1. COMUNIDAD DE
MADRID: AGUIRRE: NADIE EN EL PP "AVALA" LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
(27/02/07)
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, negó que en el PP alguien haya dado
crédito a las teorías de la conspiración sobre la autoría del 11-M,
y retó a los periodistas a decir “quién y cuándo en el PP se ha
dicho algo que avale" esas teorías. Además aseguró que ella siempre
ha sostenido su “plena confianza en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en los jueces, en los fiscales, en todos los
mecanismos de investigación y también en las investigaciones
periodísticas” para llegar a conocer “la verdad” del 11-M. En una
entrevista concedida al diario gratuito 20 minutos, Aguirre negó que
el PP haya desconfiado en ningún momento de la investigación sobre
los atentados del 11 de marzo en Madrid. “Le reto a que me diga
quién y cuándo en el PP se ha dicho algo que avale la teoría que
usted mantiene”, advirtió a Juan Carlos Escudier, que firma la
entrevista.
No obstante, una visita bastante
superficial a las hemerotecas demuestra que en numerosas ocasiones
el núcleo duro del PP ha apoyado las tesis de los conspiracionistas.
El propio líder del partido, Mariano Rajoy, llegó a decir que sobre
la autoría del 11-M había puntos tan oscuros como en el asesinato de
Kennedy, o que la investigación no debería “terminar nunca”. Tampoco
Eduardo Zaplana ha
escatimado sus críticas a las presuntas “maniobras” del Ejecutivo
para ocultar la “verdad del 11-M”, lo mismo que el diputado
Jaime Iganacio del Burgo.
Incluso el propio José María Aznar ironizó sobre las “montañas
lejanas” en las que estarían
los presuntos autores de la masacre.
Aguirre, además, ya ha tenido otros
episodios amnésicos
en torno a cuestiones como el proceso de paz, cuando aseguró que el
PP nunca había hablado de “proceso de rendición”, o al hablar de la
manifestación convocada por las asociaciones de ecuatorianos
quienes,
tras cambiar el lema de la marcha a
petición del PP, tampoco
contaron con su apoyo.
Aguirre se refirió también a la
manifestación del pasado sábado en Madrid para pedir que el etarra
De Juana Chaos cumpla íntegramente su condena. Aguirre aseguró que
las manifestaciones de la AVT “no son contra el Gobierno, sino a
favor de las víctimas”, y aprovechó la ocasión para señalar que
“Zapatero no lo está haciendo bien”, por lo que confía en su
victoria electoral de cara a las municipales de mayo.
Sobre la polémica situación que vive
Telemadrid, a la que sus trabajadores acusan de manipular la
información, Aguirre subrayó que “no hay ningún conflicto” en el
ente público, sino que lo que se da es una “maniobra del PSOE”.
Aclaró que ella no tuvo “nada que ver con el nombramiento de Sánchez
Dragó” como presentador del Diario de la noche. “Le conozco porque
es vecino mío, vive en mi misma calle”, matizó.
Sobre la Asociación 11-M Afectados por
el Terrorismo, que dirige Pilar Manjón y que recientemente ha
denunciado que no recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid,
Aguirre ha asegurado que esta organización no se ha beneficiado de
las ayudas porque no las ha pedido, pero que las tendrá si las
solicita.
2. COMUNIDAD DE
MADRID: EL EX PORTAVOZ DE GOBIERNO DEL PP RECIBE DE NUEVO UN
CONTRATO MILLONARIO DEL GOBIERNO DE AGUIRRE (01/03/07)
La empresa Carat-España, vinculada al
ex portavoz de Gobierno del PP Miguel Ángel Rodríguez, ha encontrado
un auténtico filón en las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.
El consejo de administración del Canal de Isabel II, principal
empresa pública del Gobierno de Esperanza Aguirre, acaba de
adjudicarle un suculento contrato por dos años cercano a los 20
millones de €. Se trata de la campaña de publicidad y
sensibilización para el ahorro de agua en Madrid, concurso al que
han optado diez compañías. La mesa de contratación le ha dado a
Carat 94,7 puntos sobre un total de 100, sin que existieran
diferencias económicas apreciables entre las ofertas presentadas.
Cabe recordar que la empresa que fuera
presidida por el ex portavoz de José María Aznar, y a la que todavía
sigue vinculado, recibió encargos en 2006 para publicidad
institucional de la Comunidad de Madrid por valor de 42 millones €.
Dicho de otra forma, la empresa vinculada a Miguel Ángel Rodríguez
se hizo el año pasado con casi la tercera parte del presupuesto
total de publicidad institucional, que ascendía a casi 140 millones
€. Sólo en la campaña para el Metro de Madrid, Carat ya se adjudicó
un concurso restringido de 23 millones €. Se da la circunstancia,
además, de que esta empresa ya protagonizó otra polémica
adjudicación del Canal de Isabel II de cerca de 10 millones €.
Cuando el consejo de administración de
la empresa pública se disponía a ratificar a otra empresa como
ganadora del concurso, los consejeros recibieron un documento donde
figuraba Carat como adjudicatario final. Extraña maniobra que fue
atribuida a un error informático ya que, según dijeron, la oferta
fue la que mejor calificación obtuvo.
El Gobierno Regional mantiene que
Miguel Ángel Rodríguez no ocupa ya ningún cargo en el consejo de
administración de Carat, auque sigue ejerciendo labores de
representación y cuenta con despacho en la empresa. En estos
momentos, la productora del publicista prepara un documental en
homenaje a la presidenta regional, que lleva por título: "Esperanza
Aguirre: entusiasmo por la libertad
3. COMUNIDAD DE
MADRID: EL PP INTENTA FRENAR UN VIAJE DE EURODIPUTADOS PARA
COMPROBAR DENUNCIAS URBANÍSTICAS (27/02/07)
Los eurodiputados por el Partido
Popular Carlos Iturgaiz y Salvador Garriga pidieron que la
delegación del Parlamento Europeo que viajará esta semana a Almería,
la Comunidad Valenciana y Madrid suspenda la visita a esta última
comunidad por las "irregularidades" que han incurrido en el caso. La
visita de diputados europeos había sido solicitada por diversas
asociaciones de ciudadanos de varias localidades de estas
comunidades para que las instancias europeas tomaran medidas ante
los casos de infracciones urbanísticas que se estaban produciendo.
En la región, la Comisión tiene
previsto visitar especialmente Galapagar, pero también Torrelodones,
Moralzarzal, Las Rozas y Rascafría.
El vicepresidente de la Comisión de
Peticiones, el diputado laborista británico Michael Cashman, que
estaba "muy triste, porque el PPE [Partido Popular Europeo] ha
intentado impedir que se realice esta visita". El parlamentario
europeo señaló que "ya se habían concertado encuentros con
funcionarios, políticos y miembros de asociaciones civiles" para
recoger sus preocupaciones, y que no tenía sentido el aplazamiento.
