ÍNDICE
1. AGUIRRE Y GALLARDÓN TOMAN POSICIONES PARA
SUCEDER A RAJOY SI PIERDE
2. ALBERTITO Y ESPPE NO SE QUIEREN
3.AGUIRRE Y GALLARDÓN, OTRO NUEVO ASALTO:
"CONSEJEROS" EN VEZ DE CONCEJALES
4. BOTELLA SE QUEDA CON EL ÁREA 'ESTRELLA'
5. ESPE DA OTRO TOQUE DE ATENCIÓN A
GALLARDÓN Y CRITICA SU AFÁN DE "PROTAGONISMO"
6. Y YO MÁS
7. DE CONCEJALES A CONSEJEROS DELEGADOS Y HASTA
JUNTEROS
8. UN ALTO CARGO DE AGUIRRE ANIMA A OBJETAR
UNA ASIGNATURA OBLIGATORIA
9. HOMENAJE EN TIEMPO DE ELECCIONES
10. SANIDAD INDEMNIZARÁ A UN ENFERMO QUE RECIBIÓ
MALA ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
11. LA COMUNIDAD CONTRATA A INEXPERTOS PARA HACER
DECLARACIONES DE LA RENTA
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN OBVIÓ EL
PLAN ESPECIAL SOBRE UN EDIFICIO CATALOGADO PARA CONVERTIRLO, COMO
QUERÍA CORULLA, EN HOTEL
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EN MENOS DE DOS AÑOS
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONCEDIÓ LA LICENCIA DEFINITIVA PARA
CONVERTIR UN PALACIO EN HOTEL
14. JUICIO POR LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA
FUNERARIA DE MADRID: UN REGALO DE 13 MILLONES CON FORMA DE ATAÚD
15. JUICIO POR LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA
FUNERARIA DE MADRID: EL ÚLTIMO ALCALDE DE LA DICTADURA FRANQUISTA
16. JUICIO POR LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA
FUNERARIA DE MADRID: EL EDIL QUE DEBÍA VELAR POR EL PATRIMONIO
17. JUICIO POR LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA
FUNERARIA DE MADRID: EL PRESIDENTE DE LA FUNERARIA EN 1992
18. JUICIO POR LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA
FUNERARIA DE MADRID: LA MALA MEMORIA DE UN ACUSADO
19. JUICIO POR LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA
FUNERARIA DE MADRID: EL EX PRESIDENTE DE LA FUNERARIA CULPA A OTRO
DE LA VENTA
1. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE Y GALLARDÓN TOMAN
POSICIONES PARA SUCEDER A RAJOY SI PIERDE (03/06/07)
Los políticos, como los ajedrecistas, necesitan
tener varias jugadas en la cabeza para triunfar. Y en el PP, los
dirigentes clave trabajan ya en un plan B: ¿y si pierde Rajoy?
Obviamente, el plan A, el que se lleva el esfuerzo principal, es la
victoria. Pero la derrota es una posibilidad real y hay que mover
las piezas. En este momento, según todos los dirigentes consultados
del PP, sólo Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, los dos
líderes madrileños, están en condiciones de aspirar a esa plaza.
Es ahora, justo cuando hay que empezar a
colocarse para la elaboración de las listas al próximo Congreso de
los Diputados, están en plena ebullición. Hasta el punto de que los
dos contendientes y sus equipos miden sus apoyos por si llegara un
enfrentamiento. Miembros de la máxima dirección y de ambos sectores
en liza coinciden en que Gallardón cuenta con el apoyo de barones
muy importantes como el andaluz Javier Arenas, el catalán Josep
Piqué o el gallego Alberto Núñez Feijóo.
Más dudosos, aunque según fuentes del entorno de
Aguirre están con el alcalde de Madrid, se situarían el valenciano
Camps o el balear Matas. Ellos están dentro del grupo que ha
apoyado, por ejemplo, la reforma de estatutos de autonomía.
Frente a ellos, y más próximos a Aguirre, se
situarían Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Castilla y León, el
País Vasco, Extremadura, Canarias, Asturias y, obviamente, Madrid,
el partido que Gallardón aspiró a controlar. El alcalde fracasó en
ese intento dentro del partido y debe buscar apoyos fuera de su
territorio.
Los respaldos regionales implican delegados para
un congreso nacional. Formalmente, debería ser en octubre, pero la
mayoría de los dirigentes empieza a apostar abiertamente -el propio
Gallardón lo hizo en público- por retrasarlo hasta después de las
elecciones. La clave de todo, sin embargo, al margen de estos
preparativos, está en la decisión de Rajoy de colocar o no a
Gallardón en la lista al Congreso por Madrid, no necesariamente de
número dos. Ahí se decide todo, porque estar en la Cámara baja
significa poder aspirar a la sucesión si hay derrota. Al Gobierno,
Rajoy se podría llevar a cualquiera, pero la oposición se hace en el
Congreso de los Diputados.
Aguirre, mientras tanto, mueve sus piezas para
impedir que Gallardón llegue al Congreso. Eso le daría a él un plus,
porque podría compaginar la alcaldía y el escaño. Ella, como
presidenta autonómica, no podría. Tendría que dimitir, algo
impensable porque perdería su poder.
Por eso, para ella es fundamental que el alcalde
no entre en la lista. Y con la fuerza que le han dado sus
espectaculares resultados electorales tratará de impedirlo. Entonces
sí podría aspirar. O al menos eso cree. Su entorno comenta que ella
tiene la opción de ser senadora por designación autonómica y desde
allí podría dirigir la oposición.
Algunos señalan que el número dos ideal para
Rajoy sería Rodrigo Rato, como en 2000. Pero al presidente del FMI
le quedará un año de mandato cuando lleguen las elecciones, y nadie
entendería que dejara su categoría de jefe de Estado para ser el
segundo de un líder de la oposición que se la juega a todo o nada en
España. En esa batalla por lograr un puesto en el Congreso,
Gallardón podría contar, según fuentes de la dirección, con un apoyo
inesperado: el del propio Aznar. A nadie se le escapa que la entrada
en política nacional del primer edil de Madrid dejaría el paso libre
a la alcaldía para Ana Botella, la esposa del presidente de honor
del PP.
Rajoy necesita una lista al Congreso potente. De
hecho, en el partido ya se asume que el número uno por Barcelona
será Josep Piqué, aunque el líder aún no ha hablado con él.
Cataluña, como Andalucía, son claves. En la primera, los resultados
han sido muy malos -han perdido 80.000 votos, 1,3 puntos- y en la
segunda, el PP ha subido dos puntos, pero el PSOE también. La
distancia en municipales se mantiene en ocho puntos, aunque lejos de
los 20 que les separaron en las generales de 2004. La crisis del
País Vasco -60.000 votos menos- tiene menos impacto en las
generales. Las de Aragón, Canarias o Extremadura son más
preocupantes. Aún así, el PP recuerda que hay casi un millón de
votos que en las municipales van a listas independientes, en su
mayoría de empresarios locales, que en las generales pasan al
principal partido de la oposición. Por eso creen que ganarán.
La importancia de la lista al Congreso justifica
la presencia de Gallardón, que además refuerza el perfil "centrista
y moderado" que Rajoy insiste en reivindicar para su partido. Pero
la lista por Madrid es mucho más que una lista, y en el partido la
entrada de Gallardón desataría todas las alarmas. "El problema que
tiene Mariano es que si pone a Alberto, y más ahora con la que se ha
montado, Zapatero dirá inmediatamente 'Rajoy es tan débil que
necesita a Gallardón'. Pero sobre todo, internamente, será entendido
como un mensaje en clave de sucesión.
