Esperanza Aguirre quiere sacar pecho con el
trabajo de su equipo de gobierno. Por eso, premiará a sus consejeros
con un puesto en la lista electoral del próximo 27 de mayo, según
anunció en una conferencia. La única condición: que los consejeros
quieran ser candidatos. La propia presidenta señaló al único
excluido de momento: "Estoy mirando a Fisas, que no quiere ir". Sólo
tres de los 13 miembros del Gobierno regional de Aguirre se
presentaron a los comicios de 2003, porque el resto trabajaba a las
órdenes de José María Aznar. Entre ellos, el vicepresidente primero,
Ignacio González, que ahora será el número dos de la lista. Además,
entre los cinco primeros candidatos habrá tres mujeres.
La plana mayor del PP escuchó a Aguirre en su
intervención en el Foro Nueva Economía. Allí estaba en primera fila
su líder, Mariano Rajoy. A su diestra el alcalde de la capital,
Alberto Ruiz-Gallardón, y al otro lado, Ángel Acebes, secretario
general. Los tres compartían mesa con Manuel Fraga, Eduardo Zaplana,
Ana Pastor, Pío García Escudero y Soraya Sáez de Santamaría. Tampoco
faltó ningún consejero. Y destacaba la nutrida representación de los
más poderosos empresarios, señal del poder económico que implica la
Comunidad de Madrid.
Tras hacer un repaso de su gestión, Aguirre
contestó a las preguntas de los asistentes y con sus respuestas, por
fin, llegaron las novedades. Anunció que González será su número dos
y éste lo celebró como un "reconocimiento" a su trabajo. Como los
otros 13 consejeros que no fueron candidatos, González, secretario
de Estado de Inmigración en 2003, no se incorporó a la Comunidad
hasta que se desmanteló el Gobierno de José María Aznar, por el
triunfo electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2004.
En la lista anterior, el número dos lo ostentaba Miguel Ángel
Villanueva, entonces responsable de la campaña electoral y ahora
consejero delegado de Economía en el Ayuntamiento.
Aguirre mencionó expresamente a Santiago Fisas,
consejero de Cultura y Deportes, porque ha solicitado no ser
incluido en la candidatura. Una portavoz de la consejería aclaró que
Fisas es militante en la agrupación de Sarriá (Barcelona) y que su
intención es concurrir a las listas en su comunidad. Después de las
elecciones, agregó, estará disponible si Aguirre debe formar
gobierno.
La presidenta reveló también que la lista
autonómica respetará la paridad impuesta por la Ley de Igualdad
recién aprobada. Además, aseguró que, en los cinco primeros puestos
habrá tres mujeres. Tras el anuncio se dispararon las quinielas
sobre quiénes irán en ellos. Entre los nombres femeninos se daba por
seguro a Concepción Dancausa, presidenta de la Asamblea, que ya fue
número tres en la lista anterior. Para el tercer nombre de mujer,
una terna: las consejeras Lucía Figar (Inmigración) -que según
algunas fuentes gana enteros por su juventud (35 años)-, Engracia
Hidalgo (Hacienda) y Elvira Rodríguez (Transportes), ambas de perfil
muy técnico. Entre los hombres, también tres nombres: Francisco
Granados, consejero de Presidencia y secretario regional del PP;
Juan José Güemes, consejero de Empleo y Mujer; y el portavoz en la
Asamblea, Antonio Beteta, autor del programa electoral.
Y los nominados son... Los que sólo sabe
Esperanza Aguirre.
2. COMUNIDAD DE MADRID: La ultraderecha increpa a
Simancas en Alcalá de Henares (10.03.07)
Un grupo de radicales de ultraderecha increparon
al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas,
en Alcalá de Henares, cuando visitaba un mercado de la localidad.
"Qué suerte qu traes escolta" o "fuera de aquí, traidores que
soltáis a todos los estarras", fueron algunos de los gritos que le
lanzaron los agitadores, que portaban banderas preconstitucionales.
Precisamente la sede del partido socialista en esta localidad
madrileña fue agredida con cócteles molotov y pintadas amenazantes
el fin de semana pasado.Simancas consideró que estos ataques se
producen tras los discursos radicales de los dirigentes del Partido
Popular contra el gobierno de España y contra el PSOE. "Desde el
Partido Socialista de Madrid" –dijo- "queremos denunciar la escalada
de agresiones que están sufriendo las sedes socialistas desde la
extrema derecha" y que se suceden jornada tras jornada en distintas
agrupaciones socialistas: PSOE miente, PSOE= ETA, Zapatero muerte
con su abuelo, Zapatero traidor. Pintadas de este tenor han
aparecido en las fachadas y las puertas de acceso a las agrupaciones
de Las Rozas, Villaverde, Leganés, San Fernando, Carabanchel,
Tetuán, Alcalá y en la sede central de Miguel Fleta.Para Simancas
"estas agresiones se producen tras los discursos radicales de los
dirigentes del Partido Popular contra el gobierno de España y contra
el PSOE, y tras las convocatorias del partido de Rajoy y de Aguirre
contra nuestra organización". Por ello, los socialistas consideran
que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería ser la primera
en defender la convivencia en paz de todos los madrileños, y en vez
de ello, se se pone, del brazo de Ynestrillas, a la cabeza de
discursos deslegitimadores y de agitadores callejeros. Los radicales
ultras que increparon a Simancas desplegaron grandes bandera
preconstitucionales e incluso utilizaron a niños en su protesta.
3. COMUNIDAD DE MADRID: El PSOE sufre el cuarto
ataque en menos de un mes en una de sus sedes madrileñas (12/03/07)
"Esta mañana [por ] nos hemos encontrado el
espectáculo al llegar", dijo el alcalde de Getafe, el socialista
Pedro Castro, que asegura que han adecentado la sede tras los
destrozos pero "por el momento" dejarán las pintadas del local "como
testimonio de la barbarie". El PSOE gobierna en el Ayuntamiento de
Getafe con 13 concejales, frente a 10 del PP y cuatro de IU. El
alcalde, que denunció los hechos en la policía, culpó a la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, "del clima de crispación que
se ha trasladado a la sociedad de Madrid".
Este ataque se suma a otros ocurridos en los
últimos días. El pasado 4 de marzo fue atacada con cócteles molotov
la sede del partido socialista en Alcalá de Henares, que también
amaneció con pintadas como ZP traidor y zETAp. El Partido Socialista
de Madrid (PSM) recordó en un comunicado otros en Las Rozas y en el
distrito madrileño de Tetuán y a las amenazas verbales que hizo "un
grupo de radicales" el viernes al secretario general del partido en
Madrid, Rafael Simancas.
El secretario de Organización del PSM-PSOE,
Andrés Rojo, responsabiliza al PP de los ataques a las sedes
socialistas. "Con sus declaraciones está creando un clima de tensión
y crispación que provoca una escalada de violencia contra las sedes
socialistas de la Comunidad de Madrid", explicó en un comunicado.