Cashman censura los retrasos que ha
promovido el PPE, y se pregunta: "¿Qué tienen que esconder? ¿De qué
tienen miedo?". Y precisó que la misión se efectuará igualmente,
porque ha sido "aprobada por el Buró y el presidente del Parlamento
Europeo, Hans-Gert Poettering".
La puesta en marcha de la misión, que
venía registrando numerosos obstáculos y atrasos, se desatascó por
la intervención del eurodiputado socialista, Miguel Ángel Martínez,
vicepresidente del Parlamento, en la reunión de la mesa del mismo.
El PPE ha rechazado participar.
Salvador Garriga, eurodiputado por el
PP, manifestó que existían varias razones que justificaban la
petición de suspensión de la visita en Galapagar. "El asunto no ha
sido discutido en la Comisión de Peticiones; en segundo lugar, el
plan general de Galapagar no está aprobado y, en tercer lugar,
tampoco se precisan las otras áreas donde se debe realizar la
visita".
Garriga añadió que en el caso de
Madrid, la Comisión sólo iba a estar formada por un diputado,
Michael Cashman, debido a que su presidente, el polaco Marcin
Libicki, del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, no podía
asistir a la visita prevista para el sábado, que es "además cuando
las oficinas de la Administración están cerradas".
Carlos Carnero, eurodiputado socialista
madrileño, señaló que precisamente el sábado es "el día que los
miembros de las asociaciones de vecinos, entidades cívicas y
partidos políticos como el PSOE tienen más facilidades para
participar en estas actividades". Carnero recordó que en Galapagar
se había convocado una asamblea de afectados para exponer sus
inquietudes y facilitar toda la información disponible a los
representantes de la Eurocámara sobre la situación del "urbanismo
salvaje". "Con su oposición, el PP está torpedeando el derecho de
petición de los ciudadanos madrileños. Si no tuvieran nada que
ocultar, recibirían a la Comisión con los brazos abiertos", criticó
el eurodiputado socialista. Antes de ir a Madrid, la misión visitará
primero Albox y el valle de Almanzora, en Almería, y, después,
Jávea, Benicàssim, Torrevieja y Oropesa, entre otras localidades, en
la Comunidad Valenciana.
El informe que realice la misión puede
contribuir a acelerar la actuación de la Comisión Europea, que
deberá pronunciarse sobre el caso y abrir expedientes si se detectan
irregularidades.
4. COMUNIDAD DE
MADRID:: LA RUTA DE LOS 'PELOTAZOS' INMOBILIARIOS (27/02/07)
Una comisión del Parlamento Europeo
visitará el próximo 3 de marzo el municipio serrano de Galapagar
para comprobar in situ las denuncias de ciudadanos y partidos
políticos sobre crecimientos urbanísticos excesivos. También tienen
intención de recorrer Torrelodones, Alpedrete, Moralzarzal,
Rascafría y Las Rozas, aunque todavía no está confirmado.
- Galapagar. Esta localidad, situada a
35 kilómetros de Madrid y con el 72,56% de su término protegido,
aprobó de forma inicial en julio de 2005 un nuevo ordenamiento
urbano. En él se prevé la construcción de 8.910 viviendas y un techo
poblacional de unas 60.000 personas. En la actualidad, el pueblo
tiene 32.096 habitantes. El plan impulsado por el PP ha suscitado el
rechazo de los vecinos y de la oposición municipal (PSOE, IU y Foro
Verde).
- En Torrelodones los escándalos
urbanísticos rompieron el partido popular. El alcalde, Carlos
Galbeño, del PP, expulsó a dos de sus concejales que habían
denunciado supuestas corrupciones. Una de las cuestiones
urbanísticas que más críticas vecinales ha levantado en el municipio
es la intención del PP de recalificar el Área Homogénea Norte, una
zona de 128 hectáreas, considerada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de gran valor ecológico. El Ayuntamiento
pretende edificar en este entorno 1.536 viviendas y un campo de golf
municipal.
- Alpedrete. El municipio, gobernado
por el PP, está tramitando un plan general que, caso de ser
aprobado, duplicará la población actual de 13.100 habitantes. Los
vecinos se han unido en una plataforma y han recogido firmas en
contra de los planes municipales. Denuncian que con el plan
urbanístico que pretende aprobar el gobierno local se multiplicará
la población del municipio.
- En Moralzarzal, el regidor, José
María Moreno, del PP, ha vuelto a resucitar un viejo proyecto: el
desarrollo urbanístico de Los Praderones. Esta finca fue declarada
hace tres años suelo no urbanizable de especial protección. La
Comunidad de Madrid ha rechazado los planes municipales para una
zona conocida como Los Praderones en tres ocasiones.
- Rascafría. La alcaldesa de Rascafría,
Yolanda Aguirre, del PP, se vio obligada a reducir a la mitad el
número de viviendas previstas para su municipio. Pasaron de 1.600 a
900 debido al fuerte rechazo que provocó entre los vecinos y los
socialistas, en la oposición, sus planes para el municipio.
- Las Rozas. El municipio, gobernado
por el PP, prepara un plan urbanístico que elevará la población a
110.00 habitantes, el 47% más que la actual. La propuesta municipal
prevé un límite de 7.556 nuevas viviendas y agota el suelo
edificable de la localidad. Para el PSOE local, los cálculos del
equipo de gobierno se quedarán cortos y según sus propias
estimaciones alcanzarán los 130.000 habitantes en 10 años.
5. COMUNIDAD DE
MADRID: EL DÚO DINÁMICO DE LA MANIPULACIÓN EN TELEMADRID (24/02/07)
En la programación de TeleMadrid brilló
esa especie de Dúo Dinámico de la manipulación que son José Antonio
Ovies y Sánchez Dragó. Ovies es el profesional de la casa que se
aviene a poner la cara en todos aquellos programitas en los que se
reclama un paso de tuerca, una especial predisposición para ver la
paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y ningún reparo para
acomodar la realidad a todo aquello que favorece a los intereses de
Doña Esperanza y su partido.
No debe sorprender a nadie, máxime si
se conoce de la trayectoria de este sujeto cuando dirigió el centro
territorial de TVE en Asturias, en la etapa del Partido Popular. En
abril de 2004 los trabajadores del centro hicieron público un
informe con detalles precisos y prolijos respecto a los niveles de
manipulación e intoxicación en los que había incurrido el tal Ovies.
En el especial sobre el 11-M que
dirige, José Antonio Ovies se cebó con Pilar Manjón, a cuento de un
desafortunado gesto que hizo la presidente de la Asociación de
Víctimas del 11-M dirigiéndose a una mujer musulmana, madre de una
asesinada y esposa de un presunto yihadista. Una vez más, se ha
podido comprobar que hay dos varas de medir en el tema de víctimas.
Ovies es de la coral que se escandaliza ante la más mínima
observación respecto a la AVT, pero que son inmisericordes con Pilar
Manjón.