"Gallardón sólo tiene un argumento real para
querer estar en el Congreso: la sucesión. Pero ése es precisamente
el más inconfesable, el único que no puede utilizar ante Rajoy.
Porque para ayudarle a ganar las elecciones no necesita ir en la
lista. Puede hacer todos los mítines conjuntos que quiera", explica
un diputado próximo al líder.
Aún así, las apuestas en el partido siguen
colocadas en la idea de que, una vez pasada la tormenta de esta
semana -Gallardón ya ha prometido que nunca más hablará del asunto-,
Rajoy decidirá finalmente incluirle en las listas.
Con un líder tan inescrutable, los dirigentes han
aprendido a adivinar sus decisiones con clases de psicología. Y aquí
los que más le conocen aducen una razón poderosa: con Rajoy no hay
nada mejor que insistir. Es una persona flexible y no le gustan los
enfrentamientos directos. Y todos dan por descontado que Gallardón,
en privado, insistirá. Y mucho.
2. COMUNIDAD DE MADRID: ALBERTITO Y ESPPE NO SE
QUIEREN (03/06/07)
No se quieren y disimulan muy mal. Eso sí, en
público, insisten una y otra vez en que su amistad se remonta 20
años atrás cuando entraron juntos a trabajar en el Ayuntamiento de
Madrid y que se llevan "como hermanos". Pero lo cierto es que su
relación no es fraternal. Durante los últimos cuatro años, ella
presidiendo la Comunidad de Madrid y él rigiendo los destinos de la
capital, ha habido sobradas pruebas de sus fricciones, pero el
problema comienza ya "La guerra empieza ahora, y en clave nacional".
Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, ambos
del PP, se han tirado los trastos por la ley de capitalidad de
Madrid -él quería pactar con Zapatero, ella no-; por la oficina de
turismo -no hubo acuerdo y cada tiene la suya-; por la gestión del
Metro y hasta por 120 tapas de alcantarillas de las calles de
Madrid: Aguirre las pintó de azul y Ruiz-Gallardón amenazó con ir a
los tribunales.
En estos desencuentros, el alcalde siempre opta
por guardar silencio y mantener las formas. La presidenta, en
cambio, es más parlanchina. Sus enfados aparecen incluso por
escrito, como en el libro La presidenta, de la periodista Virginia
Drake. "La primera faena fue cuando nos enteramos de que la noche
anterior al 10 de junio de 2003 él ya sabía lo que iba a pasar y no
nos lo dijo. Luego se levantó y se marchó cuando habló Tamayo",
cuenta Aguirre al recordar la sesión de investidura en la que dos
diputados socialistas traicionaron al aspirante a la presidencia,
Rafael Simancas. El alcalde ha negado siempre tan grave acusación.
Aguirre tampoco le perdona a Gallardón que fuera
presidente de la comunidad y alcalde a la vez hasta que se
convocaron nuevas elecciones. "La ley prohíbe que el presidente de
la Comunidad conviva con otro cargo, pero como él era Dios mandó
hacer un informe ad hoc". Desde ese día, muchos colaboradores de
Aguirre se refieren irónicamente a Gallardón como Dios.
La tensión se puso al rojo vivo cuando Gallardón
convenció a su vicealcalde, Manuel Cobo, de que se presentara a la
presidencia regional del PP, cargo al que aspiraba Aguirre. "Llegó a
decirme que si yo era presidenta del partido, no se presentaba a las
municipales de 2007", ha contado la presidenta en el libro.
Pero Gallardón se presentó y ganó. La noche
electoral, en los cuarteles de ambos líderes, a la vez que se
escrutaban los votos, se hacían cálculos para saber quién tenía más
apoyos en Madrid, ella o él. Al final venció Gallardón por 5.000
votos, contabilizadas tanto las papeletas del domingo y las enviadas
por los residentes ausentes. Pero ella, antes de saberse el
resultado final, desplegó, sola en el balcón de Génova, la pancarta
de "gracias" y se hizo la primera foto de la victoria. Cuando los
colaboradores del alcalde le advirtieron de lo que sucedía, hubo
otra foto, estaba vez de los dos con Rajoy y Acebes. Al día
siguiente, Gallardón se proponía para acompañar a Rajoy en las
generales. "No sé de qué se sorprenden", advirtió Aguirre, "él nunca
ha ocultado sus deseos". "Ella tampoco", respondieron en el bando
del alcalde.
El último enfrentamiento llegó el viernes, cuando
el alcalde bautizó como consejeros a los concejales de su equipo de
gobierno y desde el otro bando le respondieron que los consejeros
"son sólo los miembros del Gobierno de la Comunidad". Otro ejemplo
de su fraternal relación.
3. C COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE Y GALLARDÓN,
OTRO NUEVO ASALTO: "CONSEJEROS" EN VEZ DE CONCEJALES (02/06/07)
Primero, la guerra por quién ha obtenido más
votos en la capital. Luego, la pelea por quién va a escalar primero
los puestos dentro del PP nacional. Y , Esperanza Aguirre y Alberto
Ruiz-Gallardón abrieron un nuevo frente sobre quién tiene derecho a
usar el término "consejeros".
La idea del alcalde electo de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, de copiar el modelo regional de consejerías en
sustitución de las concejalías desató las críticas del Gobierno
regional. El número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González,
llamó por teléfono al vicealcalde Manuel Cobo para pedirle que
rectifique.
"No se puede llamar igual a dos figuras
diferentes de la Administración porque confunde a los ciudadanos. Le
pido encarecidamente a Gallardón que dé marcha atrás", afirmó el
consejero de Presidencia, Francisco Granados. "En ninguna ley pone
que se puede llamar a los concejales consejeros. Si el Ayuntamiento
no rectifica, modificaremos la Ley de Administración Local y
pondremos un punto en el que quede claro que el término consejeros
es exclusivo para los miembros del Gobierno regional", advirtió
Granados.
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, calificó
de "inadecuado" el tono empleado por Granados y pidió "respeto" a la
decisión de Gallardón. La Ley de Capitalidad, de 4 de julio de 2006,
no dice explícitamente que el gobierno municipal pueda utilizar el
término "consejeros". Pero el Ayuntamiento se agarra al artículo 11.
C de esta ley, que afirma que corresponde al pleno "la división de
la ciudad en distritos y la determinación y regulación de sus
órganos". "La regulación de sus órganos significa que la Junta de
Gobierno puede poner las denominaciones que considere", agregaron
fuentes municipales, que recordaron que la citada ley está "por
encima de la Ley de Administración Local".
Por otra parte, la Ley Estatal de Bases de
Régimen Local dice que los cargos electos -los que han salido
elegidos de la lista presentada por el PP a los comicios
municipales- se llamarán concejales y que el resto, que sólo pueden
sumar un tercio del total, se podrán denominar de otra manera.
Entonces, en el caso de Madrid, tan sólo Alicia Moreno, responsable
del Área de las Artes, podría llamarse "consejera". Ella ha sido la
única que no formó parte de la lista y, sin embargo, ha sido
designada por el alcalde responsable de un área. "Lo que hemos hecho
ha sido unificar la Junta de Gobierno y que todos sus miembros se
llamen consejeros", justificó Cobo.
El Gobierno regional insistió en que "la Ley de
Capitalidad no admite ni usar la palabra consejero ni privar del
término concejal al que ostenta esa condición".