Rojo considera que los ataques se han producido a raíz de "los
discursos radicales de los dirigentes del PP contra el Gobierno de
España y contra el PSOE"
4. COMUNIDAD DE MADRID: "LA TELEVISIÓN DE LOS
MADRILEÑOS, AL SERVICIO DEL PP" (10/03/07)
Los socialistas de Madrid han denunciado el
enorme despliegue que la cadena pública Telemadrid va a realizar
para retransmitir la manifestación convocada por el PP contra el
Gobierno. Pero este esfuerzo mediático no queda ahí, sino que
también se prevé que se difundan las imágenes a las televisiones
locales de toda España. Una operación partidista más de la
televisión que controla Esperanza Aguirre.
Tanto la Comisión Ejecutiva Regional del Partido
Socialista en Madrid como los miembros socialistas del Consejo de
Administración de Telemadrid han denunciado en un comunicado que "el
gran despliegue de la cadena autonómica previsto para cubrir la
manifestación convocada por el Partido Popular contra el Gobierno de
España pone de nuevo en evidencia el objetivo de Esperanza Aguirre:
poner la televisión pública de todos los madrileños al servicio
exclusivo de la estrategia política y partidista del PP y de su
sector más radical".
Según afirman, "el despliegue previsto por
Telemadrid no se limita a garantizar la información de la
manifestación al territorio de la Comunidad de Madrid, ya que
también se prevé difundir las imágenes a las televisiones locales de
toda España". Los socialistas denuncian desconocer en qué
condiciones "se ofrecería la señal a terceros y si se cobrará algo a
cambio. En caso de que se haya establecido un coste a cambio de esta
señal, los socialistas preguntan cual será el precio: político o
monetario".
Lo que parece quedar de manifiesto es que "el PP
quiere que las imágenes lleguen a toda España y para ello usa su
televisión de partido: Telemadrid. Esta operación sólo presenta un
problema, esta cadena está pagada por todos los madrileños".
5. COMUNIDAD DE MADRID: TELEMADRID, AL SERVICIO
DE LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN (16/03/07)
Justo al cumplirse un año de la masacre del 11-M,
Telemadrid, la televisión pública Madrileña, emitió un extenso
reportaje protagonizado por el gurú de las teorías de la
conspiración respecto a la autoría de los atentados en el que se
permite poner en duda toda la investigación policial, el proceso
judicial y los sumarios oficiales sobre cómo concurrieron los
hechos. Basándose en las informaciones publicadas en medios como
El Mundo y Libertad digital, en sus propios artículos,
Del Pino expone uno a uno todos los supuestos agujeros negros
de la investigación.
Con el primer juicio oral por los atentados
abierto, y recién cumplido el tercer aniversario de la masacre del
11-M en Madrid, Telemadrid emitió un reportaje que se encuadra
dentro de sus servicios informativos en el que Luis del Pino,
durante casi una hora y veinte minutos expuso todas las tesis en las
que los teóricos de la conspiración se basan para criticar la
investigación policial y la versión oficial de los hechos.
Con una tétrica música de fondo, Del Pino habla
de la "herida que hoy, más de mil días después de los atentados, no
ha cicatrizado". Telemadrid da voz al periodista, impulsor del
movimiento de los Peones Negros y uno de los principales
impulsores de la teoría de la conspiración, quien a lo largo
de su reportaje se permite asegurar que "llegamos al juicio del 11-M
con más dudas de las que teníamos hace mil días", que "todas las
pruebas de la versión oficial están bajo sospecha", o que "todas las
investigaciones oficiales no han podido aclarar de manera
indiscutible quién, cómo y por qué" se perpetraron los atentados,
entre otras muchas acusaciones.
El reportaje, que sólo cuenta con la voz de Del
Pino (ningún experto de ningún tipo da su visión de los hechos),
hace un ensalzamiento del diario El Mundo, en cuyas
investigaciones, la mayoría de ellas desbancadas ya por las
investigaciones policiales y judiciales, se sostienen las teorías de
los conspiracionistas. Las imágenes de páginas del periódico
de Pedro J. Ramírez copan buena parte del reportaje, mezcladas con
visualizaciones de Libertad digital y del blog del propio
Luis del Pino, dedicado a desvelar los enigmas del
11-M.
El reportaje arremete duramente contra "la
versión oficial", de la que se dice abiertamente que está "plagada
de irregularidades", cuestionando desde las pruebas aportadas por la
policía hasta las declaraciones de los testigos oculares de los
atentados que ayudaron a identificar a algunos de los procesados.
También se pone en tela de juicio que, en junio de 2004, los siete
islamistas considerados autores materiales de las explosiones se
suicidaran en Leganés.
6. COMUNIDAD DE MADRID: AGENTES FORESTALES
DENUNCIARÁN A AGUIRRE POR IMPEDIRLES LLEVAR DELITOS A LA JUSTICIA
(13/03/07)
El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside
Esperanza Aguirre (PP) calcó a finales de 2006 la iniciativa
adoptada tres años antes por el Gobierno balear: prohibir a sus
agentes forestales presentar directamente sus denuncias por delitos
urbanísticos ante la justicia (fiscales o jueces). UGT y CC OO
denunciaron que esta prohibición supone "intentar ocultar intereses
espurios y posiblemente de connivencia con actuaciones urbanísticas,
tal como ocurrió con el Gobierno balear en Andratx". La Fiscalía
General del Estado estudia una respuesta común a estos vetos.
El director general de Medio Natural de Madrid,
Miguel Allué-Andrade, el 29 de noviembre de 2006, ordenó que "hasta
la entrada en vigor del protocolo de tramitación de denuncias
pendiente de elaborar, cualquier presunto ilícito penal no podrá
remitirse directamente por los agentes forestales, en nombre o como
miembro del cuerpo de agentes forestales, a los juzgados o a la
fiscalía, debiendo poner la denuncia en conocimiento de la jefatura
del cuerpo, la cual actuará conforme a la normativa y cauces
vigentes establecidos al efecto".
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente
-cuyo director general de Urbanismo, Enrique Porto, dimitió por
favorecer presuntamente sus intereses, asunto que investiga
Anticorrupción- justifica la orden. "Tal instrucción vino dada a
sugerencia del fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, que
entendía que si denunciaban directamente los forestales se producían
dos efectos negativos: la consejería no le enviaba toda la
documentación posible, porque desconocía la denuncia, y se perdía la
posibilidad de que la consejería tramitara un expediente sancionador
si el hecho no era delito, lo que daba impunidad al infractor. Por
eso, hemos implantado que sea la dirección general de Disciplina
Ambiental la que estime si la denuncia reviste indicios de delito o
no y la tramite como corresponda, falta o delito.
Valerio matiza su postura: "Se está pendiente de
un protocolo de actuación de la Fiscalía y la Consejería de Medio
Ambiente, con relación a la emisión y admisión de denuncias. El
borrador de protocolo se está haciendo por consenso. Hay que llegar
a un procedimiento de formalización de estas cuestiones. Es obvio
que las denuncias no pueden depender de una dirección política, pero
sí es cierto que hay que profesionalizar y dar contexto jurídico a
la emisión de esas denuncias. Los forestales realizan el 90% de las
denuncias de viviendas ilegales. Pero hay que optimizarlo y hay que
reglamentarlo".
La Fiscalía General del Estado, según fuentes de
dicha institución, ante la proliferación de estos vetos a los
forestales estudia una respuesta global para este fenómeno, que, al
menos, se da ya en Baleares y Madrid.
