencia al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y
a la máscara que le ha representado en algunas manifestaciones de
los últimos días: Ruiz-Vampirón. le dio vida un "tipo del montón",
según quiso presentarse, bastante atrevido. Sierra en mano,
amenazaba con cortar los árboles de la Calle Mayor, simulaba un
orgasmo con un parquímetro de la zona, amedrentaba a los asistentes
con sus colmillos afilados y bailaba con un macabro esqueleto que
pretendía representar a la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre.
"Cada uno celebra el Carnaval como quiera", comentaba divertido un
transeúnte, mientras que los asistentes llegados en el último
momento aprovechaban incluso unas bolsas de basura para poder seguir
los ataúdes de riguroso luto.
Las repartía Alberto, miembro de la plataforma Parquímetros fuera
del Parque Eugenia de Montijo (Carabanchel): "El alcalde no nos deja
ninguna otra opción", comentaba. "Esta noche enterramos un
parquímetro de forma simbólica, pero esperamos poder enterrarlo de
verdad muy pronto en los barrios periféricos", confiaba Jesús Otero,
portavoz de la plataforma contra los parquímetros de Fuencarral y
uno de los inspiradores de las protestas.
Los carnavales antiparquímetros, que terminaron después de cinco
días de festejos, no han sido, sin embargo, las únicas celebraciones
reivindicativas de la capital. El domingo, unos 300 vecinos del
distrito de Chamberí se manifestaron a ritmo de batucada y
disfrazados en un Carnaval contra la creación de un campo de golf en
el antiguo depósito del Canal de Isabel II. (El País, 22/02/07)
19. TIELMES: ADMITIDA A TRÁMITE UNA QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DEL
PP (19/02/07)
El promotor Rafael Suárez tiene previsto acudir hoy lunes a declarar
ante el juez, como parte de las diligencias previas dictadas por el
juzgado. La querella se presenta contra el primer edil y concejal de
Urbanismo de Tielmes, en Madrid, (2.468 habitantes), la responsable
de Educación, la secretaria del Consistorio, el hermano del
querellante y antiguo socio, los dos administradores mancomunados de
la promotora Inmobusiness y dos arquitectos municipales.
Los hechos se remontan al verano de 2006 cuando la sociedad Tielmes
Futura, hasta entonces participada en un 55% por el querellante,
Rafael Suárez Gómez, y en el 45% restante por su hermano Alfredo
Suárez Gómez recibe una oferta de compra por parte de otra
promotora, Inmobusiness Europea.
Esa operación culmina con la adquisición de la participación
minoritaria de Alfredo Suárez y la negativa de su hermano, el
querellante, a vender su 55%. A partir de la entrada en el capital
de Tielmes Futura de la segunda promotora, el querellante denuncia
haber recibido continuas presiones por parte de su hermano y los dos
administradores de Inmobusiness para que les vendiera su
participación en el capital. Según consta en el texto de la
querella, 'las presiones se han realizado mediante amenazas y
actuaciones que entendemos que constituyen una conducta tipificable
como extorsión para forzar al querellante a vender'.
Ante la negativa de este promotor a salir de la sociedad, acusa a
Inmobusiness de haber dirigido sus esfuerzos a paralizar una obra de
79 viviendas, locales y garajes que está promoviendo Tielmes Futura
en la calle Real 17 de esta localidad madrileña por distintas vías.
El texto de la denuncia relata cómo el hermano del querellante y
también querellado Alfredo Suárez, así como los administradores de
Inmobusiness, 'han procedido a dirigir cartas al banco, proveedores,
dirección facultativa, administrador y trabajadores al objeto de
obtener, tal y como habían amenazado, la paralización de la obra'.
Es aquí donde interviene, según el texto de la querella, la
actuación del alcalde y el resto del personal del Ayuntamiento
contra quienes se ha interpuesto la querella.
La acusación describe que en una ocasión llegó a celebrarse una
reunión, convocada por el propio primer edil y a la que también
acudieron los socios de Inmobusiness, en la que se le advirtió que
el Ayuntamiento iba a exigirle una documentación y un aval bancario
por importe de 360.000 euros que de no aportarse, supondría la
paralización de los trabajos de construcción. Los abogados del
querellante denuncian que estas prácticas, cuyo objetivo es la
paralización de la obra, se han sucedido por parte del Ayuntamiento
constantemente, mientras los trabajos continúan.
La querella entiende que existe 'una actitud connivente entre el
alcalde, los arquitectos municipales e Inmobusiness para lograr de
facto, con un pretexto u otro, la paralización de la obra'.