4. COMUNIDAD DE MADRID: BOTELLA SE QUEDA CON EL
ÁREA 'ESTRELLA' (02/06/07)
Ana Botella dejará la próxima legislatura el área
de Servicios a la Ciudadanía para encabezar la de Medio Ambiente.
Este departamento será la estrella del próximo gobierno de
Ruiz-Gallardón porque se encargará de la segunda parte del gran
proyecto de reforma de la M-30, una vez terminadas las obras.El
llamado Proyecto Río ajardinará la vía. Sobre las 120 hectáreas de
esta alfombra verde se plantarán 55.000 árboles. Todas las zonas
verdes incluyen parques infantiles, instalaciones deportivas y una
pequeña playa de 20.000 metros cuadrados. En el Manzanares no se
podrá bañar nadie, pero sí que se podrá tomar el sol en sus
márgenes.La pasada legislatura el área de Medio Ambiente compartía
concejalía con Obras, pero los próximos cuatro años será
independiente. Botella será también segunda teniente de alcalde.El
nuevo equipo de gobierno estará formado por cinco hombres (incluido
el alcalde) y cinco mujeres. Concepción Dancausa, presidenta de la
Asamblea durante la pasada legislatura, será la responsable del área
de Familia y Servicios Sociales.
El resto de áreas queda así: Manuel Cobo (primer
teniente y vicealcaldía); Juan Bravo (tercer teniente y Hacienda y
Administraciones Públicas); Pedro Calvo (Seguridad y Movilidad);
Pilar Martí-nez (Urbanismo y Vivienda); Paz González (Obras y Vías
Publicas); Alicia Moreno (Las Artes) y Miguel Ángel Villanueva
(Economía y Empleo).
5. COMUNIDAD DE MADRID: ESPE DA OTRO TOQUE DE
ATENCIÓN A GALLARDÓN Y CRITICA SU AFÁN DE "PROTAGONISMO" (04/06/07)
La recientemente reelegida presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha expresado claramente en una entrevista
concedida al diario La Razón sus reticencias con el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha acusado veladamente de
tener cierto afán de "protagonismo", en referencia a la propuesta de
Gallardón de apoyar a Rajoy como número dos en las listas para las
elecciones generales, lo que en parte del PP y de sus medios afines
se ha entendido como un paso del político centrista para ponerse, en
el futuro, a la cabeza del partido conservador. Esperanza Aguirre ha
querido poner las cosas en su sitio: "Los grandes triunfos llevan en
sí el germen de algunos problemas", en referencia a su compañero de
partido.
En la entrevista-homenaje que La Razón realiza a
Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid
manifiesta su satisfacción por la victoria obtenida en las
elecciones autonómicas. A pesar de explicar su éxito como el
resultado de haber "cumplido todas los compromisos", Aguirre afirma
que "los madrileños ante todo también han votado en clave nacional".
Y es que la liberal mandataria regional no falta
a ninguno de los principios jaleados por los medios afines al PP:
"España es una gran nación que no merece un presidente que ceda al
chantaje de los terroristas"; "Lo de De Juana Chaos es inadmisible y
es una burla a la democracia y a los españoles"; "Zapatero va a
permitir que ETA-Batasuna se siente de nuevo en los
Ayuntamientos"... Para Esperanza Aguirre, los principios gracias a
los que se debe la victoria del PP en Madrid son el "liberalismo" y
"la nación española".
Pero Aguirre tuerce el gesto cuando su
entrevistador menciona al también triunfador en Madrid,
Ruiz-Gallardón, que ha afirmado que lo realmente valorado por los
ciudadanos es el proyecto de centro-liberal del PP. Aguirre no tarda
en saltar: "La única valoración que cuenta es la que se hizo en la
Junta Directiva Regional del partido. Las valoraciones al margen del
partido, como la que hizo el alcalde de Madrid, son muy interesantes
pero no son las del partido."
Pero más dura aún se muestra Espe con el
ofrecimiento de Gallardón para ser el número dos en la lista del PP
en las próximas generales. Aguirre afirma que "para ayudar a Mariano
a llegar a la Moncloa estamos todos; cada uno desde el lugar en el
que nos han situado los electores. No tiene ningún sentido querer
mayor protagonismo". Un protagonismo, interpretado por la presidenta
regional como un posible efecto negativo como consecuencia del
éxito: "Los grandes triunfos llevan en sí mismos el germen de
algunos problemas".
Unas declaraciones, las de Esperanza Aguirre, que
dejan clara su postura con respecto a su compañero de partido. Todo
un toque de atención de la gran marquesa contra el ambicioso alcalde
madrileño. La novela tendrá pronto su próximo capítulo.
6. COMUNIDAD DE MADRID: Y YO MÁS (06/06/07)
Un puñado de papeletas volvió ayer a abrir la
guerra por los votantes de la capital. Los dos candidatos electos
del PP, Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y Alberto
Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento, han entrado desde la misma noche
de las elecciones en una pugna sorda por ver quién tenía el favor de
los capitalinos en votos. Como trasfondo están las aspiraciones de
ambos en el PP y el tirón electoral que demuestran las papeletas.
Así que ayer se filtraron los resultados
electorales definitivos, que la Junta Electoral Provincial cerró el
pasado lunes. El monto de votos aumenta al añadirse los que fueron
impugnados y la junta ha tenido que resolver: 3.307 papeletas más
para la capital.
El entorno de Gallardón se precipitó la noche del
27 de mayo al difundir que él se había distanciado en 12.000 votos
de su compañera y rival de partido. Pronto hubo protestas desde los
allegados a Aguirre, que destacaban que faltaban por computar los
votos de los residentes en el extranjero. Además, en el Ayuntamiento
votan los inmigrantes. El censo electoral de la capital es diferente
para votar al alcalde (2.404.697 personas) que para elegir al
presidente regional (2.388.911, 15.788 personas menos). Por tanto,
no es comparable el resultado en papeletas. Lo único que puede
dirimir el conflicto son los porcentajes de voto que cada uno
recibe.
También aquí hay diferencias, porque cada cual
busca su beneficio. El entorno del alcalde usa el criterio del
porcentaje de voto según los sufragios emitidos. Eso da a Gallardón
una victoria por medio punto: el alcalde obtuvo el 55,65% de los
votos de la capital y la presidenta, el 55,21%.
Pero quienes apoyan a Aguirre calculan el
porcentaje en relación con el censo respectivo. Aguirre tiene así el
36,7% de los votos y Gallardón, el 36,5%. Una distancia de dos
décimas.
Moraleja: yo más.
7. COMUNIDAD DE MADRID: DE CONCEJALES A
CONSEJEROS DELEGADOS Y HASTA JUNTEROS (07/06/07)
A pocos se les escapa ya que a Esperanza Aguirre
le ha sentado fatal que su compañero de partido, Alberto
Ruiz-Gallardón, vaya a cambiar la denominación de los concejales del
Ayuntamiento de Madrid, por el de consejeros delegados. Lo ha dicho
en todas partes y se ha quejado de que el cambio de nombre puede
provocar confusiones con los miembros del Ejecutivo regional: "Es
como si yo llamara a los consejeros regionales, ministros".