El problema subyacente es si con estos filtros
implantados por dichos Gobiernos regionales del PP las denuncias
urbanísticas de los forestales ganan en rigor o, por el contrario,
se entierran o atascan por intereses políticos durante meses y sólo
afloran por la presión de sindicatos o fiscales, como en el caso
Andratx, donde han reflotado con tal vigor que integran el sumario
en curso.
Los sindicatos de forestales madrileños (CC OO,
UGT y SAFTAM) destacan el hecho de que desde que rige dicha orden no
se les ha pedido ratificar ninguna de sus denuncias urbanísticas, de
lo que se deducen que no se ha tramitado ninguna a la justicia.
Todos ven ilegal este veto, y anuncian medidas jurídicas."A pesar de
las trabas que la Administración autonómica [de Madrid] pone al
trabajo de los agentes forestales, éstos no han dejado por un
momento de ejercer sus funciones policiales, siendo en la actualidad
los autores del 70% de las denuncias que se hacen. Éste es un dato
más para entender el malestar generado por las denuncias de los
agentes forestales, pues del diligenciamiento judicial de estos
delitos urbanísticos salen a relucir con relativa frecuencia el
nombre de alcaldes y secretarios municipales que son llamados a
declarar en condición de imputados", reza un informe de CC OO.
Su escrito concluye con una grave acusación para
el Gobierno de Aguirre: "La implicación de personalidades de la vida
pública ha llevado a que dichos delitos fueran silenciados y no
trasladados a la administración judicial (...). Ante esta situación,
los agentes forestales decidieron hacer uso del derecho reconocido
en las leyes a denunciar por sí mismos los delitos ante los
juzgados, con el resultado de que hechos silenciados por la
Comunidad de Madrid (rara vez los transmitía a los juzgados) eran
ahora duramente castigados por los jueces como delitos contra el
medio ambiente".
El informe da cinco ejemplos de sentencias
condenatorias por sus denuncias y otros tres de sentencias
absolutorias.
7. COMUNIDAD DE MADRID: LOS SINDICATOS NIEGAN EL
SABOTAJE EN EL METRO QUE HA DENUNCIADO TRANSPORTES (13/03/07)
Los 100 nuevos vigilantes para las cocheras y
talleres del suburbano que la consejera de Transportes, Elvira
Rodríguez, anunció el pasado viernes comenzaron a trabajar ante la
oposición de las secciones de metro de UGT y CC OO. Ésta es una de
las medidas que ha tomado la consejería para luchar contra el
supuesto sabotaje, que le ha llevado a presentar 22 denuncias ante
la policía. Un portavoz de la Delegación del Gobierno aseguró que
todas están en los juzgados de Plaza de Castilla, después de que los
agentes terminaran sus pesquisas.
"Tener vigilantes es echar la culpa de los
supuestos sabotajes a los compañeros de mantenimiento del material
móvil y de taller central", afirmó el secretario de UFT-Metro,
Teodoro Piñuela. "Si vienen a fiscalizar su trabajo, veladamente nos
están echando la culpa a los trabajadores de lo que ha pasado",
agregó. Desde CC OO, el secretario de Transportes e
Infraestructuras, Juan Antonio Olmos, mantenía la misma tesis: "Esto
hace culpables automáticamente a los trabajadores. Es demencial".
Una portavoz de la consejería explicó que la labor de los nuevos
empleados es controlar quién entra y sale de los talleres.
Los dos sindicatos reclamaron a Metro de Madrid
que, en lugar de contratar personal para vigilar empleados, destine
nuevos trabajadores a mantenimiento. Consideran que la falta de
estos empleados es la razón de que los trenes sufran averías. "No ha
habido ninguna avería que tenga relación directa con el sabotaje",
aseguró Olmos, que relacionó los 21 incidentes ocurridos en los tres
primeros meses del año que ha reconocido la Consejería de
Transportes con que no haya habido inversiones en mantenimiento,
material móvil y personal. "Insistir en el sabotaje es una cortina
de humo", concluyó.
Piñuela fue más allá y aseguró que no hubo
manipulación en el incidente del pasado jueves en el que un tren
perdió el motor al arrancar. Según él, no se fracturaron aposta los
tornillos, como aseguró entonces la consejería. "Si faltan uno o dos
tornillos, el sobreesfuerzo va a los demás. Las mismas revoluciones
del motor siegan los tornillos y se parten por el uso. Yo descarto
la manipulación", zanjó.
También achacó las averías a la falta de
personal. "No hay plantilla suficiente de mantenimiento. Hacen falta
al menos 100 personas para un primer plan de choque y luego ir
aumentando. Con las que hay no se pueden mantener los coches en
condiciones óptimas", afirmó. Esto ha llevado, agregó, a que se
acorten los tiempos de supervisión, porque se dejan de examinar
algunas piezas. "Y otros elementos, como se supone que tardan más en
desgastarse, no se revisan con la frecuencia con la que se debería,
por lo que a largo plazo son nuevas averías", afirmó.
8. COMUNIDAD DE MADRID:LA GUERRA DEL METRO
(15/03/07)
¿Sabotajes o desidia en el mantenimiento del
metro? ¿Un gobierno regional incompetente o unos sindicatos
interesados en echar al PP de las instituciones madrileñas? ¿Falta
personal en el metro? ¿El mantenimiento de los trenes es
insuficiente? ¿O más que suficiente? ¿Hay trabajadores que rompen
tornillos y terminan provocando accidentes? ¿O los tornillos se
rompen simplemente porque las revisiones no son exhaustivas?
La guerra del metro está servida. Y, como en
cualquier conflicto bélico, la población civil, en este caso los
usuarios del suburbano (que realizan 655 millones de viajes al año)
son los principales perjudicados de la batalla entre la Consejería
de Transportes y sindicatos y trabajadores del metro.
En lo que va de año, Metro de Madrid ha sufrido
una avería cada tres días. Son 22 incidencias que han supuesto
molestias graves para los ciudadanos. La última se produjo el pasado
jueves, cuando un tren de la línea 5 descarriló en Carabanchel y
provocó heridas leves a 12 personas. El servicio estuvo interrumpido
cerca de diez horas. Uno de los motores se había desprendido.
Entonces, la consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, atribuyó el
fallo a que seis de los ocho tornillos que anclaban el motor al tren
estaban cortados intencionadamente. Rodríguez habló de
"manipulación" y la Consejería distribuyó fotografías que probaban,
supuestamente, el sabotaje. Los sindicatos creen que esas imágenes
son la verdadera manipulación de toda esta historia.
Las palabras de la consejera lograron sacar a la
calle a los trabajadores de Metro. Más de doscientos se concentraron
a la entrada de las cocheras de Canillejas para protestar contra el
gobierno regional. Estaban convocados por los sindicatos y el Comité
de Empresa. "Los trabajadores no saboteamos" o "los trabajadores por
la seguridad de los viajeros", se podía leer en dos pancartas.
Vestidos con el mono azul de trabajo, reclamaron más personal para
detener la sangría de averías en el suburbano en lo que va de año.