Del inefable retroeyaculador
Sánchez Drago, se agota la capacidad para glosar sus destellos de
talento y su competencia profesional. Tras entonar días atrás el mea
culpa con orejas de pollino, por sus intolerables apreciaciones
sobre la suciedad de los madrileños y los emigrantes, protagonizó
otra escena con atrezzo. Rosa roja en mano ofreció su lado más
amable y dirigiéndose al PSOE dijo “venir en son de paz”.
De sus confusas y retorcidas
explicaciones alguien pudo concluir que los socialistas andan
acosando a un presentador que no hace más que cumplir su deber
profesional. Nada más incierto. Eludió comentar que los reproches
procedentes del PSOE están directamente relacionados con sus
comentarios xenófobos y despectivos, tanto hacia los extranjeros que
viven en Madrid como a los madrileños
Más le valdría ser más prudente y menos
ególatra, manipulador y vanidoso. Y, por cierto, enterarse que la
hora en la península no corresponde con las Canarias. Así que, Sr.
Dragó, no “son las 12 más o menos en España”, como usted dice. ¡Qué
cruz!
6. COMUNIDAD DE
MADRID: LA REBAJA FISCAL MENGUANTE DE ESPERANZA AGUIRRE (27/02/07)
La rebaja de impuestos auspiciada por
la presidenta regional Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid
en el tramo autonómico del IRPF (adicional a la que se aplicará en
el tramo estatal) no será tan boyante como se preveía en un
principio. La ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de
este año estima una reducción genérica en la tarifa autonómica del
impuesto sobre la renta, de un punto (a aplicar ya desde enero), en
función de los ingresos del contribuyente madrileño.
De esta forma, y según cálculos
oficiales del Ejecutivo regional, el punto de reducción en la cuota
regional es equivalente a un recorte medio del 2,7% (unos 80 €) en
la cuota a pagar por cada madrileño en el tramo autonómico. Esta
será del 4,46% para los contribuyentes con ingresos de hasta 17.360
€; del 4% para quien ingrese entre 17.360 y 32.360 €, y del 1,4%
para los que ganen más de 52.360 €, según los citados cálculos. Sin
embargo, esta reducción general de un punto en la tarifa autonómica
(primera que practica una comunidad) provocará otros efectos sobre
el impuesto que harán que la rebaja no sea tan profunda, y que
incluso llegue a ser discriminatoria para los contribuyentes
madrileños en relación a valencianos, catalanes o cántabros. Esto
tiene su explicación por la mecánica liquidatoria del impuesto, que
obliga a aplicar la tarifa sobre las deducciones personales y
familiares que, técnicamente se descuentan de la base imponible del
impuesto, no de la cuota.
Así, mientras que el resto de
comunidades autónomas aplicarán un gravamen del 24% sobre estas
deducciones familiares, en Madrid este porcentaje se reducirá, en la
práctica, al 23,6%. (hay que descontar la rebaja de la tarifa
aprobada por el Gobierno de Aguirre). Este hecho 'atenúa la rebaja
impositiva llevada a cabo en Madrid', según advierte Luis del Amo,
gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y
provoca que la deducción por mínimos personales y familiares sea, en
la práctica, menor en Madrid que en otras regiones.
Un ejemplo, puesto por el propio REAF,
aclara esta aparente paradoja. Es el caso de un contribuyente con
unos ingresos anuales de 17.360 € y que sume en el IRPF deducciones
familiares y personales por 8.850 € (5.050 por mínimo personal y
3.800, por dos hijos). En el resto de comunidades, pagará por el
nuevo IRPF una cuota de 2.234 € (1.457,9 por el tramo estatal y
776,5 por el autonómico). En Madrid, pagará algo menos, 2.197 €
(1.457 por el tramo estatal y 739 por el autonómico), es decir 37,24
€ menos. Sin embargo, si no tuviera que aplicar la menor tarifa
autonómica sobre las deducciones familiares, el ahorro sería aún
mayor, de 69,4 € (32,2 € adicionales a los 37,24 reales). Esta
circunstancia permitirá a la Comunidad de Madrid 'ahorrarse' parte
de la rebaja fiscal anunciada. Esa parte es la que le revierte por
el juego de las deducciones familiares incluidas en el sistema.
Si el ejemplo se aplica a ingresos
anuales mayores para un contribuyente (casos dos y tres del gráfico)
el ahorro para la Comunidad de Madrid (menor coste por aplicación
una rebaja tributaria atenuada) sería aún mayor.
Desde el REAF se insiste en que esta
paradoja se produce por el juego cruzado de la tarifa autonómica
sobre las deducciones generales. Entre los consejos de los asesores
se encuentra una delimitación más clara entre los impuestos
(estatales, locales y autonómicos) para evitar cruces indeseados.
Estos cruces se suelen producir en los impuestos locales donde una
administración recauda y otra legisla (Estado).
7. COMUNIDAD DE
MADRID: DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL ‘MANIPULA’ Y REDUCE LOS
DATOS DE FRACASO ESCOLAR (26/02/07)
El portavoz socialista de educación en
la Asamblea de Madrid, Adolfo Navarro, denunció “la manipulación” de
los datos de fracaso escolar que ofrece el gobierno regional, que lo
cifra de 22.1% “y deja fuera un 9% más que no contabiliza y que son
los alumnos que abandonan la enseñanza obligatoria”.
Para Navarro, el dato real de fracaso
escolar en la Comunidad de Madrid supera el 31%, es decir, un 9% más
de lo expuesto por el gobierno regional, que no tiene en cuenta a
los alumnos que abandonan la etapa escolar obligatoria.
“Para saber el dato real de fracaso
escolar en nuestra Comunidad, hay que sumar a los 12.000 alumnos que
suspenden el último curso de la etapa obligatoria, los 6.000 más que
abandonan el sistema de enseñanza en esa etapa obligatoria, es
decir, antes de los 16 años”, señaló el portavoz socialista, que
consideró estos datos como “cifras demoledoras e insoportables”.
Uno de cada tres alumnos salen del
sistema educativo en la Comunidad de Madrid sin el título básico,
existiendo 72.000 alumnos aproximadamente que durante la última
legislatura han abandonado sus estudios obligatorios para engrosar
las listas de trabajos precarios, con grandes dificultades para
llevar una vida normal en lo laboral y en lo personal.
“Hay que dar un cambio radical a esta
dinámica, un cambio de rumbo y de modelo educativo en la Comunidad
de Madrid”, señaló Navarro, anunciando la próxima presentación en la
Asamblea de Madrid de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación de
los socialistas madrileños, que con 3.000 millones de € de dotación
adicionales en cinco años, pretenderá, como gran objetivo de la Ley,
reducir a la mitad la tasa de fracaso escolar en la Comunidad de
Madrid, para situarla en la media europea.
Para Navarro, “es inaceptable e
impresentable que la región con la renta per cápita más alta de
España tenga unas tasas de fracaso y escolarización tan pobres como
las tiene la Comunidad de Madrid” y señaló como medidas de la Ley
socialista para la educación, la reducción del número de alumnos por
aula, la incorporación de una hora lectiva más en primaria para
prevenir las dificultades en el aprendizaje, la contratación en
cinco años de más de 11.000 profesores y demás profesionales como
educadores sociales, mediadores culturales o asistentes, y la
creación de más de 100.000 plazas escolares en los próximos años,
25.000 de ellas para la educación infantil de 0 a 3 años.