Según explicó la propia Aguirre, presidenta
electa de la Comunidad de Madrid, lo discutió con Gallardón. "Me ha
telefoneado esta mañana para preguntarme mi punto de vista", explicó
Aguirre. También reveló que el alcalde le había justificado la
medida en la necesidad de unificar los nombres de los miembros del
equipo de gobierno municipal. Además de la decena de concejales con
carteras de responsabilidad, el alcalde está facultado para nombrar
consejeros delegados con responsabilidades de gobierno que no han
formado parte de la lista electoral. En el mandato anterior, ése fue
el caso de Miguel Ángel Villanueva, consejero delegado de Economía.
Ahora, Gallardón piensa nombrar consejera
delegada de Cultura a Alicia Moreno, que no se presentó a las
elecciones. En conversación con los periodistas, un miembro del
gobierno sugirió que era más fácil nombrar a un responsable de
Cultura que sí hubiera sido refrendado por votos.
Otro de los argumentos que el alcalde habría
trasladado a Aguirre es que con el nombre se puede distinguir, como
ocurre en la Comunidad de Madrid entre consejeros y diputados, a los
concejales que integran el pleno, pero no tienen responsabilidades
de gobierno, de los que sí las tienen. Aguirre, según su propia
versión, propuso a Gallardón que utilice la denominación de
junteros, como en otras comunidades autónomas, por ejemplo, Navarra.
Pero la propia Aguirre se encargó de restar
hierro al enfrentamiento. "Le he visto [al alcalde] en muy buena
disposición y creo que buscará otra denominación", aseguró. En el
Ayuntamiento de Madrid rechazaron hacer declaraciones al respecto.
8. COMUNIDAD DE MADRID: UN ALTO CARGO DE AGUIRRE
ANIMA A OBJETAR UNA ASIGNATURA OBLIGATORIA (05/06/07)
El director general de Centros Docentes del
Gobierno regional, Javier Restán, sostiene que la asignatura
Educación para la Ciudadanía podría causar "daños en la conciencia
de los hijos", y anima por ello a los padres a adoptar la objeción
de conciencia ante ella. Según Restán, el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero quiere "sustituir la responsabilidad de los
padres en la educación moral de los hijos".
En un artículo publicado en la revista Huellas,
del movimiento católico conservador Comunión y Liberación, el alto
cargo añade que los progenitores "pueden apelar al derecho de
objeción de conciencia" frente a esa materia. Una portavoz de la
revista aseguró ayer que Restán fue invitado a elaborar un artículo
sobre la asignatura. "No le dimos ningún tipo de directriz", dijo.
Desde la Consejería de Educación señalaron ayer que Restán había
escrito el artículo "a título personal".
La nueva materia -con contenidos referentes a la
Constitución y a los Derechos Humanos- no gusta ni a la Conferencia
Episcopal ni al PP, que se ha opuesto a que sea obligatoria. En
Madrid empezará a impartirse a partir del curso 2008-2009 para los
alumnos de segundo de ESO. Sus detractores dicen que abre la puerta
al "adoctrinamiento", por lo que promueven entre los padres la
objeción de conciencia.
En la pasada campaña electoral, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que permitiría a
los objetores sustituir la asignatura por actividades de
voluntariado. El Ministerio de Educación respondió que eso sería
ilegal, y el líder del PP, Mariano Rajoy, señaló al día siguiente
que "hay que cumplir la ley", si bien prometió eliminarla si llega
al poder.
La preocupación que la asignatura suscita entre
algunos padres se justifica, según Javier Restán, "pues ha sido
introducida en el sistema educativo con la intención de que se
convierta en un área de formación de la conciencia moral cívica".
"No se trataba, en la mente de sus propulsores, de dar a conocer los
fundamentos de nuestro sistema político, sino de crear una moral
ciudadana".
Para el director general de Centros Docentes, la
esencia del problema es la pretensión del Estado "de convertirse en
educador y moralizador". "Y para ello trata de usar un instrumento
tan poderoso como la escuela obligatoria", critica. "La asignatura
de educación para la ciudadanía es la manifestación del fracaso de
la educación como tal", prosigue.
El director general califica el contenido de la
materia de "sistematización de lo políticamente correcto". "Bien
mirado, se trata de consejitos para portarse bien", añade. "Se
censura el sentido religioso que constituye la dinámica esencial del
hombre y, por tanto, del ciudadano, y se parte de una concepción
reductiva del hombre, donde se elimina su relación personal y
exclusiva con el Misterio. Desaparece la persona, llega el
ciudadano. Adiós a la religión, bienvenida la educación para la
ciudadanía".
El director de centros docentes apela a la
objeción de conciencia con esta asignatura: "Una opción que, más
allá de las consecuencias académicas o de otra índole que pueda
acarrear, debe tenerse seriamente en cuenta cuando no haya otros
medios para evitar un daño mayor a la conciencia de sus hijos",
sostiene.
El movimiento Comunión y Liberación tiene
carácter conservador y sus responsables fueron recibidos
recientemente por el papa Ratzinger. En Madrid gestionan el colegio
concertado J. H. Nevmann, en San Blas, que empezó a funcionar en el
curso 2005-2006 con polémica porque pedía "donativos" a los padres
que aspiraban a una plaza para sus hijos.
9. COMUNIDAD DE MADRID: HOMENAJE EN TIEMPO DE
ELECCIONES (05/06/07)
Desde principios de marzo, la plaza de la
República Dominicana (Chamartín) se había convertido en una especie
de santuario improvisado. Flores, pancartas, velas, banderas y fotos
ocupaban el parterre situado entre las calles del Príncipe de
Vergara y Costa Rica. Además, decenas de mensajes de ataque al
Gobierno socialista. Y ayer todo eso desapareció. Decenas de vecinos
se quejan de que el Ayuntamiento no ha querido limpiar la zona hasta
después de las elecciones.
En la plaza murieron 12 de las 25 víctimas del
terrorista Iñaki de Juana Chaos, asesinadas el 14 de julio de 1986,
en un atentado cometido por éste contra un autobús de la Guardia
Civil.
El 7 de marzo, en medio de la polémica por el
paso a prisicón atenuada del terrorista, el ex presidente del
Gobierno José María Aznar depositó en ese lugar 25 rosas, una por
cada víctima de De Juana. "Ese día se montó un pollo. Había mucha
gente gritando contra Zapatero. Me daba miedo", cuenta Lola Yllán,
que lleva 50 años viviendo en el barrio. "Pusieron flores, carteles,
velas... Y había banderas preconstitucionales y muchos insultos a
Zapatero". Pasaron las semanas, las lluvias y el calor; y las flores
se pudrieron y las pancartas se deterioraron. "La gente del barrio
comentaba que esto era un asco. Olía a podrido", recuerda Lola.
"Algunos clientes se quejaban del olor y se iban de la terraza",
dice el empleado de una heladería mientras coloca los veladores.
"Estábamos hartos de decir que esto no es normal.
De quejarnos por los olores... pero no nos hacían caso", explica el
propietario de un quiosco de prensa. A la vuelta del parterre hay
una farmacia cuyos propietarios también protestaron por la
descomposición de las flores y sus efectos. Los vecinos, aseguran,
no tenían nada en contra de los símbolos, pero sí estaban
preocupados por la insalubridad de la zona.
El 12 de abril, Lola Yllán presentó en la Junta
Municipal del distrito de Chamartín un escrito firmado por otros 39
vecinos para que limpiaran la plaza."Me trataron muy bien, pero
pasaron las semanas y no acudieron a limpiarla".