Lorenzo, que lleva 23 años en la empresa, era uno
de los que se manifestaron. "Todo es manipulación, por las
elecciones", se quejaba. Luis, con 24 años de experiencia en
reparación de trenes, asentía: "El problema es que ahora el ciclo de
reparaciones es más largo". Es decir, el periodo de tiempo entre una
reparación y otra es ahora superior. Javier, otro trabajador,
asegura que las revisiones generales "se hacen ahora en dos días,
cuando antes se dedicaban dos meses".
"Nos pagan y nos dedicamos a reparar, no a
sabotear", aseguraba indignado Raúl. Según este trabajador, la
cantidad de reparaciones que se hacían hace unos años era mayor que
ahora. En su opinión, la seguridad en el Metro está en entredicho,
no por los sabotajes que, en su opinión, no existen, sino por la
falta de mantenimiento. Javier, trabajador de talleres centrales y
afiliado a UGT, lo explicaba: "Si no llevas tu coche a revisar en
cinco años, al final le salen todos los fallos al mismo tiempo".
"Los empleados del Metro no son los responsables
de los incidentes", reculó la consejera de Transportes, Elvira
Rodríguez, durante la visita a las obras del metro ligero de los
Paus del norte. Transportes ha contratado a cien vigilantes para
controlar los talleres y ha puesto más cámaras de seguridad "para
impedir que vuelva a pasar que se desgaste el tornillo del motor de
un tren de siete años de antigüedad que está preparado para durar
30", ironizó Rodríguez. "Los cables de los trenes de metro no se
cortan solos ni las cerraduras se llenan solas de pegamento", agregó
la consejera. Rodríguez puso más ejemplos: "A cualquiera le puede
parecer raro que se caiga el motor de un tren que tiene siete u ocho
años de antigüedad, y que en los talleres de Metro se averiguó que
los tornillos estaban sesgados, con un corte limpio", informa Susana
Hidalgo. Pero, según los sindicatos, el coche del que se cayó el
motor, de la serie 2000, tiene entre 20 y 25 años de antigüedad.
Lo raro parece, sin embargo, que Transportes
negara a este periódico el acceso a las cocheras de Canillejas para
comprobar la labor de trabajadores y la eficacia de las nuevas
medidas de vigilancia. Según dicen, "no hay nada que ocultar, sólo
que la situación no es la mejor para que entre un periodista". Según
explica Vicente Rodríguez, del Sindicato de Conductores, los
vigilantes piden a los trabajadores que se identifiquen antes de
entrar a reparar un tren. "Nos parece un extremo, una manía
persecutoria", se queja. "La duda ofende y encima seguimos sin una
sola prueba de que haya sabotajes", añade.
Pero casualmente, dos horas después de la
concentración de los trabajadores, se filtró a los medios de
comunicación un informe de la Jefatura Superior de Policía. En ese
documento, la policía afirma que ha detectado "averías intencionadas
y sabotajes realizados por un trabajador que preste sus servicios en
la empresa u otra contratada debidamente identificado". Cortes de
cables en los radio teléfonos, introducción de pegamento en los
pulsadores o llaves de control de las puertas y cortes de cables en
un dispositivo de seguridad llamado micro de hombre muerto son los
sabotajes detallados por el informe.
9. COMUNIDAD DE MADRID: CUATRO MUERTOS POR
'ASPERGILLUS' EN ALCALÁ (13/03/07)
Otro microorganismo ha irrumpido en un hospital
de la Consejería de Sanidad. En esta ocasión no es una bacteria como
la Klebsiella pneumoniae -que hace 10 días causó la muerte de tres
bebés prematuros y afectó a otros 13 en el hospital Doce de Octubre-
sino que se trata de un hongo microscópico, el aspergillus, que está
relacionado con cuatro muertes y ha afectado a siete personas más en
el hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares.
Uno de los afectados ya ha recibido el alta y
seis "permanecen ingresados con una evolución favorable y
estrechamente vigilados", informó el hospital, que añadió que "los
fallecidos sufrían patologías previas a la infección, lo que ha
impedido confirmar que el aspergillus haya sido la causa de la
muerte". Según varias investigaciones científicas, la letalidad de
las infecciones pulmonares por este hongo oscila entre el 35% y el
58%, cifra que se dispara por encima del 80% en el caso de personas
con el sistema inmunológico muy deprimido, como los enfermos de
sida.
Todos son pacientes de edad avanzada y estaban
ingresados por problemas respiratorios -Enfermedad Pulmonar
Obstructivo Crónica (EPOC), neumonías...- en el servicio de Medicina
Interna, que ocupa parte de la cuarta y la quinta planta del
hospital, y en la UCI. La infección por aspergillus no es contagiosa
de persona a persona y se combate con fármacos antifúngicos. No hay
constancia de enfermos infectados en los quirófanos.
Los primeros casos del brote, según confirmaron
fuentes del hospital, se registraron a mediados de enero. El
primero, sin embargo, no causó demasiadas preocupaciones a los
responsables del centro. "Registrar algún caso esporádico de
aspergillus, al igual que de bacterias típicamente hospitalarias
como la klebsiella, el anicetobacter o las pseudomonas, entra dentro
la normalidad en un hospital con 601 camas abiertas", explica un
médico del Príncipe de Asturias.
El problema de estas dolencias es cuando la
acumulación de casos llega a formar un brote. La normativa estatal
-Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, publicado en el BOE del
24 de enero de 1996- define a un brote como "el incremento
significativamente elevado de casos en relación a los valores
esperados", entre otras acepciones. "Tras el primer caso", sigue
este médico del hospital, "registramos otro, luego otro y al final
sufrimos las primeras muertes. Acabamos por tomar conciencia de que
las cifras de afectados se salían de lo esperable y de nuestro
histórico".
Un responsable de Medicina Preventiva de un gran
hospital de Madrid explica que "registrar cuatro muertes y 11 casos
en dos meses supera todos los niveles considerados seguros; algo
está pasando que ha permitido al hongo propagarse por el hospital".
Ese "algo", según fuentes del Príncipe de
Asturias, pueden ser las obras que se han acometido en los últimos
meses, principales sospechosas de estar en el origen del brote. El
aspergillus, al igual que las bacterias susceptibles de causar
brotes, son comunes en la atmósfera o los espacios húmedos. Estos
microorganismos no dañan a personas sanas, pero sí se expanden por
un hospital con pacientes con enfermedades graves y defensas bajas.
Las obras son uno de los riegos conocidos en los
hospitales relación con el aspergillus. El producir y remover
escombros, o el mover tierras, aumenta la concentración de esporas
en el aire. Si de allí el hongo alcanza los sistemas de conducción
de aire, el problema puede extenderse por el edificio. El hecho de
que entre los enfermos haya algunos ingresados en la cuarta planta y
otros en la quinta hace pensar al hospital que éste haya podido ser
la causa del problema.
Desde el pasado mes de noviembre, el hospital
acomete reformas en urgencias -aunque el gran proyecto de ampliación
aún no ha empezado- y ha cambiado las puertas de las salidas de
emergencia, según fuentes del Príncipe de Asturias. "Las obras en un
hospital siempre son un riesgo y existen estrictos protocolos
destinados a aislarlas de las zonas de enfermos. Su objetivo es
precisamente evitar este tipo de brotes", explica un técnico de la
Consejería de Sanidad.