8. COMUNIDAD DE
MADRID: EL PARQUE WARNER ARRASTRA TODAVÍA UNA DEUDA DE 242 MILLONES
DE € (28/02/07)
El parque Warner Madrid, ubicado en San
Martín de la Vega, arrastra todavía una deuda de 242 millones, lo
que supone casi un 80% de los activos de este centro de ocio, según
su presidente, Jesús Sainz. Éste aseguró que en la temporada pasada
el parque recibió un 16% más de visitantes (1,17 millones). La
razón, explicó, es que el centro de ocio abrió por primera vez en
sus cinco años de existencia durante 19 días en diciembre y enero.
El parque Warner mantiene un préstamo
sindicado de 213 millones de € con Caja Madrid, que vence el 1 de
enero de 2016. A ello se une un crédito por parte de los accionistas
que llega a los 29 millones de €.
El parque cambia este año de dirección,
después de que la Comunidad de Madrid vendiera el año pasado su
participación del 43,6% a la inmobiliaria Fadesa por 26 millones de
€, más el traspaso de un crédito de 14 millones que el Ejecutivo
había pedido para mantener el parque.
Una de las razones por las que el
Ejecutivo de Esperanza Aguirre cedió su participación fue,
precisamente, la deuda que arrastraba el parque, que alcanzaba los
243 millones de €.
Tras cerrar un acuerdo con el
Ayuntamiento de San Martín de la Vega (PSOE) consiguió que éste
recalificara unos terrenos de 100 hectáreas junto al parque,
operación que le servía para ampliar el parque con nuevos centros
comerciales y hoteles. Así facilitaba sanear la empresa y permitir
su venta. Con esta operación, el Ejecutivo regional recuperó los 70
millones invertidos.
Al mismo tiempo, Fadesa adquirió la
participación que tenían las constructoras FCC, Necso, ACS,
Ferrovial y Dragados, así como las de NH Hoteles. La gestión del
complejo de ocio fue cedida por la inmobiliaria a la empresa Parque
Reunidos.
El todavía presidente del parque, Jesús
Sainz, que dejará en breve el puesto, ofreció unos datos optimistas
y aseguró que en 2006 alcanzó 1,17 millones de asistentes, lo que,
dijo, ha supuesto un incremento del 16%. Además, explicó que el
parque ha generado en 2006 unos ingresos de 40,3 millones, con un
beneficio de 1,3 millones. De momento, la empresa sólo ha logrado
pagar parte de los intereses de la deuda que arrastra, explicó
Sainz.
9. COMUNIDAD DE
MADRID: DOS ENFERMOS MUEREN EN LOS PASILLOS DEL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL LA PAZ (02/03/07)
Dos enfermos ingresados en camas en
pasillos y zonas de paso de las urgencias del hospital de La Paz
murieron rodeados de otros (entre ellos, una enferma que pasó cuatro
días esperando el diagnóstico de cuatro costillas rotas). Los
trabajadores denuncian que "cada día hay entre 30 y 40 enfermos en
camas en los pasillos". La dirección admite el colapso y lo atribuye
al aumento de pacientes (un 27% más en enero que en el mismo mes de
2006). "Puede haber problemas de comodidad e intimidad, pero la
atención médica no se ve afectada", aseguró un portavoz.
María Antonia Cervera y Pilar Rodríguez
coinciden en calificar esta semana como "una de las peores" de sus
vidas debido al ingreso de sus madres en las urgencias de La Paz.
"Es vergonzoso. La gente está hacinada
y el personal no da abasto. No hay intimidad y la asistencia no es
la adecuada. Mi madre entró el domingo y hasta el miércoles por la
noche no vieron que tenía cuatro costillas rotas. En todo este
tiempo ha estado ingresada en los pasillos", se queja María Antonia.
"No hay derecho que tengan a gente mayor y enferma en estas
condiciones", tercia Pilar.
Las dos mujeres critican que "se lave a
todo el mundo delante de todo el mundo" y que los "enfermos pasen
tres, cuatro y hasta cinco días en los pasillos sin poder dormir por
el trasiego constante de gente". "Un paciente que estaba dos
camillas más allá de mi madre murió delante de todo el mundo.
Imagínate como se quedan los demás y que forma tan triste de morir",
añade María Antonia.
No muy lejos, a unos 15 metros en línea
recta, otro enfermo murió horas después en una zona de paso del
box 3 (espacio para el
ingreso), según denunciaron familiares de pacientes y confirmaron
unos trabajadores. La actividad en urgencias era a primera hora de
la tarde frenética: los pasillos y las zonas de paso estaban
colmadas de camas arrumbadas a la pared y colocadas en fila. Si un
paciente debía ser trasladado, casi toda la fila se veía afectada
entre las quejas de quienes debían moverse.
Los 58 puestos de capacidad que tienen
las urgencias se ven superados por "20, 30 y hasta 40 enfermos más
casi todos los días", denuncia CCOO. "No hay camas libres en planta
y el tapón que se forma en urgencias es enorme. Se intenta derivar
algunos enfermos a otros hospitales, pero son solo unos pocos".
La dirección del hospital admite que
sufre una "elevada presión asistencial" y lo atribuye a la población
que debe atender (799.000 personas del norte de la capital y la
región) y al aumento de personas que acuden a urgencias. "Este
enero, por ejemplo, hemos atendido un 27% más de pacientes que el
mismo mes de 2006 y un 13% que la media de todo el año", explicó un
portavoz.
Éste admitió que la acumulación de
camas en los pasillos "causa molestias a los enfermos y les resta
intimidad", pero subrayó que "la asistencia médica que se les presta
sigue siendo la misma que siempre". Respecto al retraso en algunos
diagnósticos y la muerte de pacientes en urgencias, el hospital
defiende que "los índices de calidad asistencial y mortalidad son
los de un hospital de referencia nacional". "Es una cuestión de
comodidad", reitera.
10. COMUNIDAD DE MADRID:
UN CRÉDITO PARA PAGAR AL HOSPITAL (26/02/07)
La burocracia está a punto de dejar sin
piso a una familia que acude a Cáritas para comer y vestirse.
Antonio Rivera, de 54 años, sufrió un infarto en julio de 2004.
Salvó la vida gracias a una clínica privada, que lo ingresó en la
UCI ante la falta de camas libres en los hospitales públicos. La
Consejería de Sanidad admite que es un caso de "asistencia vital" y
que deberá asumir los 15.500 € de la factura. Pero, por un
formalismo jurídico, se niega a avanzar el dinero y quiere que el
hombre pida un crédito. La clínica, que dice "no entender" a
Sanidad, ha llevado la deuda a los tribunales. "¿Cómo voy a pedir un
crédito de 15.500 € si ingreso menos de 400 al mes?", se pregunta
Antonio, indignado y angustiado en el salón del piso de Mejorada del
Campo que ahora teme perder.