A principios de mayo la vecina volvió a
telefonear al Ayuntamiento para recordar "los desechos que se habían
acumulado" en la plaza. Y pocos días después el servicio de limpieza
comenzó a retirar todos los elementos que pretendían recordar a las
víctimas. "El barrio nunca las olvidará, porque fue una tragedia
demasiado grande. Pero han pasado 20 años y hasta ahora nadie se
había acordado de ellas", indica Yllán, quien explica que cuando la
zona estaba casi limpia se celebró un mitin electoral del PP.
"Lo volvieron a poner todo otra vez: carteles,
velas... y 12 rosas blancas, una por cada una de las víctimas". Los
vecinos volvieron a llamar al Ayuntamiento y no encontraron
respuesta. Hasta ayer. Un grupo de trabajadores municipales retiró
los vestigios del recuerdo al atentado. "No lo han querido quitar
hasta que han pasado las elecciones", acusa Yllán.
10. COMUNIDAD DE MADRID: SANIDAD INDEMNIZARÁ A UN
ENFERMO QUE RECIBIÓ MALA ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (04/06/07)
La Consejería de Sanidad ha sido condenada por el
Tribunal Superior de Justicia a pagar 108.000 euros a un paciente al
que la sanidad pública, durante nueve años, no prestó el tratamiento
psiquiátrico adecuado. El enfermo, José Luis G. F., de 30 años, bajó
en diciembre de 2000 a las vías del metro y, tras ser arrollado por
el tren, sufrió la amputación de la pierna derecha. La familia ha
recibido el apoyo del Defensor del Paciente en el caso.
Poco antes de las navidades del año 2002, José
Luis G. F., de 30 años, saltó a las vías del metro en la estación de
Valdeacederas, esperó al tren con los brazos abiertos y, tras ser
arrollado, perdió la pierna. Cuatro años y medio después, el
Tribunal Superior de Justicia ha condenado a Sanidad a indemnizarle
con 108.000 euros porque considera que el hospital Clínico, al que
el paciente había acudido, falló a la hora de prestarle un
tratamiento psiquiátrico adecuado que habría reducido el riesgo de
que el accidente se produjese.
Los primeros problemas del paciente, de 30 años,
surgieron hace 14, cuando siendo adolescente le fue diagnosticado un
trastorno obsesivo-compulsivo. En 2002, en su centro de salud,
resumieron sus síntomas en "depresión muy importante con trastorno
obsesivo-compulsivo y posible riesgo suicida". En febrero de ese
mismo año, ingresó en el hospital Clínico, pero fue remitido días
después a su centro de salud. Ocurrió lo mismo en varias ocasiones.
"A pesar de que el paciente, desde el año 1994, fue ingresado en
diferentes ocasiones con diagnóstico de un trastorno
obsesivo-compulsivo, el hospital Clínico siempre le remitía luego a
su centro de salud, sin considerar el caso grave", afirmó Antonio
Navarro, abogado del Defensor del Paciente, la asociación que ha
apoyado a la familia en su reclamación. "El enfermo cada vez se
encontraba peor y empezó a decir incluso que quería autolesionarse.
Sus familiares volvieron a llevarle al Clínico y les volvieron a
decir que no tenía por qué quedarse ingresado", agregó Navarro.
Los familiares del paciente pidieron que se le
cambiase el tratamiento psiquiátrico porque éste no era eficaz. "La
familia presentó varias hojas de reclamación, pero no les hicieron
caso y el paciente terminó arrollado por el metro", denuncia el
abogado Navarro. El enfermo fue declarado como "afectado de gran
invalidez" por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Después de perder la pierna, el hospital Gregorio
Marañón intervino a la víctima de una cirugía cerebral
(capsulotomía) para controlar su agresividad y compulsiones. "Le
pusieron el tratamiento eficaz después de que perdiese la pierna",
criticó el abogado de la víctima.
La sentencia, con fecha del pasado 10 de mayo,
condena a Sanidad a indemnizar al enfermo 108.000 euros. "El
tratamiento quirúrgico no es de primera elección pero, no obstante,
la Administración se retrasó indebidamente en facilitarlo; dado que
el tratamiento farmacológico se había revelado ineficaz pues habían
transcurrido nueve años y el enfermo, lejos de mejorar, empeoraba
paulatinamente", concluye la sentencia, en la que ha actuado como
ponente el magistrado Ramón Verón Olarte.
11. COMUNIDAD DE MADRID: LA COMUNIDAD CONTRATA A
INEXPERTOS PARA HACER DECLARACIONES DE LA RENTA (03/06/07)
El Gobierno regional ha puesto al frente del
servicio de asistencia gratuita para hacer declaraciones de la renta
a gente sin experiencia, según reconocen los propios empleados.
Éstos denuncian que no han recibido la formación adecuada. "No
sabemos si estamos haciendo bien las declaraciones a los
contribuyentes", afirman algunos trabajadores. El Gobierno regional
responde que fue el Ministerio de Hacienda el que dio los cursos de
formación.
Este servicio gratuito del Gobierno regional
consiste en que, previa cita, un supuesto experto en Hacienda
atiende al contribuyente y, con la ayuda de un programa informático,
le hace la declaración de la renta. Hasta ahí bien. Salvo que es
posible, según denuncian algunos trabajadores, que el contribuyente
salga pensando que le van a devolver 3.000 euros cuando tiene que
pagar 800. El motivo: "No hemos recibido la formación adecuada y no
sabemos si estamos haciendo bien las declaraciones", aseguran varios
empleados, que prefieren quedar en el anonimato.
La Comunidad de Madrid ha habilitado en total 93
puestos de atención en 28 localidades de la región para ofrecer
asistencia gratuita a los vecinos durante la segunda fase de la
Campaña de Renta 2006, que durará hasta el 2 de julio. Para ello, la
Consejería de Hacienda sacó un concurso que ganó la empresa
Teleperformance y ésta, a su vez, contrató a un centenar de
empleados para hacer las declaraciones de la renta. "Recibimos un
curso de formación, pésimo, de ocho días. Sólo pedían ser diplomados
o licenciados. La mayoría somos de Derecho o Económicas, pero
también hay licenciados en Filología Árabe", afirman varios
trabajadores.
Por ejemplo, M. A. es abogada, y antes de
sentarse a hacer declaraciones había hecho la suya "y gracias". "Han
subcontratado sobre todo a parados de larga duración. Encima, no nos
han hecho contrato como agentes tributarios, sino como gestores
telefónicos", denuncia esta mujer, cuya versión es corroborada por
otros trabajadores. L., otra empleada, también explica que antes
sólo había hecho declaraciones de la renta "a familiares y a
amigos".
Un portavoz de la Consejería de Hacienda responde
que los trabajadores recibieron la formación por parte de la Agencia
Tributaria, que depende del Ministerio de Hacienda. "Y este
organismo certificó que estaban en disposición de trabajar. La
Comunidad de Madrid lo que hace es poner las oficinas y los recursos
informáticos", explica. Sobre por qué el Gobierno regional ha
delegado en una empresa, Teleperformance, la contratación de estas
personas, el mismo portavoz respondió: "La campaña de la renta es
por un tiempo determinado y por eso se acude a este tipo de
empresas. La Consejería de Hacienda, además, tiene en los puestos
técnicos y subinspectores", añade.
Estos asesores también se quejan de que sólo
tienen 15 minutos para atender a cada contribuyente y que no les da
tiempo. "Siempre nos tenemos que quedar más horas y no nos las
pagan", argumentan. "Los contribuyentes nos hacen algunas preguntas
que no sabemos responder, aunque ponemos la mayor voluntad posible.