La dirección del hospital ordenó, como medida
extrema para frenar el brote, "la suspensión cautelar de las obras
en el interior del hospital hasta que se determine el origen del
brote", según explicó en un comunicado el hospital. El centro
también ha inspeccionado el sistema de climatización y cambiado
todos sus filtros y ha contratado a una empresa, que empezó a
trabajar el pasado viernes, para que limpie con profundidad y
esterilice todos los conductos. El centro insistió en que está
adoptando "todas las medidas" en su mano "para el control y la
prevención del hongo". El hospital recordó que el aspergillus no
daña a las personas sanas y ha actuado para proteger a aquellas más
vulnerables ante una posible infección.
10. COMUNIDAD DE MADRID: UN AÑO Y DOS MESES PARA
UNA MAMOGRAFÍA (11/03/07)
Una asociación de defensa de los enfermos recibe
dos quejas al día por las listas de espera para especialistas y
pruebas diagnósticas ø Otro colectivo de sanitarios cifra la espera
media en 73,42 días. Para visitar al especialista en ginecología del
centro de salud de su barrio, uno de los más de seis millones de
madrileños con cartilla sanitaria puede esperar hasta 223 días. Si
para tratarle ese madrileño tiene que hacerse una prueba
diagnóstica, como una ecografía, podría llegar a sumarle 211 días
más.
Estos datos son los que la Comunidad de Madrid no
facilita, pero que ha recopilado la Federación de Asociaciones para
la Defensa de la Sanidad Pública. El Gobierno regional, expulsado en
2005 del sistema nacional de cómputo de listas de espera porque
manipuló las cifras para presentarlas más favorables, no ha logrado
reducir la lista de espera para las pruebas diagnósticas.
A Pilar Huertas, de 47 años, le descubrieron unos
nódulos sospechosos en la mama cuando tenía 30 años. Desde entonces
se ha hecho una mamografía anual. Antes lo hacía a través de un
seguro privado, pero hace un par de años lo intentó en la sanidad
pública. Así que, siguiendo el protocolo, en agosto de 2005 pidió
cita para ver al ginecólogo. "Me la dieron para septiembre. '¡Un
solo mes!', pensé. Cuando me presenté en la consulta, mi nombre no
aparecía por ningún lado. La cita era para septiembre de 2006",
recuerda. Al año siguiente vio al ginecólogo y le hicieron la
mamografía en un mes. Pero no le dieron los resultados hasta el 14
de febrero. En total, un año y medio para saber si tenía cáncer de
mama.
La Comunidad asegura que ninguna mujer,
atendiendo a criterios clínicos, espera ya más de 40 días para
realizarse esa prueba, que según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) rebaja hasta en un tercio la mortalidad por el cáncer femenino
más frecuente. Sin embargo, igual que con la mayoría de pruebas
diagnósticas, el tiempo real de espera suele superar con creces ese
límite. "Es una trampa. Hacen lo mismo que con las listas de espera
quirúrgicas. La propia mamografía puede tardar incluso menos de 40
días, pero hay que sumarle el tiempo de espera para la cita con el
ginecólogo, antes y después de la prueba", denuncia el portavoz de
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP), Marciano Sánchez Bayle. La Comunidad ya fue expulsada en
2005 del sistema nacional de cómputo de listas de espera quirúrgicas
al manipular las cifras para presentarlas más favorables.
Ahora, la Consejería de Sanidad no da cifras de
la lista de espera para pruebas diagnósticas o para la consulta de
especialistas; una portavoz asegura que son demasiado heterogéneas y
están tratando de unificarlas. Pero, según los datos de la FADSP
(recopilados a lo largo de 2001 y 2006 mediante la comprobación de
la fecha de citación de la primera consulta, de 14 especialidades y
de dos pruebas radiológicas en varios centros de cada una de las 11
Áreas de Salud de la región), el tiempo que puede llegar a esperar
un paciente para, por ejemplo, una ecografía es de 211 días (ver
cuadro adjunto).
El tiempo transcurrido entre la prueba
diagnóstica y la entrega del resultado varía en función de la
gravedad que el radiólogo haya podido detectar. "Eso no es fiable.
El radiólogo podría pasar por alto alguna cosa. Además, el paciente,
aunque luego no tenga nada, espera angustiado", denuncia Sánchez
Bayle. La Consejería de Sanidad, consciente de las deficiencias en
el proceso de diagnóstico, aprobó el pasado mayo un plan de
reducción de las listas de espera en este tipo de pruebas, aunque
sin fijar tiempo límite, como en las quirúrgicas. "No se ha
conseguido nada. Los tiempos de espera en pruebas diagnósticas y en
consulta con especialistas son iguales o mayores que cuando llegó
Aguirre", explica el diputado socialista Eduardo Sánchez-Gatell. "El
principal problema es la atención primaria. Si ahí los médicos
pudiesen pedir las pruebas y no tener que remitir a los pacientes a
los especialistas, se ganaría mucho tiempo", añade.
Muchos afectados acuden a la asociación El
Defensor del Paciente. "Les redactamos una reclamación en la que,
sólo amenazando, consiguen muchas veces que se les adelante la
cita", explica su presidenta, Carmen Flores. Cada día reciben al
menos dos cartas denunciando la situación.
En materia de prevención, especialmente en cáncer
de mama, la diligencia en el diagnóstico es crucial. De cada 100.000
revisiones preventivas practicadas a mujeres, 80 padecen un tumor.
Según el jefe de sección de oncología del hospital Clínico y vocal
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), José Luis
González, está demostrado que las pruebas preventivas son eficaces
en los cánceres de: colón (el tercero en incidencia masculina, 63,5
por cada 100.000 habitantes, y segundo en las mujeres, 39 por cada
100.000 habitantes), cuello de útero (tercero en incidencia en las
mujeres, entre 7 y 8 de cada 100.000 mujeres), mama (una de cada 12
mujeres, el más frecuente), y pulmón (52 por cada 100.000
habitantes, el más frecuente en hombres). "A partir de edades
avanzadas, esas pruebas son beneficiosas", explica González. "Para
el resto de cánceres no hay ningún estudio que avale su eficacia",
añade.
La Comunidad realiza un programa de mamografías
bianuales dirigido a las 708.577 mujeres de la región de entre 50 y
69 años, según los criterios de la OMS. A estas edades, esta prueba
es especialmente eficaz. El año pasado se realizaron unas 130.000
pruebas. El parlamento europeo recuerda en una resolución de 2002
que hay estudios que indican que los programas de prevención en
mujeres de entre 40 y 49 años pueden reducir la mortalidad hasta en
un 20%.
"Desde la SEOM nos gustaría que se empezara
cuanto antes. Evidentemente, hay cánceres de mama que aparecen a los
30 años, pero el debate es si es rentable empezar desde tan
temprano. Entendemos que este tipo de programas se hacen en función
de la priorización de recursos en la sanidad pública, pero la
prevención en salud debe ser prioritaria. Proponemos que la edad de
comienzo se avance a los 45 años en la Comunidad de Madrid, como ya
se hace en la Comunidad Valenciana, que es una referencia en
programas de detección precoz de cáncer de mama", explica el
presidente de SEOM, Alfredo Carrato.