Tras el infarto, no ha podido volver a
trabajar. "Yo era pintor autónomo. Pero no he vuelto a ser el mismo.
Se me olvidan las cosas y soy incapaz de organizarme", explica.
Nieves, su mujer, le regala una mirada tierna. "Estuvo 35 minutos en
parada cardiorrespiratoria y le han quedado algunas secuelas",
susurra. "Nada que le impida llevar una vida casi normal, pero lo de
trabajar es imposible", añade. Al ser autónomo, Antonio ingresa poco
por su baja laboral, unos 600 € al mes. De ellos, tiene que pagar
240 para seguir cotizando como trabajador por cuenta propia hasta
que un tribunal de la Seguridad Social resuelva qué grado de
incapacidad le va a conceder. Con ellos viven una hija con un bebé
de 15 meses y un hijo militar.
En esta situación, la notificación del
juzgado de Primera Instancia de Coslada, recibida hace seis meses,
cayó como una bomba en la familia. "Si en 20 días no paga ni
comparece en este juzgado dando razones de la negativa al pago",
avisa el escrito, "se despachará ejecución" para el embargo de sus
bienes. De momento, Antonio ha logrado paralizar el proceso mientras
espera las gestiones de un abogado de oficio.
"Es que no me puedo creer lo que nos
está pasando",Tras sufrir el infarto, estuvo 35 minutos en parada
cardiorrespiratoria y que casi le daban por muerto cuando lograron
reanimarle. Luego lo ingresaron en la UCI, donde estuvo cuatro
días". Nieves enseña unos documentos de la clínica y de Sanidad. En
ellos se lee una petición del centro privado para que la consejería
le traslade a un hospital público, pero ésta contesta que "no hay
ninguna cama libre en la UCI" en sus hospitales y pide que Antonio
siga ingresado en Ntra. Sra. de América.
Aún no había recibido el alta cuando la
clínica presentó la primera factura. "Eran 1.200 € por un
stent", un pequeño
cilindro que se introduce en el vaso sanguíneo que ha sufrido el
infarto. "Tampoco los teníamos entonces, pero los juntamos entre
todos y los pudimos pagar", cuenta Nieves, que admite que Sanidad
les devolvió el dinero "muy rápido". Tras un traslado al hospital de
La Princesa por unos problemas respiratorios, Antonio recibió el
alta un mes más tarde. "Al principio no sabía ni dónde vivía. Tuvo
que aprender a escribir otra vez", explica Nieves. Antonio empezaba
a recuperar su autonomía cuan do la familia recibió otra factura de
15.505 € por el tratamiento recibido. "Nos asustamos mucho, pero
fuimos al Ayuntamiento y a nuestro hospital y nos dijeron que era la
Comunidad la que tenía que pagar".
El caso de Antonio Rivera es uno de los
definidos como "asistencia urgente, inmediata y de carácter vital"
por la normativa sanitaria. La ley establece que en estos casos la
sanidad pública asumirá los costes de la asistencia sea donde sea.
"A mí el infarto me dio allí, yo no lo elegí", se justifica Antonio.
Nieves llevó la factura y todos los documentos al Defensor del
Paciente de Madrid a finales de 2004. Este organismo, dependiente de
Sanidad y cuyo titular es Juan Ignacio Barrero, debe velar por el
interés de los pacientes cuando crean que no se respetan sus
derechos en la sanidad pública. "Los presenté pensando que todo se
iba a resolver", explica.
Más de dos años ha tardado el Defensor
en contestar a la familia, concretamente hasta el pasado 17 de
enero. En una carta de seis páginas y cargada de argumentos
jurídicos, Barrero admite que la atención a Antonio fue un caso de
"urgencia vital", que no se le ingresó en un hospital público porque
"no había camas libres en la UCI" y que es la sanidad pública la que
deberá hacerse cargo de su asistencia.
Pero el Defensor topa aquí con un
obstáculo insalvable que le impide pagar la factura: la normativa
habla de "reembolsar los gastos" al paciente, no de pagarlos. Y
Sanidad, en una orden interna, precisó al Defensor que "para hacer
un reintegro de gastos es imprescindible que el gasto se haya
producido", lo que no ocurría porque Antonio no puede sufragarlo. La
solución del Defensor es que Antonio pida un crédito y así se lo
podrá "reembolsar". "Parece un chiste, pero es verdad", comenta el
afectado.
La clínica privada, en una carta
remitida al Defensor, muestra su asombro. "No logramos entender por
qué desde el Servicio Madrileño de Salud se exige el pago previo de
la factura al señor Rivera sabiendo que, finalmente, dicho servicio
deberá reembolsárselo", suscribe la clínica.
Pese a ello, el centro se muestra
dispuesto a cobrar "a plazos" para evitar que Antonio deba pedir un
crédito de 15.050 €. "Es la solución que les ha dado el Defensor,
que yo pida un crédito por menos dinero, que pague a la clínica, y
que me devuelvan el dinero y así volver a empezar hasta pagarlo
todo. Y yo no puedo asumir los gastos financieros que eso supone",
sentencia.
11. COMUNIDAD DE
MADRID: LAS HIPOTECAS DE MADRID SON LAS MÁS ALTAS DE ESPAÑA
(27-02-07)
Madrid y País Vasco registraron en 2006
el mayor importe medio hipotecado, con 214.000 € y 190.000 €,
respectivamente, según la estadística de hipotecas publicada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). En España, el importe medio
de las hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 140.275 €,
lo que supone un incremento del 12,6% respecto a 2005.
En todo el año 2006, se constituyeron
en Madrid 201.693 hipotecas, por un valor de 43,3 millones de €, la
mayoría de ellas, 200.364 de ellas, para la compra de fincas urbanas
y en especial vivienda (157.369 por 29,2 millones). Las cajas de
ahorros fueron las entidades favoritas de los madrileños, con un
total de 113.805 por un valor de 22,7 millones de €, frente a los
bancos que sumaron 67.392 (15,6 millones). Durante el año pasado, se
cancelaron 118.252, de las que 96.299 eran sobre viviendas y 27.117
sufrieron modificaciones por el tipo de cambio.
En cuanto a los datos de diciembre
pasado, las hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas
en Madrid ascendieron a 12.604, por valor de 3 millones de €. La
mayoría de ellas corresponden a fincas urbanas, un total de 12.561
(2,9 millones), de las cuales 9.151 fueron viviendas y 227
solares.
Los datos del INE revelan además que
las cajas de ahorro proporcionaron en este periodo 7.075 hipotecas
(1,6 millones) sobre las fincas urbanas, frente a las 4.578
hipotecas concedidas por los bancos (1,1 millones).
Por otra parte, se cancelaron en el
registro un total de 8.564 fincas en Madrid en el mes de diciembre,
6.883 de las cuales eran créditos sobre viviendas. Del mismo modo,
un total de 2.181 personas sufrieron cambios por el tipo de
cambio.