Incluso nos tenemos que llevar trabajo a casa", agrega una empleada.
Los trabajadores pueden llamar, en caso de duda,
a unos asesores técnicos. "Pero tienen tan poca idea como nosotros.
Al final, llamamos delante del contribuyente al servicio de
información de la Agencia Tributaria [que depende del Ministerio de
Hacienda]", prosiguen. La mayoría asegura que las personas a las que
atienden son pacientes: "Salvo en algún caso, que como se piensan
que somos funcionarios se enfadan y nos exigen".
La Consejería de Hacienda responde que los
tiempos de espera son buenos. "Estamos dando un buen servicio al
contribuyente, atendiendo a una persona cada 20 minutos. Sólo ha
habido algún caso aislado en el que se han demorado los tiempos",
explican desde la consejería.
Los empleados estarán trabajando en este servicio
de atención al cliente hasta el próximo 2 de julio. "Si es que
sobrevivimos", concluyen.
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN OBVIÓ EL
PLAN ESPECIAL SOBRE UN EDIFICIO CATALOGADO PARA CONVERTIRLO, COMO
QUERÍA CORULLA, EN HOTEL (04/06/07)
Montserrat Corulla sí pudo gozar de un trato de
favor en sus relaciones urbanísticas con el Ayuntamiento de Madrid.
El 7 de mayo de 2003 –cuando aún no había sido elegido alcalde
Alberto Ruiz Gallardón, lo que en efecto sucedió el 25 de ese mismo
mes-, la presunta testaferro de Juan Antonio Roca, cerebro de la
monumental corrupción registrada en el Ayuntamiento de Marbella,
solicitó licencia para la demolición parcial y consolidación del
edificio de la madrileña calle San Mateo, 25 c/v a la calle Mejía
Lequerica. Corulla hizo esa gestión como representante de la
sociedad mercantil "Palacio de Villagonzalo, S.L:".
El edificio en cuestión estaba catalogado con
nivel singular, cuya ficha de características urbanas no establecía
la cesión del 10% no patrimonializable, pero vinculaba cualquier
clase de uso a la aprobación previa de un Plan Especial. Tal
requisito – el de ese Plan Especial- fue obviado significativamente
por el Gobierno municipal. Ello sucedió después de no pocas
vicisitudes acaecidas en el seno de las reuniones conjuntas de la
Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y
Patrimonio de la Comunidad de Madrid y la Comisión de Control de
Protección del Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo en
sesiones de 27 y 28 de mayo de ese año.
El resultado de estas reuniones fue la licencia concedida en
septiembre para obras de demolición y consolidación, con carácter
previo a la actuación integral del edificio. Es decir, se solicita
licencia para una actuación y se concluye con otra, después de
eludir las determinaciones del Plan General y de no pocos sofocones
de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio
Histórico y Natural (CIPHAN).
El tiempo empleado en otorgar la licencia de
demolición parcial y consolidación del mencionado edificio
catalogado fue de tres meses, teniendo en cuenta además que uno de
ellos fue el de agosto, por lo general inhabilitado para este género
de actividades. Aconteció siendo ya Gallardón alcalde de Madrid. "Lo
consiguió Corulla en un plazo record, sin precedentes", precisaron a
elplural.com fuentes próximas a un prestigioso despacho con larga
experiencia en actuaciones de carácter urbanístico.
¿Qué ventajas logró Corulla como consecuencia de que fuera burlado
el Plan Especial, Plan obligado por las normas urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid? Dos ventajas muy relevantes
y que conducen a una falta grave de transparencia e,
inevitablemente, al territorio de las sospechas fundamentadas.
Primera ventaja: El Pleno municipal (es decir, formado por los
ediles de los tres partidos, PP, PSOE e IU) no conoció formalmente
la materia resuelta por la vía administrativa. Segunda ventaja: El
expediente fue ocultado así a la Información Pública. O sea, a los
ciudadanos, y muy singularmente a los más afectados por la
operación, se les hurtó conocer la naturaleza de la operación y la
condición de sus promotores.
En noviembre de 2003, Corulla volvió a la carga. En esta oportunidad
para solicitar licencia de rehabilitación y acondicionamiento
general del citado edificio para la implantación de hotel, salas de
celebraciones y garaje aparcamiento. Nuevas reuniones de la Comisión
de Patrimonio (hasta 10 veces) para obviar el necesario Plan
Especial y evitar dar explicaciones al Pleno del Ayuntamiento de
Madrid. Fueron aprobadas dos licencias parciales que legalizaban las
obras en ejecución, hasta la licencia definitiva del 15 de diciembre
de 2005. Final feliz, pues, para la agente urbanística de la empresa
"Palacio de Villagonzalo, S.L.", Montserrat Corulla.
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EN MENOS DE DOS AÑOS
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONCEDIÓ LA LICENCIA DEFINITIVA PARA
CONVERTIR UN PALACIO EN HOTEL (05/06/07)
De las tres operaciones que empresas relacionadas
con la corrupción de Marbella han realizado o tratado de realizar en
Madrid, ayer elplural.com narró la segunda, referida a la calle San
Mateo, 25, aprobada con escasa transparencia, lo que arroja una
fundamentada sombra de sospecha. La encargada de gestionar este
asunto fue Montserrat Corulla, implicada por la justicia en los
escándalos urbanísticos marbellís.
La primera operación comenzó el 17 de mayo de
2002, a través de Begoña Pernas, representante de "Inmobiliaria
Ángel de Tepa". Ese día –cuando Gallardón no era aún alcalde de
Madrid-, Pernas presentó para su aprobación una solicitud de
tramitación de Plan Especial de Rehabilitación del edificio singular
que fue Palacio del conde de Tepa, en la calle San Sebastián nº 2 y
que fue aprobado por el pleno municipal del 27 de marzo de 2003 para
uso hotelero.
La primera licencia, para "acondicionamiento general y ampliación
para la ejecución de un hotel", se solicita el 12 de marzo de 2003,
concediéndose una licencia parcial el 29 de julio de 2004. En ese
momento del otorgamiento de la licencia, la promotora, asimismo
vinculada a Corulla, no había hecho efectivo el importe del 10% de
cesión no patrimonializable requerida por el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid. Una vez hecha la monetarización por
importe de 1.312.914 euros se concede la licencia definitiva el 31
de octubre de 2005.
El Plan Especial se aprueba, como queda dicho, el
27 de marzo de 2003 (dos meses antes de entrar Gallardón), pero en
julio de 2004 se otorga la licencia para "obras parciales" y en
octubre de 2005 se decreta la licencia definitiva. Buena parte del
proceso transcurre bajo el mandato de Gallardón como alcalde,
elegido en mayo de 2003. En el caso del Palacio del conde de Tepa se
respetaron en líneas generales los procedimientos, a diferencia de
la segunda operación.
Llama, sin embargo, la atención de los expertos la gran velocidad
con la que se llevó adelante el proyecto por parte del Ayuntamiento.
En julio de 2004 se otorga la licencia para "obras parciales" y en
octubre de 2005 se otorgó la licencia definitiva. Lo normal en este
tipo de asuntos es que los trámites municipales se prolonguen entre
cuatro y cinco años.