11. COMUNIDAD DE MADRID: METRO: UNA AVERÍA CADA
TRES DÍAS (10/03/079
Una avería cada tres días. En los 67 días
transcurridos este año, el metro ha sufrido 21 incidencias, según la
Consejería de Transportes. No ofreció cifras de 2006 para poder
comparar. La mayoría de los fallos, que dejaron sin transporte a
miles de viajeros, se produjeron en la línea 6, la más transitada
(media docena de averías). La última ocurrió el pasado jueves en un
tren 2.000 en la línea 5. La consejera de Transportes,
Elvira Rodríguez, la atribuyó , como es habitual, a una posible
"manipulación". Su consejería, que ha presentado ya 22 denuncias
por sabotaje este año, recaba indicios para otra más. Los sindicatos
imputan las averías a "falta de personal y de mantenimiento".
Seis de los ocho tornillos que anclaban el motor
al tren averiado el pasado jueves aparecieron fracturados, según la
consejera de Transportes, Elvira Rodríguez. El accidente se produjo
al desprenderse el motor del coche y caer en la vía, lo que provocó
un frenazo en seco que causó heridas leves a 12 personas. Después,
el servicio estuvo interrumpido cerca de 10 horas, porque el túnel
de la estación de Oporto en la línea 5 sólo cuenta con una vía y fue
difícil sacar el tren de allí.
Los cortes en los tornillos (imagen inferior) han
llevado a Metro a pensar que la avería no fue fortuita, sino debida
a "manipulación", afirmó Rodríguez. "Nunca habíamos tenido un
problema de este tipo de trenes de la serie 2.000", añadió.
Una portavoz de la Consejería agregó que Metro de
Madrid reúne las pruebas necesarias para presentar una nueva
denuncia ante la policía por este caso la próxima semana. Para ello,
la consejería ha enviado los tornillos al laboratorio y un notario
ha levantado acta de lo ocurrido. Este departamento ya ha presentado
otras 22 denuncias ante la policía por sabotajes en trenes del
metro. En la consejería afirman que en todos los casos se observó
alguna de estas anomalías: cortes en el cable del radioteléfono, en
el sistema de seguridad denominado hombre muerto, roturas en
los tiradores de alarma y pegamento en las cerraduras. Fuentes de
Metro vinculan los supuestos sabotajes a las inminentes elecciones
sindicales.
Pero tanto los sindicatos como el grupo
socialista en la Asamblea niegan este extremo y culpan a la
consejería de las frecuentes averías del suburbano. El diputado
socialista José Quintana afirmó que las denuncias de sabotaje son
una "cortina de humo" para distraer la atención de los usuarios del
metro, "dando a entender que los responsables de las averías son los
trabajadores". Añadió que hasta ahora las denuncias no han
demostrado nada.
" mismo [por el jueves] la consejería informaba
de que la comisión antisabotaje había resuelto los problemas",
subrayó. Quintana se refería al dispositivo de vigilancia que
anunció la consejería el pasado 15 de febrero, que implicaba
instalar cámaras de seguridad en las cocheras (que todavía no
funcionan) y contratar a 100 nuevos vigilantes. Entonces, la
consejería informó de que la vigilancia de las cocheras supone un
coste de 775 euros al día y, en la red de metro, de 2.900 euros al
día.
En teoría, la comisión antisabotaje habría
funcionado sólo 13 días, entre el 23 de febrero y el pasado jueves,
el mayor periodo sin averías de todo el año, según los datos
autonómicos. Pero, si hubo sabotaje, la última avería cuestiona su
actuación. "En realidad lo que ha habido es desidia y abandono en el
mantenimiento de una red que hace crecido en 90 kilómetros y sólo el
0,8% en plantilla", replica Quintana.
El secretario general de UGT-Metro, Teodoro
Piñuela, declaró a Europa Press que los problemas son "consecuencia
de la falta de previsión, de la falta de plantilla de mantenimiento
de las instalaciones de la red y del material móvil".
Según el secretario de Política Institucional de
CC OO, Jaime Cedrún, hay una relación "indudable" entre los
incidentes y el "volumen de privatización y la correlativa falta de
personal". Cedrún destaca que los nuevos trenes del suburbano y
parte de la flota actual son "alquilados" y el mantenimiento de
trenes está parcialmente externalizado.
Se refiere a que el pasado noviembre la
consejería diseñó una operación financiera por la que cuatro bancos
(BBVA, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Dexia y Société Générale)
compraron 698 coches por más de 1.000 millones de euros, ante la
imposibilidad de la Comunidad de Madrid de aumentar su deuda. A
cambio, los bancos alquilan a Metro los trenes por un canon durante
17 años.
"Está previsto que la plantilla crezca este año
ligeramente, pero lleva muchos años con aumentos mínimos pese al
enorme crecimiento de la red", agregó Cedrún.
El sindicato CC OO ha elaborado un informe sobre
los motivos que, a su juicio, causan de las incidencias de metro. La
principal es la "anormalidad" que atañe a los trenes
5.000-primera serie, que debían ser sustituidos por los trenes
9.000 en la línea 7. Por eso, "los viejos trenes de la serie
5.000-primera fueron enviados al desguace", señala el texto.
Pero, en octubre pasado, asegura el sindicato, la
dirección de Metro recibió la orden de recuperar los viejos trenes,
ante el incumplimiento de los plazos previstos por la constructora
que debía entregar trenes de la serie 7.000 para sustituir a los
trenes 5.000-segunda serie que circulan por la línea 6.
Como no llegaban esos vagones, se reconstruyeron
los 5.000-primera serie para esa línea. "Estos trenes fueron
mezclados en las composiciones con 5.000-segunda serie,
produciendo frenadas descompensadas que los viajeros percibían por
los vaivenes del tren", relata el informe sindical. Ésta fue la
causa, continúa, de que haya habido numerosas averías en la línea 6,
la de más tráfico, con 180 millones de pasajeros anuales.
A ello se sumó, dice el documento, que el sistema
de cierre de puertas de los trenes 7.000 -que circulan por la línea
6, 10 y 7- no admite que se presione sobre ellas. "Al ir los trenes
llenos, tenían que ser desalojados por no cumplirse el sistema de
seguridad del cierre de puertas", concluye.
12. COMUNIDAD DE MADRID: LA ÚNICA COMUNIDAD SIN
REGLAMENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANAS
(14/03/07)
El Gobierno de la comunidad bloquea el reglamento
de eliminación de barreras arquitectónicas. Esto es lo que asegura
el presidente del Comité de Entidades de Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid (CERMI-CM), Javier Font.
"Al Gobierno regional le asusta aprobarlo porque
afectará a los presupuestos de las entidades involucradas en este
proceso, como el Consorcio de Transportes, la hostelería o la
construcción", denuncia. Además, anuncia que, de no realizarse, el
CERMI convocará movilizaciones y emprenderá acciones legales.
Font comenta que, sin este reglamento que llevan
esperando 14 años, las personas con discapacidad no cuentan con un
"arma legal" para denunciar las barreras arquitectónicas, ya que la
ley no hace especificaciones técnicas al respecto.
"No hay ninguna intención del Gobierno regional
de aprobar el reglamento; con lo cual discrimina a un grupo de la
sociedad, ya que mientras niños sin discapacidad pueden recibir la
educación adecuada, no lo hacen los que sufren discapacidad;
mientras los no discapacitados van a la universidad, los
discapacitados no pueden... Así en todos los ambientes sociales",
señala.