Por comunidades autónomas, Murcia (con
7.295) y Comunidad Valenciana (con 7.263) fueron las regiones que
concentraron un mayor número de fincas con hipoteca constituida en
2006 por cada 100.000 habitantes, mientras que Galicia (2.837) y
Extremadura (3.214) fueron las que menos.
Frente a Madrid y País Vasco, que
encabezan la lista por precios, Extremadura (116.000 €) y Región de
Murcia (130.000 €) fueron las comunidades con menor importe medio.
12. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: ANTICORRUPCIÓN PIDE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL PARA DOS IMPLICADOS
EN EL FRAUDE DE LOS CURSOS DEL IMEFE (27/02/07)
La Fiscalía Anticorrupción pide nueve
años de prisión para el ex director gerente del Imefe (Instituto
Municipal para el empleo y la Formación Empresarial) Ricardo Peydró
Blázquez y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional,
José Luis Solana Azcárate, por el escándalo de las adjudicaciones de
cursos de formación de empleo que no fueron impartidos y en los que
fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes.
Anticorrupción pide penas de dos años para otros seis responsables
de las empresas adjudicatarias. En total , Anticorrupción reclama 30
años de cárcel para ocho acusados.
Según el escrito de la fiscal Pilar
Melero Tejerina, los acusados Peydró y Solana adjudicaron de común
acuerdo a diferentes sociedades cursos de formación para
desempleados, subvencionados en un 45% por el Fondo Social Europeo y
el resto, por el Ayuntamiento de Madrid "a cambio de dinero o
regalos". Solana, que elaboraba las propuestas de adjudicación,
recibió una comisión de un 3% del importe total de cada curso que el
Imefe abonaba a la sociedades adjudicatarias, cantidad que ascendió
a 272.134,25 € (45.279.328 pesetas). Ese dinero lo compartía con
Peydró, quien firmaba arbitrarios decretos de adjudicación y además
recibía presentes de valor importante por su cumpleaños.
Para evitar ser descubiertos, daban
información a las empresas sobre cómo debían elaborar y presentar
los programas formativos, y jamás comprobaban las ofertas sobre el
terrenos, ni inspeccionaban los cursos.
"La situación dio lugar a que empresas
con nula o escasísima experiencia en el sector y sin medios
materiales o humanos, resultasen adjudicatarias de año en año".
además de que un total de siete cursos, por importe de 154.532 €
(25.712.000 pesetas) no llegaron a ser impartidos, y para aparentar
que se habían realzado dos de los adjudicatarios "imitaban la firma
de profesores y alumnos en la documentación que remitían al Ifeme,
suponiendo, de esta forma, su intervención en cursos que no se
habían impartido".
Isabel Vilallonga, concejal socialista
en el Ayuntamiento, que sacó a la luz el escándalo cuando estaba en
el Ifeme, se felicitó por el escrito de Anticorrupción, que aprecia
presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho y falsedad,
aunque asegura que la acusación se queda corta en cuanto las
cantidades presuntamente defraudadas: "El fraude fue absolutamente
masivo, no es lo que se ha podido acreditar. Hubo empresas que
decían que daban daban clases a los presos y no lo hicieron nunca.
Incluso metieron en la relación a la cárcel de Carabanchel, que
estaba ya cerrada".
13. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: ACUSAN AL GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTORPECER LA INVESTIGACIÓN
DEL 'CASO IMEFE' (28/02/07)
El PSOE acusó al gobierno municipal de
Alberto Ruiz-Gallardón (PP) de obstaculizar la investigación del
caso Imefe al no presentarse como acusación particular en el juicio
ni "reclamar el dinero estafado". Entre 1994 y 1999, responsables
municipales adjudicaron a varias empresas, de las que cobraron
comisiones, cursos de formación financiados por la UE que no fueron
impartidos. La fiscalía reclama 272 millones y nueve años de cárcel
para dos miembros del PP.
"A la Administración municipal le
restituyeron la posible responsabilidad patrimonial de aquella
época. No existe ahora mismo pendiente ningún tipo de
responsabilidad patrimonial de nadie en contra de los intereses de
los madrileños", aseguró la concejal de Empleo y Servicios a la
Ciudadanía, Ana Botella.
La edil del PP descartó que el
Ayuntamiento se vaya a personar como acusación particular en la
causa que se sigue por el caso Imefe, tal y como exige el PSOE,
partido que llevó el asunto a los tribunales. Para Botella, el caso
Imefe es "ahora mismo un asunto que está sub júdice". "Hay una
petición de la Fiscalía Anticorrupción, pero desde el Ayuntamiento
no diremos nada hasta que no haya una calificación definitiva",
puntualizó. La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión
para el ex director gerente del Imefe Ricardo Peydró Blázquez y el
ex director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana
Azcárate, por presuntos delitos continuados de prevaricación y
cohecho al adjudicar cursos de formación subvencionados en parte con
fondos europeos que no fueron impartidos y en los que fueron
falsificadas las firmas de los supuestos asistentes.
Anticorrupción pide también penas de
dos años para otros seis responsables de empresas adjudicatarias de
los cursos de formación como responsables de un delito continuado de
falsedad y estafa. Los ocho imputados suman penas de 30 años de
cárcel.
El portavoz municipal socialista, Óscar
Iglesias, aseguró que el Ayuntamiento "es el principal afectado por
la estafa", pero el PP intenta que no se investigue el caso "para
ocultar" los delitos de sus afiliados y cargos de confianza en el
Ayuntamiento de Madrid, "al igual que ha ocurrido en otros casos de
corrupción". Para los socialistas la postura del equipo de gobierno
de no presentarse como acusación particular en el juicio responde a
un intento de "entorpecer la investigación". Iglesias explicó que,
al no personarse, el Ayuntamiento no podrá reclamar el dinero
defraudado a los madrileños.
La concejal socialista Isabel
Vilallonga acusó a la edil de Empleo, Ana Botella, de mentir
"cuando sostiene que la Administración municipal no está lesionada"
en su patrimonio por el caso Imefe. Vilallonga recordó que, como
figura en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, sólo dos de los
empresarios acusados (Cisneros y Ariza) devolvieron dinero,
concretamente 174.000 € entre los dos. El resto, incluidos los dos
principales imputados, no ha restituido "absolutamente nada".
Además, la UE ha reducido en los últimos años las subvenciones
destinadas a los cursos de formación para cobrarse el dinero
defraudado.
14. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: ADJUDICACIONES INICIADAS EN 1996 A EMPRESAS DE AFILIADOS DEL
PP (28/02/07)
- 29 de enero de 2001. Redes
empresariales con escasa o nula plantilla docente e infraestructura
participada por militantes del PP copan desde 1996 la adjudicación
de cursos para formar parados del Imefe. Estas empresas habían
facturado unos 1.400 millones de pesetas (8,41 millones de €), lo
que suponía casi un 25% de la cantidad adjudicada en ese periodo.