El tercer asunto fue rechazado por la Comisión de Patrimonio del 28
de diciembre de 2005. Se trataba del edificio de la calle marqués
del Riscal 7, que en su día fue el frontón Bet Jai. Adquirido el
edificio por otra sociedad vinculada a Corulla, en diciembre de
2004, se procedió a consultar al Ayuntamiento la posible
implantación de un hotel. Ese inmueble goza de protección singular y
solamente admite obras de restauración para uso deportivo. Aunque
Gallardón había anunciado meses antes que el edificio sería
expropiado por el Ayuntamiento para su uso tradicional, la empresa
promotora debía de tener sólidos motivos, en esos momentos, para
estar muy segura del éxito, porque se lanzó a contratar al famoso
arquitecto Rafael Moneo en las obras de rehabilitación y conversión
del inmueble en hotel.
En otoño de 2005 todo se viene abajo. El decano entonces del Colegio
de Arquitectos, Ricardo Aroca denuncia la operación y pone el grito
en el cielo. Moneo renuncia al encargo. Al parecer, la Fiscalía toma
cartas en el affaire. La prudencia aconsejó a los responsables
municipales dar el carpetazo fiuanl al proyecto. El escándalo se
salvó in extremis.
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID: JUICIO POR LA VENTA
DE LAS ACCIONES DE LA FUNERARIA DE MADRID: UN REGALO DE 13 MILLONES
CON FORMA DE ATAÚD (05/06/07)
Fue a finales de 1992. El 22 de diciembre de
aquel año se aprobó la venta del 49% de las acciones de la funeraria
municipal a la compañía Funespaña por 100 pesetas. Un precio
ridículo, fijado "de forma simbólica", según subrayó ayer Luis María
Huete (primer teniente de alcalde cuando José María Álvarez del
Manzano, del PP, estaba al frente del Ayuntamiento) en la primera
sesión de un juicio demorado varias veces durante los últimos 15
años.
Según detalló Huete -el único de los nueve
acusados por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta
de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid que declaró ayer
en la Audiencia Provincial-, la venta por sólo 0,60 euros se hizo a
cambio de que Funespaña "asumiera la deuda y realizara una
ampliación de capital". El problema, sin embargo, es que el
Ayuntamiento liberó a la empresa de esa deuda apenas dos meses
después. La funeraria, hasta entonces deficitaria, empezó a tener
grandes beneficios pocos meses después.
Cuando los abogados de la acusación (del PSOE e
IU) le preguntaron por ello, el ex concejal no lo negó. Mariano
Benítez de Lugo, que representa al PSOE, lo calificó de "escándalo".
"Funes-paña asumió 2.274 millones de pesetas de deuda y, dos meses
después, se la perdonan", señaló. Según las acusaciones, la empresa
valía más de seis millones de euros. Pero Huete aseguró que "nadie,
nadie, nadie, nos recomendó que optáramos por Funespaña".
Dijo que hubo unas 40 empresas interesadas en la
funeraria cuando se abrió el concurso de adjudicación. De ellas
quedaron tres. "Una pedía que se le garantizase que iba a mantener
el monopolio en los servicios funerarios, y la otra exigía la
reducción de la plantilla, así que Funespaña era la opción menos
mala", defendió Huete. Además, aseguró, había prisa por adjudicar la
Empresa Mixta de Servicios Funerarios porque ésta corría peligro de
quiebra. Pero esto, según las acusaciones y el fiscal, se debió más
a la dejadez de las autoridades que a la falta de negocio funerario,
un mercado seguro e inagotable, más aún en una época en la que la
empresa disfrutaba del monopolio -aunque informaciones de inicios de
1992 revelaron que funerarias piratas robaban un 60% de los
traslados de fallecidos en Madrid-. El propio fiscal cree que hubo
omisión "deliberada" en la gestión.
A la salida del juicio, Huete aseguró haberse
quedado "tranquilo y alegre" tras haber declarado durante casi tres
horas. Huete había insistido, ante el juez, en que nunca actuó solo,
sino que simplemente era el ejecutor de las decisiones tomadas por
el PP en el Ayuntamiento. "Aquí no hay delito", reiteró el abogado
de Huete, que dijo que su cliente era teniente de alcalde, por lo
que no era responsable directo de ninguna de las concejalías
implicadas.
En el banquillo se sientan otras ocho personas.
Todas ellas se enfrentan a un total de 82 años de cárcel por
prevaricación, malversación de fondos, alteración de precios,
tráfico de influencias y falsedad documental. Dos de los acusados
eran ex ediles del PP: Simón Viñals (concejal de Sanidad de
entonces) y Antonio Moreno (Régimen Interior y Personal). Y otro,
José Ignacio Rodrigo, era abogado del Ayuntamiento.
Este último declara hoy. Él fue quien
supuestamente firmó con Funespaña la adquisición de la empresa
municipal. Tras la compra, se hizo con buena parte de las acciones y
hoy día preside el Consejo de Administración de Funespaña. Según la
fiscalía, Rodrigo obtuvo "una importantísima ventaja económica" con
el apoyo de los ex concejales Huete, Viñals y Moreno. Según el mismo
texto de la acusación, Rodrigo contactó con Ángel Valdivia, otro de
los acusados y representante legal de Funespaña, "para asegurarse
una importante participación lucrativa de la privatización".
Entonces, dice el fiscal, Funespaña sólo era una empresa "carente de
medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar
telefónicamente los traslados de cadáveres".
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID: JUICIO POR LA VENTA
DE LAS ACCIONES DE LA FUNERARIA DE MADRID: EL ÚLTIMO ALCALDE DE LA
DICTADURA FRANQUISTA (05/06/07)
Luis María Huete Morillo (Madrid, 1930) se ha
pasado media vida en el Ayuntamiento de Madrid. Lo más llamativo en
la biografía de este doctor en Derecho es que él fue el último
alcalde madrileño de la dictadura franquista, entre el 6 de enero y
el 19 de abril de 1979. Entonces, cedió el testigo al primer alcalde
de Madrid elegido en democracia, Enrique Tierno Galván.
En los años sucesivos, Huete alternó cargos en el
Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid. E incluso llegó a ser senador
por Madrid de 1995 a 1999.
Cuando el consistorio vendió por 0,60 euros la
funeraria municipal, Huete era primer teniente de alcalde en el
gobierno de José María Álvarez del Manzano, del PP.
La condición de aforado de Huete llevó el caso en
su día al Tribunal Superior de Justicia. Cuando dejó de ser
diputado, volvió a la Audiencia Provincial. Fueron dos de los muchos
motivos por los que el juicio por el caso Funeraria se ha demorado
durante 15 años
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID: JUICIO POR LA VENTA
DE LAS ACCIONES DE LA FUNERARIA DE MADRID: EL EDIL QUE DEBÍA VELAR
POR EL PATRIMONIO (05/06/07)
Antonio Moreno Bravo, cacereño de 66 años, es uno
de los tres ex concejales de Madrid acusado por la venta de la
Funeraria. Tras estar 20 años como jefe de personal de Induyco
(Industrias y Confecciones), una filial de El Corte Inglés, su
carrera en la Administración pública comenzó cuando fue elegido en
mayo de 1991 concejal de Personal y Régimen Interior del
Ayuntamiento, cargo que compatibilizó con el de presidente del
Centro Municipal de Informática (CEIM).
A mediados de los noventa se vio envuelto en el
caso funeraria, ya que entonces Moreno era el concejal de
Patrimonio. El fiscal le acusó, siendo edil de este área, de
promover una operación con el propósito de "ceder la gestión y el
control absoluto y monopolístico del servicio funerario de Madrid a
Funespaña".