El presidente de la asociación apunta que, aunque
en la región existen 123.000 personas con discapacidades, las
barreras arquitectónicas "son un grave problema que afecta a todos;
a personas mayores, padres con cochecitos de bebé o gente con
discapacidades permanentes o transitorias".
Las comunidades autónomas tienen transferidas las
competencias en la eliminación de barreras arquitectónicas, lo que
hace que cada región tenga una legislación distinta y un nivel de
aplicación también diferente. Así, mientras Cataluña destaca por su
compromiso, ya que se encuentra en el proceso de modificar y
completar la tercera versión del reglamento, Madrid es la única
comunidad autónoma donde todavía no hay un texto que desarrolle la
ley que vio la luz en 1993. Tras esta fecha, el movimiento
asociativo ha trabajado una propuesta para el texto y ha luchado por
su aprobación sin éxito.
Según explica el presidente de CERMI-CM, de 2001
a 2004 se realizó un periodo de trabajo con el Consejo para la
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, de donde
salió un borrador. El texto sufrió varios procesos legales hasta
2006, al pasar por el Consejo Económico y Social de la Comunidad de
Madrid, y llegar hasta el Consejo del Parlamento UE, donde se
realizaron "pequeñas modificaciones".
En febrero volvió al Consejo de Estado que
realizó un informe favorable y en septiembre la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, remitió una carta al CERMI
en la que expresaba su compromiso de aprobar el reglamento. Font
denuncia que Aguirre, "ha incumplido" su promesa y por eso la
organización se siente "engañada". "Si esta legislatura se acaba, el
gobierno de la región será igual de cómplice que los otros gobiernos
que no han hecho nada", lamenta. (Por Olga Berrios/Canal Solidario)
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN INFORME DEL
GOBIERNO DE AZNAR CIFRÓ EL FRAUDE DEL IMEFE EN 12 MILLONES DE EUROS
(14/07/06)
Miguel Barrachina, entonces director general de
Economía Social del Ministerio de Trabajo bajo el mandato de Eduardo
Zaplana, envió en marzo de 2003 un informe al Imefe (Instituto
Municipal para el Empleo y la Formación) de Madrid, ayuntamiento
entonces presidido por el popular José María Álvarez del Manzano, en
el que cifraba el fraude de dicha institución en 12 millones de
euros, de los que exigía el reintegro de 5,3 millones en tanto que
fondos europeos -el resto era municipal-, cifra que supera en tres
millones la cantidad acreditada por Anticorrupción.
La oposición nunca llegó a conocer este informe
oficial del Ministerio de Trabajo que suponía la cifra definitiva de
un fraude descomunal tejido por los directivos del Imefe -Ricardo
Peydró, flamante teniente de alcalde popular en Las Rozas pese a su
imputación por Anticorrupción, y José Luis Solana Blázquez- en torno
a empresas fantasmas o poco cualificadas cuya única virtud pareció
residir en la militancia en el PP de sus gestores. Anticorrupción
cifró en su reciente escrito de calificación el monto de los cursos
falseados en nueve millones, por tanto, tres millones menos que los
admitidos en 2003 por el Gobierno del PP, que como su ayuntamiento
correligionario, nunca denunció judicialmente esa suma. Ni el resto.
El fiscal Anticorrupción pide nueve años de
prisión para el ex director gerente del organismo, Ricardo Peydró
Blázquez, y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional,
José Luis Solana Azcárate, por el escándalo de las adjudicaciones de
cursos de formación de empleo que no fueron impartidos y en los que
fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes.
Anticorrupción pide dos años para otros seis responsables de las
empresas adjudicatarias. En total reclama 30 años de cárcel para
ocho acusados.
Trabajo, bajo Eduardo Zaplana, se limitó a
comunicar que el importe a reintegrar se efectuaría mediante
deducción de la suma en los futuros libramientos que se realizasen
por cuenta del Fondo Social Europeo. Por tanto, el Ayuntamiento de
Madrid, amén de haber tirado todos los fondos municipales que regaló
a las empresas agraciadas, 6,6 millones de euros, perdió otros 5,4
con cargo a las subvenciones que debía haberle dado en años
sucesivos la Unión Europea. El recorte se materializó en la
liquidación del programa presupuestario de noviembre de 2004.
Todo esto choca con la tesis de la concejala
popular Ana Botella, responsable del organismo heredero del Imefe,
la Agencia para el Empleo, quien no ve quebranto o responsabilidad
patrimonial en este fraude ni necesidad de que el Ayuntamiento se
persone para intentar que los artífices de esta estafa municipal
devuelvan el dinero esquilmado al contribuyente.
Lo grave del caso es que la inacción del
Ayuntamiento frena que la investigación presione a los empresarios
para que opten entre devolver el dinero o revela cuál fue el destino
final de estos millones regalados. Se abonaban cursos inexistentes.
Y tal favor a los empresarios implicados, que debe cifrarse en más
de los 12 millones oficializados por Trabajo -las auditorías en que
se basó nunca analizaron todos los cursos, sino sólo diversas
muestras aleatorias, que no sobrepasaron ni el 8% del monto de las
subcontrataciones- no puede explicarse por unos regalos en
contraprestación hacia los directivos del Imefe de apenas 272.000
euros, que son los acreditados por Anticorrupción. Nadie regala 12
millones de euros a cambio de 272.000 euros. De ahí la pregunta que
formula la concejal socialista Isabel Vilallonga: "¿Acaso protege la
señora Botella los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de
Madrid, o los del Partido Popular?".
Sorprendentemente, el Ministerio de Trabajo, que
tampoco entabló acciones judiciales por este fraude, en agosto de
2003 solicitó información a Anticorrupción sobre el estado de sus
diligencias secretas sobre el caso Imefe. Intentaba averiguar si se
había ordenado su archivo o había derivado en un proceso judicial,
la cuantía de las ayudas europeas implicadas y qué proyectos estaban
afectados. Todo ello para, supuestamente, remitir tal información a
la UE. El fiscal anticorrupción del caso rehusó dar tales datos.
Formaban parte del secreto de la investigación, que derivaron
semanas atrás en un contundente escrito de calificación provisional
contra los actores públicos y privados de esta estafa.
CIFRAS DEL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE
PARADOS
-
Redes empresariales con escasa o nula plantilla
docente participadas por militantes del PP copan desde 1996 la
adjudicación de cursos para formar parados
-
Estas empresas habían facturado unos 1.400
millones de pesetas (8,41 millones de euros), lo que suponía
casi un 25% de la cantidad adjudicada
-
Un informe conocido en 2002 del Ministerio de
Trabajo entre 1994 y 1999 reduce a 4,1 millones de euros las
anomalías y a 1,8 millones el dinero que el Ayuntamiento debe
devolver a la UE
-
Otro informe de 2003 cifra el fraude en 12
millones
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID: M-30: DENUNCIAN QUE
EL AYUNTAMIENTO NO PUBLICA LOS VALORES REALES DE CONTAMINACIÓN DEL
AIRE (14/07/06)
El Ayuntamiento de Madrid no publica los
verdaderos valores de contaminación del aire del entorno de las
obras de la M-30, además de no cumplir los plazos para entregar esos
datos "por temor a que se conozcan antes de las elecciones",
denunciaron los Colectivos Ecologistas en Acción y Plataforma
ciudadana M-30 No +Coches. Las organizaciones solicitaron al
Ayuntamiento de Madrid a finales del año pasado la información
mencionada, pero, según explicaron, el Consistorio argumentó "que no
disponía de ellos".