- Destitución de un alto cargo. El
Gobierno municipal, del PP, destituye a José Luis Solana, un adjunto
a la gerencia del Imefe. La justificación de entonces fue que
mantenía "amistad" con un socio (militante del PP) de Ifomar, uno de
los grupos más favorecidos por este organismo (31 de enero de
2001).
- Comisión de investigación. Comienza
una comisión de investigación creada en el Ayuntamiento para aclarar
el supuesto fraude. En su primer día de trabajo, se conoce que el
Consistorio pagó más de 50 millones de pesetas (unos 300.000 €) en
25 cursos de formación a presos que nunca fueron impartidos. (8 de
febrero de 2001).
- El gerente se va. El gerente del
Imefe, Ricardo Peydró, abandona su cargo al término de la comisión
de investigación. Este alto cargo se quedó como asesor del grupo del
PP, lo que fue criticado entonces por la oposición (PSOE e IU).
(Mayo de 2001).
- Dinero a devolver. El informe
definitivo del Ministerio de Trabajo sobre los cursos del Imefe
entre 1994 y 1999 reduce a 4,1 millones de € las anomalías y a 1,8
millones de € el dinero que el Ayuntamiento debe devolver a la UE.
(Junio de 2002).
- Primera sentencia. La administradora
de Ifomar, Carlota Rosso Muñoz, es condenada a 22 meses de cárcel
por estafa y falseamiento continuado de documento (8 de septiembre
de 2004).
15. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: EL TÚNEL MÁS LARGO TIENE FALLOS DE EVACUACIÓN (02/03/07)
En el túnel de la M-30 que discurre
entre Legazpi y el Vicente Calderón, cuya cinta inaugural se cortó
el pasado día 19, al menos siete de sus 22 salidas de emergencia a
la calle no están terminadas. No funcionan los sistemas de apertura
automática, de modo que están siempre abiertos y vigilados por un
obrero. Las vías de escape están interrumpidas por vallas,
carretillas y ferralla. También tienen cables sueltos y ninguna está
presurizada. Fuentes de los bomberos agregan que no están listas
algunas de las emisoras para avisar en caso de accidente. Un
portavoz municipal reconoce las deficiencias, pero precisa que las
salidas "no son necesarias y están inconclusas porque sirven de
conexión con otros túneles".
Los obreros, aunque hace calor y guiñan
los ojos al sol, han hecho una hoguera con un tablón de madera junto
a la salida de emergencia número 13 del túnel de la M-30, paralelo
al río Manzanares entre Legazpi y el estadio Vicente Calderón. Un
subterráneo, por el que se estima que pasan 110.000 vehículos
diarios. Hay cinco trabajadores rodeando el agujero. "Aún no están
listas de la 10 a la 13", confiesa uno de ellos. Se equivoca. No
están "listas" desde la 7 hasta la 13, ya lindando con la plaza de
Legazpi. Tampoco, al menos, la 16 y la 19, cerca del estadio Vicente
Calderón. El túnel urbano más largo de Europa cuenta con 22 salidas
en sus 2,7 kilómetros.
Todas las que discurren en el corredor
que va del Nudo Sur al Puente de Praga están abiertas y apuntaladas
con tablones o hierros. A ninguna le funciona el sistema de apertura
automática. En lo que sí tiene razón el operario es en que en las
salidas más próximas a Legazpi aún hay paneles de pladur,
carretillas con cemento, botes de pintura, vallas de metal, alambres
oxidados y cables eléctricos con los cabos sueltos apuntando hacia
la nada. En las otras, además de estar rodeadas de obstáculos,
incluidas vallas metálicas, parrillas herrumbrosas y agujeros, sólo
faltan cuestiones eléctricas y la última mano de pintura a los
escalones y las paredes. "Las dejamos abiertas las 24 horas del
día", afirma un vigilante.
El Ayuntamiento, por boca de un
portavoz de Urbanismo, reconoce que es cierto que "algunas no
funcionan", pero achaca esta circunstancia a que esas salidas
"sirven de conexión con otros túneles no inaugurados aún". "Todas
las que son necesarias, funcionan, al menos eso es lo que dicen los
ingenieros".Desde la Concejalía de Seguridad se insiste en el
argumento: "Los expertos dicen que sólo con algunas salidas en
funcionamiento se puede abrir con garantías, aunque, claro, lo ideal
sería que estuvieran todas". Sobre el problema que supone que desde
la calzada no se sepa cuáles funcionan y cuáles no, se arguye que,
en caso de accidente, "nadie sale corriendo, antes se llama a
emergencias y ellos sí saben cuáles están en uso".
Una comisión de bomberos estuvo la
semana pasada, con el túnel ya inaugurado en el mismo escenario.
"Algunas salidas tienen los agujeros y poco más", aseguran dos
bomberos, sin identificarse. En caso de accidente, los obstáculos
para acceder a la superficie hacen "inaceptable", dicen, el acabado
con el que se inauguraron los túneles. Esas mismas fuentes aseguran
tajantemente que tampoco están terminadas y en funcionamiento las
emisoras y los sistemas de comunicación, que servirían, en su caso,
para contactar con los servicios de emergencia.
Las salidas 16 y 19 del mismo túnel y a
la altura ya del Puente de San Isidro, estaban cerradas. Pero sobre
el cemento de su cúspide había una claraboya abierta para poder
trabajar en su interior. Los obreros explicaron que se debía a un
"corte de energía", según el técnico de IU. Ambas estaban
precintadas por tiras de plástico y rodeadas de vallas amarillas de
metal. Manuel Francés, secretario de la Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de
Madrid (Famma), aporta otro ángulo de preocupación: "¿Qué hacer con
los discapacitados en caso de accidente?". El túnel mide casi tres
kilómetros. No existe ninguna reglamentación explícita, ni europea
ni española, sobre este tipo de salidas. La regulación escrita
afecta a los túneles interurbanos. Lo que sí existe es una ordenanza
municipal sobre escaleras. Y, desde luego, no admite cinco tramos de
más del 10% de pendiente, que ascienden al equivalente a una casa de
tres pisos.
Ése es el caso de los escapes de
emergencia de la M-30. Son un pronunciado tramo recto con varios
descansillos intermedios (entre cuatro y cinco, según de la parte
del túnel en la que estén). Concluye con un interrogante
escalofriante: "¿Y si pasa algo?". Esta federación ha recibido ya
una denuncia de un discapacitado. Y le han llegado varias cartas
solicitando información. Fuentes de los bomberos municipales inciden
en el problema: "En caso de fuego, los dos puntos fundamentales son
la ventilación y la evacuación masiva, que incluye niños, personas
mayores e inválidos.
16. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: MANIFESTACIÓN DE LOS COLECTIVOS ANTIPARQUÍMETROS, A UN AÑO
DE COMENZAR SU LUCHA CONTRA EL SER (01/03/07)
Los colectivos antiparquímetros de
Madrid convocan una manifestación que tendrá lugar el 3 de marzo a
las 18,30, desde Callao hasta la plaza de la Villa, para conmemorar
el primer aniversario de su lucha. Hace un año, entidades ciudadanas
de los barrios periféricos de la capital iniciaban una pertinaz
movilización contra la implantación de los parquímetros en sus
calles. Doce meses después, celebran que, gracias a esa lucha, los
parquímetros no se han extendido al resto de Madrid, como el
Ayuntamiento había proyectado.