Dejó la política municipal en 2003. Está soltero
y es licenciado en Ciencias Económicas, técnico superior en
Marketing y diplomado en Dirección de Personal y Empresa.
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: JUICIO POR LA VENTA
DE LAS ACCIONES DE LA FUNERARIA DE MADRID: EL PRESIDENTE DE LA
FUNERARIA EN 1992 (05/06/07)
Simón Viñals Pérez (Madrid, 1935), licenciado en
Medicina y concejal por el PP en Madrid entre 1987 y 2003. En varias
legislaturas, Viñals estuvo al frente de la Concejalía de Sanidad y
Consumo.
En 1992, Viñals era, además, el presidente de la
funeraria municipal. Según el fiscal, él fue quien firmó un contrato
con la empresa Invafi que le permitió a ésta disponer, cuando se
planteó la privatización, "datos vitales y fidedignos sobre el
auténtico potencial económico y comercial de la funeraria". Además,
acusaba a Viñals de ser el responsable último como concejal de
Sanidad y Consumo del "importantísimo informe favorable a la
adjudicación de Funespaña en el que explícitamente se reconocía la
procedencia de dejar desierto el concurso y pese a ello se proponía
dicha adjudicación".
En septiembre de 2002, Viñals fue suspendido, a
petición propia, en sus funciones municipales, pero sin perder su
condición de concejal, que no renovó en las elecciones de 2003.
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID: JUICIO POR LA VENTA
DE LAS ACCIONES DE LA FUNERARIA DE MADRID: LA MALA MEMORIA DE UN
ACUSADO (06/06/07)
Ya se sabía antes de empezar el juicio por el
caso Funeraria que las sesiones en la Audiencia Provincial serían
muchas y farragosas. Así fue ayer. Era el segundo día del juicio
contra nueve personas que presuntamente privatizaron irregularmente
la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid
en 1992, cuando el Consistorio estaba en manos de José María Álvarez
del Manzano, del PP.
Era la jornada en la que declaró el actual
presidente de Funespaña y antiguo abogado del Ayuntamiento, José
Ignacio Rodrigo. Él fue quien, supuestamente, firmó la venta a
Funespaña y se aprovechó, más tarde, de sus conocimientos sobre la
operación: se hizo con un importante paquete de acciones y logró la
presidencia de una empresa que, tras la privatización, empezó a
ganar dinero a raudales.
La fiscalía tenía, por ello, gran interés en su
figura, e invirtió toda la mañana en interrogarle. Seguir el hilo
del entramado de empresas y facturas fue, muchas veces, muy difícil.
El día antes había declarado Luis María Huete, primer teniente de
alcalde de la época. Él había admitido que la venta de la funeraria,
que se hizo por tan sólo 100 pesetas, tuvo un precio "simbólico". A
cambio, Funespaña "asumiría la deuda y haría una ampliación de
capital". Pues bien, el Consistorio liberó a la empresa del pago de
esa deuda (2.274 millones de pesetas) tan sólo dos meses después de
la venta, según reconoció el propio Huete.
Para la otra pata del acuerdo (la ampliación de
capital) se necesitó una importante inyección económica de 200
millones de pesetas. Ésta salió, según las acusaciones, del bolsillo
de Rodrigo. Como abogado municipal contactó, según la fiscalía, con
los hermanos Ángel y Juan Antonio Valdivia, que estaban al frente de
Funespaña antes de comprar la Empresa Mixta, "para asegurarse una
importante participación lucrativa de la privatización". Y Rodrigo,
si bien había declarado dos veces en sede judicial que prestó dinero
a los Valdivia, ayer se retractó al negar haberles dejado 70
millones de pesetas. Sí reconoció, no obstante, haber adquirido un
paquete de 10.000 acciones por 140 millones de pesetas.
Según el fiscal, Rodrigo tenía información
privilegiada sobre la funeraria municipal y de "la posición
favorable de sus responsables políticos a la privatización". Fue así
como Rodrigo logró presuntamente una "ventaja" con la connivencia de
Simón Viñals y Antonio Moreno, ex concejales del PP de entonces. La
fiscalía cree que Rodrigo y los Valdivia pactaron que el primero
pusiera el dinero de la ampliación. A cambio, Rodrigo "lograba una
importante participación en el capital social que debería permanecer
oculta para no poner en tela de juicio la licitud de las
operaciones".
Manuel Benítez de Lugo, abogado de la acusación
en representación del PSOE, dijo que el acuerdo entre Rodrigo y los
Valdivia "fue una operación pergeñada mucho antes de la adjudicación
a Funespaña". Juan Francisco Plá, el letrado que representa a IU,
manifestó: "Es evidente que Rodrigo traspasó dinero a Valdivia para
la ampliación". La abogada de Rodrigo no hizo declaraciones. Su
cliente se enfrenta a 19 años de cárcel y 22 de inhabilitación.
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID: JUICIO POR LA VENTA
DE LAS ACCIONES DE LA FUNERARIA DE MADRID: EL EX PRESIDENTE DE LA
FUNERARIA CULPA A OTRO DE LA VENTA (08/06/07)
Pasar el muerto a otro. Es lo que hizo ayer el
que fuera concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Madrid, Simón
Viñals, del PP, en una nueva jornada del juicio por el caso
Funeraria. El antiguo edil, presidente de la Empresa Mixta de
Servicios Funerarios, señaló al ex gerente Francisco Yáñez, como
principal responsable de las decisiones de la privatización (por
sólo 100 pesetas) de la compañía pública en 1992.
"Presenté a Yáñez y Rodrigo, porque éste era un
experto que le podría orientar. A partir de ahí, lo que ambos
hicieran era responsabilidad suya", dijo Viñals, que como
responsable de Sanidad también era presidente de la Empresa Mixta.
José Ignacio Rodrigo fue el asesor que contrató el Ayuntamiento para
que valorase la situación de la funeraria municipal y aconsejase qué
hacer con la misma, dada la pésima situación económica que
atravesaba. "No se podía dejar de enterrar una media de 76 personas
al día", señaló Viñals.
Según las acusaciones, Rodrigo se aprovechó de
sus conocimientos acerca de la empresa para comprar acciones de
Funespaña (la sociedad que acabó haciéndose con el control de la
funeraria) y terminar en lo que es hoy día, el presidente de la
empresa. Lo hizo, supuestamente, con el apoyo de tres responsables
políticos de la época. Éstos eran (además de Viñals) Luis María
Huete, teniente de alcalde, y Francisco Moreno, concejal de régimen
interior y personal.
Pero Viñals se sacudió de encima esa imputación y
señaló continuamente a Yáñez como el responsable de los eventuales
acuerdos con Rodrigo. Yáñez, que no está imputado, declarará como
testigo. Respecto a un contrato firmado en 1991 con Funespaña para
una prestación de servicios (antes de la privatización) Viñals
también despejó al córner de Yáñez: "Ni siquiera me enteraba cuándo
contrataban a los floristas, los marmolistas o los ataúdes. Eso lo
hacía el gerente".
En otro momento del juicio Viñals declaró:
"Cuando me enteré que Rodrigo tenía intereses en Funespaña pensé:
'pues allá él, me parece muy bien". El ex de Sanidad insistió,
además, en la necesidad que había de privatizar la Empresa Mixta.
"La gran espada de Damocles era que nos intervinieran la empresa,
que declararan la quiebra y que tuviéramos que responder con nuestro
patrimonio personal", aseguró. Viñals se enfrenta a una pena de seis
años de cárcel.
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