Días después, el 13 de diciembre, Ecologistas en
Acción presentó públicamente un informe filtrado de la empresa
concesionaria de las obras "que demostró que el Gobierno municipal
no sólo mentía, sino que la contaminación era escandalosa".
El informe procedía de la empresa de medición y
evaluación ambiental 'SGS Environmental Services', que venía
recogiendo y analizando en los alrededores del Puente de Vallecas y
de la chimenea de salida de gases situada en el Parque Tierno
Galván.
El estudio, que correspondía a septiembre de
2006, apuntaba que la contaminación media por partículas de menos de
10 micras (PM10) en las proximidades del Pozo de Ataque Sur era de
223 microgramos por metro cúbico, y en los alrededores del Pozo de
Ventilación Sur de 78, "mientras que la ley en vigor dice que la
media anual no debe superar los 40 microgramos por metro cúbico, con
lo que se superaba en 5,6 y 2 veces, respectivamente, el límite
máximo admisible".
"Ahora, tres meses después, cuando el límite
legal para facilitar la información es de un mes, el Ayuntamiento
comunica que en el plazo de 60 días facilitará la información
solicitada, lo que es una clara vulneración de esta normativa,
buscando que estos datos muy incómodos para el Gobierno municipal no
se conozcan antes de las elecciones", señalaron desde la plataforma
a la agencia Europa Press.
Para Ecologistas en Acción y la Plataforma M-30
No + Coches, el Consistorio madrileño vulnera la ley de acceso a la
información ambiental, "al ocultar unos datos tremendamente
relevantes para la salud de los ciudadanos". "Resulta insultante que
el Ayuntamiento gaste una cantidad disparatada de fondos públicos en
publicidad engañosa y autobombo, y a la vez vulnere la ley
impidiendo el acceso a la información ambiental que afecta a la
salud de los vecinos", agregaron
15. TORRELODONES: UN VECINO DENUNCIA AL ALCALDE Y
A 10 CONCEJALES DEL PP POR MALVERSACIÓN Y ESTAFA (13/03/07)
El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP);
el secretario municipal, varios promotores inmobiliarios y 10
concejales se enfrentan a una denuncia de un particular por
supuestos delitos de malversación de fondos públicos, falsificación
en documento público, extorsión, estafa y prevaricación. Según el
denunciante, las presuntas ilegalidades se han producido en la
expropiación de un terreno para construir un paso inferior bajo la
carretera de A Coruña que dé salida a los habitantes del Área
Homogénea Sur (ÁHS). El Juzgado de Instrucción número 5 de Collado
Villalba ha abierto diligencias previas.
El Ayuntamiento asegura que el paso subterráneo
es imprescindible para asegurar la fluidez del tráfico en la zona y
para su conexión con el resto de los núcleos urbanos del municipio.
En el ÁHS está previsto edificar 800 viviendas, muchas de ellas ya
en construcción. Además, existe un centro comercial. El túnel no se
ha empezado a construir. En la denuncia se asegura que el
Ayuntamiento ha cambiado la calificación de la finca de urbana a
rústica para que su precio sea menor. El Consistorio insiste en que
la parcela está calificada como "suelo no urbanizable". Considera
las acusaciones como "un camino para condicionar el ejercicio de las
funciones públicas y su resultado".
En opinión del denunciante, el Ayuntamiento
pretende cargar a las arcas municipales el justiprecio que deberían
pagar los promotores del ÁHS. Asegura que, con su decisión, del
pasado enero, los ediles han dado luz verde a que se cubran con
dinero público las responsabilidades económicas de la Junta de
Compensación del ÁHS, beneficiaria directa y única de la
expropiación.Según los cálculos del denunciante, el valor de la
parcela de 18.113 m2 que se pretende expropiar asciende a
14 millones €. Los ediles denunciados son los que votaron a favor de
la expropiación.
16. ARROYOMOLINOS: EL AYUNTAIENTO DEL PP EXCLUYE
DE 320 PISOS PÚBLICOS A LOS DESFAVORECIDOS (13/03/07)
El Ayuntamiento de Arroyomolinos (PP) ha
establecido para una promoción pública de 320 pisos que los
adjudicatarios no pueden ganar más de 50.305 € anuales ni menos de
10.061 €. En IU denuncian que por ese sistema pueden conseguir piso
vecinos con rentas muy altas y, sin embargo, se quedan fuera
residentes con contratos basura que no ganan más de 10.000 €/año y
que tienen necesidades de vivienda.
Hugo Pérez, de 21 años, solicitó una de las
viviendas de la promoción pública de Arroyomolinos (88.000 vecinos),
pero como no gana más de 10.061 euros al año ha obtenido una
puntuación muy baja en la lista de solicitantes. "Mi hijo trabaja
como instalador de líneas telefónicas, tiene un contrato basura y no
gana más de 5.000 euros al año. Las 320 viviendas las han solicitado
unas 800 personas y él ha sacado una puntuación bajísima por culpa
de su renta. Es muy injusto, porque por arriba el límite para
conseguir una casa es ganar hasta 50.000 euros al año, y mi hijo,
que gana cuatro duros se queda fuera", se quejó Luis Miguel Pérez,
vecino del municipio.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) de
Arroyomolinos denunció la existencia de "irregularidades graves" en
este concurso de adjudicación y su portavoz, José Manuel Toscano
aseguró que ha presentado alegaciones a la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda (Emuvisa) "El Gobierno municipal no ha tenido en
cuenta que las personas que más necesidades tienen de vivienda en
Arroyomolinos son los que ganan menos. Al final, las viviendas de
protección pública se las quedan los que más ingresan", criticó
Toscano.
El sistema de baremación utilizado en la
adjudicación de estas viviendas se ha basado, según la denuncia que
hace IU, en el criterio de antigüedad en el padrón de los
solicitantes, por lo que 182 viviendas "van a ser otorgadas gracias
a la obtención de 20 puntos por este concepto". "Y también ha sido
determinante la ponderación de la antigüedad en el trabajo, lo que
ha beneficiado de manera clara al personal del Ayuntamiento", agregó
el portavoz de IU. Además, según IU, el Gobierno municipal ha
adjudicado en esta promoción 33 viviendas a personas "que ya han
sido propietarios de un piso público y que previamente lo habían
vendido para especular con él".
Desde el Gobierno municipal, el concejal de
Urbanismo, Alfonso Muñoz (PP), contestó a las acusaciones de IU:
"Las bases de la convocatoria fueron aprobadas por unanimidad en el
Consejo de Emuvisa, del que forman parte concejales de todos los
grupos políticos". "El Consejo de Emuvisa consideró oportuno primar
con un mayor número de puntos a aquellos vecinos que más tiempo
llevaran empadronados en el municipio", añadió Muñoz.