En el balance de los acuerdos
alcanzados el 7 de mayo de 2003 entre la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y el entonces candidato a
la alcaldía de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón para su incorporación
su programa electoral, se incluyó la ampliación del Servicio de
Estacionamiento Regulado a los límites interiores de la M-30 a
través de parquímetros, así como la construcción de aparcamientos
disuasorios como medida complementaria.
Estas y otras medidas recogidas en el
capítulo de movilidad se desarrollarían en el marco de un sistema de
participación vecinal “como son las Mesas del pacto por la
movilidad, con un funcionamiento más operativo y la consulta a los
representantes vecinales en las decisiones que afecten a la calidad
de vida de los madrileños, (son) instrumentos que se reforzarán, al
objeto de garantizar la participación ciudadana en la mejora de la
movilidad de nuestra ciudad”.
La inesperada implantación del SER en
algunos barrios de los distritos de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y
Carabanchel, desató la ira de sus vecinas y vecinos y desembocó en
movilizaciones promovidas por asociaciones de vecinos que forman
parte de la FRAVM y que, desde el principio, contaron con el total
respaldo de esta organización en tanto hacen frente a una medida que
no había sido consensuada con el movimiento vecinal y que, en estas
zonas de la capital, “no responde tanto a una apuesta por la
disuasión de la utilización del vehículo privado como a un afán
fundamentalmente recaudatorio que perjudica al conjunto de vecinos y
vecinas”, según la Federación.
17. AYUNTAMIENTO DE
MADRID: UN JUEZ EMBARGA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID 466 € POR UNA
MULTA IMPUESTA A UN CONDUCTOR (26/02/07)
El Juzgado de lo
contencioso-administrativo número 21 de Madrid ha dictado una orden
de embargo contra el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia del
impago por parte del Consistorio de una deuda de 466,38 € por las
costas de un procedimiento judicial ganado por un conductor
madrileño al que le fue "injustamente impuesta" una multa de
aparcamiento de 40 €, informó la empresa DVuelta, que asesoró
jurídicamente al denunciante.
Según la asesora, la juez determina en
su fallo "el embargo de los saldos favorables de las cuentas y de
los depósitos que el Consistorio de la capital tenga abiertos en la
entidad Caja Madrid". El conductor interpuso en 2006 una demanda
judicial contra el Ayuntamiento por haber tramitado, en su opinión,
defectuosamente, una multa de tráfico. El Juzgado dio la razón al
recurrente y, además, impuso las costas del juicio a la
Administración local, que ascendieron a 466,38 €, "sin que haya
constancia de que, a fecha de hoy, el Consistorio haya saldado esta
deuda", recoge el fallo judicial.
A juicio de la entidad especializada en
recurrir multas, resulta "verdaderamente paradójico" que el
Ayuntamiento de Madrid, "implacable recaudador de multas", no cumpla
con sus obligaciones. "Al parecer, para el Consistorio no es
aplicable la reciprocidad en las obligaciones de pago", agregó la
empresa. Por ello, animó a recurrir las multas como "único camino
que le queda al ciudadano para tratar de evitar el objetivo
recaudatorio, que ya nadie cuestiona, de los procedimientos
sancionadores".
18. BOADILLA DEL
MONTE: EL ALCALDE (PP), ACUSADO DE PREVARICACIÓN (28/02/07)
El alcalde de la localidad madrileña de
Boadilla del Monte, el popular Arturo González Panero, ha sido
denunciado esta mañana por un presunto delito de prevaricación y
tráfico de influencias por la contratación irregular del arquitecto
Leopoldo Arnáiz. El alcalde, que no sacó a concurso público el
proyecto, habría contratado a Arnáiz como asesor, pese a que este ya
ocupa una plaza de funcionario, cargo incompatible con el de
trabajador para promotores privados.
Miembros del PSOE de Boadilla y del
partido Alternativa por Boadilla (APB) presentaron esta mañana una
denuncia contra el alcalde del municipio madrileño por considerar
que contrató faltando a la ley al arquitecto Leopoldo Arnáiz como
asesor en el desarrollo del Proyecto General de Ordenamiento
Urbanístico (PGOU) de la localidad. Los denunciantes aseguran que el
comportamiento de González Panero podría llevar a irregularidades en
sus “actuaciones e intervenciones en las tramitaciones de
expedientes urbanísticos”. González Panero, según informa la
querella “contrató el 27 de septiembre de 2002, sin iniciar ningún
expediente administrativo al efecto, ni tramitación alguna, y con el
límite de 12.000 € (límite de la Ley de Contratos para evitar una
convocatoria pública con más garantías) para desarrollar labores de
asesoramiento en el desarrollo del PGOU, sin concurrencia pública a
Leopoldo Arnáiz”. Además, el contratado es “Arquitecto Redactor del
PGOU de Boadilla del Monte desde 1996”.
Este cargo, que entra en el rango de
funcionario de la Administración Pública, es incompatible con los
trabajos privados, algo que el alcalde popular de Boadilla debía
conocer antes de tramitar su contratación. Por eso, los demandantes
consideran que “el alcalde dictó una resolución injusta a sabiendas,
pues la propia resolución permite la posibilidad de compatibilizar
estas labores, es decir, que el citado arquitecto pueda trabajar
como funcionario y para promotores privados”.
La responsabilidad del presunto delito
recaería, según los denunciantes, en el alcalde popular de Boadilla,
quien “le ha permitido trabajar par promotores privados en su doble
condición de asesor y arquitecto de promotores”. Para el PSOE y
APB, González Panero estaría
incurriendo en un delito de prevaricación, al dictar de manera
injusta y a sabiendas la resolución que permitía a Arnáiz
compatibilizar sus dos cargos.
González Panero, además, está siendo
investigado por otras causas relacionadas con la contratación
irregular en el Consorcio Deportivo y de
Servcios de la zona noroeste de
Madrid. Junto con los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Panero
habría contratado al ex edil del PP José Galeote como gerente de
consorcio, un cargo incompatible con su jubilación.
Arnáiz, por su parte, “ha sido
procesado en dos sumarios judiciales (...) por simultanear su doble
condición de funcionario público con trabajos para promotores y
particulares” en Móstoles, y está implicado en presuntos delitos de
“tráfico de influencias y negociaciones prohibidas” en Móstoles y
Alcorcón.
“Por si todo ello fuera poco,
todos los sectores de desarrollo del PGOU que se están tramitando en
la actualidad están siendo desarrollados por el citado Sr. Arnáiz”,
añade la querella, que concluye que “este hecho es el mismo que se
denunció en el municipio limítrofe de Alcorcón, donde el arquitecto
fue imputado por su doble condición”.
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